I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. II. OMISIONES LEGISLATIVAS. SUPUESTOS EN LOS QUE SE ACTUALIZAN. III. OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS, CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN. IV. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL TRANSITORIO PARA SU IMPLEMENTACIÓN. V. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA FALTA DE ARMONIZACIÓN DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, AL PREVER QUE LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO RESUELVA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN DICHA MATERIA CONTRA SUS PROPIAS RESOLUCIONES, CONSTITUYE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA EN EJERCICIO DE UNA COMPETENCIA OBLIGATORIA, AL DESNATURALIZAR ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN, PUES DEBE SER RESUELTO POR UN ÓRGANO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR (FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA EN QUE INCURRIÓ EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CONSISTENTE EN LA FALTA DE ARMONIZACIÓN DEL ARTÍCULO 196, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA QUE, A MÁS TARDAR, EN EL PRÓXIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES QUE INICIE CON POSTERIORIDAD A LA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA, SUBSANE LA OMISIÓN LEGISLATIVA EN QUE INCURRIÓ (FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA EN QUE INCURRIÓ EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CONSISTENTE EN LA FALTA DE ARMONIZACIÓN DEL ARTÍCULO 196, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 115/2024. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 5 DE ENERO DE 2026. PONENTE: MINISTRO GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos u omisiones combatidas: El Municipio de San Pedro Garza García promovió controversia constitucional señalando una omisión legislativa relativa del Congreso estatal, respecto de la fracción XV del artículo 196 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León. Específicamente, argumenta que el contenido de esa norma no se armoniza o adecua a la Ley de Responsabilidades Administrativas local, ni a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que la competencia para resolver el recurso de apelación procedente contra las resoluciones de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa se asigna a esa misma sala especializada. A consideración del Municipio, ello afecta las competencias que en materia de responsabilidades administrativas le otorga la Constitución Federal.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de enero de dos mil veintiséis emite la siguiente
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 115/2024, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García del Estado de Nuevo León, en contra del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, en la que combate una supuesta omisión legislativa relacionada con el artículo 196, fracción XV, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León (“ley de justicia administrativa”), reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el diecinueve de enero de dos mil dieciocho.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. En los antecedentes narrados en la demanda de controversia constitucional, el municipio actor señala lo siguiente:
2. El veintisiete de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional sobre los sistemas nacionales y estatales anticorrupción, en la cual se facultó al Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Responsabilidades Administrativas (“ley general”).
3. El dieciocho de julio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la ley general. En su artículo 215 se previó que las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia administrativa (federal y estatales en materia de responsabilidades) pueden ser impugnadas a través del recurso de apelación.
4. Adicionalmente, en los artículos transitorios del decreto antes referido se otorgó el plazo de un año a las entidades federativas para que armonizaran sus legislaciones locales a la ley general.
5. El diecinueve de enero de dos mil dieciocho fue reformada la ley de justicia administrativa para incluir un título sexto denominado “De la Sala Especializada en Materia de Responsabilidad Administrativa” (“sala especializada”), en el cual se establecen sus facultades. El artículo 196, fracción XV, establece que dicha sala tendrá la facultad de conocer y resolver el recurso de apelación contra las resoluciones que imponga la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas, en los términos de la ley general de responsabilidades administrativas.
6. El siete de junio de dos mil diecinueve se publicó el decreto por el que se expidió la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, en la que se dispuso, en el artículo 215, que las resoluciones emitidas por la sala especializada podrán ser impugnadas por los responsables o por los terceros, mediante el recurso de apelación, ante la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
7. Por otro lado, el municipio actor señala que, en la práctica, han sido trece los recursos de apelación que han sido resueltos por la propia sala especializada del tribunal de justicia administrativa local.
8. Presentación de la demanda. Miguel Bernardo Treviño de Hoyos y Martha María Reynoso Elizondo, en cuanto presidente municipal y síndica segunda del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en representación de este último, promovieron controversia constitucional mediante escrito recibido el diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro en el buzón judicial de este Alto Tribunal, en la que se señaló como acto controvertido el que más adelante se precisará.
