I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN CUANDO SE IMPUGNAN DESCUENTOS, PAGOS PARCIALES, INTERESES POR DESCUENTO O PAGOS PARCIALES Y NEGATIVA DE ENTREGA DE RECURSOS, ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), AL MUNICIPIO DE CHALMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA OMISIÓN DE ENTREGA DE APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES DE UN ESTADO A UN MUNICIPIO ES IMPUGNABLE MIENTRAS SUBSISTA [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), AL MUNICIPIO DE CHALMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN LA QUE ADUCE QUE LA DEMANDA FUE PRESENTADA DE MANERA EXTEMPORÁNEA, AL HABERSE RECLAMADO UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PROVENIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), AL MUNICIPIO DE CHALMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), AL MUNICIPIO DE CHALMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA OMISIÓN TOTAL DE ENTREGA DE RECURSOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO ACTOR [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), AL MUNICIPIO DE CHALMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. VII. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), AL MUNICIPIO DE CHALMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. IX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SE CONFIGURA LA OMISIÓN DE PAGO SI LA PARTE DEMANDADA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL ADMITE EXPRESAMENTE EN AUTOS QUE ESTÁN PENDIENTES DE CUBRIR LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR AQUEL CONCEPTO [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), AL MUNICIPIO DE CHALMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE]. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA OMISIÓN DE PAGO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES RESPECTO DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL QUE LO VINCULA PARA QUE EN UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ENTREGUE LAS CANTIDADES ADEUDADAS Y LOS INTERESES QUE SE HAYAN GENERADO Y, EN CASO DE LOS ENTERADOS EXTEMPORÁNEAMENTE, QUEDE INCÓLUME LA CONDENA DEL PAGO DE INTERESES [OMISIÓN DE PAGO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), AL MUNICIPIO DE CHALMA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 127/2019. MUNICIPIO DE CHALMA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 9 DE OCTUBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: EDUARDO ARANDA MARTÍNEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día nueve de octubre de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosendo Sánchez Flores, en su carácter de síndico del Ayuntamiento del Chalma, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovió controversia constitucional en los términos que enseguida se transcriben:(1)
"Órgano demandado:
"a) Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ...
"b) Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave ...
"Acto reclamado:
"a) Las entregas retrasadas por parte del demandado de las aportaciones federales correspondientes al Fondo de Infraestructura Social Municipal de los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2016 que le corresponden al Municipio actor y que hasta la fecha de presentación de la demanda se siguen adeudando.
"b) La omisión del demandado de regularizar las entregas de las aportaciones federales que le corresponden al Municipio actor, en los tiempos que establece la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Número 251 que crea el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal y Establece las Bases, Montos y Plazos a los que se sujetarán las aportaciones federales.
"c) La omisión del demandado de resarcirle económicamente al Municipio actor, con motivo del retraso de la entrega de las aportaciones federales comprendidas de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016, conforme a lo previsto por los artículos 6o., segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal vigente en el 2016 y 10 de la Ley Número 251 del Estado de Veracruz, es decir el pago de intereses correspondientes por los meses de atraso hasta su total liquidación."
2. SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes del asunto narrados en la demanda, son los siguientes:
• El dos de enero de mil novecientos sesenta y nueve, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la Federación y el Estado de Veracruz celebraron el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, publicado el veintiocho de diciembre de ese año, por lo que a partir de la entrada en vigor del convenio se desincorporó de la esfera competencial del Congreso Local la atribución de crear contribuciones que recayeran sobre hechos imponibles gravados por leyes federales, en tanto la Federación se obligó a entregar al Estado de Veracruz y a sus Municipios las participaciones que les correspondiesen, en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y el presupuesto de egresos de la Federación, correspondiendo a la Legislatura Local establecer su distribución entre los Municipios en una normatividad general.
• Como consecuencia de lo anterior, el Municipio actor tiene derecho a recibir las participaciones que la Federación envía por conducto del Estado de Veracruz, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en el que sean recibidos por la entidad federativa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el retraso en su entrega da lugar al pago de intereses de conformidad con los artículos 6o., párrafo segundo, de la Ley de Coordinación Fiscal y 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave.
• Aunque el Gobierno de Veracruz recibió oportunamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las aportaciones federales, incurrió, sin justificación alguna en la omisión absoluta de entregarlas al Municipio actor, sin que a la fecha haya regularizado su entrega, en específico la de las relativas los meses de agosto, septiembre y octubre del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, con lo cual impide al Municipio actor acceder al ingreso al que tiene derecho y, por tanto, lo imposibilita para atender sus funciones constitucionalmente encomendadas.
