I. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. EL IMPULSADO POR LA INICIATIVA DE REFORMA A UNA LEY PRESENTADA POR UN MUNICIPIO, QUE CULMINA CON LA EMISIÓN DE UN DECRETO EN CUYA APROBACIÓN EL CONGRESO LOCAL HACE SUYA LA DESESTIMACIÓN DE LA REFERIDA INICIATIVA PROPUESTA POR DICHO MUNICIPIO, PERFECCIONA LA NEGATIVA DEL ÓRGANO LEGISLATIVO DE TENER EN CUENTA LA PROPUESTA DE AQUÉL (DECRETO 030, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO A LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN IV Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL CONTENER DERECHOS FUNDAMENTALES, DEBEN RECHAZARSE COMO PARÁMETRO DE VALIDEZ EN AQUEL MEDIO DE CONTROL, SI RESPECTO DE ELLOS EL MUNICIPIO NO HACE DEPENDER UN PLANTEAMIENTO DE INVASIÓN DE COMPETENCIAS. III. HACIENDA MUNICIPAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO ESTÁN OBLIGADAS A ADOPTAR LA POLÍTICA FISCAL SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA PREFERIDA POR LOS MUNICIPIOS, AUNQUE SE PROPONGAN EN UNA INICIATIVA LEGISLATIVA SUSTENTADA EN RAZONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SE CONSIDEREN SÓLIDAS. IV. HACIENDA MUNICIPAL. LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE ESTABLECER EXENCIONES O SUBSIDIOS EN FAVOR DE PERSONA O INSTITUCIÓN ALGUNA REQUIERE LA EXISTENCIA DE UN IMPUESTO PREVIO. V. HACIENDA MUNICIPAL. CUANDO LA INICIATIVA DE LEY PROPUESTA POR UN MUNICIPIO VERSA SOBRE UN ELEMENTO DE LAS CONTRIBUCIONES DISTINTO A LOS REFERIDOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL PROCESO LEGISLATIVO ES ORDINARIO Y LA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS SE AGOTA CON LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO AL CONGRESO LOCAL (DECRETO 030, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO A LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). VI. HACIENDA MUNICIPAL. LA PROPUESTA DE INCLUIR NUEVAS CONTRIBUCIONES RELATIVAS A LA TRASLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD SOBRE BIENES RAÍCES, PRESENTADA POR UN MUNICIPIO EN SU INICIATIVA DE REFORMA, NO EXIGE UNA MOTIVACIÓN REFORZADA AL CONGRESO LOCAL POR NO TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO CUALIFICADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO 030, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO A LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 7/2013. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 14 DE MAYO DE 2018. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de mayo de dos mil dieciocho, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 7/2013, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, en contra del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León contra la negativa de resolver favorablemente la iniciativa de reforma legislativa propuesta respecto de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.
El problema jurídico a resolver consiste en verificar si la negativa del Congreso Local de aceptar la ampliación de hipótesis de causación de los impuestos sobre la traslación de dominio es constitucional y, en su caso, si una decisión así debe sujetarse a un estándar de motivación reforzada.
I. Antecedentes del caso
1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil trece,(1) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Roberto Ugo Ruiz Cortés y Juan Juan Castro Lobo, presidente y síndico segundo, respectivamente, del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional en contra del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León en contra de:
a) El trámite y dictamen del expediente 7789/LXXIII, que contiene escrito signado por Rodrigo Medina de la Cruz, Álvaro Ibarra Hinojosa y Rodolfo Gómez Acosta; gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, secretario general de Gobierno y secretario de finanzas y tesorero general del Estado, mediante el cual promueven iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León; y anexo presentado por Roberto Ugo Ruiz Cortés, presidente municipal de San Pedro Garza García, mediante el cual promueve iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.
b) La discusión y aprobación del Decreto Núm. 030, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por el que se desestima la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León (la cual fue propuesta por el Ayuntamiento de San Pedro Garza García Nuevo León).
c) La afectación económico-financiera generada al Municipio de San Pedro Garza García, derivado de la no tributación de las operaciones traslativas de derechos sobre la propiedad raíz imputable a la omisión de la Legislatura del Estado y gobernador de Nuevo León.
