I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL TENER CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO CON ANTERIORIDAD (PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA NL/regionales-Sanpedro/17; OFICIO DCAOP-0449/2018; OFICIO DGAOR-211/1677/2018; Y, LAS CÉDULAS DE SEGUIMIENTO RELACIONADAS CON LAS CITADAS OBSERVACIONES, DERIVADAS DEL CITADO PROCEDIMIENTO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, RECAE DE MANERA MANCOMUNADA EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SÍNDICO O SÍNDICO SEGUNDO SEGÚN CORRESPONDA PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ESTÁ IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR SENSACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DEL ACTO IMPUGNADO (PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE DOS MIL QUINCE Y DOS MIL DIECISÉIS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESA RETENEDORA DE AZOLVES EN LA COLONIA BOSQUES DEL VALLE, NUEVO LEÓN.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 123/2018. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 3 DE JULIO DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA. DISIDENTES: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ. COLABORÓ: ARIADNA MOLINA AMBRIZ.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del día tres de julio de dos mil diecinueve, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 123/2018 promovida por el municipio San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, por conducto de Mauricio Fernández Garza y María Diamantina Alcalá Fernández, quienes se ostentaron como Presidente Municipal y Síndico Segunda de tal municipio, en la que demandaron de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Ejecutivo de Nuevo León diversos actos,(1) los cuales serán precisados en el apartado correspondiente.
I. ANTECEDENTES
1. Los antecedentes narrados en la demanda se resumen a continuación:
2. El tres de diciembre de dos mil catorce el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto expedido por la Cámara de Diputados, por medio del cual aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil quince.(2)
3. En el Anexo 20 de dicho Decreto, correspondiente al Ramo 23, de Provisiones Salariales y Económicas, se asignaron $21’854,556,365.00 (veintiún mil ochocientos cincuenta y cuatro millones quinientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) a Proyectos de Desarrollo Regional; concepto presupuestal dentro del cual se incluyeron las denominadas “Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados” (Anexo 20.5), por una cantidad de $21’354,556,365.00 (veintiún mil trescientos cincuenta y cuatro millones quinientos cincuenta y seis trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.).(3)
4. Del Anexo 20.5 denominado “Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional”, del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil quince se puede advertir que se asignaron y autorizaron recursos federales por la cantidad de $36’000,000.00 (treinta y seis millones de pesos 00/100 M.N.) para que el Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, ejerciera dichos recursos para la construcción de la obra pública identificada en ese instrumento como “Presa Retenedora de Azolves en Colonia Bosques del Valle, Nuevo León” (en adelante “la Presa”).(4)
5. Dicha obra pública fue concebida por el Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, como una medida de mitigación de realización urgente para contener y regular las avenidas de agua en la Colonia Bosques del Valle de esta municipalidad en épocas de lluvias intensas, a fin de evitar se repitieran los efectos adversos sufridos por los vecinos de dicho sector ante esa clase de fenómeno hidrometereológico.(5)
6. El Ayuntamiento del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León (en adelante “el municipio”), incluyó, el catorce de diciembre de dos mil catorce, en la aprobación de su Presupuesto de Egresos para el año dos mil quince, los recursos federales obtenidos por la cantidad de $36’000,000.00 (treinta y seis millones de pesos 00/100 M.N.), autorizados y asignados por aquél Presupuesto para la construcción de la Presa.(6)
7. El municipio generó, a finales del mes de abril de dos mil quince, las autorizaciones de control presupuestal para correr los procesos de licitación del contrato de construcción respectivo y comenzar la ejecución de la obra; siendo importante señalar que la suficiencia presupuestal para ello se garantizó, provisionalmente, con recursos propios, mientras que los Gobiernos Federal y Estatal ministraban los recursos en cuestión.(7)
8. Dicho proceso de licitación pública desembocó en la adjudicación del contrato de obra pública MSP-OPM-R23-030/2015-CP, de fecha once de junio de dos mil quince, conforme a la legislación federal aplicable, a la empresa denominada “Desarrollos Urbano y Excavaciones, S.A. de C.V.; la cual inició las laboras de construcción el diecinueve de junio de dos mil quince.(8)
9. A pesar de que el municipio cumplió en tiempo y forma con los requisitos exigidos para recibir oportunamente los recursos federales, el Poder Ejecutivo Federal y el Estatal omitieron entregar la cantidad de los $36’000,000.00 (treinta y seis millones de pesos 00/100 M.N.) para la construcción de la Presa.(9)
10. Lo anterior provocó que el municipio ordenara el día ocho de enero de dos mil dieciséis la suspensión de los trabajos de construcción de la Presa, y tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de la obra suspendida y la operatividad de las redes de infraestructura y áreas de equipamiento público localizadas en el lugar de la obra.(10)
