DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA CUANDO SE ACREDITA LA APLICACIÓN QUE HACE UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INVÁLIDA. DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL OBTENIDA POR UN MUNICIPIO, VINCULA A TODAS LAS AUTORIDADES QUE PRETENDAN APLICARLA EN SU TERRITORIO, INCLUIDAS LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES LOCALES. DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA ORDEN DE DEJAR SIN EFECTOS UNA SENTENCIA QUE APLICÓ UNA NORMA GENERAL DECLARADA INVÁLIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA. DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE CUANDO UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL LOCAL APLICA EN SENTENCIA UNA NORMA GENERAL DECLARADA INVÁLIDA EN PERJUICIO DE UN MUNICIPIO, AUN CUANDO EL JUICIO DE ORIGEN HAYA INICIADO ANTES DE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ.
DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO 1/2025, POR APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES O ACTOS DECLARADOS INVÁLIDOS EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 16/2017. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIOS: MAURICIO TAPIA MALTOS Y RODRIGO ARTURO CUEVAS Y MEDINA.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de septiembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la denuncia de incumplimiento 1/2025, por aplicación de normas generales o actos declarados inválidos en la controversia constitucional 16/2017, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad federativa.
El problema jurídico a resolver por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si: ¿es fundada la denuncia formulada por el Municipio actor en la controversia principal?
ANTECEDENTES DEL RECURSO
1. Presentación de la demanda de la controversia principal. Por escrito recibido el veinte de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauricio Fernández Garza y María Diamantina Alcalá Fernández, quienes se ostentaron como Presidente Municipal y Síndica Segunda del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación en la que impugnaron:
“NORMAS, ACTOS U OMISIONES CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA”.- Lo constituye (1) la iniciativa, discusión, aprobación, refrendo, sanción, promulgación y publicación de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (en adelante la LGAHOTDU), expedida por el Congreso de la Unión; (2) la omisión por parte del Poder Ejecutivo Federal, de formular al Congreso General las observaciones (veto) a que se refiere el Apartado “A” del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a la referida ley impugnada.
Se reclaman, además, las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas, que de hecho o por derecho deriven o resulten de las normas y actos cuya invalidez se reclama, descritos con anterioridad.”
2. Radicación y turno de la controversia. Mediante proveído de Presidencia de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 16/2017 y se designó a la entonces Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos como instructora del procedimiento, quien la admitió a trámite mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil diecisiete.
3. Returno de la controversia. Por auto de Presidencia de catorce de marzo de dos mil diecinueve, se returnó el presente asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, al sustituir a la Ministra en retiro Margarita Beatriz Luna Ramos.
4. Resolución de la controversia. El once de febrero de dos mil veintiuno, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 16/2017 conforme a los puntos resolutivos siguientes:
“PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional.
SEGUNDO. Se sobresee respecto de las referidas “consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas, que de hecho o por derecho deriven o resulten de las normas y actos cuya invalidez se reclama”, así como del artículo transitorio sexto, párrafo primero, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.
TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 1, 3, fracciones VII, XII, XIV, XIX, XXXII y de la XXXVI a la XL, 4, fracciones de la I a la VI y X, 5, 6, párrafo último, 7, 8, fracciones I, II, IV, VI, VII, X, XI, de la XVIII a la XXI, XXIV, XXVII, XXVIII y XXX, 9, 10, 11, 14, 15, 16, del 22 al 26, 28, 29, párrafo primero, fracciones I, II y III, del 31 al 35, 36, párrafos primero y segundo, fracciones de la I a la V, 37, fracciones I y de la III a la VI, y párrafo último, 38, 44, 46, 52, fracciones I y VII, 53, fracciones IV y VI, 59, párrafos primero, segundo y tercero, fracción I, 60, fracciones VI y IX, 71, fracción III —con la salvedad precisada en el punto resolutivo quinto—, 75, fracción VI, 76, párrafo primero, 93, fracción I, 104, 105, 106, 108 y 117, así como los artículos transitorios del primero al quinto, sexto, párrafo segundo, séptimo, octavo y noveno de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.
