I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN, CORRESPONDE AL PRESIDENTE Y AL SÍNDICO MUNICIPAL, SIN QUE PARA ELLO SE EXIJA UN ACUERDO DEL CABILDO (ARTÍCULO 34, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO LEÓN). II. HACIENDA MUNICIPAL. LAS LEGISLATURAS FEDERAL Y LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA ESTABLECER EXENCIONES Y SUBSIDIOS EN PERJUICIO DE AQUÉLLA. III. HACIENDA MUNICIPAL. LA FACULTAD DE LOS AYUNTAMIENTOS PARA OTORGAR SUBSIDIOS EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS PREDIAL, SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN, VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA (INVALIDEZ DEL DECRETO 232, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 21 BIS-12, 28 BIS-1 Y 32 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ASÍ COMO DE SUS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO 232, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 21 BIS-12, 28 BIS-1 Y 32 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ASÍ COMO DE SUS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LEYES LOCALES IMPUGNADAS POR UN MUNICIPIO NO REQUIERE DE VOTACIÓN CALIFICADA (INVALIDEZ DEL DECRETO 232, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 21 BIS-12, 28 BIS-1 Y 32 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ASÍ COMO DE SUS ARTÍCULOS PRIMERO Y SEGUNDO TRANSITORIOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 109/2017. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 21 DE NOVIEMBRE DE 2017. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 109/2017, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García del Estado de Nuevo León, por conducto de Mauricio Fernández Garza y María Diamantina Alcalá Fernández, quienes se ostentaron como presidente y síndica segunda municipales, respectivamente, en la que demandaron la invalidez de los siguientes actos emitidos por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad:(1)
a) La iniciativa, discusión, dictamen, aprobación, refrendo, sanción, promulgación y publicación del Decreto Número "232", expedido por el Congreso de la entidad y publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de febrero de dos mil diecisiete, por el que se adiciona un último párrafo a los artículos 21 Bis-12, 28 Bis-1 y 32 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.
I. Antecedentes
1. De las constancias de autos se advierten como antecedentes del caso los siguientes:
2. En el mes de enero de dos mil diecisiete, algunos diputados del Congreso Local presentaron una iniciativa de reforma por adición de un último párrafo al artículo 21 Bis-12, un último párrafo al artículo 28 Bis-1 y un último párrafo al artículo 32, y la modificación del primer párrafo del artículo 21 Bis-12 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.
3. El once de enero siguiente, la iniciativa se radicó con el expediente 10629/LXXIV y se turnó a la Comisión de Presupuesto del Congreso Local para su estudio y dictamen.
4. Posteriormente, la diputación permanente del Congreso Local convocó a un periodo extraordinario de sesiones para el dieciocho de enero de dos mil diecisiete. El Pleno del Congreso Local discutió y aprobó el dictamen correspondiente, dando lugar a la expedición del Decreto "232".
5. El veinte de enero de dos mil diecisiete, se firmó y refrendó el decreto, el cual fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el tres de febrero de dos mil diecisiete.
6. Conceptos de invalidez. En su oficio de demanda, el Municipio actor señaló como conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes:
7. Único concepto de invalidez. Se aduce violación a la hacienda pública municipal por el subsidio respecto de diversos impuestos. La adición de un último párrafo a los artículos 21 Bis-12, 28 Bis-1 y 32 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, es violatorio de los artículos 14, 16, párrafo primero, 31, fracción IV, 39, 40, 41, párrafo primero, 49, 115, primer párrafo y fracciones I, párrafo primero, IV, 128, 133 y 136 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 118 y 119 de la Constitución Local, en virtud de que se genera un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica respecto al ejercicio de su potestad tributaria.
8. El artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Federal establece la libre administración de la hacienda municipal, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y señala que, en todo caso, percibirán contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
9. Por su parte, el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 115 constitucional precisa que las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones y que sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
10. La adición de un último párrafo a los artículos 21 Bis-12, 28 Bis-1 y 32 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, en "apariencia" faculta a los Ayuntamientos a otorgar a los contribuyentes sujetos al pago del impuesto predial y sobre adquisición de inmuebles un subsidio de hasta el cien por ciento sobre el incremento que haya resultado con motivo de la aprobación de la actualización de los valores unitarios de suelo o de construcción, pero en realidad, al relacionar las porciones adicionadas con los artículos transitorios del Decreto "232", se obliga a los Ayuntamientos a otorgar dichos subsidios a los contribuyentes en perjuicio de la autonomía municipal y de la hacienda pública municipal.