11. Mientras tanto, el municipio gestionó, en el último trimestre del año dos mil quince, que en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de noviembre de dos mil quince, la Cámara de Diputados asignara y autorizara la ministración de recursos federales para esta municipalidad por la cantidad de $29´999,990.00 (veintinueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa pesos 00/100), contemplados en el Anexo 20.3 denominado “Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional” relativo al desglose de obras incluidas en el denominado “Programas Regionales” del Anexo 20, correspondiente al Ramo 23 de Previsiones Salariales y Económicas de dicho Presupuesto para la construcción de la Presa.(11)
12. A partir de ello, el catorce de noviembre de dos mil dieciséis se levantó el Acta de Seguimiento al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número MSP-OPM-R23-030/2015-CP (en adelante “el Contrato”), donde se hizo constar el estado financiero y de ejecución en que se encontraba la obra de construcción de la Presa.(12)
13. Mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del municipio, en la Primera Sesión Ordinaria del trece de diciembre de dos mil dieciséis, se autorizaron: (1) la nueva estructura presupuestaria de la obra de la Presa (inferior a la autorizada en el ejercicio fiscal de dos mil quince); (2) dar continuidad a la construcción de la obra conforme al Contrato; y, además, (3) la instrucción a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal para que con los recursos asignados fueran recuperados los recursos propios que habían sido empleados provisionalmente para la construcción de la Presa.(13)
14. Además, junto con la autorización en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de dos mil dieciséis de la cantidad de $29´999,990.00 (veintinueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa pesos 00/100) descrita con anterioridad, el municipio consiguió recursos federales sobre el denominado capítulo de “Programas de Desarrollo Regional” del Anexo 20 del Decreto, también correspondiente al Ramo 23 de Previsiones Salariales y Económicas, por la cantidad total de $59’999,990.51 (cincuenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa pesos 51/100 M.N.).(14)
15. Para la ministración de esos recursos federales, el municipio suscribió dos convenios de colaboración con la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, fechados el doce y veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, sobre el cual se describieron seis diferentes proyectos de inversión.(15)
16. Entre esos proyectos de inversión se encuentran los proyectos descritos en el oficio que se impugna número DGAOR/211/1677/2018 de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, así como las cédulas de seguimiento impugnadas; las cuales se señalan en seguida con sus números respectivos de contrato e importes de recursos federales autorizados con cargo al fondo correspondiente del Presupuesto de Egresos de la Federación sobre los “Programas de Desarrollo Regional” del Anexo 20, correspondiente al Ramo 23:(16)
Ver proyectos descritos
17. Es sobre los proyectos de inversión y recursos federales anteriores sobre los cuales se determina en el oficio impugnado DGAOR/211/1677/2018 que no quedaron solventadas las observaciones correctivas formuladas por la Secretaría de la Función Pública en las Cédulas de Seguimiento impugnadas.(17)
18. No obstante que el municipio ya había cumplido desde el año dos mil quince con los requisitos necesarios para recibir oportunamente los recursos federales nuevamente etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis para la construcción de la Presa y que, en ese mismo año dos mil dieciséis, había cumplido nuevamente con los requisitos, ahora por una cantidad menor, se solicitó un reintegro por la cantidad de $10,046,545.31 (diez millones cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y cinco pesos 31/100 M.N.), por haber sido utilizados por el municipio para recuperar los recursos propios que fueron utilizados provisionalmente para respaldar el arranque de construcción de la Presa.(18)
19. Lo anterior en suma a que, a mediados del mes de septiembre de dos mil dieciséis, el Director de Atención a Municipios de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León informó al Presidente Municipal que, en relación con el denominado “Fondo de Programas Regionales” de dos mil dieciséis del citado Presupuesto de Egresos de la Federación, se había llevado a cabo con el Gobierno Federal la firma de un convenio de asignación de recursos para el Estado de Nuevo León, dentro del cual se encontraba la cantidad para la construcción de la Presa; para lo cual, ese Director, solicitó la apertura de una cuenta bancaria para realizar la ministración correspondiente, con la condición de que los lineamientos aplicables a tales proyectos fuesen definidos en próximas fechas mediante convenio celebrado entre el Estado y el Municipio.(19)
20. Posteriormente, la Contraloría y Transparencia Gubernamental, dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, y la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, realizaron un procedimiento de auditoría identificado con el número NL/REGIONALES-SANPEDRO/17, respecto de los proyectos a que se refieren los denominados “CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS A TRAVÉS DE LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS PROGRAMAS REGIONALES”, suscritos por el municipio y el Gobierno del Estado de Nuevo León (por conducto de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León), fechados en los días doce y veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, respectivamente.(20)
21. Del hecho anterior desembocó el oficio impugnado DGAOR/211/1677/2018 a través del cual se determinó que no habían quedado solventadas las observaciones uno, dos y cuatro, derivadas del procedimiento de auditoría por las razones expuestas en las Cédulas de Seguimiento correspondientes.(21)