• Hasta la fecha se ha retenido al Municipio actor la cantidad de $4'358,324.00, por concepto de FISMDF correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis.
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. Se esgrimieron, en síntesis, los conceptos de invalidez siguientes:
• La autoridad demandada, al omitir de forma absoluta la entrega de los fondos federales viola el principio de integridad de los recursos municipales, aunado a que no existe justificación para que éstos no se entreguen en forma completa, transgrediéndose así también la libertad de administración hacendaria prevista en el artículo 115, fracción IV, constitucional.
• La entrega extemporánea de los recursos genera el pago de intereses.
• De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Federal, la intervención de la autoridad demandada respecto de los fondos de participaciones que, por ley corresponden a los Municipios es de mediación, control y supervisión de su manejo, pero no de disposición, suspensión o retención.
• El Gobierno del Estado de Veracruz no tiene facultades para retener el entero de los fondos de aportaciones del Ramo 33, por lo que la omisión de entregarlos de manera puntual transgrede los principios de integridad y libre administración de los recursos económicos municipales, además del sistema federal de coordinación fiscal.
4. CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos que la parte actora estima violados son los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
5. QUINTO.—Trámite de la controversia y admisión de la demanda. Por acuerdo de doce de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la controversia constitucional con el número de expediente 127/2019 y ordenó turnar el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.(2)
6. Mediante proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como demandado únicamente al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ordenó su emplazamiento, así como dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.(3)
7. SEXTO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Mediante escrito depositado el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve en la Oficina de Correos de México, el cual fue recibido el seis de junio siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en representación del Poder Ejecutivo del Estado, dio contestación a la demanda.(4)
8. En esencia, el demandado alegó que la controversia constitucional resultaba extemporánea, actualizándose así la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria de la materia. Esto debido a que la demanda debió presentarse dentro del plazo de treinta días siguientes a aquel en el que el actor tuvo conocimiento del acto combatido, esto es, a partir del día siguiente a aquel en que feneció el plazo establecido al Estado por la Ley de Coordinación Fiscal para realizar la entrega de los recursos al Municipio actor, aunado a que éste siempre tuvo pleno conocimiento de la calendarización de la entrega de las ministraciones.
9. Precisó que no se podía aplicar el criterio referente a que tratándose de omisiones, la oportunidad para la promoción de la demanda se actualiza de momento a momento, pues la omisión combatida derivó de un acto positivo consistente en la recepción por parte del Ejecutivo del Estado de los recursos reclamados.
10. Además sostuvo que la controversia constitucional resultaba improcedente, toda vez que el Municipio accionante no había agotado la vía legalmente prevista para resolver en primer término aquellos incumplimientos derivados de la Ley de Coordinación Fiscal, sin que se actualice el supuesto de excepción consistente en la transgresión directa de la Constitución o la invasión de esferas competenciales del Municipio.
11. Por otro lado, afirmó que también se actualizaba la improcedencia del presente procedimiento, toda vez que los actos reclamados habían dejado de surtir sus efectos, puesto que los recursos reclamados correspondían al ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis, el cual evidentemente ya había concluido, sin que el Municipio actor hubiere acreditado que los recursos provenientes de las aportaciones federales reclamadas ya hubieran sido comprometidos a fin de que tengan una ultra-actividad para los ejercicios fiscales subsecuentes, por lo que, de ordenarse el pago de estos recursos en favor del Municipio, se contravendría el principio de anualidad presupuestal.
12. Respecto a los conceptos de invalidez, el demandado no hizo pronunciamiento alguno, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia antes referida; sin embargo, precisó que de existir algún derecho en favor del promovente, éste recaería únicamente respecto de las cantidades que no le hubieren sido entregadas o transferidas, lo cual demostró con las documentales que anexó a su escrito de contestación.
13. SÉPTIMO.—Vista a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal. Por acuerdo de siete de junio de dos mil diecinueve, la Ministra instructora tuvo por recibida la contestación de la demanda y con ella, ordenó dar vista al Municipio actor, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal.(5)
14. OCTAVO.—Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el ocho de agosto de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se admitieron las pruebas ofrecidas durante la instrucción, y ante la ausencia de alegatos, se puso el expediente en estado de resolución.(6)
15. NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por la Ministra ponente, mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de la Primera Sala determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto, por lo que ordenó enviar los autos a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(7)
CONSIDERANDO:
16. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, en virtud de que se plantea un conflicto entre un Municipio del Estado Veracruz de Ignacio de la Llave y el Poder Ejecutivo de dicha entidad, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal en Pleno.