9. Conceptos de invalidez. El municipio actor formula los conceptos de invalidez que enseguida se sintetizan:
10. Primero. La omisión de armonizar el recurso de apelación en el marco del procedimiento de responsabilidad administrativa en la entidad vulnera las facultades constitucionales del municipio actor de investigar y sancionar las faltas administrativas, al generar inseguridad jurídica.
11. Los poderes demandados han sido omisos en cumplir adecuadamente con el mandato constitucional de armonizar el marco jurídico local que le imponen los artículos cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional publicado, el veintisiete de mayo de dos mil quince, y el segundo transitorio del decreto mediante el cual se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado el dieciocho de julio de dos mil dieciséis.
12. Después de hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: “OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS”, el municipio actor sostiene que en este caso se incurre en una omisión relativa en competencias de ejercicio obligatorio, ya que en las normas antes referidas se confirió la obligación de armonizar el marco jurídico estatal a las disposiciones constitucionales y de la ley general. Sin embargo, al haberse regulado el recurso de apelación en la forma que se hizo, se genera inseguridad jurídica por lo ambiguo, confuso y contradictorio.
13. La regulación que se hizo del recurso de apelación es ambigua, ya que se puede interpretar en el sentido de que quien debe resolver el recurso de apelación en materia de responsabilidades administrativas es la sala especializada, pero también puede entenderse en el sentido de que le corresponde resolverlo a la sala superior, ambos del Tribunal de Justicia Administrativa.
14. También es confusa la regulación, porque quienes se encuentran legitimados para interponer el recurso de apelación no saben si la autoridad competente para resolverlo es la sala especializada o la sala superior. De igual forma, es contradictoria, porque la manera en que se regula la competencia para conocer del recurso de apelación en la Ley de Responsabilidades Administrativas local y en la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa, dan respuestas opuestas a una misma cuestión jurídica y representa una antinomia insalvable.
15. Segundo. La omisión de armonización legislativa que se cuestiona en este asunto afecta el derecho del municipio actor de acceder a un recurso judicial efectivo en los procedimientos de responsabilidad administrativa, ya que el recurso de apelación se encomienda a dos autoridades distintas.
16. En este caso no se cumple con la idoneidad de la instancia, porque la regulación del recurso de apelación no garantiza el derecho de las partes en los procedimientos que se llevan ante la sala especializada de acceder a una doble instancia. En la normatividad actual existen dos órganos competentes para resolver el recurso de apelación, sin embargo, en un caso no se garantiza el derecho a la doble instancia debido a que la resolución del recurso se confiere al mismo órgano que emitió la sentencia impugnada.
17. De esta manera, el artículo 196, fracción XV, de la Ley de Justicia Administrativa local desnaturaliza el recurso de apelación diseñado en el artículo 215 de la Ley de Responsabilidades Administrativas local y viola el principio de jerarquía normativa, ya que la Ley General de Responsabilidades Administrativas es superior a las leyes locales.
18. La Ley General de Responsabilidades Administrativas impone una reserva material a las entidades federativas en el sentido de que deben instrumentar en su legislación un auténtico recurso de apelación, es decir, que sea resuelto por una instancia distinta y superior a aquella que emitió la resolución impugnada. El diseño del recurso de apelación no puede ser considerado un recurso judicial efectivo, en virtud de que no es idóneo para garantizar un análisis imparcial de la resolución impugnada ni su adecuada ejecución.
19. Tercero. La omisión de armonización en que incurren los poderes demandados afecta el derecho de acceso a la justicia del actor, ya que cuenta con legitimación para interponer el recurso de apelación en contra de las sentencias que dicte el tribunal local.