22. CONCEPTOS DE INVALIDEZ. En sus conceptos de invalidez, el municipio actor señala en síntesis lo siguiente:
23. Primer concepto de invalidez: son inválidos los oficios números DCAOP-0449/2018 y DGAOR/211/1677/2018; todos los actos dictados y ejecutados dentro del procedimiento de auditoría identificado con el número NL/REGIONALES-SANPEDRO/17; y las Cédulas de Seguimiento relacionadas con las observaciones uno, dos y cuatro, toda vez que violan en perjuicio del municipio los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídicas; democracia representativa y división de poderes.(22)
24. Segundo concepto de invalidez: es inválido el proyecto, dictaminación, discusión, aprobación, refrendo, sanción, promulgación y publicación de los Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de dos mil quince y de dos mil dieciséis, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días tres de diciembre de dos mil catorce y veintisiete de noviembre de dos mil quince, respectivamente, toda vez que violan en perjuicio del municipio los principios constitucionales de seguridad y certeza jurídicas; democracia representativa y división de poderes.(23)
25. Tercer concepto de invalidez: es inválida la expedición de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional por parte del Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicados el treinta de enero de dos mil quince y veintinueve de enero de dos mil dieciséis, respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación, toda vez que violan en perjuicio del municipio los principios constitucionales de seguridad y certeza jurídicas; democracia representativa y división de poderes.(24)
26. Cuarto concepto de invalidez: son inválidos los oficios con número DCAOP-0449/2018 y DGAOR/211/1677/2018; todos y cada uno de los actos dictados y ejecutados dentro del procedimiento de auditoría identificado con el número NL/REGIONALES-SANPEDRO/17; y las Cédulas de Seguimiento relacionadas con las observaciones uno, dos y cuatro, toda vez que, conforme a los conceptos de violación anteriores, se concluye que no se encuentran debidamente fundados y motivados, lo cual viola en perjuicio del municipio los principios constitucionales de seguridad y certeza jurídicas.(25)
27. Artículos constitucionales señalados como violados. Artículo 1º, párrafos segundo y tercero; 14, párrafos segundo y cuarto; 16, párrafo primero; 39, 40, 41, párrafo primero; 49, 74, 79, 89, 115, 116, 124, 128, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. TRÁMITE
28. Admisión y trámite. El día trece de julio de dos mil dieciocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(26)
29. En fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, los Ministros Norma Lucía Piña Hernández y Eduardo Medina Mora I., integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil dieciocho, previnieron al municipio actor para manifestar, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que le fue notificada o bien, tuvo conocimiento de la resolución contenida en el oficio DGAOR/211/1677/2018, de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho, dictado con motivo de la auditoría pública número NL/REGIONALES-SANPEDRO/17, respecto del Programa Regionales del ejercicio presupuestal dos mil dieciséis. Lo anterior dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente en el que surtiera efectos el proveído.(27)
30. En ese mismo acuerdo, se solicitó al municipio actor que, dentro del mismo plazo, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México; y, además, requirió a la Secretaría de la Función Pública del Poder Ejecutivo Federal para que, dentro de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación del proveído, informara a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la fecha en que se notificó al municipio actor la resolución dictada en el procedimiento de auditoría pública número NL/REGIONALES-SANPEDRO/17.(28)
31. En fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho la Secretaría de la Función Pública desahogó el requerimiento anterior, señalando que el informe de la auditoría fue notificado al municipio actor en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete; así como la fecha de notificación de las Cédulas de Seguimiento de dicha auditoría, quince de mayo de dos mil dieciocho;29) escrito de cuenta y anexos que se agregaron al expediente de esta controversia constitucional por acuerdo de la Comisión de Receso de esta Suprema Corte de fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.(30)
32. Mediante escrito presentado en fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, Mauricio Fernández Garza y María Diamantina Alcalá Fernández, quienes se ostentaron como Presidente Municipal y Síndico Segunda del municipio actor, en desahogo del requerimiento anterior, manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que la resolución contenida en el oficio DGAOR/211/1677/2018 fue notificada el día veintiuno de mayo de dos mil dieciocho;(31) escrito de cuenta que se ordenó agregar al expediente de esta controversia constitucional por acuerdo del Ministro instructor José Ramón Cossío Díaz de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho.(32)
33. En ese mismo acuerdo, el Ministro instructor requirió nuevamente al municipio actor para que manifestara, bajo protesta de decir verdad, el acto que hubiere impugnado con motivo de un acto de aplicación, así como la fecha en que se notificó o tuvo conocimiento de él; ello dentro de un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación del proveído.(33)
34. Mediante escrito presentado en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Presidente Municipal y la Síndico Segunda del municipio actor, desahogaron el requerimiento conforme a lo siguiente:(34)