17. SEGUNDO.—Precisión de los actos impugnados. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a precisar los actos que son objeto de la controversia constitucional.
18. En el apartado denominado actos cuya invalidez se demanda, el Municipio actor señaló como tales la omisión de pago del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por la cantidad de $4'358,324.00 correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis, así como la omisión de pago de los intereses por el retraso injustificado de la transferencia de dichos recursos.
19. En esa tesitura esta Primera Sala advierte que lo efectivamente impugnado por el Municipio promovente, es la omisión total en la que incurrió el Ejecutivo del Estado al abstenerse de ministrar dichos recursos económicos, así como el pago de los intereses generados como consecuencia de dicha omisión.(8)
20. TERCERO.—Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que conforme a la tesis P./J. 43/2003(9) tratándose de omisiones la oportunidad se actualiza día con día.
21. Al respecto, es de destacar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido reiterativa en torno al criterio de tener por actos positivos: a) los descuentos; b) los pagos parciales; c) el reclamo de intereses con motivo de descuentos o pagos parciales; y, d) la negativa expresa del Estado de entregar los recursos a personas determinadas. Por otro lado, ha sostenido que configura una omisión la falta absoluta de entrega de los recursos. Además, ha precisado que en una misma demanda se pueden reclamar actos positivos u omisiones, por lo que el cómputo debe hacerse de manera independiente según el tipo de vencimiento, sea quincenal, mensual, etcétera.(10)
22. Respecto a los actos positivos el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia dispone que el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente a aquel en que: a) conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) el actor se ostente sabedor de los mismos.(11) Por su parte, se reitera que la oportunidad para impugnar omisiones se actualiza de momento a momento mientras subsistan.
23. En el caso en análisis el Municipio actor impugna un acto omisivo por parte del Ejecutivo del Estado de Veracruz consistente en la falta de entrega de la cantidad de $4'358,324.00 perteneciente a aportaciones federales, específicamente al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), por los meses de agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
24. En esa tesitura se estima que el acto impugnado constituye una omisión total puesto que lo reclamado por el Municipio actor es la falta de entrega absoluta de la cantidad referida. Por tanto, si la oportunidad para impugnar las omisiones absolutas se actualiza de momento a momento, resulta que la presente controversia constitucional fue presentada en tiempo.
25. Lo anterior máxime cuando en el caso de aportaciones y participaciones federales su entrega se prevé directamente en la Constitución Federal de manera anual, esto de manera sucesiva en los ejercicios fiscales.(12)
26. Por estas razones, debe desestimarse la causal de improcedencia planteada por el Poder Ejecutivo en cuanto alega que la demanda resulta extemporánea toda vez que el Municipio actor tuvo conocimiento de la retención o falta de pago desde la fecha límite en la que le debieron ser entregados los recursos, constituyendo lo impugnado un acto positivo.
27. En ese sentido debe precisarse que el solo vencimiento de la fecha en la que el Estado debió entregar las cantidades al Municipio, no torna en un acto positivo la falta de entrega de dichos recursos, pues la conducta que se reclama sigue siendo la misma, la omisión absoluta de ministrarlos, de ahí que se actualice el supuesto de oportunidad definido en los párrafos anteriores.
28. CUARTO.—Legitimación activa. Por cuanto hace a la legitimación activa, debe tenerse presente que el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"i) Un Estado y uno de sus Municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales."
29. Por su parte, los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, ambos de la ley reglamentaria de la materia señalan, expresamente, lo siguiente:
"Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:
"I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia."
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
"En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario."
30. De los preceptos legales reproducidos se desprende, sustancialmente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las controversias constitucionales que se susciten entre un Estado y uno de sus Municipios en relación con la constitucionalidad de sus actos, y que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, la cual deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que, en términos de la norma que lo rige, esté facultado para representarlo.
