I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS POSTERIORES A AQUEL EN QUE LA ENTREGA DE RECURSOS TUVO LUGAR (OMISIÓN POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL DE CUMPLIR CABALMENTE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN LA VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL DE ENTREGAR LA PARTE RESTANTE DE UN MONTO COMPROMETIDO A UN MUNICIPIO SE CONSIDERA UNA OMISIÓN TOTAL ANTE LA CLÁUSULA QUE PREVÉ LA ENTREGA DE ESOS RECURSOS EN MINISTRACIONES (OMISIÓN POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL DE CUMPLIR CABALMENTE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN LA VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN (OMISIÓN POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL DE CUMPLIR CABALMENTE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN LA VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VIGENCIA DE UN CONVENIO NO DESNATURALIZA LA CALIDAD OMISIVA DEL ACTO IMPUGNADO NI LO SUJETA AL PLAZO DE TREINTA DÍAS PREVISTO EN LA LEY DE LA MATERIA (OMISIÓN POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL DE CUMPLIR CABALMENTE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN LA VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADO EL PLANTEAMIENTO DE QUE NO SE AGOTÓ LA VÍA LEGAL PREVISTA PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO CUANDO EL ACTOR HACE VALER UNA VIOLACIÓN DIRECTA A SU ESFERA COMPETENCIAL PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL DE CUMPLIR CABALMENTE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN LA VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS). VII. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL DE CUMPLIR CABALMENTE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN LA VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS). VIII. HACIENDA MUNICIPAL. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES (OMISIÓN POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL DE CUMPLIR CABALMENTE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN LA VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS). IX. HACIENDA MUNICIPAL. LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE INTERESES EN EL CASO DE ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE RECURSOS FEDERALES RESULTA IGUALMENTE APLICABLE A LOS SUBSIDIOS. X. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIECISÉIS, EN SU VERTIENTE DE "INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT". SUS OBJETIVOS Y REGLAS DE OPERACIÓN. XI. HACIENDA MUNICIPAL. NO SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL CUANDO ÉSTA OBEDECE A QUE EL MUNICIPIO ACCIONANTE NO CUMPLIÓ CON OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO RESPECTIVO (OMISIÓN POR PARTE DEL EJECUTIVO FEDERAL DE CUMPLIR CABALMENTE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, EN LA VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HÁBITAT, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISÉIS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 142/2018. MUNICIPIO DE PÁTZCUARO, MICHOACÁN. 3 DE JULIO DE 2019. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, Y LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTES: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN.
Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada en la Ciudad de México el día tres de julio de dos mil diecinueve.
VISTOS, para resolver, los autos de la controversia constitucional interpuesta por el Municipio de Pátzcuaro, Michoacán, por conducto de su síndico propietario, contra el Poder Ejecutivo Federal, por los actos que se precisarán en el cuerpo de la presente ejecutoria; y,
RESULTANDO:
(1) I. Antecedentes. De lo narrado en autos es posible identificar, en lo que ahora importa, lo siguiente:
(2) Los integrantes del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán, en funciones a partir del primero de septiembre de dos mil dieciséis, en su oportunidad, fueron informados de que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, manejaban un Programa de Infraestructura en la vertiente de "Infraestructura para el Hábitat", cuyo objetivo era mejorar la disponibilidad y calidad de la Infraestructura básica complementaria, así como el equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización.
(3) Posteriormente, se les precisó que el programa indicado requería, para su ejecución, que tanto el Gobierno Federal como los Ayuntamientos financiaran en partes iguales el costo de las obras y que estos últimos las llevaran a cabo, y una vez ubicados los centros de población que serían beneficiados, el trece de abril de dos mil dieciséis se suscribió el Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Infraestructura en la vertiente de "Infraestructura para el Hábitat" para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
(4) Firmado el acuerdo de voluntades antes aludido, el accionante inició la realización de las distintas obras pactadas, las cuales fueron desarrolladas en las fechas acordadas en el convenio y al tenor de las reglas y programa de operación acordados, además de que fueron aprobadas en todas sus etapas por el enlace designado por la propia secretaría.
(5) No obstante lo anterior, y a pesar de haberse requerido en diversas ocasiones al Ejecutivo Federal que aportara las ministraciones derivadas del convenio de coordinación antes mencionado, el treinta de junio de dos mil dieciocho, el hoy actor fue informado de manera definitiva de que no recibiría los recursos económicos correspondientes, bajo el argumento de que se habían agotado los recursos económicos en la Federación.