35. Los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, emitidos por el Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicados en fechas treinta de enero de dos mil quince y veintinueve de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación; así como los Decretos que contienen el Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales de los años dos mil quince y dos mil dieciséis, publicados el tres de diciembre de dos mil catorce y veintisiete de noviembre de dos mil quince, respectivamente son actos que se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación; manifestando, bajo protesta de decir verdad, que el primer acto de aplicación de carácter definitivo en su perjuicio son el oficio número DGAOR/211/1677/2018; las cédulas de seguimiento en sus observaciones uno, dos y cuatro; así como el informe del procedimiento de auditoría NL/REGIONALES-SANPEDRO/17.(35)
36. Asimismo, manifestaron bajo protesta de decir verdad, que el municipio actor tuvo conocimiento del oficio DGAOR/211/1677/2018 y de las cédulas de seguimiento el día veintiuno de mayo de dos mil dieciocho; respecto de los Decretos, señalaron que fueron aplicados de forma tácita, derivado de su invocación en diversos actos del procedimiento de auditoría; y, finalmente, respecto de los Lineamientos que, de igual forma, fueron aplicados tácitamente en su perjuicio derivado del oficio impugnado y de las cédulas de seguimiento.(36)
37. Seguidos los trámites de ley, por acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, el Ministro instructor José Ramón Cossío determinó desechar parcialmente la demanda de controversia constitucional respecto de los siguientes actos:(37)
a) Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, emitidos por el Titular de la Unidad Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicados el treinta de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación.
b) Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, emitidos por el Titular de la Unidad Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicados el veintinueve de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación.
c) Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de diciembre de dos mil catorce.
d) Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de noviembre de dos mil quince.
e) Los “CONVENIOS DE COLABORACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS A TRAVÉS DE LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS PROGRAMAS REGIONALES”, suscritos por el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, y el Gobierno del Estado de Nuevo León, de doce y veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.
38. Lo anterior toda vez que, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia, el Ministro instructor está facultado para desechar de plano la demanda respectiva si advierte la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, respecto de aquellos actos, se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 21, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser notoriamente extemporánea su impugnación.(38)
39. En ese mismo acuerdo, el Ministro instructor tuvo por presentados a los promoventes con la personalidad que ostentaron y ofreciendo como pruebas las documentales que acompañaban a su escrito de demanda; y se tuvo como demandados en este procedimiento constitucional a los poderes Ejecutivo de la Federación y del Estado de Nuevo León, se ordenó su emplazamiento con copias simples de los escritos de demanda, de desahogo de prevención y sus respectivos anexos para que presentaran su contestación dentro del plazo legal de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación del proveído; finalmente, dio vista a la entonces Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(39)
40. Contestación a la demanda. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal señaló en su contestación de demanda, en síntesis, lo siguiente:
a) El primero de septiembre de dos mil dieciséis se firmó el “CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN”, el cual tiene por objeto establecer la forma y términos para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control y rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales que se entregan al Gobierno del Estado de Nuevo León. Ello con cargo a Programas Regionales, previstos en el Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, para apoyar la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento.
b) En su cláusula SEGUNDA se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará al Gobierno del Estado de Nuevo León la cantidad de $106’999,990.51 (ciento seis millones novecientos noventa y nueve mil novecientos novena pesos 51/100 M.N.) por concepto de subsidios, con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal dos mil dieciséis en términos del calendario de ministraciones establecido.(40)
c) En su cláusula CUARTA se señala que los recursos entregados al Gobierno del Estado de Nuevo León no pierden el carácter de federal y tendrán como destino específico los programas y proyectos de infraestructura pública y su equipamiento, los cuales deberán estar situados dentro de la circunscripción territorial del Estado.(41)
d) En la cláusula DÉCIMA PRIMERA se establece que la entidad federativa deberá asegurar a las instancias de control y fiscalización competentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, Federal y local, el total acceso a la información documental, contable y de cualquier otra índole relacionada con los recursos otorgados por medio del Convenio.(42)
e) En la cláusula PRIMERA se estableció que el Gobierno del Estado de Nuevo León realizará, a través del municipio actor, como instancia ejecutora del proyecto la Presa, por un monto de $29’999,990.00 (veintinueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa pesos 00/100 M.N.).