2. En el escrito de demanda, la parte actora precisó que las normas constitucionales violadas son las contenidas en los artículos 16, 31, fracción IV, 40, 41, párrafo primero, 115, fracción IV, 120 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Como antecedentes de los actos impugnados el Municipio actor precisa que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se reformó la Constitución Federal, para establecer en el inciso a) de la fracción IV, del artículo 115, la forma en que se integra la hacienda municipal, señalando como se percibirán las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y los derechos derivados de los servicios prestados por el Municipio.
4. Posteriormente, el actor narra que en la segunda sesión ordinaria celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil doce, el Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, aprobó por unanimidad de catorce votos de los presentes, el dictamen CHPM-12-15/028/2012/SFT, que contiene la iniciativa por la cual se proponía la tributación de operaciones traslativas del dominio de la propiedad raíz no contempladas en la ley hacendaria municipal, esto es, una iniciativa que proponía la inclusión de nuevos supuestos de causación del impuesto sobre adquisición de inmuebles previsto en el artículo 28 Bis-2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.
5. Posteriormente, el siete de diciembre de dos mil doce, fue presentada en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de Nuevo León, la referida iniciativa.
6. Finalmente, la parte actora precisó que el Congreso Local desechó su propuesta y que dicha negativa implica un incumplimiento de su deber constitucional de legislar, promulgar y refrendar las disposiciones legales en materia de hacienda municipal.
7. Conceptos de invalidez. La parte actora formula los siguientes dos conceptos de invalidez:
8. Primero. Se produce una transgresión a los artículos 31, fracción IV y 115, fracción IV, de la Constitución Federal, ya que la Legislatura Local incumple con el deber de legislar en materia hacendaria municipal, a fin de que la promovente perciba las contribuciones relativas a la traslación de derechos de propiedad sobre los bienes raíces.
9. La negativa a legislar implica la no tributación (es una medida liberatoria del pago de las contribuciones municipales), lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, resultando aplicable la jurisprudencia P./J. 44/2003, de rubro: "MUNICIPIOS. LAS EXENCIONES O CUALQUIERA OTRA FORMA LIBERATORIA DE PAGO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES FEDERALES O LOCALES RESPECTO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA LIBRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE AQUÉLLOS, CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
10. La no tributación de las operaciones de traslación de la propiedad raíz implica una restricción en la capacidad tributaria del Municipio actor, por lo que se conculcan los principios de autonomía municipal y libre hacienda municipal; en su opinión, resulta aplicable la tesis P./J. 5/2000, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. SUS DIFERENCIAS (ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)."
11. Segundo. El Municipio actor argumenta que el acto impugnado conculca lo dispuesto en el artículo 16, en relación con el artículo 31, fracción IV y 115, fracción IV, de la Constitución Federal, pues se desatienden los principios rectores de la actividad pública, como son el principio de motivación y de razonabilidad.
12. Para desechar la iniciativa de la ley presentada por el Municipio actor, el Poder Legislativo debió realizar una motivación reforzada con criterios y argumentos de calidad, persiguiendo una finalidad constitucionalmente legítima.
13. Sin embargo, afirma que una vez sometida a discusión la iniciativa del Municipio actor, el Poder Legislativo local dio trámite al expediente 7789/LXXIII; sin embargo, dictó la negativa de la iniciativa propuesta originalmente, sobre la base de las consideraciones siguientes, las cuales se destacan:
"CONSIDERACIONES: Por otra parte, los supuestos de causación del impuesto sobre adquisición de inmuebles que sugiere incorporar, por una parte supone anticipar el momento del pago a aquel en que se materializa la causa cierta de la causación, deviniendo ello inconstitucional; en otros casos los supuestos, en adecuada interpretación, ya se encuentran considerados, como es el caso de la adjudicación judicial y administrativa, el excedente en la división de la copropiedad ya se entiende una forma de adjudicación gravada, la derivada de los contratos de arrendamiento financiero, y aquellas que se realizan a través de fideicomisos, aunado lo correspondiente a que la adición en los términos propuestos entra en contradicción con la fracción X del mismo dispositivo, cuya reforma se pretende ..."