31. En el presente caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Rosendo Sánchez Flores, en su carácter de síndico del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Chalma, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien demostró tener tal carácter mediante la copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección expedida por el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz el siete de junio de dos mil diecisiete.(13)
32. Cabe señalar que dicho funcionario cuenta con facultades suficientes para representar al Municipio actor de conformidad con el artículo 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, tal como se advierte de dicho precepto normativo:
"Artículo 37. Son atribuciones del síndico:
"I. Procurar, defender y promover los intereses del Municipio en los litigio (sic) en los que fuere parte, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso, rendir informes, promover el juicio de amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el síndico requiere la autorización previa del Cabildo;
"II. Representar legalmente al Ayuntamiento."
33. En ese sentido, se concluye que quien suscribe la demanda se encuentra legitimado para comparecer a la presente controversia constitucional en representación del Municipio actor, en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.
34. QUINTO.—Legitimación pasiva. La autoridad a la que se le reconoció el carácter de demandada fue al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
35. En el caso, compareció en su representación Eric Patrocinio Cisneros Burgos, en su calidad de secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, quien acreditó tal carácter con la copia certificada del nombramiento expedido por el gobernador del Estado, el uno de diciembre de dos mil dieciocho.(14)
36. Sobre el particular, deben tenerse presentes los artículos 48, fracciones XVIII y XXIII, de la Constitución Política del Estado de de Veracruz de Ignacio de la Llave; 8, fracción X, 9, fracción I, y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 15, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como al acuerdo delegatorio que autoriza al secretario de Gobierno y al subsecretario jurídico y de Asuntos Legislativos a representar al titular del Ejecutivo Estatal, así como al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, cuyo contenido es el siguiente:
Constitución Política del Estado de de Veracruz de Ignacio de la Llave
"Artículo 49. Son atribuciones del gobernador del Estado:
"...
"XVIII. Representar al Estado, para efectos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal;
"...
"XXIII. Las demás que la Constitución Federal, esta Constitución, las leyes federales y las del Estado le otorguen."
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
"Artículo 8. El titular del Poder Ejecutivo, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, podrá:
"...
"X. Designar a quien lo represente en las controversias a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, y en los demás juicios en que intervenga con cualquier carácter; así como a quien lo represente ante el Congreso del Estado, para efectos de lo previsto en los artículos 35, fracción III y 36, ambos de la Constitución Política del Estado."
"Capítulo II
"De la administración pública centralizada
"Artículo 9. Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la administración pública centralizada, el titular del Poder Ejecutivo contará con las siguientes dependencias:
"I. Secretaría de Gobierno."
"Artículo 17. La Secretaría de Gobierno es la dependencia responsable de coordinar la política interna de la entidad y tendrá la competencia que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, esta ley y demás legislación aplicable."
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
"Artículo 15. El titular de la secretaría tendrá las facultades siguientes:
"...
"XXXII. Representar legalmente al Gobierno del Estado y al gobernador ante cualquier instancia administrativa, legislativa, fiscal o jurisdiccional, de carácter federal, estatal o municipal, e intervenir en toda clase de juicios en que sea parte, incluyendo el juicio de amparo, por sí o por conducto de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos y/o su Dirección General Jurídica prevista en este reglamento; así como presentar denuncias o querellas penales, coadyuvar con el Ministerio Público o la Fiscalía General, contestar y reconvenir demandas, oponer excepciones, comparecer en las audiencias, ofrecer y rendir pruebas, presentar ale-gatos, nombrar delegados o autorizados en los juicios en que sea parte, recibir documentos y formular otras promociones en juicios civiles, fiscales, administrativos, laborales, penales o de cualquier otra naturaleza, intervenir en actos y procedimientos en general, recusar Jueces o Magistrados, e interponer todo tipo de recursos."
Acuerdo delegatorio
"Primero. Se delega y autoriza a los titulares de la Secretaría de Gobierno y de la Subsecretaría Jurídica y de Asuntos Legislativos, para que de forma conjunta o separada en nombre y representación del Gobierno del Estado, así como en nombre y representación del titular del Poder Ejecutivo, se apersonen y representen con todas las facultades, interpongan medios de defensa y en general, realicen todo tipo de trámites en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en las que intervengan el Poder Ejecutivo y el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con cualquier carácter."
"Segundo. El presente acuerdo delegatorio se expide sin perjuicio de que el titular del Ejecutivo ejerza por sí mismo las facultades que le otorga la normatividad vigente de la materia."
