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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE IMPUGNA UNA NORMA GENERAL POR ESTIMAR QUE SU CONTENIDO CONTRAVIENE LA LEY FUNDAMENTAL, CON MOTIVO DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL SUSCITADA CON POSTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE AQUÉLLA, NO SE ACTUALIZA LA REGLA ESPECÍFICA DE OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONSISTENTE EN LA POSIBILIDAD DE COMBATIR UNA OMISIÓN LEGISLATIVA EN CUALQUIER MOMENTO MIENTRAS ÉSTA SUBSISTA, SINO LA GENERAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. (Razones aprobadas por mayoría de seis votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández y Alberto Pérez Dayán, en contra del voto de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos estuvo ausente)

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2012. · Registro digital (IUS): 24711
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, Pág. 81.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2012. MUNICIPIO SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 11 DE JUNIO DE 2013. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de junio de dos mil trece.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda. Por oficio presentado el treinta de enero de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauricio Fernández Garza e Hiram Luis de León Rodríguez, presidente municipal y síndico segundo, respectivamente, del Ayuntamiento San Pedro Garza García, Nuevo León, promovieron controversia constitucional en contra de los actos y autoridades que a continuación se señalan:

"Entidad, poder u órgano demandado: el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, con domicilio en su recinto oficial sito en Palacio Legislativo, calle Matamoros número 555, Monterrey, Nuevo León y el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, con domicilio en calle Zaragoza esquina 5 de Mayo, Zona Centro, en Monterrey, Nuevo León ...

"Norma general o acto administrativo concreto cuya invalidez se demanda: De las entidades, poderes u órganos demandados se demanda:

"a) La omisión en la adecuación de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, conforme a la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y disposiciones transitorias del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23-veintitrés de diciembre de 1999-mil novecientos noventa y nueve.

"b) Las consecuencias de hecho como de derecho, directas e indirectas, mediatas e inmediatas derivadas del incumplimiento en el deber de legislar, la falta de adecuación de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, a las disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23-veintitrés de diciembre de 1999-mil novecientos noventa y nueve, la falta de cobro de las contribuciones municipales y la consecuente afectación a la hacienda municipal."

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:

"I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 1999, se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar consagrada en la fracción IV, del artículo 115, la ‘garantía’ al Municipio en su ‘hacienda municipal’, protegiendo al Municipio al establecer la ‘prohibición’ a las Legislaturas de los Estados, para que en las leyes estatales no establezcan exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

"II. En las disposiciones transitorias del Decreto publicado en fecha 23-veintitrés de diciembre de 1999-mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, se establece, por una parte, en el artículo primero, la entrada en vigor del decreto de reforma del artículo 115 de la Constitución, a los noventa días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Por otra parte, en el artículo segundo se desprende la obligación a cargo del Poder Legislativo Estadal (sic), de adecuar la Constitución Local y leyes, a más tardar un año a partir de la entrada en vigor del decreto.

"III. El primero de agosto de 2002-dos mil dos, el presidente municipal, síndico segundo y secretario del R. Ayuntamiento, todos del Municipio de San Pedro Garza García, promovieron en representación del Municipio, controversia constitucional en la que se demandó la omisión en la expedición de las disposiciones legales en materia municipal en cumplimiento de la reforma al artículo 115 constitucional.

"IV. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de siete votos de los señores Ministros, declaró procedente y fundada la controversia constitucional promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el expediente 46/2002, ordenando la adecuación del ordenamiento local a las disposiciones de la reforma del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante Decreto publicado en fecha 23-veintitrés de diciembre de 1999-mil novecientos noventa y nueve, en el Diario Oficial de la Federación.

"V. Mediante Decreto Núm. 264 aprobado el 19-diecinueve de julio de 2005-dos mil cinco por el Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 22-veintidós de julio de 2005-dos mil cinco, para dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de la Nación (sic), se aprobó la reforma a la Constitución Política del Estado de Nuevo León, por modificación a los artículos 23, séptimo y octavo párrafos; 63, fracciones V, X, XIII, XLV y XLVIII; 125; 128, cuarto párrafo; 129; 131 y 132; y por adición de nuevos párrafos noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo al artículo 23; de una fracción XLIX al artículo 63, por lo que su actual fracción XLIX pasa a ser L, y de un párrafo segundo al artículo 131; también se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, por modificación a los diversos artículos 26, inciso a), fracción I, c), fracciones IX y X, 142; 147; 151; 152 y 154; y por adición de un segundo párrafo al artículo 16, de un párrafo segundo al artículo 142; de una fracción IV al artículo 151 y de un capítulo séptimo denominado ‘De los convenios de prestación de servicios entre el Municipio y el Estado’ al título tercero; de un artículo 108 Bis, de un título séptimo denominado ‘Del procedimiento contencioso’, y de unos artículos 169 y 170.