CUARTO. Se reconoce la validez de los artículos 1, párrafo segundo, fracciones I, III y IV, 3, fracciones XXIII, LIV, XCV, XCVI y XCVII, 9, fracción IX, 10, fracciones XX, XXI y XXVI, 11, 42, párrafos primero y quinto, 50, párrafo último, 52, 53, fracción IX, 56, párrafo penúltimo, 57, párrafo primero, 79 —con la salvedad precisada en el punto resolutivo sexto—, 86 —con la salvedad precisada en el punto resolutivo sexto—, 88, 111 —con la salvedad precisada en el punto resolutivo sexto —, 136, fracción III, inciso c), 208, fracciones V y XIV, 210, fracción X, y párrafos octavo y décimo, 214, fracción VI, incisos a) y b), 230, fracción III, 234, 258, fracciones de la V a la IX, 259, 287, fracciones IV y V, 305, párrafo segundo, 309, 328, 368, fracción I, 375 y 426, fracción I, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.
QUINTO. Se declara la invalidez de los artículos 59, párrafo tercero, fracción II, 60, fracción VII, en su porción normativa ‘que, en todo caso, deberán ser producto de resolución judicial’, y 71, fracción III, en su porción normativa ‘y evitar la imposición de cajones de estacionamiento’, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, la cual surtirá sus efectos únicamente entre las partes a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión.
SEXTO. Se declara la invalidez de los artículos 1, párrafo segundo, fracción II, 20, párrafo segundo, 79, fracción III, en su porción normativa ‘y evitar la imposición de cajones de estacionamiento’, 86, fracción II, inciso b), 111, fracción II, inciso b), numerales 1, 2 y 3, 136, fracción III, inciso a), en su porción normativa ‘decretadas por la Federación o el Estado conforme la Legislación aplicable’, 210, párrafos cuarto, sexto, en sendas porciones normativas ‘y lagunas’, y noveno, 250, párrafo segundo, fracción I, en su porción normativa ‘lagunas’, 291, fracción I, 304, fracción I, 313, 319, 367, párrafo segundo, en su porción normativa ‘mismo término que tendrá la autoridad municipal para presentar ante la autoridad judicial la solicitud para ratificar la medida mediante una suspensión o clausura’, 370, en su porción normativa ‘y judiciales’, 376, párrafo primero, en su porción normativa ‘judiciales’, y 382, párrafos segundo, tercero y cuarto, así como transitorio décimo de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, expedida mediante el Decreto Núm. 312, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la cual surtirá sus efectos únicamente entre las partes a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Nuevo León.
SÉPTIMO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”
5. Denuncia de incumplimiento. Mediante escrito recibido el tres de abril de dos mil veinticinco en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauricio Fernández Garza y José Manuel Guajardo Canales, en su carácter de Presidente Municipal y Síndico Segundo, respectivamente, del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, presentaron denuncia de incumplimiento de la sentencia dictada en ese asunto en contra de actos atribuidos a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la citada entidad federativa, en concreto, la sentencia de treinta de enero de dos mil veinticuatro, dictada dentro del recurso de revisión del juicio contencioso administrativo 112/2017 y su acumulado 672/2017, por aplicación del artículo 59, párrafo tercero, fracción II, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el cual fue declarado inválido en la controversia constitucional 16/2017.
6. Admisión de la denuncia. Por acuerdo de doce de mayo de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan existir y que se analizarán al momento de dictar resolución; ordenó dar vista al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León para que en el plazo de quince días hábiles dejara sin efectos el acto repetitivo que se reclama o rinda un informe en el que alegue lo que a su derecho corresponda.
7. Informe del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León. Mediante escrito recibido vía electrónica el diecisiete de junio de dos mil veinticinco, Roberto Rodríguez Garza, en su carácter de Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, rindió el informe solicitado, manifestando lo siguiente:
• El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León no se encuentra obligado a observar, ni acatar la sentencia emitida dentro de la controversia constitucional 16/2017, al no haber alcanzado los ocho votos necesarios para que adquiriera el carácter de obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y los Estados.
Aunado a que este Tribunal tampoco formó parte dentro de esa controversia, pues no fue autoridad demandada y, por tanto, no existe obligación de acatar su contenido.
Por otro lado, en la denuncia de incumplimiento, la autoridad refiere que la resolución constitucional emitida dentro de la controversia principal fue notificada a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Congreso del Estado de Nuevo León y Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, considérese que este Tribunal de Justicia Administrativa local, no solo no fue parte dentro de dicho asunto, sino que tampoco ha sido comunicada de dicha resolución en copia certificada, lo que constituye otra razón para determinar que no se ha violentado dicha resolución, al no ser vinculante y de observancia para este órgano jurisdiccional, dado que no tuvo efectos generales y la cual se desconocía.