11. El primer párrafo del artículo transitorio primero del decreto no concede a los Ayuntamientos una potestad discrecional, sino que se obliga a los Municipios a aprobar "una tabla de subsidios a los impuestos y derechos que se otorgarán conforme a este decreto", así como las bases de los mismos y de las "devoluciones de los pagos correspondientes al impuesto predial que se hubiesen cobrado con anterioridad", lo que debía ser cumplido en un término no mayor de siete días posteriores a la entrada en vigor del decreto impugnado, además que se prevé que tales subsidios no podrían variarse en el transcurso del ejercicio fiscal en curso.
12. Se establece la obligación a cargo de los tesoreros municipales de incluir en sus informes de avance de gestión financiera que prevé el artículo 100 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado los subsidios "otorgados" conforme a ese decreto.
13. Los términos en que se encuentran redactadas las disposiciones que integran el decreto impugnado producen un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica por la forma en que las autoridades fiscales de los Gobiernos Municipales decidan observar las porciones normativas adicionadas, pues no obstante que se limitan a establecer la facultad de otorgar los subsidios mencionados, los artículos transitorios imponen diversas obligaciones de hacer, tanto a los Ayuntamientos, como a los tesoreros municipales, respecto a la aprobación de una tabla de subsidios y el otorgamiento de éstos a los contribuyentes comprendidos en los beneficios fiscales referidos.
14. El cuarto y último párrafos del artículo transitorio primero del decreto impugnado contraviene los principios de certeza y seguridad jurídica, ya que no precisa a qué contribución sobre la propiedad inmobiliaria se refiere y regula en forma incongruente y contradictoria la época de pago de lo que correspondería al impuesto predial. Se establece que durante el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en los Municipios donde se haya aprobado una actualización de los valores unitarios de suelo o construcción en los usos de suelo de casa habitación "el impuesto", sin precisar a qué impuesto se refiere, podrá pagarse por anualidad anticipada a más tardar el día cinco del mes de junio sin recargos, mientras que si "el impuesto" a que se refiere se paga a más tardar el día cinco de abril, los contribuyentes gozarán de una reducción del quince por ciento de dicha anualidad anticipada, mientras que si "el impuesto" se cubre a más tardar el día cinco de mayo, los contribuyentes gozarán de una reducción del diez por ciento de la misma.
15. No fue voluntad del legislador local modificar el párrafo primero del artículo 21 Bis-12 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, que regula la época de pago del impuesto predial, siendo que el artículo primero transitorio, párrafos cuarto y último, del decreto impugnado parece establecer la posibilidad de que el impuesto predial se pueda pagar en fechas distintas a las indicadas en el artículo 21 Bis-12, así como la de que los contribuyentes puedan ser beneficiados con "exenciones" de recargos y/o "reducciones" de la "anualidad" que se pretenda cubrir de manera "anticipada" en fechas también distintas a las que prevé el mencionado artículo, situación que genera incertidumbre e inseguridad jurídica en perjuicio de la hacienda pública municipal.
16. Por lo expuesto, solicita se declare la invalidez del Decreto "232", publicado en el Periódico Oficial del Estado de tres de febrero de dos mil diecisiete.
17. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor señaló como violados los artículos 14, 16, párrafo primero, 31, fracción IV, 39, 40, 41, párrafo primero, 49, 115, primer párrafo y fracciones I, párrafo primero, IV, 128, 133 y 136 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 118 y 119 de la Constitución Local.
II. Trámite de la controversia constitucional
18. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(2)
19. El Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo por presentados a los promoventes, presidente y síndica segunda del Municipio actor; y como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León, emplazándolas para que formularan su contestación; finalmente, dio vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(3)
20. Contestación a la demanda. El Poder Ejecutivo de la entidad demandado, en su contestación, señaló, en síntesis, que:
a) El veinte de enero de dos mil diecisiete, el gobernador local sancionó, promulgó y ordenó publicar el decreto impugnado y, por su parte, el secretario general de Gobierno lo refrendó y niega el resto de los hechos que son señalados en la demanda.
b) La participación del Ejecutivo Local se limitó a la sanción y promulgación de los decretos impugnados, así como a ordenar su publicación y en la demanda no se expone cuestionamiento alguno en torno a ello, sino como consecuencia del decreto impugnado, por lo que no se manifiesta en relación con los conceptos de invalidez y estará atento a la secuela procedimental y respetará lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
21. Contestación del Poder Legislativo del Estado. Este Poder, al rendir su contestación de demanda, señaló, en síntesis, lo siguiente:
a) Causa de improcedencia. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 11, primer párrafo, de dicha ley, en virtud de que el Municipio actor carece de legitimación para acudir a la controversia constitucional, ya que no acredita que la decisión de promoverla haya surgido de una decisión colegiada del Ayuntamiento; por ello, ante la ausencia de un acta del Cabildo que avale dicha decisión, resulta que los firmantes de la demanda de controversia constitucional carecen de legitimación. Asimismo, no existe disposición alguna que establezca que el presidente municipal y el síndico segundo estén facultados para presentar una controversia constitucional.