"El capítulo séptimo, del título tercero, contempla la disposición legal del artículo 108 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León, que contempla como medio de defensa del Municipio en contra de los actos a los que se refieren los incisos c) y d) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los medios a que se refiere el artículo 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

"VI. Incurre el Congreso del Estado de Nuevo León en incumplimiento al mandato de la Ley Fundamental de la Nación, en atención a la inefectividad de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 40, 41, párrafo primero, 115, fracción IV, 120, 133 y el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23-veintitrés de diciembre de 1999-mil novecientos noventa y nueve, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, no ha derogado la disposición del artículo 48, fracción I, de la Ley Electoral de Nuevo León, que hace ‘exención de impuestos municipales’ que pretendan gravar los bienes (propiedad raíz) destinados al cumplimiento de sus funciones."

TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora destacó que las normas impugnadas violan los artículos 40, 41, párrafo primero, 115, fracción IV, 120, 133 (sic) y el artículo segundo transitorio del Decreto publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Constitución General de la República; asimismo, no señaló terceros interesados; y expuso los conceptos de invalidez que enseguida se transcriben:

"Se afecta al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con la violación a las normas programáticas que se incluyen en los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 40, 41, párrafo primero, 115, fracción IV, 120, 133 y el artículo segundo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23-veintitrés de diciembre de 1999-mil novecientos noventa y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"De conformidad con lo establecido en el artículo 115, fracción IV, inciso c), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, únicamente estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.

"No obstante la prohibición del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política Federal, en el artículo 48, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, se dispone la ‘exención’ a favor de los partidos políticos, cuando únicamente los bienes del dominio público de la Federación, los Estados y Municipios tienen tal beneficio. Dice el precepto:

"‘Artículo 48.’ (se transcribe).

"Es imputable al Congreso del Estado de Nuevo León el incumplimiento en la adecuación de las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León a las disposiciones del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíben a la Legislatura el establecimiento de ‘exenciones fiscales’.

"El Decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, fija en el artículo segundo de las disposiciones transitorias, que los Estados deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en el decreto a más tardar en un año de su entrada en vigor y el ordenamiento local sea conforme a las disposiciones del artículo 115 constitucional reformado.

"Incurre la Legislatura Federal en ‘desacato’ al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la ‘autonomía económico financiera municipal’, la ‘libre hacienda municipal’, afectando al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando la Legislatura de la entidad federativa incumple la prohibición expresa para que se abstenga de establecer exenciones o cualesquiera otra forma liberatoria de pago, causando perjuicio a la hacienda municipal, afectando la recaudación y por consecuencia el ingreso.

"Debe respetar el Poder Legislativo el ‘principio de libre hacienda municipal’ y el ‘principio de integridad de los recursos municipales’, que obliga a la asamblea legislativa a proveer al ‘fortalecimiento de la autonomía’ y la ‘autosuficiencia económica’ de las municipalidades, para que gocen de plena disposición y aplicación de sus recursos, y no como se deja de hacer, que la ‘inactividad legislativa’ mantiene beneficios inconstitucionales en afectación de la hacienda municipal.

"Altera la Legislatura de Nuevo León el orden constitucional, el federalismo tributario, afectando la ‘autonomía económico-financiera municipal’, afecta la ‘hacienda municipal’, conculca las potestades tributarias municipales, que entre otros ingresos, tiene la facultad de recaudar, a completitud, sin ‘exenciones’, ‘minoraciones’ o ‘subsidios’, ‘las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria’. Aplica al caso la tesis P./J. 44/2003, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, visible en la página 1375, con el rubro: ‘MUNICIPIOS. LAS EXENCIONES O CUALQUIERA OTRA FORMA LIBERATORIA DE PAGO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES FEDERALES O LOCALES RESPECTO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA LIBRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE AQUELLOS, CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’

"Transcurrido en exceso el plazo de la disposición del artículo segundo transitorio del decreto de reforma a la Constitución, es ‘exigible’ la adecuación de las leyes estatales, para que se establezcan las ‘garantías municipales’ y sean garantizados los ingresos municipales, eliminando del ordenamiento local las ‘exenciones fiscales’. La ‘mora legisferante’ imputable al Congreso de la Unión, perjudica la eficacia constitucional y atenta a la hacienda municipal, debiendo ordenar la adecuación a la reforma constitucional, eliminado la ‘exención’ a favor de los partidos políticos que prevé el artículo 48 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León.