Se debe declarar infundado el argumento contenido en el escrito de denuncia, por medio del cual se señaló que este Tribunal forma parte del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León en términos de los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, los cuales establecen que para resolver los conflictos que se presenten en las relaciones laborales o controversias entre las autoridades del Estado y los particulares, existirá un Tribunal de Arbitraje, una Junta de Conciliación y Arbitraje y un Tribunal de Justicia Administrativa, los cuales forman parte de la Administración Pública Estatal, gozarán de plena autonomía jurisdiccional y su dependencia del Ejecutivo se considera solamente de orden administrativo.
Respecto a ello, la Constitución Política de Nuevo León establece en su artículo 155 que este Tribunal de Justicia Administrativa, es un órgano jurisdiccional con autonomía funcional y presupuestal y dotado de autonomía plena en el pronunciamiento de sus fallos y con facultades para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal, ya sea central o paraestatal; estableciendo las normas de su organización y funcionamiento, los requisitos, las licencias y renuncias de sus integrantes, sus procedimientos y los recursos contra las resoluciones que pronuncien.
Adicionalmente, la misma Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León dispone en su numeral primero que la Administración Pública Central está conformada por las dependencias listadas en el artículo 18 (en donde no aparece enunciado este Tribunal de Justicia Administrativa), así como por las demás dependencias, unidades administrativas de coordinación, asesoría o consulta, cualquiera que sea su denominación, ya sea que las integren o que dependan directamente de la persona titular del Poder Ejecutivo. Este órgano jurisdiccional no depende directamente de la persona titular del Poder Ejecutivo, ni se trata de un organismo público descentralizado, organismo público descentralizado de participación ciudadana, empresa de participación estatal, ni fideicomiso público. Ni el Gobernador Constitucional del Estado tiene el derecho de remover libremente a los Magistrados de este Tribunal, ni de nombrarlos directamente; lo anterior en términos del artículo 149 de la Constitución local.
Este Tribunal de Justicia Administrativa no tiene vínculo de subordinación o coordinación con la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado; de modo que su legitimación pasiva en dicha controversia no tiene el alcance de obligar a este órgano jurisdiccional de observar la resolución constitucional en referencia, al no formar parte de la administración pública estatal para tales efectos, dada la autonomía funcional y presupuestal a nivel constitucional.
Si bien es cierto, pudiera considerarse que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, tiene una dependencia del Ejecutivo, como lo señala la denunciante, es necesario que se identifique plenamente el tipo de relación que lleva por orden constitucional local el Tribunal de Justicia Administrativa con el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, el propio legislador constitucional local determinó desde la creación que el Tribunal de Justicia Administrativa, es un órgano materialmente jurisdiccional, formalmente administrativo, que tiene autonomía plena para dictar sus fallos, y autonomía plena para su organización, tan es así que expidió para tal efecto la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.
En el caso concreto, se estima que la dependencia del Poder Ejecutivo deriva única y exclusivamente de una relación formalmente administrativa, es decir, de los temas relacionados con el funcionamiento administrativo del Tribunal, más no así de su funcionamiento jurisdiccional.
El denunciante pretende hacer ver que este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, estaba debidamente enterado de la declaratoria de inconstitucionalidad por el hecho de que el Poder Ejecutivo compareció dentro de la Controversia Constitucional 16/2017, sin embargo, esto se encuentra alejado de la realidad, no puede bastar, únicamente que el apoderado jurídico del titular del Poder Ejecutivo, hubiera sido parte dentro de dicha controversia, para considerar que este Tribunal, tuvo participación activa o pasiva dentro de la misma. Pues dentro de la sentencia que se reclama el incumplimiento, se desprende que quien lo fue en ese entonces Titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, que tiene facultades para representar únicamente al Titular del Poder Ejecutivo, más no así a este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.
Otro punto importante es que el único facultado para representar el Tribunal de Justicia Administrativa ante otro tipo de autoridades, incluido el propio Poder Ejecutivo de Nuevo León, es el Presidente de ese órgano jurisdiccional, en términos de las atribuciones previstas en el artículo 21 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, entonces no se tenía participación en ese conflicto.
Por otra parte, contrario a lo que señala el Municipio de San Pedro Garza García, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, en ningún momento desconoció la existencia del criterio emitido por mayoría simple dentro de la controversia constitucional 16/2017, sino que al contrario, se estimó que no era posible aplicar dicho criterio, en atención a la temporalidad de la presentación de la solicitud en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, así tampoco en relación con la prestación del juicio.
