I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ILAMATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ILAMATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL). IV. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ILAMATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL). VI. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ILAMATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL). VII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN EN SU PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ILAMATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE ENTERO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE ILAMATLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 222/2017. MUNICIPIO DE ILAMATLÁN, ESTADO DE VERACRUZ. 14 DE NOVIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA PATRICIA ROMÁN SILVA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día catorce de noviembre de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Liberato Lara Ramírez, en su carácter de síndico del Ayuntamiento de Ilamatlán, Estado de Veracruz, promovió controversia constitucional,(1) en contra de los actos emitidos y ejecutados por las autoridades, en los términos que enseguida se transcriben:
Autoridades demandadas:
• Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en el Estado de Veracruz.
• Delegado y representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del Estado de Veracruz;
Actos impugnados:
• La invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se hayan emitido para realizar la indebida retención de las participaciones federales por los conceptos de:
i) Programas de infraestructura en su vertiente infraestructura para el habitad, correspondiente al ejercicio de dos mil dieciséis, a través del proyecto denominado construcción de cuartos adicionales en el Municipio de Ilamatlán;
ii) Subsidios federales y recursos financieros que se debieron ejercer en las zonas de actuación en la vertiente vivienda en el Municipio de Ilamatlán.
iii) La retención indebida de la ministración por la cantidad de $1'737,426.00 (un millón setecientos treinta y siete mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.).
• La omisión de dar cumplimiento a las obligaciones constitucionales al no haber entregado las ministraciones federales, la invalidez de cualquier orden para realizar los descuentos y retenciones indebidas de las participaciones federales que le corresponden al Municipio de Ilamatlán.
• Se declare la obligación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano de Veracruz, de restituir y entregar la cantidad de $1'737,426.00 (un millón setecientos treinta y siete mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), que ha retenido de las participaciones que corresponden al Municipio de Ilamatlán, provenientes de los recursos federales correspondientes al Programa de Infraestructura para el Hábitat para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, a través del proyecto denominado Construcción de Cuartos adicionales para el Municipio de Ilamatlán.
2. SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del asunto narrados en la demanda, son los siguientes:
a) Que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, se estableció el Programa de Infraestructura del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU);
b) Que conforme al numeral 7.3.2, primer párrafo, de las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, en su vertiente Infraestructura para el Hábitat para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis y en atención al oficio de asignación con número de expediente V-510-DSFAR-VIV-014, emitido por la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios, de la Delegación en Veracruz de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se aprobaron subsidios federales para el Municipio de Ilamatlán, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la vertiente ampliación y/o mejoramiento de la vivienda.
c) Que los recursos aprobados fueron por la cantidad de $4'343,565.00 (cuatro millones trescientos cuarenta y tres mil, quinientos sesenta y cinco pesos, cero centavos, moneda nacional), que sumados a la aportación local resulta una cantidad de $8'687,130.00 (ocho millones seiscientos ochenta y siete mil ciento treinta pesos, cero centavos, moneda nacional).
d) Que el doce de julio de dos mil dieciséis el Municipio de Ilamatlán, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Delegación en Veracruz de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), firmaron un Convenio de Colaboración para la Operación y Ejecución del Programa de Infraestructura en la vertiente ampliación o mejoramiento de la vivienda, en el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis.
e) Que se acordó la construcción de doscientas acciones de la vertiente ampliación y/o mejoramiento de la vivienda del Programa de Infraestructura y cuyos aportes fueron acordados en una coinversión del 50% de cada una de las partes.
f) Que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), únicamente ministró la cantidad de $2'606,139.00 (dos millones seiscientos seis mil, ciento treinta y nueve pesos, cero centavos moneda nacional), y hasta la fecha no se ha recibido ninguna otra ministración a pesar de que las acciones ya están concluidas desde diciembre de dos mil dieciséis.
g) Que se reclama la ministración que debe la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), al Municipio de Ilamatlán, Veracruz, en cantidad de $1'737,426.00 (un millón setecientos treinta y siete mil cuatrocientos veintiséis pesos, cero centavos, moneda nacional).
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. Se hacen valer los siguientes:
• Que la retención indebida trasgrede el principio de integridad de los recursos que consiste en que los Municipios tienen derecho a la percepción puntual, efectiva y completa de sus participaciones.
• Que la omisión de entrega de recursos es ilegal, porque no existe norma o disposición que permita la retención, lo que redunda en un perjuicio económico e impacta su autonomía, concretamente la libertad de administración hacendaria, al afectarse su autosuficiencia económica y la libre disposición de sus recursos económicos.