20. La forma irregular en la que se estableció el recurso de apelación vulnera la etapa previa al juicio, pues genera inseguridad sobre la instancia procesal adecuada ante la cual interponer el recurso de apelación dado que, como se ha precisado, la normatividad establece dos órganos diferentes para resolver ese medio de impugnación y ello puede inducir al error al municipio en cuanto a la instancia ante la cual recurrir. Esto puede generar un grave perjuicio a la facultad constitucional del municipio de investigar y sancionar las faltas administrativas, al poder repercutir en la preclusión de plazos procesales para hacer valer el medio de defensa ante la instancia correcta.
21. Al establecerse que el mismo órgano conozca de la resolución que se recurra no se brindan las garantías de imparcialidad y objetividad en la revisión de dicha resolución, por tanto, se afecta el derecho de acceso a la justicia en la etapa durante el juicio y el debido proceso. También se afecta el acceso a la justicia en la etapa posterior al juicio, pues el recurso de apelación puede ser resuelto en el sentido de que la instancia intentada no es la adecuada.
22. Las anteriores afectaciones interfieren y dificultan el ejercicio de las facultades constitucionales del municipio actor para investigar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de su competencia.
23. Radicación y turno. Mediante acuerdo de veinte de marzo de dos mil veinticuatro, la entonces Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la controversia constitucional, al que le correspondió el número 115/2024 y lo turnó al Ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento, al existir conexidad con la controversia constitucional 114/2024.(1)
24. Desechamiento. En auto de quince de abril siguiente, el Ministro instructor desechó por extemporánea la demanda, al considerar que el municipio actor no combate una omisión legislativa relativa, sino el contenido normativo del artículo 196, fracción XV, de la Ley del Tribunal de Justicia local. Adicionalmente, consideró que el actor carece de interés legítimo por no existir un principio de agravio relacionado con su ámbito competencial.
25. Revocación del desechamiento y admisión. La entonces Segunda Sala de este Alto Tribunal resolvió el recurso de reclamación 62/2024-CA en sesión de dos de octubre de dos mil veinticuatro, en el sentido de revocar el auto de desechamiento.
26. Admisión. Por acuerdo de trece de noviembre siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta, reconoció como autoridad demandada al Poder Legislativo del Estado de Nuevo, pero no así al Poder Ejecutivo de esa entidad, en virtud de que la materia de impugnación es una omisión legislativa y, por tanto, no se le atribuye algún vicio a ese poder.
27. Contestación de demanda. El Poder Legislativo contestó su demanda mediante escrito recibido el veintinueve de enero de dos mil veinticinco en esta Suprema Corte de Justicia, en la que manifestó lo siguiente:
28. El Congreso niega que exista la omisión, porque considera que cumplió con su obligación legislativa mediante la expedición de los decretos 347 y 144, publicados el diecinueve de enero de dos mil dieciocho y el siete de junio de dos mil diecinueve.
29. Sostiene que los planteamientos del municipio actor son incorrectos por la excepción de supletoriedad que prevé el artículo 118 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, en el sentido de que “En lo que no se oponga a lo dispuesto en el procedimiento de responsabilidad administrativa, será de aplicación supletoria lo establecido en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, y en lo que no se oponga a esta última, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.”
30. Por tal motivo, debe prevalecer el artículo 215 de la Ley de Responsabilidades local, no obstante, ese estudio no corresponde a una controversia constitucional, sino que el municipio debió hacerlo valer en el procedimiento o juicio natural.
31. Causas de improcedencia. La autoridad demandada estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en las fracciones VIII y IX del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“ley reglamentaria”), ya que no existe la omisión combatida porque el Congreso demandado expidió los decretos 347 y 144, por los que se reformó y expidió la Ley de Responsabilidades Administrativas local.
32. Además, reitera el Congreso que la fracción XV del artículo 196 de la Ley de Justicia Administrativa no aplica supletoriamente a la Ley de Responsabilidades Administrativas, lo cual debió ser combatido en un proceso jurisdiccional y no en controversia constitucional. Así, la supuesta omisión controvertida no le depara al actor un perjuicio y no se le invade ninguna competencia constitucional otorgada al municipio actor.
