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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IV. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NO ACREDITA EN AUTOS QUE REALIZÓ LA ENTREGA DE LAS CANTIDADES ADEUDADAS POR AQUEL CONCEPTO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VII. OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD Y EJERCICIO DIRECTO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES Y, POR TANTO, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) AL MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN EN SU PAGO O ENTERO EXTEMPORÁNEO SOBRE LA HACIENDA MUNICIPAL (OMISIÓN O ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARA LA OMISIÓN DE PAGO DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO Y DEL ENTERO EXTEMPORÁNEO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO (OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 169/2016. · Registro digital (IUS): 28834
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-07-05
Promovente: MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo I, Pág. 366.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 169/2016. MUNICIPIO DE HIDALGOTITLÁN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN SE RESERVÓ EL DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y PRESIDENTA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda. El veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, Edsel Guillen Silvestre en su carácter de síndico del Municipio de Hidalgotitlán, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional en contra del gobernador, del secretario de Finanzas y Planeación, así como del director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas y Planeación, todos de dicha entidad.

En la demanda en esencia se argumenta que resulta contrario a derecho, la omisión de las autoridades demandadas de cumplir con sus obligaciones constitucionales de entregar el importe económico de las recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del año dos mil dieciséis, sin fundamento legal, por la suma que ascendió a la cantidad $6'421,710.00 (seis millones cuatrocientos veintiún mil setecientos diez pesos 00/100 moneda nacional). De ahí que ante las conductas omisas en que incurrieron dichas demandadas se transgredió el orden constitucional en agravio del Municipio, frente a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución General, en la que se establecen los principios constitucionales de la libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos municipales, en razón que se dejó de percibir en forma puntual y efectiva el importe económico de las aportaciones derivadas del citado fondo, lo que le impidió disponer de los recursos y, por tanto, se generaron intereses hasta ese momento.

SEGUNDO.—Trámite y admisión de la demanda. El veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente número 169/2016 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

En consecuencia, por acuerdo de veinticinco de noviembre siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda, tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificación, tuvo por designados a los delegados y admitió las pruebas aportadas por el Municipio actor.

Asimismo, consideró como demandado al Poder Ejecutivo de Veracruz; sin embargo, no tuvo ese carácter el secretario de Finanzas y Planeación, ni el director de Contabilidad Gubernamental, ambos de dicha entidad, en virtud de que se trata de dependencias subordinadas a dicho Poder, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emitiera en el asunto.

Consecuentemente, emplazó al Poder Ejecutivo Local con copia simple de la demanda y sus anexos para que presente su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles; asimismo, tuvo como terceros interesados al Poder Legislativo Local y al Poder Ejecutivo Federal, por lo que ordenó darles vista con copias de la demanda y anexos, para que en un plazo de treinta días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. Además, requirió a la autoridad demandada y al Poder Legislativo Local para que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. A su vez, requirió a la parte demandada y a los terceros interesados para que remitan todas las documentales relacionadas con el acto impugnado. También requirió a la Procuraduría General de la República para que hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación conviniera. Finalmente, ordenó que se haga la certificación de los plazos otorgados a las autoridades previamente mencionadas.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda el síndico municipal sostuvo los siguientes razonamientos respecto al acto impugnado:

a) La omisión en que incurrieron las autoridades demandadas, imposibilita la labor del Municipio e infringió en su perjuicio el artículo 115, fracción IV, de la Constitución General, en relación con el principio constitucional que garantiza la integridad de los recursos económicos municipales, así como su recepción puntual y efectiva.

b) La retención de las participaciones conculcó el principio de certeza en la disposición de los recursos municipales, pues una vez determinado el monto de los recursos que integrarán la hacienda municipal, el incumplimiento o retraso en dicha transferencia, violenta el principio de libre administración hacendaria municipal. De manera que la omisión que se reclama le causa agravio al actor, toda vez que los montos reclamados ya habían sido asignados para los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.

c) Finalmente, de la obligación constitucional relativa a la entrega puntual, efectiva y completa de las participaciones y aportaciones federales a los Municipios, se deriva el deber de pagar intereses moratorios en el caso de entrega extemporánea de dichos recursos.