• Que de los artículos 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 2-A, antepenúltimo párrafo, 6 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Veracruz, deriva: que los recursos que reciban los Municipios forman parte de su hacienda y serán cubiertos en los términos que para su distribución determinen las Legislaturas Locales; que las entidades federativas entregarán íntegramente a sus Municipios las cantidades que reciban del Fondo de Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las Legislaturas Locales; que la Federación entregará los recursos a los Municipios por conducto de los Estados y el retraso dará lugar al pago de intereses a la tasa de recargos establecida para el pago a plazos de contribuciones; que las participaciones que correspondan a las entidades federativas y Municipios son inembargables, salvo el pago de obligaciones contraídas por aquellos; que procederán las compensaciones cuando sean como consecuencia de ajustes en participaciones o descuentos originados por incumplimiento de las metas pactadas con la Federación en materia de administración de contribuciones o cuando exista acuerdo entre las partes interesadas o la Ley de Coordinación Fiscal lo autorice.
• Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha analizado el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política Federal, del cual ha hecho derivar garantías de carácter económico, tributario y financiero a favor de los Municipios, tendientes al fortalecimiento de su autonomía, a saber: a) principio de libre administración; b) principio de ejercicio directo; c) principio de integridad; d) derecho a recibir las contribuciones; e) principio de reserva de fuentes de ingresos; f) facultad de proponer cuotas y tarifas; g) facultad de proponer sus leyes de ingresos.
• Que de los principios constitucionales se desprende que las participaciones federales incluyen los recursos federales del Programa de Infraestructura en su vertiente infraestructura para el hábitat para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, del proyecto denominado: Construcción de Cuartos adicionales en el Municipio de Ilamatlán, Veracruz, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en cantidad de $1'737,426.00 (un millón setecientos treinta y siete mil cuatrocientos veintiséis pesos, cero centavos, moneda nacional).
• Que puede haber casos en los que resulte válida la afectación y retención de las participaciones federales y en este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que puede darse esa posibilidad cuando se destinen a: 1. Pago de obligaciones contraídas por los Municipios, previa autorización de las Legislaturas Locales e inscripción en el registro correspondiente; y, 2. Por voluntad manifiesta del Municipio de destinarlos a un determinado fin.
• Que el presente caso no se ubica en ninguna de las hipótesis detalladas, por lo que se considera ilegal e injusto que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), retenga sin justificación alguna los fondos y participaciones federales.
4. CUARTO.—Artículos constitucionales que se estiman violados. Los artículos 2o., 4o., 14, 16, 26, 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. QUINTO.—Trámite de la controversia y admisión de la demanda. Por acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete,(2) los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primer periodo de dos mil diecisiete, determinaron admitir a trámite la demanda con el número de expediente 222/2018; tuvieron como demandado únicamente al Poder Ejecutivo de Estado de Veracruz, ordenaron su emplazamiento y la vista al procurador general de la República.
6. En acuerdo de uno de agosto de dos mil diecisiete el Ministro presidente ordenó el turno del asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.(3)
7. SEXTO.—Recurso de reclamación. El secretario de Gobierno en representación del Poder Ejecutivo de Veracruz, interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de diecisiete de julio de dos mil diecisiete, que admitió a trámite la demanda de controversia.
8. En acuerdo de tres de agosto de dos mil diecisiete el Ministro presidente admitió el recurso de reclamación y ordenó el turno del asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
9. En sesión de ocho de noviembre de dos mil diecisiete esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de reclamación, en el sentido de declararlo fundado y revocar el acuerdo recurrido, para que se dictara otro auto en el cual se excluyera al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y se determinara lo que correspondiera en derecho.
10. SÉPTIMO.—Cumplimiento a la reclamación. El trece de agosto de dos mil dieciocho la Ministra instructora acordó se tuviera como autoridad demandada al Poder Ejecutivo Federal y ordenó su emplazamiento; por otro lado, indicó que no se tenía como demandada a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por tratarse de una dependencia subordinada al referido Poder, conforme a la jurisprudencia P./J. 84/2000 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(4)
11. OCTAVO.—Contestación del Poder Ejecutivo Federal. El consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, en representación del presidente de la República, contestó la demanda mediante oficio número 1.0938/2018 de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, en el cual expuso lo siguiente:
Argumentos de actualización de causales de improcedencia
• Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el Municipio no agotó la vía legalmente prevista para la solución del conflicto planteado, cuando solo hace valer cuestiones de legalidad que debió plantear ante un Juez Civil Federal, sin que baste que se haga valer la violación al artículo 115 de la Constitución Federal, pues quedaría al arbitrio del demandante determinar la procedencia de la controversia.
• Que las prestaciones reclamadas derivan de un convenio de coordinación, mientras que la controversia constitucional procede en contra de actos de los Poderes, entidades u órganos que afecten alguna esfera competencial, lo cual no sucede en la especie en que el cumplimiento de las cláusulas pactadas no constituye una participación federal y no se puede considerar que exista una afectación a la libertad de administración hacendaria.
• Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el diverso 21, fracción I, ambos de la ley reglamentaria, en virtud de que la demanda se presentó de manera extemporánea puesto que el convenio de coordinación estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, de acuerdo con la cláusula vigésima cuarta, de modo que el plazo de treinta días estipulado para la presentación de la demanda, comenzó a correr a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, por lo que a la fecha de presentación de la demanda ya había fenecido.
Contestación a los antecedentes
• Que es cierto que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por conducto del delegado estatal en Veracruz, celebró el Convenio de Coordinación para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa de Infraestructura en la Vertiente de Ampliación y/o mejoramiento de la vivienda, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril de dos mil diecisiete.
• Que es cierto que existe una omisión de cumplir el referido convenio de coordinación, pero la falta de entrega de las cantidades pactadas, acordadas y aprobadas encuentra su justificación en el propio convenio de coordinación, en cuya cláusula quinta se estableció que los recursos asignados para el proyecto estarían sujetos a disponibilidad de "el programa", disponibilidad presupuestaria.
• Que no se está ante una omisión de entrega de la cantidad pactada, sino ante la imposibilidad de llevarse a cabo, al actualizarse lo establecido en la cláusula quinta, por no haber existido disponibilidad presupuestaria, como se acredita con el oficio número IV-410-0711-2018 de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el director general de Programación y Presupuestación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien manifestó que en el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicó diversas reducciones líquidas con motivo del control presupuestario, lo que hizo materialmente imposible proseguir con las acciones del programa.
Argumentos de fondo del asunto
• Que la entrega de los recursos pactados en el convenio de coordinación se hizo depender de la disponibilidad presupuestaria del programa, en términos de la cláusula quinta.
• Que la falta de entrega de recursos pactados se dio por caso de fuerza mayor, por causas ajenas a las circunstancias de las partes como las reducciones líquidas de control presupuestario, aplicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis.
• Que no implica se violente el manejo del patrimonio en perjuicio del Municipio actor, puesto que tenía conocimiento de la posibilidad de que se actualizara dicho supuesto, es decir, las reducciones presupuestarias.
• Que tampoco se violentan los artículos 2o., 4o., 14, 16, 26, 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la planeación de las obras contenidas en el convenio de coordinación estaban sujetas por cláusula expresa, a la disponibilidad presupuestaria.
• Que al existir un déficit presupuestal en relación con el Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, se actualizó una causa de fuerza mayor, por lo cual la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano estaba impedida para dar cumplimiento a la obligación de entregar los recursos del programa.
• Que el incumplimiento referido por el Municipio no deriva de una causa imputable o una omisión de la dependencia del Ejecutivo Federal, sino a las reducciones líquidas que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, afectando los fondos que serían destinados al programa.
• Que no es dable el pago por mora que pretende el Municipio actor, toda vez que en el citado convenio de coordinación no se estableció cláusula alguna de la que se advierta la obligación o compromiso del Poder Ejecutivo Federal de cubrir intereses al Municipio por causas ajenas a las partes, consistentes en el retraso o incumplimiento de pago que deriva del recorte presupuestal.
• Que el Municipio parte de una premisa falsa al sostener que los recursos del programa corresponden a participaciones y aportaciones federales establecidas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, pues se trata de subsidios autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de los artículos 74, 77 y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
• Que además en el convenio de coordinación se pactó que la entrega de los recursos federales sería por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tal y como se desprende del último párrafo de la cláusula séptima del convenio de colaboración, en la cual se precisó que los recursos aportados por el Ejecutivo Federal tendrían el carácter de subsidios provenientes del ramo administrativo 15 "Desarrollo agrario, territorial y urbano".
12. NOVENO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. A pesar de que se le dio vista del auto de nueve de enero de dos mil diecisiete, que admitió a trámite la demanda, la Procuraduría General de la República no emitió opinión en este asunto.
13. DÉCIMO.—Audiencia para la presentación de pruebas y alegatos. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el dos de julio de dos mil dieciocho se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos de los artículos 32 y 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.
14. DÉCIMO PRIMERO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por la Ministra ponente y presidenta de la Primera Sala, mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se avocó al conocimiento del asunto y además, determinó enviar nuevamente los autos a su ponencia de la adscripción para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
15. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional entre el Municipio de Ilamatlán, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Poder Ejecutivo Federal, contra la constitucionalidad de sus actos.
16. SEGUNDO.—Precisión de los actos reclamados y su certeza. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) se procede a fijar los actos objeto de la controversia y la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados.