14. El Municipio actor procede a desvirtuar las consideraciones del Congreso en la parte transcrita y afirma que –contrariamente a lo manifestado– no se encuentran considerados los supuestos de causación propuestos por el Municipio de San Pedro Garza García en la ley actual, por lo que es falsa la razón en que se basa la desestimación de su iniciativa.
15. En su opinión, el texto vigente de la fracción X del artículo 28 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León no justifica la negativa a la inclusión del texto propuesto, pues no incluye los supuestos propuestos. Por tanto, la negativa del Congreso se traduce en la afectación económico-financiera en perjuicio del Municipio, al dejar de recibir esos recursos –los cuales pudieron haberse causado–.
16. Respecto a la modificación de la fracción III del nuevo artículo 28 Bis 2 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, se advierte que el dispositivo contempla en el catálogo de operaciones que causan el impuesto sobre adquisición de inmuebles, la "promesa de adquirir", cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido. Así, afirma que esta disposición no contempla los actos de adquisición de derechos sobre los bienes inmuebles, con las especificaciones precisadas en la iniciativa del Municipio actor.
17. Es decir, afirma que se dejan de enterar las operaciones de "preventas" efectuadas con relación a los desarrollos inmobiliarios, por lo que a la hacienda municipal no entran los ingresos relativos a las operaciones de transmisión de derechos, por tratarse de inmuebles, cuya existencia aún no se concreta por tratarse de construcciones futuras, en proyecto o en proceso de realización y porque aún no se concreta por tratarse de construcciones futuras, en proyecto o en proceso de realización y porque aún no tienen registrado un valor catastral por la Dirección de Catastro del Estado, todas ellas operaciones respecto de las cuales se proponía en la iniciativa imponer un gravamen.
18. El Municipio actor estima que el Poder Legislativo local debió justificar las razones de la "restricción a la hacienda municipal", así como la negación de los ingresos por la traslación de la propiedad inmobiliaria al Municipio. De tal suerte que la desestimación a la iniciativa a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León contraviene el requisito de razonabilidad y la garantía de fundamentación y motivación.
19. En suma estima que:
a) La Legislatura Local, no puede actuar de forma arbitraria, sino que debe justificar las razones de la negación de los ingresos por la traslación de la propiedad inmobiliaria al Municipio.
b) La desestimación a la iniciativa a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León contraviene el requisito de razonabilidad y la garantía de fundamentación y motivación, elementos que sólo se satisfacen cuando se desarrollan argumentos que soporten la negación y/o restricción de los ingresos municipales, no obstante, en el presente caso no existen razones que justifiquen la desestimación a la iniciativa.
c) La iniciativa del Municipio actor –desestimada por el Poder Legislativo local– relativa a las contribuciones municipales presentada por el Municipio buscará dar cumplimiento a las garantías tributarias del orden municipal y la efectividad de la hacienda municipal en términos del artículo 115, fracciones IV, inciso a), de la Constitución Federal.
II. Trámite de la controversia constitucional
20. Por acuerdo de veintinueve de enero de dos mil trece,(2) el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el presente asunto con el expediente número 7/2013 y se determinó turnar el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, como instructor del procedimiento, según el turno correspondiente.
21. Luego, por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil trece,(3) el Ministro instructor admitió a trámite la demanda respectiva; en consecuencia, se tuvo como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, a quien se ordenó emplazar para que en el plazo de treinta días hábiles diera contestación a la demanda y se ordenó dar vista al procurador general de la República.
22. Contestación de la demanda. En proveído de dos de abril de dos mil trece,(4) se tuvieron por recibidos el escrito y anexos presentados por el presidente de la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual se le tuvo dando contestación a la demanda; asimismo, se tuvo por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como por ofrecidas las pruebas que acompañaron para tal efecto. Se ordenó dar vista a la parte actora y al procurador general de la República.
23. El Poder Legislativo del Estado de Nuevo León estimó que no eran ciertos los actos atribuibles a ese poder, consistentes en el trámite y dictamen del expediente 7789/LXXIII, la discusión y aprobación del Decreto Núm. 030, así como la afectación económica-financiera del Municipio actor.