b) No se advierte que el Congreso Local se haya extralimitado en sus facultades invadiendo la competencia municipal, sino por el contrario, expidió el Decreto "232" en apego a la fracción IV del artículo 115 constitucional.
c) Se cumplió con las formalidades del procedimiento legislativo, la legislación no autoriza a que una persona sea privada de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sin que medie juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ni autoriza a que se dicte acto de molestia sin que medie mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
d) En la emisión del decreto impugnado se actuó con apego a los principios constitucionales local y federal, empleando criterios emitidos por ese Máximo Tribunal. Se cumple con el principio de anualidad y no existe impedimento para que el Congreso Local en cualquier tiempo reforme, adicione, modifique o derogue disposiciones en materia tributaria. Asimismo, atendiendo a los principios constitucionales de las contribuciones, legalidad, proporcionalidad y equidad, se pretendió desarrollar los mecanismos de seguridad económica a favor de las familias del Estado, para que el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y el impuesto sobre diversiones y espectáculos guarden la debida equidad y proporcionalidad, entre la posibilidad económica de sufragarlos y el gasto que representa cubrir tal impuesto por parte de los habitantes del Estado de Nuevo León.
e) De conformidad con la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León para el año dos mil diecisiete, en su artículo sexto, se expresa de manera clara la facultad que tienen los presidentes municipales, a efecto de otorgar programas temporales de subsidios con cargo a las contribuciones e impuestos municipales, atendiendo al beneficio social y económico de la población.
f) Para conocer la naturaleza de los artículos transitorios no es necesario un análisis semántico, el artículo transitorio pierde su eficacia una vez que ha cumplido su cometido, por ello es que no puede establecer prescripciones genéricas con carácter vinculante a los particulares. Además, desarrolla un análisis de las características de los artículos transitorios, si forman parte o no de la ley expedida, entre otras cosas.
g) La emisión del decreto impugnado se hizo con apego a la fracción IV del artículo 115 constitucional, en la que se contempla como prerrogativa de los Municipios el régimen de libre administración hacendaria. El Congreso no actuó de forma arbitraria, bajo criterios inconstitucionales y contrarios a los principios de certeza y seguridad jurídica, de reserva de fuentes de ingresos, de democracia representativa, de división de poderes, autonomía municipal y de supremacía constitucional, ya que para la expedición del decreto impugnado actuó dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere.
22. Opinión del procurador general de la República. Este funcionario no rindió opinión.
23. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(4)
III. Competencia
24. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de San Pedro Garza García del Estado de Nuevo León, y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad.
IV. Oportunidad
25. El Decreto legislativo "232" impugnado, expedido por el Congreso Local, por el que se adiciona un último párrafo a los artículos 21 Bis-12, 28 Bis-1 y 32 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León se publicó el tres de febrero de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial de la entidad.
26. Al impugnarse normas de carácter general, para efectos de determinar lo referente a la oportunidad en la presentación de la demanda, deberá estarse a lo previsto por el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, que prevé que cuando en una controversia constitucional se impugnen normas generales, la demanda respectiva puede promoverse en dos momentos, a saber:
a) Dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación; y,
b) Dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
27. En el caso, es aplicable la primera hipótesis, ya que el Municipio actor solicita la declaración de invalidez del Decreto "232", por el que adiciona un último párrafo a los artículos 21 Bis-12, 28 Bis-1 y 32 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, con motivo de su publicación en el Periódico Oficial de la entidad de tres de febrero de dos mil dieciséis. En esta tesitura, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del siete de febrero de dos mil diecisiete al veintidós de marzo del mismo año.(5)
28. Por consiguiente, si la demanda se presentó en la Oficina de Correos de México de San Pedro Garza García del Estado de Nuevo León el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete,(6) según se desprende del sello asentado al reverso de la foja cuarenta y siete del expediente principal, no cabe duda que la demanda fue promovida en forma oportuna.