33. De lo manifestado por el municipio actor se advierte que sí ha tenido acceso al recurso de apelación, lo que evidencia que no se trata de una invasión de esferas competenciales, ni de falta de armonización legislativa. La vía correcta para reclamar lo expuesto por el municipio era a través de una cuestión de competencia inhibitoria o declinatoria una vez admitido el recurso de apelación, y no a través de esta controversia.
34. Agrega la autoridad demandada que no se afecta la competencia del municipio para investigar y sancionar las faltas administrativas no graves, ya que el recurso de apelación procede contra resoluciones de la sala especializada, es decir, en relación con faltas administrativas graves, respecto de las cuales no es competente el municipio actor.
35. Además, señala la autoridad demandada que tampoco se afecta el derecho del actor de acceder a un recurso judicial efectivo, porque no se plantea una invasión de facultades de los órganos internos de control del municipio, sino que éste hace valer la controversia para buscar un beneficio procesal que debe hacer valer en otra vía.
36. Por las razones antes sintetizadas, la autoridad demandada señala que de no declararse improcedente la controversia constitucional, se atentaría contra los sistemas nacional y estatal anticorrupción.
37. Opiniones de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no formularon ninguna manifestación.
38. Audiencia y cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de la materia,(2) en la que el Ministro instructor proveyó lo conducente sobre las pruebas aportadas por las partes, abrió el periodo de alegatos, las partes no formularon alegatos, el uno de abril siguiente se decretó el cierre de instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
39. Returno. Mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, ordenó turnar el presente asunto al Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, para que funja como instructor del procedimiento, en atención a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General 1/2025 (12a.) del Pleno de este Alto Tribunal, en el cual se establece que dicho Ministro conocerá de los asuntos turnados a la ponencia del Ministro en retiro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
I. COMPETENCIA
40. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se trata de un conflicto entre el municipio actor y el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES IMPUGNADAS
41. A continuación, deben precisarse los actos u omisiones que se tendrán como combatidos en la controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción I,(3) de la Ley Reglamentaria y la tesis P./J. 98/2009, de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA”.(4)
42. De la lectura integral de la demanda, así como de la totalidad de la información del expediente de la controversia, se advierte que el municipio actor controvierte la omisión legislativa de carácter relativa en la competencia de ejercicio obligatorio en que incurrió el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, respecto de la fracción XV del artículo 196 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, reformada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el diecinueve de enero de dos mil dieciocho.
43. Lo anterior, al no armonizarse adecuadamente ese precepto legal a lo establecido en el artículo cuarto transitorio del decreto de la reforma constitucional en materia de anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; así como a lo dispuesto en el decreto por el que se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo segundo transitorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis.
III. OPORTUNIDAD
44. A continuación, una vez fijada la materia de este juicio, es necesario analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.
45. Como quedó precisado en el considerando previo, el municipio actor combate una omisión legislativa de carácter relativa en competencia de ejercicio obligatorio del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.
46. Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido(5) que el artículo 21(6) de la Ley Reglamentaria de la materia no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista.
47. Lo anterior es congruente con el criterio sostenido por este Tribunal Pleno en las controversias constitucionales 56/2020, 59/2020, 61/2020, 68/2020, 70/2020, 77/2020, 78/2020, 79/2020, 115/2020, 116/2020, 138/2020 y 149/2020, en las que diversos municipios combatieron la omisión del Congreso Federal para emitir la Ley General de Aguas. En esos precedentes se dijo que el plazo para impugnar omisiones legislativas por vía de controversia constitucional se actualiza día a día mientras aquéllas subsistan y, por consiguiente, pueden controvertirse mientras las omisiones subsistan, sin que sea obstáculo para llegar a esta conclusión que la redacción vigente de la fracción I del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia disponga que, tratándose de omisiones, el plazo de interposición de la demanda será de treinta días, ya que dicha fracción sólo se refiere a las omisiones que derivan directamente de un acto positivo.