17. Del estudio integral a la demanda, en relación con sus anexos, se desprende como acto impugnado, con abstracción de los calificativos que sobre su constitucionalidad realiza la demandante, el siguiente:
• La omisión de pagar la cantidad de $1'737,426.00 (un millón setecientos treinta y siete mil cuatrocientos veintiséis pesos, cero centavos, moneda nacional), correspondiente a los recursos del Programa de Infraestructura en su vertiente Infraestructura para el Hábitat para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, a través del proyecto denominado Construcción de Cuartos adicionales en el Municipio de Ilamatlán, Veracruz.
• El pago de intereses derivado de la omisión de entrega de los recursos precisados en el punto anterior.
18. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, negó la existencia de la omisión reclamada y, por consiguiente, de la obligación del pago de intereses; empero, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la omisión reclamada es cierta.
19. El presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, contempló un gasto por concepto de programa de apoyo a la vivienda, dentro del concepto del programa de infraestructura, en distintos rubros de los anexos del propio decreto, cuyos recursos quedaron sujetos a las reglas de operación(6) publicadas en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, en las cuales se estableció la ampliación de la vivienda como una modalidad del programa.
20. En el presente caso, como quedará detallado en el estudio de fondo del asunto, el Municipio actor acreditó que le fueron aprobados subsidios federales del Programa de Infraestructura para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, en la vertiente ampliación y/o mejoramiento de la vivienda, por la cantidad de $4'343,565.00 (cuatro millones trescientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y cinco pesos, cero centavos, moneda nacional), para la ejecución de doscientas acciones.
21. Asimismo, no existe prueba de que el Municipio de Ilamatlán, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, haya recibido la totalidad de los recursos aprobados mediante oficio PI/AMV/5699/2016 de doce de julio de dos mil dieciséis del programa de infraestructura, en su vertiente ampliación y/o mejoramiento de la vivienda y pactados en el mencionado convenio de coordinación.
22. En el entendido de que la procedencia del importe de $1'737,426.00 (un millón setecientos treinta y siete mil cuatrocientos veintiséis pesos, cero centavos, moneda nacional), como cantidad pendiente de pago, respecto de la cual la autoridad demandada aduce que no existe omisión, sino imposibilidad de llevarse a cabo ante (sic) al no haber existido disponibilidad presupuestaria, es materia del fondo del asunto.
23. TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003,(7) tratándose de omisiones la oportunidad se actualiza día con día. A continuación se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.
24. En la controversia constitucional 5/2004,(8) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(9) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
25. En la controversia constitucional 20/2005,(10) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del oficio SFA/0442/04 de veintisiete de enero de dos mil cinco suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(11) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
26. En la controversia constitucional 98/2011,(12) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(13) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
27. En la controversia constitucional 37/2012,(14) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia considera que este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que al acudir a recibirlos le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto de retención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas.(15) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
28. En la controversia constitucional 67/2014,(16) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, combatió la no entrega de los recursos financieros que legalmente le corresponde recibir al Municipio actor por conducto del tesorero municipal Manuel César Sánchez Zabaleta desde la primera quincena de enero de dos mil catorce. Se estimó que ley reglamentaria de la materia no señala plazo para la promoción de demanda de controversia contra omisiones, que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando una situación permanente que se reitera día a día, permitiendo en cada una de esas actualizaciones la impugnación de dicho no actuar. Así, esta Suprema Corte concluyó que debe considerarse oportuna la presentación de la demanda el doce de junio de dos mil catorce, ya que el Municipio actor reclama de forma absoluta la falta de pago desde el mes de enero del mismo año.(17)
29. En la controversia constitucional 78/2014,(18) el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, demandó del Poder Ejecutivo Local 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce; 2) la omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes. Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estima que se trata de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.(19)
30. Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4) determina que son omisiones, pues el Municipio actor impugna de forma absoluta la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se han entregado dichas participaciones.(20) Finalmente por lo que hace al acto 5) debe tenerse en tiempo toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encuentran programados descuentos de participaciones federales que deben aplicarse al Municipio actor.
31. En la controversia constitucional 73/2015,(21) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó al Poder Ejecutivo lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince, 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal de dos mil quince, y 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil quince, el adeudo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. La sentencia determinó que se trataba de omisiones en virtud de que se impugnó la falta absoluta de pago de distintos conceptos.
32. En la controversia constitucional 118/2014,(22) promovida por el Municipio de San Agustín Amatengo, Oaxaca, se analizó la oportunidad de la demanda en contra de: 1) la autorización y entrega de los recursos económicos municipales por concepto de participaciones y aportaciones federales, respecto a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, incluyendo ajustes cuatrimestrales y cálculo de diferencias entre las cantidades pagadas en concepto de anticipos a cuenta y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación a José Ramírez, supuesto tesorero municipal de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, del uno de enero al veintisiete de junio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28858-7946d855/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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