(6) II. Controversia constitucional. Inconforme con lo anterior, mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil dieciocho(1) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hilario Díaz Martínez, quien se ostenta como síndico del Ayuntamiento del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán, promovió la presente controversia constitucional.
(7) En su escrito inicial, el accionante demanda al Poder Ejecutivo Federal, de manera esencial, la retención de $10'062,936. 00/100 M.N. (diez millones sesenta y dos mil novecientos treinta y seis pesos) por concepto de los subsidios que le correspondían del Programa de Infraestructura en la vertiente de "Infraestructura para el Hábitat" correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, provenientes del Ramo 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano" y autorizados mediante oficio SDUV/UPAIS/HÁBITAT/16/A/S/002/16.
(8) Al efecto, señala que el acto antes mencionado vulnera el artículo 115 de la Ley Fundamental y sostiene como conceptos de invalidez, de manera esencial, que la falta de pago que se combate afecta los principios de Municipio Libre, así como de libre administración de la hacienda pública municipal, además del de debida planeación del gobierno de la Federación, pues sin fundamento alguno se retienen recursos que el Municipio actor debía recibir y ejercer como parte del Fondo de Subsidios del Programa de Infraestructura en la vertiente de "Infraestructura para el Hábitat".
(9) El Municipio actor afirma que el Poder Ejecutivo Federal retuvo los recursos antes mencionados sin que exista razón alguna que justifique tal proceder y a pesar de que es inadmisible que un ente ajeno al Municipio use el dinero que le corresponde; por lo que estima que debe declararse inconstitucional el proceder de la demandada, así como todas las consecuencias que pudieran desprenderse de éste y, consecuentemente, debe obligársele a restituir los daños y perjuicios ocasionados con su actuar y condenársele al pago de intereses legales, conforme a lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
(10) Considera que no es obstáculo a lo anterior que, de acuerdo con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los subsidios no estén comprendidos bajo el régimen de libre administración de la hacienda municipal, porque ello no implica que la Federación pueda incurrir en retrasos u omisiones una vez que junto con los Municipios hayan determinado las cantidades que serán percibidas por estos últimos y las fechas exactas en que los recursos entrarán a sus arcas, pues en ese momento debe quedar garantizada su efectiva percepción a efecto de salvaguardar el principio de integridad de sus recursos.
(11) Finalmente, expresa que la controversia no debe quedar sin materia por involucrar recursos regidos por el principio de anualidad, pues no han desaparecido las consecuencias que el acto reclamado tuvo sobre el patrimonio del Ayuntamiento y, por ende, el objeto de este medio de control constitucional no se limita al examen de la validez del acto impugnado, sino que se extiende al examen de los efectos que éste haya podido producir.
(12) III. Turno. Recibida la demanda antes referida, mediante proveído de veinte de agosto de dos mil dieciocho(2) el entonces Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo y turnarlo a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a efecto de que instruyera el procedimiento respectivo.
(13) IV. Emplazamiento. Atento a lo anterior, mediante acuerdo de veintisiete de agosto siguiente,(3) el Ministro instructor determinó admitir a trámite la demanda y, en consecuencia, emplazar al Poder Ejecutivo Federal, en su carácter de autoridad demandada en el presente medio de control constitucional, a efecto de que rindiera su contestación dentro del plazo previsto al efecto.
(14) V. Contestación de demanda. Mediante oficio número 1.1721/2018, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal presentó su escrito de contestación(4) a la demanda intentada por el hoy actor, el cual se tuvo por recibido en proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho.(5)
(15) En su escrito de respuesta, el Poder Ejecutivo Federal sostuvo, sustancialmente, que en el caso se depositaron al Municipio actor recursos por $1'751,416. 90/100 M.N. (un millón setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos dieciséis pesos con noventa centavos), y si bien no se le entregó el resto de la cantidad acordada, esto se debió a que omitió cumplir con lo pactado en el convenio y, por tanto, operó la rescisión justificada de dicho instrumento jurídico.
(16) Ello, porque omitió informar sobre los avances y conclusión de los 56 (cincuenta y seis) proyectos a su cargo dentro del Programa de Infraestructura sobre el Hábitat aun cuando se le requirió para que lo hiciera y, por ende, conforme al clausulado del convenio y las reglas de operación del referido programa, se dejó de ministrar al Municipio actor el dinero que ahora reclama.