f) Asimismo, indicó que la Secretaría de la Función Pública tiene competencia para practicar auditorías, visitas de inspección y revisiones para la verificación en la aplicación de los recursos públicos federales, fondos y programas transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México; ello conforme al artículo 90, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 37, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 47, fracción I y 48, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.(43)
g) Además, conforme al acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Nuevo León, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación especial denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”,(44) la Secretaría de la Función Pública está facultada para realizar acciones encaminadas al fortalecimiento de los sistemas de control y evaluación de la gestión pública estatal y municipal.
h) También indica que los oficios números DCAOP-0449/2018 y DGAOR/211/1677/2018, así como todos los actos dictados y ejecutados dentro del procedimiento de auditoría identificado con el número NL/REGIONALES-SANPEDRO/17; y las Cédulas de Seguimiento relacionadas con las observaciones uno, dos y cuatro no vulneran la seguridad y certeza jurídica del municipio actor, toda vez que, no obstante que la Auditoría Superior de la Federación cuenta con una facultad fiscalizadora de la Cuenta Pública respecto del ejercicio de los recursos federales, ello será independiente de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control; ello en adición a lo establecido en el Acuerdo de Coordinación.
i) Además, como resultado del análisis de las pruebas documentales ofrecidas, se desprende que el municipio actor incumplió con la obligación establecida en el Convenio para el otorgamiento del subsidio, toda vez que los trabajos fueron devengados en el ejercicio fiscal dos mil quince, es decir, un ejercicio diferente al autorizado en dos mil dieciséis, y pagado hasta el año dos mil diecisiete, de conformidad con lo establecido en las cédulas de observación. Por tanto, los actos y oficios impugnados cumplen con la debida certeza jurídica, pues no se comprobó de manera eficaz y oportuna los gastos erogados en sus proyectos de inversión.(45)
j) Asimismo, no existe omisión del Poder Ejecutivo Federal de emitir los lineamientos de operación de los “Programas Regionales” a que se refiere el Anexo 20, del Ramo 23, de los Presupuestos de Egresos de la Federación para los años dos mil quince y dos mil dieciséis, pues la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al aprobarlos, no estableció obligación a cargo del Ejecutivo Federal para su emisión en la operación de los programas regionales.(46)
k) Igualmente, indica que la expedición de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta de enero de dos mil quince y veintinueve de enero de dos mil dieciséis no trasgrede disposiciones constitucionales en contra del municipio actor, ello en virtud de que tales lineamientos tienen por objeto definir los criterios para la aplicación, seguimiento, control, transparencia y rendición de cuentas de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional, los cuales tienen el carácter de subsidios federales y se destinarán a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional, señalados en los Anexos 20 y 20.5 Del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil quince.(47)
l) Así, en el capítulo 4 de tales lineamientos, se estableció el procedimiento que las Entidades Federativas tenían que seguir para la disposición y aplicación de los recursos federales con cargo al fondo de “Proyectos de Desarrollo Regional”; y, uno de los requisitos establecidos, es el registro del expediente técnico de los proyectos en el sistema que la Unidad de Política y Control Presupuestario debe revisar para que se cumpla con los lineamientos aplicables y, de no ser el caso, emitirá las observaciones que deberán ser solventadas por las entidades federativas, en tiempo y forma y, en caso de no ser atendidas, los convenios serán celebrados dado que se incumple con los lineamientos.(48)
m) En esa tesitura, en el sistema establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se concentra y almacena la información técnica de aquellos proyectos autorizados que cumplieron con cada uno de los requisitos de los lineamientos aplicables; se verifica la atención de las observaciones emitidas durante el proceso de revisión de los expedientes de cada ejercicio fiscal, con la finalidad de privilegiar el rendimiento óptimo del sistema y conservar las últimas versiones de los proyectos autorizados en los que se atendieron las observaciones en tiempo y forma.(49)
n) Así, una vez que las entidades federativas cumplieron con los lineamientos aplicables, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebra un convenio, sujeto a disponibilidad presupuestaria, en donde se especifica la cartera de proyectos autorizados.(50)
o) Consecuentemente, en el caso en concreto, de los convenios celebrados en dos mil quince con el Gobierno de Nuevo León, respecto de aquellos proyectos que cumplieron los requisitos establecidos en los lineamientos para transferir los recursos federales, se adv
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200611-e040fb7e/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-extemporaneidad-al-tener · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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