"Luego entonces, este Tribunal Constitucional, ha de considerar la procedencia de la controversia constitucional, declarando fundado el anterior concepto de invalidez, apareciendo la infracción a los artículos 40, 41, párrafo primero, 115, fracción IV, último párrafo, 120, 133 y el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23-veintitrés de diciembre de 1999-mil novecientos noventa y nueve, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la violación constitucional provocada por la ‘inactividad del órgano legislativo’ frente al mandato del artículo 115, fracción IV, la falta de adecuación del ordenamiento local por parte del Congreso del Estado de Nuevo León y Gobernador Constitucional del Estado, de manera que se invalide la ‘exención fiscal’ del artículo 48, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y no siga la afectación a la hacienda municipal.

"Solicitamos, desde este momento que esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplique a favor del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la tesis de jurisprudencia P./J. 68/96, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, parte IV, noviembre de 1996, visible en la página 325, con el rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JURÍDICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS.’

"Abierta la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, en la etapa postulatoria, solicitamos que el Ministro instructor, que en los términos de los artículos 29, 31 y 32 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se nos tenga por ofrecidos desde este momento, los elementos de convicción, que son las siguientes: ..."

CUARTO. Registro. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil doce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar bajo el número 7/2012, el expediente relativo a la presente controversia constitucional y designó por razón de turno, al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, como instructor del procedimiento.

QUINTO. Requerimiento a la parte actora. En diverso auto de primero de febrero de dos mil doce, el Ministro instructor tuvo por reconocido el carácter al Municipio actor y ordenó prevenir a la parte actora para el efecto de que aclarara su demanda y precisara cuáles son los actos concretos que específicamente se atribuyen al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, señalado como autoridad demandada, así como los conceptos de invalidez que corresponda, apercibiéndola que en caso de no cumplir con tal prevención, se decidiría lo que procediera conforme a derecho.

SEXTO. Desahogo del requerimiento y admisión. Mediante escrito presentado ante la Oficina Postal de Correos de México, en Nuevo León, el tres de febrero de dos mil doce, que se recibió ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nueve siguiente, el delegado de la parte actora presentó un escrito encaminado a dar cumplimiento a la prevención antes mencionada.

Por acuerdo de trece de febrero de dos mil doce, el Ministro instructor tuvo por desahogada la prevención antes referida, admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, reconoció el carácter de demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León, por lo que ordenó emplazarlos para que formularan su contestación y dar vista mediante notificación por oficio, a la procuradora general de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación corresponda.

En el mismo proveído, el Ministro instructor requirió al representante del Congreso Estatal para que, al dar contestación a la demanda, remitiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación copia certificada de los antecedentes de los actos impugnados.

SÉPTIMO. Recurso de reclamación. Inconforme con ese acuerdo, por escrito presentado en la oficina de correos de Monterrey, Nuevo León, el veinticuatro de febrero de dos mil doce, el presidente de la Diputación Permanente de la Septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, interpuso recurso de reclamación, por estimar que el delegado de la parte actora no tiene legitimación para contestar el requerimiento de aclaración que hizo el Ministro instructor en la presente controversia constitucional.

Seguidos los trámites legales, en resolución de dieciocho de abril de dos mil doce la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de cuenta, en el sentido de si bien resultaron fundados los agravios, relativos a que, en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el delegado de Municipio actor no tiene legitimación para contestar el requerimiento de aclaración que hizo el Ministro instructor y, por ende, resultaba ilegal el acuerdo recurrido, por lo que debía dejarse sin efectos; sin embargo, de autos se aprecia que los representantes del Municipio actor, a saber, el presidente y el síndico segundo municipales, también dieron contestación, en tiempo, al requerimiento de cuenta, a través de su oficio depositado en la oficina del Servicio Postal Mexicano el trece de febrero de dos mil doce.