CUARTO.—Manifestaciones del Poder Legislativo Local. Por escrito depositado el diez de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Correos de México(1) y recibido el veintitrés de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, María Elisa Manterola Saínz, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz de Ignacio de la Llave, realizó las siguientes manifestaciones:

a) En relación a los hechos, el Poder Legislativo Local adujo que no le eran propios, por lo que ni los afirma ni los niega.

b) En la demanda se señaló como autoridad responsable a la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso Local; sin embargo, dicho órgano administrativo es inexistente dentro de la estructura orgánica del Poder Legislativo veracruzano, por lo que dicho Congreso no puede ser llamado a juicio.

c) El Poder Legislativo Local no goza de legitimación pasiva en el presente asunto por no haber pronunciado el acto que es objeto de la controversia, ni haber intervenido en el mismo, según la fracción II del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia.

d) Por todo lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia, relativa a la inexistencia del acto reclamado.

QUINTO.—Manifestaciones del Poder Ejecutivo Federal. Por escrito recibido el veintisiete de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal en representación del presidente de la República, realizó las siguientes manifestaciones:

a) El conflicto a resolver en la presente controversia constitucional se sitúa en el ámbito estatal y municipal, por lo que el mismo le es ajeno al Poder Ejecutivo Federal, ya que se impugna la omisión de ministrar recursos federales por parte del Poder Ejecutivo Local al Municipio actor.

b) El inciso b) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución General, además de consagrar el principio de libre administración de la hacienda municipal, regula las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de recursos federales y contiene diversas garantías financieras para fortalecer la autonomía municipal.

c) Tanto las participaciones como las aportaciones federales forman parte de dicha hacienda municipal, no obstante, la libertad hacendaria se encuentra limitada por las finalidades específicas de las aportaciones federales previstas en la Ley de Coordinación Fiscal.

d) Según el procedimiento de ministración regulado en la mencionada ley, misma que contiene el rubro del FISMDF impugnado en el presente asunto, una vez que el Ejecutivo Federal transfirió los recursos a las entidades federativas, la entrega a los Municipios le corresponde directamente a los Estados.

e) Derivado de lo anterior, ya que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público entregó al Gobierno de Veracruz oportunamente las aportaciones federales correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, el Ejecutivo Federal cumplió con su obligación, pues no es responsable de la ministración directa a los Municipios.

SEXTO.—Contestación a la demanda. Por escrito depositado el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Correos de la localidad, Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter de gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, como representante del Poder Ejecutivo de dicha entidad, contestó la demanda, exponiendo los razonamientos que siguen:

a) Los hechos identificados con los números 1 y 2 son ciertos, pero el restante ni se afirman ni se niegan, toda vez que no son propios de la administración pública estatal que tuvo inicio a partir del primero de diciembre de dos mil dieciséis.

b) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia, ya que la demanda se presentó fuera del plazo de treinta días que señala el artículo 21 de dicha normativa. Lo anterior, debido a que el plazo transcurrió a partir del día siguiente al en que el Municipio actor se percató de la supuesta retención de los recursos federales, por lo que dicho plazo transcurrió en exceso. En esa tesitura, el Municipio actor conocía las fechas en las que debió recibir los recursos federales que ahora reclama, por tanto, al no haberlas recibido en los plazos establecidos para ello, el cómputo del término para inconformarse concluyó sin que el interesado haya hecho valer su reclamo.

c) Se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia. Ello es así, en razón de que el pago de intereses al que alude el Municipio actor se encuentra previsto en la Ley de Coordinación Fiscal y en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado, no así en la Constitución General, por lo que los Municipios deberán dirigir sus inconformidades a la Legislatura del Estado. De modo que no existe afectación alguna a la esfera de su competencia y, en su caso, de existir violación en relación con su derecho de recibir el pago de intereses, no implica una violación directa a la Constitución General.

d) Finalmente, la Secretaría de Finanzas Estatal informó que están pendientes de pago los recursos del FISMDF correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, lo cual asciende a la cantidad de $4'964,418.24 (cuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho pesos 24/100 M.N.)