La solicitud inicial y que fue objeto de la litis en el juicio contencioso administrativo número 112/2017 y su acumulado 672/2017, fue presentada el siete de diciembre de dos mil dieciséis, y el Juicio Contencioso Administrativo que nos ocupa fue presentado el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, es decir, antes de la emisión de la sentencia dictada en la controversia constitucional 16/2017, pues si bien la controversia fue presentada en el año dos mil diecisiete, no menos cierto es que su resolución se dio hasta el once de febrero de dos mil veintiuno, es decir, con fecha posterior a la presentación de la solicitud y la presentación del Juicio Contencioso Administrativo.
Como se señaló en la propia sentencia en donde la denunciante estima que se aplicó la norma inconstitucional, este Tribunal de Justicia Administrativa, actuó bajo los principios constitucionales, de seguridad jurídica y el principio de no retroactividad de la ley, inclusive se citó la jurisprudencia con registro 175116, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ EXCEPCIONALMENTE PUEDE SURTIR EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA”.
Bajo esta lógica, y atendiendo a lo dispuesto en los numerales 1, 14 y 16 de la Constitución Federal, esta autoridad, se encontraba obligada a acatar la normativa vigente en el momento en que se suscitaron los hechos materia del juicio de nulidad y acorde a la normativa vigente, que se encontraba en ese momento, pues hacer lo contrario vulnera el derecho de los gobernados a que se protejan sus derechos humanos, a que se proteja su derecho a la seguridad jurídica, así como obedeciendo a que la propia constitución prohíbe aplicar criterios retroactivos en perjuicio de persona alguna, esto fue parte de la motivación expuesta en la sentencia que la denunciante estima se aplicó en su perjuicio una norma declarada inválida.
En suma de lo anterior, no se estima que se vulnerara la resolución, pues aún y cuando queda prohibido aplicar el numeral que señala la denunciante esto es únicamente, a consideración de este órgano jurisdiccional, posterior a la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación, y entonces se desconocería que la solicitud fue presentada bajo un marco jurídico vigente en ese momento y por ende debe ser resuelta conforme a dicho marco jurídico. 8. Turno. Por auto de dos de julio de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, ponente en la controversia de la que deriva la denuncia, para que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, antepenúltimo párrafo y 107, fracción XVI, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
II. OPORTUNIDAD
10. Es preciso señalar que en el caso no existe disposición que prevea un plazo para la promoción de este incidente y tampoco una regulación específica sobre la preclusión del derecho de las partes en la controversia constitucional a denunciar el incumplimiento de una ejecutoria, su repetición o nueva aplicación del acto declarado inválido.
11. En efecto, ni el artículo 105, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el numeral 47 de la Ley Reglamentaria del mismo precepto constitucional, establecen plazo o término alguno para denunciar el incumplimiento de sentencias pronunciadas al resolver controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad; además, el artículo 50 de la citada Ley Reglamentaria que rige a esta materia, determina que no podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida la sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución.(4)
12. Por tanto, debe concluirse que la denuncia es procedente sin sujeción a plazos que determinen la oportunidad.
III. LEGITIMACIÓN
13. El artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) prevé que, cuando cualquier autoridad aplique una norma general o acto declarado inválido, cualquiera de las partes podrá denunciar el hecho ante la persona titular de Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dará vista a la autoridad señalada como responsable, para que en el plazo de quince días deje sin efectos el acto que se le reclame, o para que alegue lo que conforme a derecho corresponda.
14. En el presente caso, la denuncia fue presentada por Mauricio Fernández Garza y José Manuel Guajardo Canales, en su carácter de Presidente Municipal y Síndico Segundo, respectivamente, del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, lo que acreditan mediante copias certificadas de las respectivas constancias de mayoría expedidas por la Comisión Municipal Electoral de esa localidad el ocho de junio de dos mil veinticuatro,(6) y en términos del artículo 34, fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León,(7) la representación del Ayuntamiento será ejercida de manera mancomunada por el Presidente Municipal y el Síndico o Síndico Segundo, según corresponda; por tanto, es de concluirse que los citados funcionarios se encuentran legitimados para presentar la denuncia.
IV. ESTUDIO DE FONDO
15. El artículo 105, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro, señala que en caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción XVI del artículo 107 de ese ordenamiento, el cual contempla la posibilidad de separar de su cargo al titular de la autoridad demandada y consignarlo ante el Juez de Distrito.