48. Por ello, en tales ejecutorias se precisó que, dado que ninguno de los supuestos de inicio de plazo previstos en esa fracción es apto para calificar actos omisivos que no deriven directamente de uno positivo, pues las omisiones como tal no surten efectos conforme a una ley, no se ejecutan, ni tampoco se hacen saber a los afectados, entonces no puede considerarse que ese precepto sea aplicable a la omisión legislativa.(7)
49. Por tanto, debe estimarse que la presentación de la demanda es oportuna, en virtud de que se trata de actos de carácter omisivo (sin que de autos se desprenda lo contrario) respecto de los cuales, conforme al criterio de este Alto Tribunal, el plazo para inconformarse es indefinido en tanto prevalezca la inactividad cuestionada.
IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA
50. La demanda fue presentada por parte legítima.
51. Conforme a los artículos 10, fracción I,(8) y 11, párrafo primero,(9) de la Ley Reglamentaria de la materia, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo y, en todo caso, se presumirá que quien comparece a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
52. En el caso, promueve la demanda de controversia constitucional en representación del municipio actor, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos y Martha María Reynoso Elizondo, en su carácter de Presidente y Síndica Segunda del municipio actor, respectivamente, lo que acreditan con copias certificadas de las constancias de mayoría otorgadas por la Comisión Municipal de San Pedro Garza García Nuevo León, de las que se advierte que dichas personas ostentan ese cargo.
53. De acuerdo con el artículo 37, fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León,(10) la representación del ayuntamiento se ejerce de manera mancomunada por el Presidente Municipal y el Síndico o Síndico Segundo según corresponda; por lo que procede reconocer su legitimación para promover el presente medio de control.
54. Así también, la del propio municipio actor para instar la vía, al ser uno de los entes mencionados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
V. LEGITIMACIÓN PASIVA
55. El órgano demandado tiene legitimación pasiva.
56. A continuación, se analizará la legitimación de la autoridad demandada, al ser un presupuesto necesario para la procedencia de la acción, en tanto dicha parte es la obligada por ley para satisfacer las pretensiones del actor, en caso de que éstas resulten fundadas.
57. Conforme a los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, ya transcritos, de la Ley Reglamentaria de la materia, serán demandados en las controversias constitucionales, las entidades, los poderes o los órganos que hubieran emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto combatido, los que deberán comparecer a juicio por conducto de las personas funcionarias que, en términos de las normas que los rigen, estén facultadas para representarlos.
58. En el presente caso, es autoridad demandada el Poder Legislativo del Estado Nuevo León, y compareció a juicio por conducto de Lorena de la Garza Venecia, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva de la Septuagésima séptima Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, lo que acredita con copia certificada del Acuerdo Legislativo No. 1, expedida por el Oficial Mayor del Congreso demandado.
59. De conformidad con el artículo 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León(11) y 24, fracción XV, del Reglamento para su Gobierno Interior,(12) es una de las atribuciones de la Presidenta de la Mesa Directiva representar legalmente al Congreso. De este modo, debe reconocerse la legitimación pasiva del Poder Legislativo de la entidad federativa, así como de quien comparece en su representación.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
60. La procedencia de la controversia constitucional es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia planteadas por la autoridad demandada.
61. VI.1. No se actualiza la omisión combatida. En su contestación el Poder legislativo demandado señala que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracciones VIII y IX de la Ley Reglamentaria, en virtud de que considera que no existe la omisión combatida porque cumplió con su deber de legislar.
62. Además, el Congreso señala que la fracción XV del artículo 196 de la Ley de Justicia Administrativa, respecto del cual se acusa una falta de armonización, no aplica supletoriamente a la Ley de Responsabilidades Administrativas y, por tanto, no le depara al actor un perjuicio y no se le invade ninguna competencia constitucional.