SÉPTIMO.—Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.

OCTAVO.—Escrito del Poder Ejecutivo Federal. Por escrito recibido el trece de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, Ricardo Celis Aguilar Álvarez, en su carácter de delegado del presidente de la República formuló diversos argumentos en forma de alegatos, reiterando punto por punto sus manifestaciones previas.

NOVENO.—Audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el seis de abril de dos mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por interpuestos los alegatos del Poder Ejecutivo Federal y se dispuso que se procederá a la elaboración del proyecto de resolución.

DÉCIMO.—Radicación. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de esta Suprema Corte, para su radicación y resolución, misma que se abocó a su estudio por auto de veintidós de ese mes y año.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución General; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 1o. de la ley reglamentaria de la materia, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Municipio de Hidalgotitlán y el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Precisión de la litis. En términos del artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia(2) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados. De la lectura integral de la demanda, esta Primera Sala tiene por impugnado lo siguiente:

• La omisión total por parte del Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación de ministrar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, cuyo monto ascendió a la cantidad de $6'421,710.00 (seis millones cuatrocientos veintiún mil setecientos diez pesos 00/100 M.N.).

• Los intereses que se generen en razón de dicha omisión.

Lo anterior, por las cantidades que se detallan a continuación:

Ver cantidades

TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003(3) tratándose de omisiones, la oportunidad se actualiza día con día. A continuación se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.

En la controversia constitucional 5/2004,(4) en la cual el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(5) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I de la ley reglamentaria.

En la controversia constitucional 20/2005,(6) el Municipio de Acapulco de Juárez demandó la invalidez del Oficio SFA/0442/04 de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(7) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

En la controversia constitucional 98/2011,(8) se analizó la oportunidad de una demanda en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(9)

En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

En la controversia constitucional 37/2012,(10) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia considera que este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que al acudir a recibirlos le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto de retención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas.(11) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.

En la controversia constitucional 67/2014,(12) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, combatió la no entrega de los recursos financieros que legalmente le corresponde recibir al Municipio actor por conducto del tesorero municipal Manuel César Sánchez Zabaleta desde la primera quincena de enero de dos mil catorce. Se estimó que ley reglamentaria de la materia, no señala plazo para la promoción de demanda de controversia contra omisiones, que implican un no hacer por parte de la autoridad, creando una situación permanente que se reitera día a día, permitiendo en cada una de esas actualizaciones la impugnación de dicho no actuar. Así, esta Suprema Corte concluyó que debe considerarse oportuna la presentación de la demanda el doce de junio de dos mil catorce, ya que el Municipio actor reclama de forma absoluta la falta de pago desde el mes de enero del mismo año.(13)

En la controversia constitucional 78/2014,(14) el Municipio de Tlaquiltenango, Estado de Morelos, demandó del Poder Ejecutivo Local 1) la retención o descuento de una parte de las participaciones federales municipales correspondientes al mes de julio de dos mil catorce; 2) la omisión de resarcir económicamente con motivo de la retención o descuento de las participaciones federales del pago de los intereses a partir del mes de julio; 3) la omisión de entregar las constancias de liquidación de participaciones federales al Municipio actor; 4) la omisión de informar detalladamente la forma y términos de cómo se entregaron las participaciones que corresponden a cada Municipio; 5) el descuento mensual del mes de julio y los subsecuentes. Respecto de los actos identificados con los numerales 1) y 2), la sentencia estima que se trata de actos y, particularmente relevante, que la omisión de pago de intereses se impugnó con motivo de la retención o descuento.(15)

Por otro lado, en relación con los actos 3) y 4) determina que son omisiones, pues el Municipio actor impugna de forma absoluta la falta de entrega de las constancias de liquidación de las participaciones, así como la omisión de informar cómo se han entregado dichas participaciones.(16) Finalmente por lo que hace al acto 5) debe tenerse en tiempo, toda vez que la autoridad demandada contestó que sí se encuentran programados descuentos de participaciones federales que deben aplicarse al Municipio actor.