16. Dicho procedimiento está contemplado en el artículo 47 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que cuando cualquier autoridad aplique una norma general o acto declarado inválido, cualquiera de las partes podrá denunciar el hecho ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dará vista a la autoridad señalada como responsable, para que en el plazo de quince días deje sin efectos el acto que se le reclame, o para que alegue lo que conforme a derecho corresponda.
17. En caso de que la autoridad no deje sin efectos los actos de que se trate, la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnará el asunto a la Ministra o Ministro que fungió como Ponente en la sentencia respectiva, para que someta al Tribunal Pleno la resolución a esta cuestión.
18. Si el Pleno declara que efectivamente hay una repetición o aplicación indebida de una norma general o acto declarado inválido, mandará que se cumpla con lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
19. Atento a lo expuesto, se procede al estudio de fondo de la presente denuncia.
IV.1. Invalidez decretada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 16/2017.
20. En el caso, el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, denuncia que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en la sentencia dictada el treinta de enero de dos mil veinticuatro, dentro del recurso de revisión del juicio contencioso administrativo 112/2017 y su acumulado 672/2017, aplicó indebidamente el artículo 59, párrafo tercero, fracción II, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, disposición normativa que fue declarada inválida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 16/2017, promovida por dicho Municipio, por vulnerar su autonomía constitucional en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
21. El texto de la disposición declarada inválida es el siguiente:
“Artículo 59. Corresponderá a los municipios formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio.
La Zonificación Primaria, con visión de mediano y largo plazo, deberá establecerse en los programas municipales de Desarrollo Urbano, en congruencia con los programas metropolitanos en su caso, en la que se determinarán:
(...)
La Zonificación Secundaria se establecerá en los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano de acuerdo a los criterios siguientes:
I. En las Zonas de Conservación se regulará la mezcla de Usos del suelo y sus actividades, y
II. En las zonas que no se determinen de Conservación:
a) Se considerarán compatibles y, por lo tanto, no se podrá establecer una separación entre los Usos de suelo residenciales, comerciales y centros de trabajo, siempre y cuando éstos no amenacen la seguridad, salud y la integridad de las personas, o se rebasen la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la Movilidad;
b) Se deberá permitir la Densificación en las edificaciones, siempre y cuando no se rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la Movilidad.
Los promotores o desarrolladores deberán asumir el costo incremental de recibir estos servicios. El gobierno establecerá mecanismos para aplicar dicho costo y ajustar la capacidad de infraestructuras y equipamientos que permita a promotores o desarrolladores incrementar la densidad de sus edificaciones y la mezcla de Usos del suelo, y
c) Se garantizará que se consolide una red coherente de vialidades primarias, dotación de espacios públicos y equipamientos suficientes y de calidad.”
22. Como se observa, la porción normativa señalada —artículo 59, párrafo tercero, fracción II— regula la Zonificación Secundaria en las zonas que no se determinen de conservación, estableciendo directrices a los Municipios en materia de mezcla de usos del suelo y densificación urbana.
23. El Tribunal Pleno sustentó la declaratoria de invalidez en las consideraciones siguientes:
“En esencia, el artículo 59, párrafo tercero, fracción II,(8) de la Ley General de la materia establece que al llevarse a cabo la zonificación secundaria(9) en las zonas que no se determinen de conservación, se deben:
a) Considerar compatibles y, por lo tanto, no se podrá establecer una separación entre los usos de suelo residenciales, comerciales y centros de trabajo, siempre y cuando éstos no amenacen la seguridad, salud y la integridad de las personas, o se rebasen la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la movilidad;
b) Permitir la densificación en las edificaciones, siempre y cuando no se rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la movilidad; y
c) Garantizar que se consolide una red coherente de vialidades primarias, dotación de espacios públicos y equipamientos suficientes y de calidad.
Puede observarse que tales prescripciones, antes que ser principios o bases aplicables a la planeación urbana, constituyen auténticos mandatos que dejan poco margen al municipio para formular y administrar la zonificación secundaria de las zonas que se determinen de no conservación atendiendo a las particularidades que éstas presenten, las cuales pueden ser distintas a la mera capacidad para satisfacer los servicios de agua, drenaje y electricidad. Con ello, prácticamente se obliga al municipio a no separar los usos de suelo y densificar las edificaciones, sin permitirle llevar a cabo la planificación y administración de aquellas zonas que no se determinen de conservación de la manera que sea más acorde con las necesidades y la problemática poblacional de su territorio, vulnerando con ello la autonomía de decisión
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33960-89e2af58/denuncia-de-incumplimiento-en-controversia-constitucional-efectos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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