(17) VI. Opinión de la Procuraduría General de la República. A través del oficio PGR/394/2018, el entonces subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República emitió opinión(6) en el presente asunto, en el sentido medular de considerar que lo argumentado por el Municipio actor resulta infundado, pues dejaron de entregarse los subsidios federales que correspondían al actor como consecuencia del incumplimiento del convenio, y toda vez que esos recursos no tienen la misma naturaleza que las participaciones federales, sino que sirven para fines específicos, su falta de entrega no afecta la hacienda municipal ni el principio de autonomía hacendaria municipal.
(18) VII. Audiencia. El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos que, una vez desahogada, dejó los autos en estado de resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley reglamentaria de la materia.
(19) VIII. Returno. Mediante proveído de tres de enero de dos mil diecinueve, se ordenó returnar los autos del presente asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales, para los efectos a que hubiera lugar.
(20) IX. Radicación en Sala. Atento al dictamen formulado por el Ministro instructor, en su oportunidad, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
(21) Conforme a lo anterior, mediante proveído de veintidós de marzo de dos mil diecinueve,(7) el Ministro presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal ordenó que ésta se avocara al conocimiento del presente asunto.
CONSIDERANDO:
(22) PRIMERO.—Jurisdicción y competencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce jurisdicción, y esta Primera Sala es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i),(8) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1,(9) 10, fracción I,(10) y 11, fracción V,(11) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I,(12) y tercero(13) del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(23) Lo anterior, al plantearse un conflicto entre el Municipio actor y el Poder Ejecutivo Federal, en el entendido de que no se impugna una norma general y, por tanto, se hace innecesaria la intervención del Tribunal Pleno pues no se requiere que el asunto sea resuelto por una mayoría calificada de los Ministros que integran este Alto Tribunal.
(24) SEGUNDO.—Legitimación. En la especie se cumple con el requisito en comento, atento a los razonamientos que se desarrollan a continuación.
(25) Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, literalmente, lo siguiente:
"Artículo. 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:
"...
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."
(26) Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia señalan, expresamente, lo siguiente:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
(27) De los preceptos legales reproducidos se desprende, sustancialmente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios, en relación con la constitucionalidad de sus actos, y tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, que deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
(28) En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Hilario Díaz Martínez, quien acredita su personería con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez(14) expedida el doce de junio de dos mil quince por el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Michoacán, en la que se hace constar que fue elegido como síndico propietario del Ayuntamiento de Pátzcuaro, Michoacán y, por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 51, fracción VIII,(15) de la Ley Orgánica Municipal del Estado, tiene el carácter de representante legal del Municipio actor.
(29) Así, como se adelantó, en los términos expresados, corresponde reconocer la legitimación del Municipio actor para intentar el presente medio impugnativo por conducto de quien acude a este Alto Tribunal en su representación.
(30) Por otra parte, por cuanto hace a la legitimación pasiva, debe señalarse que, como se indicó previamente, el Municipio actor señala como demandado al Poder Ejecutivo Federal, al imputarle la retención de los recursos que debió recibir y, consecuentemente, el incumplimiento del Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de subsidios del Programa de Infraestructura para la construcción de la obra "Hábitat", correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
(31) En el caso, el referido Poder comparece a esta instancia jurisdiccional por conducto de Misha Leonel Granados Fernández, quien aporta copia certificada de su nombramiento(16) como consejero jurídico del Ejecutivo Federal, expedido el nueve de junio de dos mil diecisiete, y quien tiene atribuciones para representar a dicho Poder, en términos de lo establecido en el acuerdo presidencial publicado el nueve de enero de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación.
(32) En consecuencia, es de concluirse que el referido compareciente también está legitimado para acudir a esta controversia constitucional en representación de la autoridad a quien se imputan los actos que se estiman contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(33) Por tanto, como se adelantó, en la especie, debe tenerse por satisfecho el requisito procesal recién analizado.
(34) TERCERO.—Precisión de los actos impugnados. Antes de entrar al análisis de la oportunidad de la demanda, es preciso determinar cuál es el acto o los actos concreta y específicamente reclamados por el Ayuntamiento actor, a fin de que esta Primera Sala esté en aptitud de resolver la cuestión efectivamente planteada en el presente asunto, conforme a lo establecido en los artículos 39, 40 y 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional.