V. Legitimación activa
29. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(7) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
30. En el presente asunto, el actor es el Municipio de San Pedro Garza García del Estado de Nuevo León y, en su representación, suscribieron la demanda Mauricio Fernández Garza y María Diamantina Alcalá Fernández, ostentándose como presidente municipal y síndica segunda, respectivamente, cargos que acreditaron con copias certificadas de la publicación en el Periódico Oficial de la entidad de veinticuatro de junio de dos mil quince,(8) del Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente de Cómputo para la Renovación del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, celebrada el diez de junio de dos mil quince, en la que se declaró electa la planilla de Acción Nacional, para tomar posesión del Ayuntamiento del treinta y uno de octubre de dos mil quince al treinta de octubre de dos mil dieciocho, así como el Acta Número 8 de instalación y toma de protesta del Ayuntamiento electo para el ejercicio constitucional dos mil quince-dos mil dieciocho, de treinta y uno de octubre de dos mil quince.(9) Documentales de las que se constata que los promoventes cuentan con los cargos que ostentan.
31. En ese sentido, el artículo 34, fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal de Nuevo León(10) establece que la representación del Ayuntamiento será ejercida de manera mancomunada por el presidente municipal y el síndico o síndico segundo. Por lo tanto, el presidente municipal y la síndico segundo que suscriben la demanda cuentan con la facultad de representación del Municipio actor en esta vía. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número P./J. 44/97,(11) exactamente aplicable al caso, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA. LA TIENEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."
32. No es obstáculo lo señalado por el Poder Legislativo Local, al rendir su contestación de demanda, en el sentido de que el Municipio actor carece de legitimación, en virtud de que no acredita que la decisión de promover la controversia constitucional haya surgido de una decisión colegiada del Ayuntamiento, por lo que, ante la ausencia de un acta del Cabildo que avale dicha decisión, resulta que los firmantes de la demanda carecen de legitimación; y que no existe disposición que establezca que el presidente municipal y el síndico segundo estén facultados para presentar una controversia constitucional, pues como ya dijimos, del artículo 34, fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal de Nuevo León se concluye que corresponde a los síndicos o síndicos segundos, junto con el presidente municipal, representar al Municipio, sin que para este tipo de representación se exija un acuerdo del Cabildo. Si bien, la misma fracción I del artículo 34 mencionado contempla una segunda hipótesis de representación en la que sí se requiere del acuerdo del Ayuntamiento, esta hipótesis únicamente se refiere a los casos en los que la representación legal mancomunada entre el presidente municipal y el síndico o el síndico segundo, sea delegada en favor de cualquier otro integrante del Ayuntamiento, hipótesis que no se presenta en este caso. De este modo, en el caso, no se requiere de un acuerdo del Cabildo.
33. Además de lo anterior, en ningún modo en otro precepto de la aludida ley se exige que para la promoción de una controversia constitucional se requiera un acuerdo de Cabildo. No debe perderse de vista que las reglas sobre representación establecidas en el artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia son flexibles, al prever que las partes actora, demandada y, en su caso, tercero interesada, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlas y que, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. Se trata, pues, de una norma que exige simplemente la existencia de una base normativa que apoye la legitimidad de la representación que se pretende, y que, por lo demás, es explícita en sentar una presunción general que obliga a resolver cualquier duda al respecto en un sentido favorable al reconocimiento de la capacidad representativa de las autoridades o personas que comparecen ante este Alto Tribunal, por ello, si en el caso, la norma aplicable establece que la representación jurídica del Municipio recae conjuntamente en el síndico o síndico segundo y el presidente municipal representante de aquél, sin restricciones expresas, y en este asunto vienen dichos funcionarios en conjunto, como lo establece dicha norma, debe reconocérseles legítimos representantes del Municipio actor.
34. Pretender, como lo señala el Poder Legislativo Local, que no existe disposición alguna que establezca que el presidente municipal y el síndico segundo están expresamente facultados para presentar controversias constitucionales, lejos de abrir la posibilidad de promoción de este tipo de juicios, la cerraría, ya que exigir que la ley ordinaria establezca expresamente a los miembros que representan a los Municipios puntualmente para promover controversias constitucionales, sería tanto como coartar el derecho de defensa municipal, pues bastaría con que no se previera esta última posibilidad en las normas legales para coartarles a los Municipios el acceso o la vía para acudir a este Alto Tribunal a defender sus intereses municipales. Lo anterior es así, máxime que la legitimación de los Municipios proviene de la propia fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal y basta que se acredite la representación de dicho órgano, aun en los términos flexibles a los que nos hemos referido, para considerar cubierta la legitimación requerida al órgano actor.