En este orden, se determinó que, si bien se ordenaba revocar el auto recurrido; empero, lo procedente era devolver los autos al Ministro instructor para que se pronunciara sobre el desahogo hecho al requerimiento por parte del presidente y el síndico segundo municipales.

OCTAVO. Cumplimiento de la resolución de la Primera Sala. En cumplimiento de dicha resolución, en proveído de siete de mayo de esa misma anualidad, el Ministro instructor tuvo por desahogada la prevención antes referida, por parte de los representantes del Municipio actor; reconoció el carácter de demandados en este procedimiento constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nuevo León, por lo que ordenó emplazarlos nuevamente para que formularan su contestación y dar vista de nueva cuenta, mediante notificación por oficio, a la procuradora general de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestará lo que a su representación corresponda.

Cabe apuntar que los representantes del Municipio actor dieron cumplimiento a la prevención antes mencionada, en el sentido siguiente:

"Ahora bien, por lo que hace a los actos concretos que específicamente se atribuyen al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, en relación a la omisión en la adecuación de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, conforme a la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 71, 75, 77, 85, fracciones X y XI, de la Constitución Política Local, se refieren a la participación esencial del Poder Ejecutivo Estatal en el proceso legislativo, otorgándole la facultad de devolver con observaciones al Congreso los proyectos aprobados por éste, así como su facultad exclusiva de promulgar y mandar publicar el decreto que contenga la ley o de las reformas legales resultantes del proceso legislativo, siendo dicha publicación indispensable para la entrada en vigor de la ley o sus reformas, conforme a lo dispuesto por el artículo 78 del mismo ordenamiento constitucional local.

"De lo anterior se desprende la participación esencial que el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León tiene en el proceso legislativo, que es la vía constitucionalmente prevista para la adecuación a la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, para con ello dar cumplimiento al mandato del artículo segundo transitorio del Decreto «por el que se declara reformado y adicionado el» artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 1999.

"Tal como ha sostenido esta honorable Suprema Corte, los actos que integran el proceso legislativo constituyen una unidad indisoluble para efectos de su análisis por el juzgador constitucional, debido a que son actos instrumentales que, en conjunto, otorgan vigencia a la ley. Por ello, es que así como la impugnación de los posibles vicios de inconstitucionalidad de una ley es reclamable no sólo del Poder Legislativo que la expidió, sino también al resto de las autoridades que participan en los vicios de inconstitucionalidad derivados de la omisión en la expedición de una ley, que impide dar plena vigencia a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incumpliendo un mandato claro y directa de ésta, también devienen imputable a todas las autoridades que habiendo debido participar en el proceso legislativo necesario para cumplir con un mandato constitucional, son omisas en ello, máxime cuando tienen la facultad de iniciar dicho proceso y la obligación de publicar el producto final del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, lo sostenido en la tesis aislada P. LXIV/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, página 8, con el rubro: ‘INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU EJERCICIO ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO, POR FORMAR PARTE DEL PROCESO LEGISLATIVO.’

"Asimismo, en la demanda se imputan al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, las consecuencias de hecho como de derecho, directas e indirectas, mediatas e inmediatas derivadas del incumplimiento en el deber de legislar, esto es, la falta de adecuación de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, a las disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado «y adicionado» mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23-veintitrés de diciembre de 1999-mil novecientos noventa y nueve; así como la falta de cobro de las contribuciones municipales y la consecuente afectación a la hacienda municipal.

"La falta de adecuación de la legislación electoral local a lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como consecuencia que este precepto constitucional que garantiza, entre otras cosas, la autonomía de la autoridad municipal en el manejo de su hacienda pública, sea letra muerta, generando un perjuicio a la hacienda y autonomía municipal. Por ende, las consecuencias derivadas de la falta de actuación de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, a las disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23-veintitrés de diciembre de 1999-mil novecientos noventa y nueve, también devienen imputables a todas las autoridades que debiendo haber participado en el proceso legislativo necesario para cumplir con un mandato constitucional, son omisas en ello, máxime cuando tienen la facultad de iniciar dicho proceso y la obligación de publicar el producto final del mismo, como es el caso del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.

"La omisión en la participación del proceso legislativo a través del cual deben realizarse las adecuaciones a la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, necesarias para hacerlas compatibles con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.