(35) Al efecto, resulta conveniente mencionar que en la demanda que dio origen a la presente controversia constitucional, el Municipio actor señaló como acto impugnado el siguiente:
"Actos reclamados. Se reclama del demandado Poder Ejecutivo Federal:
"– El haber retenido hasta hoy día, de manera unilateral, ilegal e inconstitucional la cantidad de $10'062,936.00 (diez millones sesenta y dos mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) y que por concepto de subsidios le corresponden al Municipio quejoso, ello con base en el Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Infraestructura en la Vertiente de ‘Infraestructura para el Hábitat’, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis; y que fuere celebrado el día 13 trece de abril del año 2016 dos mil dieciséis, por una parte por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); y por la otra, el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Pátzcuaro, Estado de Michoacán de Ocampo; recursos económicos provenientes del Ramo Administrativo 115 ‘Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano’, y autorizados por el Poder u órgano accionado, mediante oficio SDUV/UPAIS/HÁBITAT/16/A/S/002/16, de fecha 11 once de abril de 2016 dos mil dieciséis;
"– El haber ordenado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), omitiera la entrega vía transferencia electrónica o cheques al Municipio de Pátzcuaro, Estado de Michoacán de Ocampo, de la cantidad de $10'062,936.00 (diez millones sesenta y dos mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) y que por concepto de subsidios le corresponden al Municipio quejoso, ello con base en el Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Infraestructura en la Vertiente de ‘Infraestructura para el HÁBITAT’, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis; retenciones que se han llevado a cabo, pese a que en las fechas acordadas en el convenio y al tenor de las reglas y programa de operación, las obras ya fueron realizadas por el Municipio quejoso; obras que además, fueron debidamente aprobadas en todas sus etapas y conclusión, por el enlace designado por la propia Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); recursos económicos, que con anterioridad fueron legalmente autorizados por el propio Poder Ejecutivo Federal, según oficio SDUV/UPAIS/HÁBITAT/16/A/S/002/16, de fecha 11 once de abril de 2016 dos mil dieciséis; y,
"– El haber retenido hasta hoy día, de manera unilateral, ilegal e inconstitucional la cantidad de $10'062,936.00 (diez millones sesenta y dos mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) y que por concepto de subsidios le corresponden al Municipio quejoso, ello con base en el Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Infraestructura en la Vertiente de ‘Infraestructura para el Hábitat’, correspondiente al ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis; retenciones que se han llevado a cabo sin que existan facultades legales en la demandada, ni documento suscrito por el Ayuntamiento accionante, en el cual se autoricen las retenciones de mérito; ni tampoco existió causa de rescisión o terminación anticipada del convenio de mérito; todo lo cual, viene a transgredir en forma directa los principios constitucionales de la libre administración de la hacienda municipal y el ejercicio directo de los recursos municipales consagrados a favor del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán por el artículo 115 de la Carta Fundamental de la Nación."
(36) De la transcripción anterior se aprecia que el Municipio actor sostiene que el acto que le genera perjuicio, de manera destacada, es la retención o falta de entrega de la cantidad que refiere y que, asegura, le corresponde con base en el Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Infraestructura en la vertiente de "Infraestructura para el Hábitat", correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dieciséis.
(37) Así, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de resolver lo efectivamente planteado, es posible concluir que, en el caso, deben tenerse como actos impugnados los siguientes:
(38) –La omisión de cumplir cabalmente el Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Infraestructura, en la vertiente de Infraestructura para el Hábitat, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, cuya vigencia terminó el treinta y uno de diciembre del referido año, en el cual se obligó a entregar la cantidad de $10'062,936. 00/100 M.N. (diez millones sesenta y dos mil novecientos treinta y seis pesos); y,
(39) –La omisión de pago de los intereses correspondientes.
(40) CUARTO.—Oportunidad. Precisados los actos efectivamente impugnados en el presente asunto, procede ahora analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003,(17) tratándose de estas últimas, la oportunidad se actualiza día con día.
(41) A efecto de emprender el análisis correspondiente, a continuación se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.
(42) En la controversia constitucional 5/2004,(18) en la cual el Municipio de Purépero, Michoacán, impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(19) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
(43) En la controversia constitucional 20/2005,(20) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del Oficio SFA/0442/04 de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas,(21) este Alto Tribunal nuevamente consideró que los actos combatidos eran negativos y, por tanto, el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
(44) Ocurrió lo mismo en la controversia constitucional 37/2012,(22) en la que el Municipio de Santiago Amoltepec, Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden, pues en la sentencia se consideró que este acto fue impugnado como una retención, ya que al acudir a recibirlos le fueron negados, esto es, no se impugnó una omisión sino, más bien, un acto derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas.(23) Por tanto, como se adelantó, en la sentencia se les consideró como actos positivos y, por tanto, el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
(45) En la controversia constitucional 67/2014,(24) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, combatió la falta de entrega de los recursos financieros que legalmente le correspondía recibir por conducto del tesorero municipal desde la primera quincena de enero de dos mil catorce.