24. El Legislativo estimó que en tiempo y forma emitió la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, que contempla todos los supuestos en los que es procedente el cobro de impuestos por operaciones traslativas de dominio de la propiedad raíz.
25. Lo referente a la equidad tributaria se encuentra colmado en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, ya que el artículo 28 Bis impone la contribución para el gasto público municipal (impuesto sobre adquisición de inmuebles) al disponer que están obligados al pago del impuesto, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles, precepto que vinculado con el artículo 28 Bis 2, fracción I, implica la contribución al gasto público a que están obligados los mexicanos en el ámbito municipal.
26. El Municipio actor desconoce el contenido del artículo 28 Bis 2 de la referida ley, ya que ignora que el impuesto sobre adquisición de inmuebles es aplicable a toda transmisión de propiedad y sus diferentes modalidades y que los supuestos de causación del impuesto se encuentran ya regulados en el artículo 28 Bis 2, fracción I.
27. Respecto a la violación al principio de motivación y principio de razonabilidad, en el sentido de que no se motivó correctamente al resolver la negativa a la propuesta o iniciativa presentada, el órgano legislativo estimó que la negativa si está debidamente motivada y en la motivación se expresa con claridad de forma concreta.
28. Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el treinta de abril de dos mil trece,(5) se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución y se puso el expediente en estado de resolución. En dicha audiencia el Ministro instructor tuvo a los promoventes ofreciendo las pruebas respectivas, sin que las partes presentaran alegatos, por lo que acto continúo se declaró cerrada la instrucción y se ordenó remitir el asunto para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
29. Solicitud de pruebas para mejor proveer. En proveído de veintiséis de noviembre de dos mil catorce,(6) el Ministro instructor requirió al Poder Legislativo local pruebas para mejor proveer, lo cual se tuvo por desahogado, mediante acuerdo de cinco de enero de dos mil quince.
30. Radicación en Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro instructor al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
31. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete(8) la Primera Sala se avocó al conocimiento del presente asunto.
32. Posteriormente, el presente asunto fue listado el veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete,(9) para ser visto en sesión de seis de diciembre de dos mil diecisiete por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en esa misma sesión, a petición del Ministro ponente se acordó retirar el asunto de Sala para remitirlo al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
33. Trámite de radicación del asunto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En atención a lo decidido por la y los Ministros integrantes de la Primera Sala, mediante proveído de siete de diciembre de dos mil diecisiete,(10) la Ministra presidenta de la Primera Sala ordenó remitir el asunto al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
34. Finalmente, en proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete,(11) el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó radicar el presente asunto al Pleno de este Alto Tribunal.
III. Competencia
35. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de San Pedro Garza García y el Poder Legislativo, ambos del Estado de Nuevo León.
IV. Existencia del acto impugnado
36. El Municipio actor impugna expresamente los siguientes tres actos:
a) El trámite y dictamen del expediente 7789/LXXIII, el cual contenía la iniciativa del gobernador del Estado de Nuevo León, secretario general de Gobierno, secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, en la que se proponía el proyecto de decreto que reforma el artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León; así como el anexo presentado por el presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que contenía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.
b) La discusión y aprobación del Decreto Núm. 30, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por el que se desestima la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, propuesta por el Municipio actor.
c) Así como la afectación económica-financiera del Municipio de San Pedro Garza García de la no tributación de las operaciones traslativas de derechos sobre la propiedad raíz imputable a la Legislatura del Estado y gobernador de Nuevo León.
37. Sin embargo, con independencia de lo referido por las partes, esta Suprema Corte tiene la obligación de fijar de manera precisa el acto o norma impugnada en la sentencia, en términos del artículo 41 de la ley reglamentaria de la materia; así, en ejercicio de dicha facultad, debe tenerse únicamente como combatido el Decreto Núm. 30, aprobado por el Congreso Local el veintidós de diciembre de dos mil doce y publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil doce.