"La omisión en la participación del proceso legislativo a través del cual deben realizarse las adecuaciones a la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, necesarias para hacerlas compatibles con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, producen las flagrantes vulneraciones al marco constitucional, que esta honorable Suprema Corte debe proteger, que se indican en el concepto de violación ‘único’ del escrito de demanda.

"En dicho concepto de violación se señala el ‘desacato’ al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra la ‘autonomía económica financiera municipal’, la ‘libre hacienda municipal’, afectando al Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que las autoridades participantes en el proceso de creación y modificación de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, incumplen la prohibición expresa para que se abstenga de establecer exenciones o cualesquiera otra forma liberatoria de pago, causando perjuicio a la hacienda municipal, afectando la recaudación y por consecuencia el ingreso; y al ser omisas en remover de la legislación electoral la exención prevista en el artículo 48, fracción I, de dicho ordenamiento, en cumplimiento de lo previsto en el artículo segundo transitorio del Decreto de reforma «y adición» al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 1999, impiden la plena vigencia y aplicación de lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, también debe respetar el Poder el ‘del principio de libre hacienda municipal’ y el ‘principio de integridad de los recursos municipales’, que obliga lo obliga (sic) a proveer al ‘fortalecimiento de la autonomía’ y la ‘autosuficiencia económica’ de las municipalidades, para que gocen de plena disposición y aplicación de sus recursos, y no como se deja de hacer, que la ‘inactividad legislativa’, de la cual es corresponsable, mantiene beneficios inconstitucionales en afectación de la hacienda municipal.

"Contribuye el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León con la omisión imputada, a la alteración del orden constitucional, el federalismo tributario, afectando la ‘autonomía económica-financiera municipal’, afecta la ‘hacienda municipal’, conculca las potestades tributarias municipales, que entre otros ingresos, tiene la facultad de recaudar, a completitud, sin ‘exenciones’, ‘minoraciones’ o ‘subsidios’ las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Siendo imputable como consecuencia de la omisión de la que es corresponsable el Poder Ejecutivo estatal, la violación constitucional a la que se hace referencia en la tesis P./J. 44/2003, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, visible en la página 1375, con el rubro: ‘MUNICIPIOS. LAS EXENCIONES O CUALQUIERA OTRA FORMA LIBERATORIA DE PAGO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES FEDERALES O LOCALES RESPECTO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA LIBRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE AQUELLOS, CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’.

"Transcurrido en exceso el plazo de la disposición del artículo segundo transitorio del Decreto de reforma «y adición» a la Constitución, es ‘exigible’ la adecuación de las leyes estatales, para que se establezcan las ‘garantías municipales’ y sean garantizados los ingresos municipales, eliminando del ordenamiento local las ‘exenciones fiscales’. La ‘mora legisferante’ imputable como se ha señalado también al Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, perjudica la eficacia constitucional y atenta a la hacienda municipal, debiendo este honorable Tribunal ordenar la adecuación a la reforma constitucional, eliminando la ‘exención’ a favor de los partidos políticos que prevé el artículo 48 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León."

NOVENO. Contestación de demanda por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León. Por oficio depositado en la oficina de correos de Monterrey, Nuevo León, el veinticuatro de mayo de dos mil doce, -foja 360 del expediente- Hugo Alejandro Campos Cantú, consejero jurídico del gobernador del Estado de Nuevo León, en representación del Poder Ejecutivo de la entidad, dio contestación a la demanda.

El Ministro instructor tuvo por presentado el escrito correspondiente en acuerdo de treinta de mayo de ese mismo año. En la contestación de referencia se manifestó sustancialmente que:

1. No existen los actos cuya invalidez demanda el actor, ya que no pueden ser atribuidos al gobernador del Estado, porque el proceso legislativo corresponde, en exclusiva, al Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad a lo establecido en los artículos 30, 46, 63, fracciones I, XLI y LII, 70, 71, 81 y 85, fracción X, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

2. Como la Constitución Local de esa entidad federativa establece en su proceso legislativo que, para la aprobación de toda ley o decreto, se necesita, previa su discusión, el voto de la mayoría de los diputados, salvo los casos expresamente exceptuados por la propia Constitución, y que hasta la aprobación de dicha ley o decreto, se enviará al gobernador para su publicación,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24711-c6dbe690/controversia-constitucional-si-se-impugna-una-norma-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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