(46) En este asunto, se estimó que ley reglamentaria de la materia no señalaba plazo alguno para la promoción de demanda de controversia contra omisiones que implicaran un no hacer por parte de la autoridad, creando una situación permanente que se reiteraba día a día, permitiendo en cada una de esas actualizaciones la impugnación de dicho no actuar.
(47) Así, esta Suprema Corte concluyó que debía considerarse oportuna la presentación de la demanda (el doce de junio de dos mil catorce), ya que el Municipio actor reclamó la falta absoluta de pago desde el mes de enero del mismo año.(25)
(48) En la controversia constitucional 78/2014,(26) el Municipio de Tlaquiltenango, Morelos, demandó del Poder Ejecutivo Local 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce; 2) la omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; y, 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes.
(49) Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estima que se trata de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.(27)
(50) Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4) determina que son omisiones, pues el Municipio actor impugna de forma absoluta la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se han entregado dichas participaciones.(28)
(51) Finalmente por lo que hace al acto 5) debe tenerse en tiempo toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encuentran programados descuentos de participaciones federales que deben aplicarse al Municipio actor.
(52) En la controversia constitucional 73/2015,(29) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó al Poder Ejecutivo lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince; 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal de dos mil quince, y 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil quince el adeudo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre.
(53) En este caso, en la sentencia dictada por este Alto Tribunal se determinó que se trataba de omisiones en virtud de que se impugnó la falta absoluta de pago de distintos conceptos.
(54) Finalmente, en la controversia constitucional 118/2014,(30) promovida por el Municipio de San Agustín Amatengo, Oaxaca, se analizó la oportunidad de la demanda contra: 1) la autorización y entrega de los recursos económicos municipales por concepto de participaciones y aportaciones federales respecto a los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, incluyendo ajustes cuatrimestrales y cálculo de diferencias entre las cantidades pagadas por concepto de anticipos a cuenta y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación al supuesto tesorero del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce y 2) la retención de recursos federales participables a partir del dos de diciembre de dos mil catorce.
(55) En relación con el primero de los actos referidos, la sentencia consideró que se trataba de una entrega indebida,(31) por lo que le era aplicable el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria, mientras que por lo que hace a los actos precisados en el numeral 2), se estimó que se trataba de una omisión, consistente en la falta de entrega de recursos municipales.(32)
(56) Conforme a los referidos precedentes, es posible advertir que esta Suprema Corte ha entendido como actos positivos: a) los descuentos, b) los pagos parciales, c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales, y d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas y, por otro lado, ha considerado como omisiones la falta absoluta de entrega de los recursos y, al respecto, debe destacarse que en una misma demanda pueden reclamarse actos positivos u omisiones, y el cómputo respectivo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento (quincenal, mensual, ...).
(57) Respecto a los actos positivos, el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, se haya tenido conocimiento de éstos o de su ejecución o el actor se ostente sabedor de los ellos,(33) mientras que la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento mientras subsistan.
(58) En el presente caso, según se ha establecido, el Municipio actor impugna un acto omisivo, que consiste en la falta de entrega de la cantidad de $10'062,936. 00/100 M.N. (diez millones sesenta y dos mil novecientos treinta y seis pesos), derivado del Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Infraestructura en la Vertiente "Infraestructura para el Hábitat", relativo al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, que celebró con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
(59) Lo anterior pone de manifiesto que el acto impugnado en el presente asunto constituye una omisión total, porque lo reclamado por el Municipio actor es la falta de entrega de una cantidad que le correspondía por concepto de los recursos pactados en el convenio antes mencionado.
(60) No pasa inadvertido para esta Primera Sala que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, realizó un pago parcial por la cantidad de $1'751,416. 90/100 M.N. (un millón setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos dieciséis pesos con noventa centavos), como se desprende de las constancias agregadas en el expediente;(34) sin embargo, ello no significa que se trate de una omisión parcial, dado que en términos de la cláusula séptima del convenio de coordinación, los recursos se entregarían en ministraciones.(35)
(61) Por tanto, si el Municipio accionante alega que, no obstante haber cumplido el convenio, no le fue entregada la parte restante del monto comprometido por la dependencia de la administración pública federal, esa porción se considera una omisión total, porque la obligación de pago se originó, en su caso, una vez que ejecutó los actos a que lo obligaba el convenio.
(62) De esta forma, al valorarse el acto reclamado como una omisión to
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30035-3dc53ba2/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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