35. Consecuentemente, tanto el presidente municipal como la síndica segunda cuentan con legitimación para promover la presente controversia constitucional en defensa de los intereses del Municipio que representan. Asimismo, el Municipio actor cuenta con legitimación para acudir a esta vía, al ser uno de los entes enunciados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(12)
VI. Legitimación pasiva
36. En el auto admisorio de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y se les requirió para que, dentro del plazo de treinta días hábiles, rindieran su contestación a la demanda.(13)
37. Poder Ejecutivo Local. Por el Poder Ejecutivo Local compareció Homero Antonio Cantú Ochoa, en su carácter de subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno de la entidad, personalidad que acreditó con copia certificada de su nombramiento de seis de octubre de dos mil quince.(14)
38. El artículo 44, fracción XVII, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León(15) dispone que al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General corresponde representar jurídicamente, entre otros, al titular del Poder Ejecutivo Local en todo tipo de juicios, recursos y procedimientos ante cualquier autoridad judicial, administrativa o laboral en que sea parte, por lo tanto, se concluye que dicho funcionario que contesta la demanda cuenta con la facultad para representar al Ejecutivo Local y cuenta con la debida legitimación procesal para representar en la presente controversia constitucional al Poder Ejecutivo Local.
39. Asimismo, el Poder Ejecutivo del Estado cuenta con legitimación pasiva para comparecer al juicio, al atribuírsele la promulgación de las normas generales que se impugnan.
40. Poder Legislativo Local. Por este poder compareció el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Estado, personalidad que acreditó con copias certificadas del acuerdo legislativo 145, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cinco de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se integra la directiva que fungirá en los periodos comprendidos dentro del segundo año de ejercicio constitucional de la Legislatura Local, del que se advierte que Andrés Mauricio Cantú Ramírez asumió el cargo de presidente de la directiva del Poder Legislativo a partir del mes de septiembre de dos mil dieciséis.(16)
41. Dicho funcionario se encuentra facultado para acudir, en representación del Poder Legislativo Local, de conformidad con el artículo 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,(17) por lo tanto, cuenta con la debida legitimación procesal para representar en este medio de control constitucional al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
42. Finalmente, el Poder Legislativo del Estado cuenta con legitimación pasiva para comparecer al juicio, al atribuírsele la emisión de las normas generales que se impugnan.
VII. Causas de improcedencia
43. Al no existir otras causas de improcedencia, salvo la ya analizada en el apartado de legitimación activa, ni advertida alguna de oficio por este Alto Tribunal, se procede al estudio del fondo del asunto.
VIII. Consideraciones y fundamentos
44. Del contenido de la demanda se advierte que el Municipio actor plantea dos líneas argumentativas. En la primera, señala que el decreto impugnado vulnera la hacienda pública municipal contenida en el artículo 115, fracción IV, constitucional, en virtud de que se obliga a los Ayuntamientos a otorgar el subsidio que se establece en el decreto impugnado por el que se adicionó un último párrafo a los artículos 21 Bis-12, 28 Bis-1 y 32 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, y que, además, contiene dos artículos transitorios.
45. En la segunda línea argumentativa, el Municipio actor indica que las disposiciones que integran el decreto impugnado produce un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica, por la forma en que las autoridades fiscales de los gobiernos decidan observar las porciones normativas adicionadas, pues no obstante que se limitan a establecer la facultad de otorgar los subsidios, los artículos transitorios disponen diversas obligaciones de hacer tanto a los Ayuntamientos como a los tesoreros municipales, respecto a la aprobación de una tabla de subsidios y el otorgamiento de éstos a los contribuyentes comprendidos en los beneficios fiscales ahí establecidos.
46. En este tema, ya hemos señalado en diversos precedentes que es inconstitucional que las Legislaturas Estatales establezcan exenciones y subsidios, ya que se vulnera el artículo 115 de la Constitución Federal. Así lo resolvimos, por ejemplo, en las controversias constitucionales 13/2002 y 19/2011, así como en la acción de inconstitucionalidad 101/2008,(18) entre otras.
47. De este modo, aplicando las mismas consideraciones y directrices que este Alto Tribunal ha aprobado en relación con la prohibición a las Legislaturas de las entidades federativas para que establezcan exenciones y subsidios en perjuicio de la hacienda pública municipal, se reitera conforme a lo siguiente:
48. De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Federal, la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios; por su parte, la libre administración hacendaria debe entenderse como el régimen que estableció el Órgano Reformador de la Constitución, a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, todo esto, en los términos que fijen las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos.
49. De conformidad con la fracción IV, inciso a), del citado artículo 115, los Municipios percibirán las contribuciones que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria. Por lo que cualquier cobro que derive de la misma es una contribución a favor del Municipio.
50. La mencionada fracción señala, además, la prohibición expresa para que las leyes federales
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27775-8f44a1b5/i-controversia-constitucional-la-representacion-del-municipio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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