En la controversia constitucional 73/2015,(17) el Municipio de Zitácuaro, Michoacán, demandó al Poder Ejecutivo lo siguiente: 1) la omisión de pago de las participaciones en ingresos federales y estatales para el ejercicio fiscal dos mil quince, correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de dos mil quince, 2) la omisión de pago del Fondo Estatal de los Servicios Públicos Municipales para el ejercicio fiscal de dos mil quince, y 3) respecto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de dos mil quince el adeudo que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. La sentencia determinó que se trataba de omisiones en virtud de que se impugna la falta absoluta de pago de distintos conceptos.

En la controversia constitucional 118/2014,(18) promovida por el Municipio de San Agustín Amatengo, Oaxaca, se analizó la oportunidad de la demanda en contra de: 1) la autorización y entrega de los recursos económicos municipales por concepto de participaciones y aportaciones federales respecto a los Ramos 28 y 33, fondos III y IV, incluyendo ajustes cuatrimestrales y cálculo de diferencias entre las cantidades pagadas en concepto de anticipos a cuenta y las participaciones determinadas provisionalmente por la Federación a José Ramírez, supuesto tesorero municipal de San Agustín Amatengo, Estado de Oaxaca, del uno de enero al veintisiete de junio de dos mil catorce; 2) la retención de recursos federales participables a partir del dos de diciembre de dos mil catorce. En relación con el acto 1) la sentencia consideró que se trataba de una entrega indebida,(19) por lo que le era aplicable el artículo 21, fracción I de la ley reglamentaria. Por lo que hace a los actos precisados en el numeral 2) la sentencia estimó que se trataba de una omisión, consistente en la falta de entrega de recursos municipales.(20)

De acuerdo con los anteriores precedentes, es posible advertir que la Suprema Corte ha tenido por actos positivos: a) los descuentos, b) los pagos parciales, c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales, y d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, se consideran omisiones la falta absoluta de entrega de los recursos. Además, en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, por lo que el cómputo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento, sea quincenal, mensual, etcétera. Respecto a los actos positivos el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, dispone que el plazo para la interposición de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(21) Por su parte, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento mientras subsistan.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, tal como se expuso en el apartado anterior, el Municipio actor reclama la omisión de entrega total de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis. Al valorarse como una omisión total de entrega, la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento y, por ende, a diferencia de lo expuesto por el Poder Ejecutivo Local en su contestación, la demanda se presentó en tiempo.

Este criterio fue respaldado por esta Primera Sala, al resolverse la controversia constitucional 108/2014 en sesión de once de enero de dos mil diecisiete.

CUARTO.—Legitimación activa. El actor es el Municipio de Hidalgotitlán y en su representación promueve la demanda Edsel Guillen Silvestre quien se ostenta con el carácter de síndico único municipal. Dicho carácter se acreditó con la copia certificada de la constancia de mayoría de síndico municipal,(22) la copia certificada de la Relación de Ediles que integrarán los Ayuntamientos del Estado de Veracruz publicada en el Diario Oficial Local el tres de enero de dos mil catorce,(23) así como copia certificada del acta de instalación y toma de posesión del Ayuntamiento de Hidalgotitlán para el periodo 2014-2017 de fecha de treinta y uno de diciembre de dos mil trece.(24)

Ahora bien, las fracciones I y II del artículo 37 de la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre, Veracruz,(25) disponen que los síndicos tendrán las atribuciones para procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigios en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad, así como representar legalmente al Ayuntamiento.

De acuerdo con las disposiciones anteriores y con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia,(26) el síndico único cuenta con la representación del Municipio y por tanto, tiene legitimación procesal para promover la presente controversia constitucional, cuestión que ha sido reconocida por este Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO."(27)

De lo anterior se desprende que conforme a la legislación local, el síndico único del Municipio de Hidalgotitlán tiene la representación jurídica en todos los procesos judiciales, por lo que procede reconocerle la representación para interponer el presente juicio. Asimismo, al ser dicho Municipio uno de los órganos enunciados en la fracción I del artículo 105 de la Constitución General, está facultado para intervenir en una controversia constitucional, por lo que cuenta con la legitimación activa necesaria para promoverla.

QUINTO.—Legitimación pasiva. En el auto de admisión de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis se tuvo como demandado al Poder Ejecutivo de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por un lado, el Poder Ejecutivo Local es uno de los órganos previstos en la fracción I del artículo 115 constitucional, por lo que está legitimado para intervenir en una controversia constitucional. Además, según la fracción II del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia,(28) tendrá carácter de demandado el Poder que hubiere pronunciado el acto objeto de la controversia. Dado que en el presente caso la omisión de ministrar las aportaciones federales mencionadas se le imputa a dicho Poder, se concluye que tiene legitimación pasiva en el presente asunto.

Por otro lado, dicho Poder fue representado por Miguel Ángel Yunes Linares, en su carácter gobernador y representante del Poder Ejecutivo de esa entidad, en términos de los artículos 42 y 49, fracción XVIII, de la Constitución Política del Estado de Veracruz,(29) quien además acreditó su personalidad con las copias certificadas de la Constancia de Mayoría de fecha de doce de junio de dos mil dieciséis, que le fue expedida por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz para el ejercicio constitucional del primero de diciembre de dos mil dieciséis al treinta de noviembre de dos mil dieciocho.(30)

SEXTO.—Causas de improcedencia. Procede analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

El Poder Legislativo hace valer en sus manifestaciones la causa de improcedencia contenida en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia,(31) respecto a la inexistencia de los actos impugnados. Lo anterior, debido a que el órgano señalado como responsable, denominado Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado, es inexistente dentro de la estructura orgánica del Poder Legislativo Local. Ello, aunado a que el Poder Legislativo de la entidad no tuvo intervención en los actos combatidos en el presente juicio.

Se desestima dicha causa de improcedencia, porque de las constancias que obran en el expediente, se concluye que dicho órgano no fue demandado en el presente asunto, sino que fue llamado a juicio en carácter de tercero interesado, mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis.

El Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz señaló que la controversia, es improcedente por extemporánea según lo dispuesto en la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción I del numeral 21 del mismo ordenamiento.(32) Ello, en virtud de que el Municipio actor conocía los términos en que debió recibir los recursos que reclama, por lo que el plazo legal de treinta días empezó a correr a partir del día siguiente al en que se publicaron los acuerdos por los cuales se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados que recibirá cada Municipio del Estado de Veracruz del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal para los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, contenidos en los números extraordinarios 064 de fecha de trece de febrero de dos mil catorce, 064 de fecha de trece de febrero de dos mil quince y 062 de fecha de doce de febrero de dos mil seis. Luego entonces, el plazo para interponer controversia transcurrió en exceso. No es óbice a lo anterior que la oportunidad de impugnar omisiones se actualice día con día mientras ésta subsista, puesto que la retención combatida en el presente caso consiste en una omisión que deriva de un acto positivo, por lo que no aplica la mencionada regla.

Esta Primera Sala desestima dicha causa de improcedencia, toda vez que lo efectivamente impugnado es la omisión total de ministrar los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, así como los intereses que se generaron en razón de dicha omisión. Luego entonces, si la oportunidad para impugnar dicho acto se actualiza día con día mientras

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28834-2d7770a5/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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