37. De lo transcrito se advierte que el Poder Ejecutivo Local tiene la atribución de designar a su representante tratándose de controversias constitucionales, pero además que el titular de la Secretaría de Gobierno está facultado para representar al gobernador del Estado ante cualquier instancia jurisdiccional, aunado a que el propio Ejecutivo Local lo autorizó para representarlo en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
38. En consecuencia, es de concluirse que el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuenta con legitimación para comparecer a la presente controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa.
39. SEXTO.—Causas de improcedencia. Además de la causal de improcedencia relacionada con la extemporaneidad de la demanda, misma que quedó debidamente abordada en el capítulo relativo a la oportunidad, el Ejecutivo del Estado hace valer dos causales más relacionadas con la falta de agotamiento de la vía legalmente prevista para la solución de la controversia y la cesación de los actos reclamados.
40. En relación con la falta de agotamiento de la vía legal, el artículo 19, fracción VI, de la ley reglamentaria de la materia establece que la controversia constitucional será improcedente cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto.(15)
41. Sin embargo, este Alto Tribunal ha establecido que dicha improcedencia no se actualiza cuando lo que se alegue en la controversia sea la violación directa a la Constitución General, pues en dicho supuesto no es necesario que el afectado agote previamente el referido recurso, ya que ante la trascendencia de la violación reclamada, es posible acudir directamente al medio de regularidad constitucional.(16)
42. En consecuencia, en el presente asunto debe declararse infundada la referida causal hecha valer por el Ejecutivo Local, pues precisamente lo que el Municipio actor sostiene es que los actos impugnados generaron una violación directa a la Constitución General, específicamente al artículo 115, fracción IV, pues la retención indebida de los recursos federales, vulneró los principios de integridad de los recursos y libre hacienda municipal.
43. Lo mismo debe decirse respecto de la supuesta cesación de efectos de los actos impugnados. El Ejecutivo Local alega que los actos reclamados han cesado sus efectos toda vez que los recursos que se reclaman correspondían al ejercicio fiscal del año dos mil dieciséis el cual obviamente se encuentra concluido, por lo que no es posible realizar actualmente la entrega de dichos recursos, pues con ello se estaría vulnerando el principio de anualidad presupuestal, máxime cuando el Municipio no acreditó que tales recursos ya estuvieran comprometidos.
44. Debe decirse que no asiste la razón al poder demandado, puesto que pierde de vista que el acto impugnado en la presente controversia es una omisión total de entrega de los recursos pertenecientes al Municipio.
45. En esa tesitura, tal y como quedó expuesto en el considerando relativo a la oportunidad de la demanda, el Tribunal Pleno ha sostenido de manera consistente que los efectos de las omisiones se actualizan de momento a momento y persisten en el tiempo hasta que dicha omisión desaparezca; es decir, hasta que se entreguen los recursos reclamados.
46. En consecuencia, si el Municipio actor afirma que a la fecha, las cantidades correspondientes al Fondo de Infraestructura Municipal atinentes a los meses de agosto, septiembre y octubre de dos mil dieciséis no han sido entregadas, debe entonces estimarse que dicha omisión sigue surtiendo sus efectos hasta el día de hoy y seguirán hasta en tanto no se entreguen, cuestión que precisamente habrá de analizarse en el fondo de la presente controversia, de ahí que no sea posible estimar que en el caso han cesado los efectos del acto impugnado.
47. SÉPTIMO.—Estudio de fondo. De conformidad con lo precisado en los apartados anteriores, la materia de la presente controversia constitucional es determinar si el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave ha incurrido en la omisión en la entrega de los recursos económicos reclamados por el Municipio actor.
48. Para analizar esta cuestión se retoman los precedentes que han resuelto, tanto el Tribunal Pleno como esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal en materia de hacienda municipal.(17)
49. En efecto, se ha sostenido que la fracción IV del artículo 115 constitucional establece un conjunto de previsiones con el objeto de regular las relaciones entre los Estados y los Municipios en materia de hacienda y recursos económicos municipales. Se prevén diversas garantías jurídicas de contenido económico, financiero y tributario a favor de los Municipios, lo que resulta congruente con el propósito del Constituyente Permanente –fundamentalmente a partir de las reformas de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve– de fortalecer la autonomía municipal a nivel constitucional.
50. El cumplimiento de los contenidos de dicha fracción del artículo 115 constitucional garantiza el respeto a la autonomía municipal. Lo anterior se advierte en la tesis aislada 1a. CXI/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
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Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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