38. Lo anterior, toda vez que es con la emisión del referido decreto que culmina el procedimiento legislativo iniciado con la presentación de la iniciativa de reforma legislativa presentada por el Municipio actor, la cual se registró con el número 7789/LXXIII y se acumuló al diverso expediente 4795/LXXI, que contenía la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo de la entidad, de tal manera que si bien es en el desarrollo de las etapas del procedimiento cuando se propuso no aprobar la iniciativa presentada por la propuesta del Municipio actor –y en su caso aprobar la del Ejecutivo–, lo relevante para efectos del presente juicio es la emisión del referido decreto, pues en éste se perfecciona la negativa del Congreso Local, toda vez que al aprobarse el referido decreto el Pleno confirma y hace suya la decisión de desestimar la referida iniciativa.
V. Oportunidad
39. Por tanto, para efectos de determinar lo referente a la oportunidad en la presentación de la demanda, debe estarse a lo previsto por el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, el cual prevé que la demanda respectiva puede promoverse dentro del plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación.
40. Ello, pues el Decreto Núm. 30 se combate con motivo de su publicación en el suplemento número ciento sesenta y tres, del tomo CXLVIII del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el lunes treinta y uno de diciembre de dos mil doce,(12) por lo que el plazo de treinta días para la presentación de la demanda transcurrió del dos de enero al trece de febrero de dos mil trece, tomando en cuenta que los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de enero, dos, tres, nueve y diez de febrero del año, fueron inhábiles por corresponder a sábados y domingos; así como el uno de enero de dos mil trece, en términos del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
41. Por consiguiente, si la demanda se presentó el veintiocho de enero de dos mil trece,(13) debe concluirse que fue promovida de manera oportuna.
VI. Legitimación
42. Parte Actora. De conformidad con los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.(14)
43. En este caso, promovieron la controversia constitucional Rodrigo Ugo Ruiz Cortés y Juan Juan Castro Lobo, en su carácter de presidente municipal de San Pedro Garza García y síndico segundo propietario, respectivamente, quienes acreditaron su personalidad con copia certificada de la sesión solemne del treinta y uno de octubre de dos mil doce,(15) por el cual quedó formalmente instalado el Republicano Ayuntamiento de San Pedro Garza García, Nuevo León, para el periodo constitucional comprendido del treinta y uno de octubre de dos mil doce al treinta de octubre de dos mil quince.
44. Además, los artículos 27, primer párrafo y 31, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León,(16) establecen que el presidente municipal tiene a su cargo la representación del Ayuntamiento y que corresponde a los síndicos o síndicos segundos junto con el presidente municipal intervenir en los actos jurídicos que realice el Ayuntamiento y aquellos en que sea necesario ejercer la personalidad jurídica del Municipio.
45. En ese orden de ideas, tanto el presidente municipal como el síndico segundo, que suscriben la demanda, cuentan con la facultad de representación del Municipio actor en la presente controversia constitucional; cobra aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 44/97, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA. LA TIENEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."(17)
46. De tal suerte, si el Municipio actor es uno de los entes enunciados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse por acreditada la legitimación activa.
47. Parte demandada. Ahora bien, el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León comparece a través Luis David Ortiz Salinas, quien se ostenta como presidente de la Diputación Permanente de la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, cargo que acredita con copia simple del ejemplar del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, número 116, tomo CXLIX, publicado el cinco de septiembre de dos mil doce, en el que consta el "Acuerdo Núm. 001, por el que se declara formalmente instalada la H. LXXIII Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León", en el cual se designa a dicho funcionario como presidente, quien fungirá durante el primer año de ejercicio constitucional de la referida LXXIII Legislatura Local de la mencionada entidad federativa.
48. En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León,(18) se advierte que el poder demandado cuenta con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, pues a éste se le imputan los actos impugnados y ha quedado demostrado que quien acude en su representación cuenta con facultades para representar a dichos poderes y órganos.
VII. Causales de improcedencia y sobreseimiento
49. Se precisa que la parte demandada no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento alguno; a su vez este Tribunal Pleno no advierte de oficio la actualización de alguna, por lo cual se procede al estudio de fondo.