63. Al especto, procede desestimar la causa de improcedencia dado que corresponde al estudio de fondo determinar si la omisión combatida afecta la esfera de atribuciones del municipio promovente. Resulta aplicable la jurisprudencia 92/99, emitida por este Tribunal Pleno, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.(13)
64. En efecto, será hasta el estudio de fondo de la resolución en el que se determinará si en su planteamiento que hace el municipio actor se actualizan los supuestos necesarios fijados en la jurisprudencia de este Alto Tribunal para considerar si se trata de una omisión legislativa de carácter relativa en la competencia de ejercicio obligatorio del Congreso demandado. De tal manera, no es en este apartado en el que debe determinarse si existe o no la omisión legislativa en los términos planteados por el actor.
65. Aunado a lo anterior, cabe precisar que conforme al artículo 109, fracción III, párrafo V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios contarán con órganos internos de control con facultades para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia de los tribunales de justicia administrativa locales; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante las fiscalías.
66. A diferencia de lo alegado por el Congreso de Nuevo León, de la demanda del municipio actor se observa, esencialmente, que considera que la omisión legislativa combatida afecta el ejercicio de las atribuciones constitucionales antes precisadas. Además, del propio artículo 109 constitucional se desprende que los órganos internos de control municipales son dependientes y subordinados jerárquicamente de ese orden de gobierno.
67. Al no existir otro motivo de improcedencia planteado por las partes ni advertirse alguno de oficio, procede analizar el fondo del asunto.
VII. ESTUDIO DE FONDO
68. De la lectura integral de la demanda se desprende que los conceptos de invalidez del accionante giran en torno a lo que considera la actualización de una omisión legislativa de carácter relativo en la competencia de ejercicio obligatorio en que incurrió el Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, respecto de la fracción XV(14) del artículo 196 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de esa entidad, reformada mediante decreto publicado en el Periódico Oficial local el diecinueve de enero de dos mil dieciocho.
69. En esa disposición legal se prevé que la sala especializada en materia de responsabilidad administrativa tendrá la facultad de conocer y resolver el recurso de apelación contra las resoluciones que imponga esa sala en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En un sentido diferente, la Ley de Responsabilidades Administrativas local establece en el artículo 215(15) que la competencia para conocer y resolver dicho recurso de apelación le corresponde a la sala superior del tribunal de justicia administrativa local.
70. La entidad accionante estima que el artículo combatido no se armoniza o adecua al contenido y a lo estrictamente preceptuado en el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional en materia anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; ni al artículo segundo transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada el dieciocho de julio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación.
71. La omisión para acatar el deber impuesto a la entidad federativa respecto a la armonización en comento, argumenta el actor, vulnera sus facultades constitucionales de investigar y sancionar las faltas administrativas en las que, eventualmente, pudieran incurrir los servidores públicos adscritos a la administración municipal, porque: 1) genera inseguridad jurídica respecto de la instancia competente para resolver el recurso de apelación; 2) se afecta el derecho de acceder a un recurso judicial efectivo y el derecho humano de acceso a la justicia, a t
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34166-9384d450/i-controversia-constitucional-si-se-hace-valer-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA OMISIÓN DEL CONGRESO LOCAL DE EXPEDIR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 95 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, CONSTITUY (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LOS ACTOS IMPUGNADOS CONSTITUYEN ACTOS FUTUROS E INCIERTOS CUYA EXISTENCIA NO SE ACREDITA EN AUTOS, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO EN TÉRMINOS DEL (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE IMPUGNA UNA NORMA GENERAL POR ESTIMAR QUE SU CONTENIDO CONTRAVIENE LA LEY FUNDAMENTAL, CON MOTIVO DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL SUSCITADA CON POS (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES DE ADECUAR SU LEGISLACIÓN EN MATERIA MUNICIPAL CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TRÁNSITO Y VIALIDAD. LA REFORMA AL REGLAMENTO RELATIVO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2004, (IV.1o.A.24 A)
- DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA CUANDO SE ACREDITA LA APLICACIÓN QUE HACE UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE UNA NORMA GENERAL DECLA (P./J. 57/2026 (12a.))
- TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DECLARA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES EN LAS QUE EL CONSE (P./J. 20/2008 )
- TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DECLARA SU COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES EN LAS QUE EL CONSE (253)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis