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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA [OMISIÓN DE PAGO RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, AL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, AL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE LA DEMANDA FUE PRESENTADA DE MANERA EXTEMPORÁNEA, AL HABERSE RECLAMADO UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, AL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, AL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, AL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A QUE LOS ACTOS IMPUGNADOS NO LE SON PROPIOS, AL CORRESPONDER EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN RECLAMADA AL PODER QUE REPRESENTA [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, AL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VIII. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SUS DIFERENCIAS [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, AL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Y DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, AL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, AL MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. XII. APORTACI

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 218/2019. · Registro digital (IUS): 29455
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-14
Promovente: MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo IV, Pág. 4106.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 218/2019. MUNICIPIO DE LAS VIGAS DE RAMÍREZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 27 DE NOVIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Lino Cruz Romero, como presidente municipal y María del Carmen Becerra Ramírez, en su carácter de síndica, ambos del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovieron controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de quien reclamaron lo siguiente:(1)

"IV. Actos reclamados

"1. De la autoridad señalada se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que se haya emitido para la realización de la indebida retención de las aportaciones y/o participaciones federales que le corresponden al Municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, por el concepto de Ramos Generales 28 y 33, en lo particular del:

"a) El FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016, por la cantidad de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100 M.N.), correspondientes a los meses de agosto y septiembre y octubre de 2016.

"b) El Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos cero centavos M.N.).

"c) En este caso, se reclama también el pago de los intereses generados por la omisión de pago de los recursos del FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016 y de los recursos del Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016. Pago de interés que deberá hacer a mi representada, hasta el día en que se haga pago total de dichas participaciones.

"Cantidades que fueron entregadas hace meses al Gobierno del Estado de Veracruz, por la secretaria de Hacienda y Crédito Público.

"2. Se reclama de la autoridad antes señalada la invalidez de cualquier orden para llevar a cabo los descuentos y retención indebida de las aportaciones y/o participaciones federales, que le corresponden al Municipio que representamos por concepto de Ramos Generales 28 y 33, y en particular del:

"a) El FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016, por la cantidad de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100 M.N.), correspondientes a los meses de agosto y septiembre y octubre de 2016.

"b) El Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos cero centavos M.N.).

"c) En este caso, se reclama también el pago de los intereses generados por la omisión de pago de los recursos del FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016 y de los recursos del Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016. Pago de interés que deberá hacer a mi representada, hasta el día en que se haga pago total de dichas participaciones.

"Cantidades que fueron entregadas hace meses al Gobierno del Estado de Veracruz, por la secretaria de Hacienda y Crédito Público.

"3. Se reclama la omisión de la autoridad aquí señalada como demandada, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, así como a lo dispuesto en el numeral sexto párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, toda vez que han sido omisas en entregar las aportaciones o participaciones federales por el concepto de Ramos Generales 28 y 33, y en lo particular del:

"a) El FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016, por la cantidad de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100 M.N.), correspondientes a los meses de agosto y septiembre y octubre de 2016.

"b) El Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos cero centavos M.N.).

"c) En este caso, se reclama también el pago de los intereses generados por la omisión de pago de los recursos del FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016 y de los recursos del Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016. Pago de interés que deberá hacer a mi representada, hasta el día en que se haga pago total de dichas participaciones.

"Cantidades que fueron entregadas hace meses al Gobierno del Estado de Veracruz, por la secretaria de Hacienda y Crédito Público.

"4. Se declare en la sentencia que se pronuncie en la controversia constitucional que ahora inicio, la obligación de las autoridades demandadas de restituir y entregar las cantidades que inconstitucionalmente han detenido a las aportaciones y/o participaciones federales, que corresponden al Municipio que representamos, provenientes del fondo por el concepto de Ramos Generales 28 y 33, y en lo particular del:

"a) El FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016, por la cantidad de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100 M.N.), correspondientes a los meses de agosto y septiembre y octubre de 2016.

"b) El Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016, por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos cero centavos M.N.).

"c) En este caso, se reclama también el pago de los intereses generados por la omisión de pago de los recursos del FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) del año 2016 y de los recursos del Fondo General de Participaciones, relación 6, participaciones junio 2016. Pago de interés que deberá hacer a mi representada, hasta el día en que se haga pago total de dichas participaciones.

"Cantidades que fueron entregadas hace meses al Gobierno del Estado de Veracruz, por la secretaria de Hacienda y Crédito Público. ..."(2)

2. SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del asunto narrados en la demanda, son los siguientes:

• El Municipio de Las Vigas de Ramírez es parte integrante de la división territorial, así como de la organización política y administrativa del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en términos de lo dispuesto en los artículos 3o. y 68 de la Constitución Política de esa entidad federativa.

• El dos de enero de mil novecientos setenta y nueve, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la Federación y el Estado de Veracruz celebraron el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, publicado el veintiocho de diciembre de ese año, por lo que a partir de la entrada en vigor del convenio se desincorporó de la esfera competencial del Congreso Local la atribución de crear contribuciones que recayeran sobre hechos imponibles gravados por leyes federales, en tanto la Federación se obligó a entregar al Estado de Veracruz y a sus Municipios las participaciones que les correspondiesen, en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y el presupuesto de egresos de la Federación, correspondiendo a la Legislatura Local establecer su distribución entre los Municipios en una normatividad general.

• Como consecuencia de lo anterior, el Municipio actor tiene derecho a recibir las participaciones que la Federación envía por conducto del Estado de Veracruz, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en el que sean recibidos por la entidad federativa y el retraso en su entrega da lugar al pago de intereses de conformidad con los artículos 6o., párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave.

• Aunque el Gobierno de Veracruz recibió oportunamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las aportaciones federales, incurrió sin justificación alguna en la omisión absoluta de entregarlas al Municipio actor, sin que a la fecha haya regularizado su entrega, en específico las relativas a los meses de agosto, septiembre y octubre del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, con lo cual impide al Municipio actor acceder al ingreso al que tiene derecho y, por tanto, lo imposibilita para atender sus funciones constitucionalmente encomendadas.

• El Municipio actor ha realizado llamados y requerimientos con el propósito de que el Gobierno del Estado pague las cantidades correspondientes al FISMDF, por la cantidad de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100, moneda nacional) correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. Se esgrimieron, en síntesis, los conceptos de invalidez siguientes:

• La autoridad demandada, al omitir de forma absoluta la entrega de los fondos federales viola el principio de integridad de los recursos municipales, aunado a que no existe justificación para que éstos no se entreguen en forma completa, transgrediéndose así también la libertad de administración hacendaria prevista en el artículo 115, fracción IV, constitucional.

• No existe por parte del Municipio actor alguna manifestación de voluntad para que las autoridades estatales omitan la entrega de recursos, ni algún convenio con el demandado a fin de comprometer los montos correspondientes. De ahí que al no recibir los recursos demandados, se transgrede, en perjuicio del Municipio actor, el principio de autonomía financiera.

• La entrega extemporánea de los recursos genera el pago de intereses.

• De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Federal, la intervención de la autoridad demandada respecto de los fondos de participaciones que por ley corresponden a los Municipios es de mediación, control y supervisión de su manejo, pero no de disposición, suspensión o retención.

• El Gobierno del Estado de Veracruz no tiene facultades para retener el entero de los fondos de aportaciones del Ramo 33, por lo que la omisión de entregarlos de manera puntual transgrede los principios de integridad y libre administración de los recursos económicos municipales y violenta el Sistema Federal de Coordinación Fiscal, así como el diverso principio de reserva de fuentes de ingreso a los Municipios, referente a que éstos tendrán asegurados los recursos necesarios para atender sus necesidades y responsabilidades públicas.

• La controversia constitucional resulta oportuna, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 43/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA MIENTRAS AQUELLAS SUBSISTAN."

• Derivado de la omisión de entregar los recursos, y con plenitud de jurisdicción, la Suprema Corte habrá de determinar con precisión la tasa de interés que deberá cubrir el Estado de Veracruz, a efecto de que no se mal interprete el contenido del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. En específico, será necesario que se precise si la tasa de interés aplicable es la vigente en la fecha en que se dejaron de entregar los recursos, o la vigente en la fecha en que se dicte la sentencia en la controversia constitucional.

4. CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos que la parte actora estima violados son los artículos 14, 16, 17, 20, 40, 41, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. QUINTO.—Trámite de la controversia y admisión de la demanda. Por acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la controversia constitucional con el número de expediente 218/2019 y ordenó turnar el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.(3)

6. Mediante proveído de once de junio de dos mil diecinueve, la Ministra instructora tuvo por presentada la demanda únicamente por lo que ve a la síndica municipal, determinó admitirla a trámite, tuvo como demandado al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y ordenó su emplazamiento, así como dar vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República.(4)

7. SEXTO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Mediante escrito presentado el tres de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad dio contestación a la demanda.(5)

8. En esencia, el demandado alegó que la controversia constitucional resultaba improcedente toda vez que el Municipio accionante no había agotado la vía legalmente prevista en la Ley de Coordinación Fiscal para resolver el conflicto en primer término, sin que en el caso se actualizara el supuesto de excepción al principio de definitividad, consistente en la transgresión directa de la Constitución o la invasión de esferas competenciales del Municipio.

9. Por otro lado, afirmó que también se actualizaba la improcedencia del presente procedimiento, toda vez que los actos reclamados habían dejado de surtir sus efectos, puesto que los recursos reclamados correspondían al ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, el cual evidentemente ya había concluido, sin que el Municipio actor hubiere acreditado que los recursos provenientes de las aportaciones federales reclamadas ya hubieran sido comprometidos a fin de que tengan una ultra-actividad para los ejercicios fiscales subsecuentes, por lo que, de ordenarse el pago de estos recursos en favor del Municipio, se contravendría el principio de anualidad presupuestal.

10. Además, el poder demandado manifestó que ante una eventual condena, debía concederse un plazo prudente, razonable y adecuado, para cumplir con la ejecutoria de un modo que no se desatendieran compromisos y obligaciones programados por la entidad veracruzana para el ejercicio fiscal vigente.

11. En otro orden de ideas, la parte demandada señaló que la controversia constitucional también era improcedente por extemporánea, actualizándose así la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia. Esto debido a que la demanda debió presentarse dentro del plazo de treinta días siguientes a aquel en el que el actor tuvo conocimiento del acto combatido, esto es, a partir del día siguiente en que feneció el plazo establecido al Estado por la Ley de Coordinación Fiscal para realizar la entrega de los recursos al Municipio actor, aunado a que éste siempre tuvo pleno conocimiento de la calendarización de la entrega de las ministraciones.

12. Precisó que no se podía aplicar el criterio referente a que tratándose de omisiones, la oportunidad para la promoción de la demanda se actualiza de momento a momento, pues la omisión combatida derivó de un acto positivo consistente en la recepción por parte del Ejecutivo del Estado de los recursos reclamados.

13. Respecto a los conceptos de invalidez, el demandado precisó que de existir algún derecho en favor del promovente, éste recaería únicamente respecto de las cantidades que no le hubieren sido entregadas o transferidas, lo cual demostraría con las documentales que en su momento aportaría a la controversia constitucional.

14. SÉPTIMO.—Pruebas del Poder Ejecutivo de Veracruz. Mediante oficio recibido en esa misma fecha –tres de septiembre de dos mil diecinueve– en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscrito por la directora general jurídica de la Secretaría de Gobierno y delegada del Poder Ejecutivo de Veracruz, se remitieron diversas pruebas documentales, consistentes, básicamente, en el informe de pagos y adeudos que la Tesorería de esa entidad federativa tenía registrados respecto del Municipio actor, así como los reportes de operaciones bancarias que demostraban las trasferencias de recursos efectivamente realizadas.(6)

15. OCTAVO.—Pedimentos del consejero jurídico del Ejecutivo Federal y de la Fiscalía General de la República. Tanto el consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal, como el fiscal general de la República se abstuvieron de formular pedimento en el presente asunto.

16. NOVENO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se admitieron las pruebas documentales ofrecidas durante la instrucción, se tuvieron por formulados los alegatos hechos valer por el delegado del Municipio actor y se puso el expediente en estado de resolución.(7)

17. DÉCIMO.—Avocamiento. Mediante proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Primera Sala determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto, por lo que ordenó enviar los autos a la ponencia de la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(8)

CONSIDERANDO:

18. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se plantea un conflicto entre un Municipio del Estado Veracruz de Ignacio de la Llave y el Poder Ejecutivo de dicha entidad, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

19. SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional.

20. En el apartado denominado "acto reclamado" el Municipio actor señaló como tal la invalidez de cualquier orden, instrucción, autorización o aprobación emitida para retener indebidamente, así como el incumplimiento de la obligación a cargo del poder demandado, consistente en entregar al Municipio actor los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por la cantidad de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100, moneda nacional) correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, así como la omisión de entregar los recursos que le corresponden del Fondo General de Participaciones, por el mes de junio de dos mil dieciséis, que ascienden a la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100, moneda nacional); el pago de intereses generados por el retraso injustificado en la entrega de dichos recursos y la declaratoria de que la autoridad demandada ha retenido indebidamente los recursos indicados.

21. Valorando el escrito de demanda en su integridad, se estima que si bien el Municipio actor refirió que impugnaba las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones llevadas a cabo para la indebida retención de ciertos recursos públicos, advirtiendo la causa de pedir, se llega a la conclusión que lo que realmente reclamó no fueron actos específicos de descuento o retención, sino la omisión total de entrega de dichos recursos, puesto que el Municipio actor puso de manifiesto que hasta la fecha de la presentación de su demanda no había recibido dichos recursos.

22. Así, esta Primera Sala considera que lo efectivamente impugnado es la omisión total del Ejecutivo del Estado de Veracruz de ministrar los recursos económicos correspondientes al Municipio accionante por concepto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por la cantidad de $3'395,377.06, (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100, moneda nacional) correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis y del Fondo General de Participaciones, por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100, moneda nacional), que corresponden al mes de junio de dos mil dieciséis, así como los intereses por el retraso en la transferencia de esos recursos.(9)

23. TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

24. Al respecto, es de destacar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido reiterativa en torno al criterio de tener por actos positivos: a) los descuentos; b) los pagos parciales; c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales; y, d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, ha sostenido que configura una omisión la falta absoluta de entrega de los recursos. Además, ha precisado que en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, por lo que el cómputo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento, sea quincenal, mensual, etcétera(10).

25. Respecto a los actos positivos el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.(11) Por el contrario, cuando lo que se impugna son omisiones, este Alto Tribunal ha establecido que la oportunidad se actualiza de momento a momento mientras subsistan.

26. En el caso en análisis el Municipio actor impugna un acto omisivo por parte del Ejecutivo del Estado de Veracruz consistente en la falta de entrega de la cantidad de $3'395,377.06 (tres millones trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 06/100, moneda nacional) perteneciente a aportaciones federales, específicamente al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por los meses de agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, y la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100, moneda nacional), del Fondo General de Participaciones, que corresponde al mes de junio, de ese mismo ejercicio fiscal de dos mil dieciséis.

27. En esa tesitura se estima que el acto impugnado constituye una omisión total puesto que lo reclamado por el Municipio actor es la falta de entrega absoluta de las cantidades referidas. Por tanto, si la oportunidad para impugnar las omisiones absolutas se actualiza de momento a momento, resulta que la presente controversia constitucional fue presentada en tiempo.

28. Lo anterior máxime cuando en el caso de aportaciones y participaciones federales su entrega se prevé directamente en la Constitución Federal de manera anual, esto de manera sucesiva en los ejercicios fiscales.(12)

29. Por estas razones, debe desestimarse la causal de improcedencia planteada por el Poder Ejecutivo en cuanto alega que la demanda resulta extemporánea toda vez que el Municipio actor tuvo conocimiento de la retención o falta de pago desde la fecha límite en la que le debieron ser entregados los recursos, constituyendo lo impugnado un acto positivo.

30. En ese sentido debe precisarse que el solo vencimiento de la fecha en la que el Estado debió entregar las cantidades al Municipio, no torna en un acto positivo la falta de entrega de dichos recursos, pues la conducta que se reclama sigue siendo la misma, la omisión absoluta de ministrarlos; de ahí que se actualice el supuesto de oportunidad definido en los párrafos anteriores.

31. CUARTO.—Legitimación activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo siguiente:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

"...

"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."

32. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia señalan, expresamente, lo siguiente:

"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."

"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."

33. De los preceptos legales reproducidos se desprende, sustancialmente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios en relación con la constitucionalidad de sus actos, y que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la cual deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.

34. En el presente caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por María del Carmen Becerra Ramírez, en su carácter de síndica del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Las Vigas de Ramírez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien demostró tener tal carácter mediante la copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección, expedida por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz el siete de junio de dos mil diecisiete.(13)

35. Cabe señalar que dicha funcionaria cuenta con facultades suficientes para representar al Municipio actor de conformidad con el artículo 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, tal como se advierte de dicho precepto normativo:

"Artículo 37. Son atribuciones del síndico:

"I. Procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigios en los que fuere parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el síndico requiere la autorización previa del Cabildo;

"II. Representar legalmente al Ayuntamiento;

"III. a XIV."

36. En ese sentido, se concluye que la persona que suscribe la demanda se encuentra legitimada para promover la presente controversia constitucional en representación del Municipio actor, en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.

37. QUINTO.—Legitimación pasiva. La autoridad a la que se le reconoció el carácter de demandada fue al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

38. En el caso, compareció en representación del Poder Ejecutivo demandado Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su calidad de secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien acreditó tal carácter con la copia certificada del nombramiento expedido por el gobernador del Estado, el uno de diciembre de dos mil dieciocho.(14)

39. Sobre el particular, deben tenerse presentes los artículos 49, fracciones XVIII y XXIII, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 8, fracción X, 9, fracción I, y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 15, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como al acuerdo delegatorio que autoriza al secretario de Gobierno y al subsecretario jurídico y de Asuntos Legislativos a representar al titular del Ejecutivo Estata

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29455-be5d423e/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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