VIII. Estudio de fondo
50. La materia del presente asunto se limita a evaluar la validez del Decreto Núm. 030 emitido por el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil doce. Si bien el contenido del referido decreto consiste en la adición del artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, dicho precepto no es el combatido por el actor en sus méritos, sino la diversa decisión reflejada negativamente en su contenido, a saber, no aprobar la propuesta de iniciativa de reforma legislativa presentada por el Municipio. Debe insistirse que dicha decisión de desestimación de la referida iniciativa se perfeccionó con la aprobación del mencionado decreto, pues fue cuando el Pleno del Congreso local hizo suya dicha determinación.
51. En sus dos conceptos de invalidez, el Municipio actor argumenta que la negativa del Congreso Local en aprobar su iniciativa implica un incumplimiento a su mandato legislativo previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, consistente en legislar para garantizar que los Municipios perciban determinados ingresos.
52. De acuerdo al Municipio actor, de la norma constitucional se desprenden dos mandatos legislativos vulnerados a través de la negativa legislativa combatida: a) la de garantizar que los Municipios perciban las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, y b) así como la prohibición expresa de legislar para establecer exenciones respecto de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora.
53. En palabras del Municipio actor "la negativa de legislar implica la ‘no tributación’, es una ‘medida liberatoria del pago de las contribuciones municipales’, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", ya que la iniciativa legislativa proponía la ampliación de los supuestos de causación de las contribuciones inmobiliarias por la traslación de derechos de propiedad.
54. En apoyo de su argumentación el Municipio actor solicita la aplicación de la jurisprudencia P./J. 44/2003 del Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "MUNICIPIOS. LAS EXENCIONES O CUALQUIERA OTRA FORMA LIBERATORIA DE PAGO QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES FEDERALES O LOCALES RESPECTO DE LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDEN A LA LIBRE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE AQUÉLLOS, CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
55. En su segundo concepto de validez, el Municipio actor no niega la prerrogativa del Congreso de la Unión de desestimar su iniciativa legislativa para ampliar las hipótesis de causación de las contribuciones sobre los actos traslativos de la propiedad; sin embargo, afirma que ello debe ser el producto de una "motivación reforzada", justo por la razón de referirse a recursos respecto de los cuales el artículo 115, fracción IV, garantiza a los Municipios su ingreso, lo cual, en su opinión, no se satisfizo porque las razones otorgadas por el Congreso para rechazar su propuesta no cumplen con el principio de razonabilidad y, en su segundo concepto de invalidez, procede a desvirtuar cada una de las razones legislativas en cuestión.
56. En apoyo de su reclamo, solicita la aplicación de la jurisprudencia P./J. 153/2005 del Pleno de la Suprema Corte, de rubro: "MUNICIPIOS. SU CREACIÓN NO PUEDE EQUIPARARSE A UN ACTO QUE SE VERIFIQUE EN LOS ÁMBITOS DE GOBIERNO, POR LO QUE ES EXIGIBLE QUE SE APOYE EN UNA MOTIVACIÓN REFORZADA."
57. Los argumentos del Municipio actor son infundados.
58. Metodología de estudio. Para demostrar el referido aserto, el resto de la presente ejecutoria se divide de la siguiente manera. En primer lugar, se procederá a determinar el parámetro de validez constitucional para fijar las preguntas constitucionales que este Tribunal Pleno debe resolver en esta ocasión; posteriormente, se precisarán los alcances del referido parámetro a la luz de los precedentes de esta Suprema Corte y se desarrollaran las respuestas a las preguntas fijadas y, posteriormente, se analizará el caso concreto a la luz de las referidas respuestas.
Parámetro de control de validez
59. El parámetro de validez, como lo solicita el Municipio actor, se integra con el artículo 115, fracción IV, en la parte conducente establece lo siguiente:
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"...
"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se for
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28154-507facc6/i-procedimiento-legislativo-el-impulsado-por-la-iniciativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CO (P./J. 122/2004)
- PREDIAL MUNICIPAL. CONDICIONES A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS LEGISLATURAS LOCALES EN LA REGULACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CO (153)
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