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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA FALTA DE DEFINITIVIDAD, AL NO EXISTIR UNA VÍA ORDINARIA EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL PARA LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO ENTRE EL MUNICIPIO ACTOR Y EL PODER EJECUTIVO FEDERAL (OFICIO 351-A-DGPA-206 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE TRANSFERENCIA FEDERALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLATEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN DE LAS NORMAS LOCALES (OFICIO 351-A-DGPA-206 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE TRANSFERENCIAS FEDERALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (OFICIO 351-A-DGPA-206 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE TRANSFERENCIAS FEDERALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO IMPUGNADO POR EL QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NEGÓ LA SOLICITUD SOBRE LA AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN A LA ENTIDAD FEDERATIVA Y EL PAGO DIRECTO DE LAS APORTACIONES FEDERALES RETENIDAS POR EL GOBIERNO EL ESTADO Y DE LOS INTERESES GENERADOS, CONSTITUYE UNA POTENCIAL AFECTACIÓN AL MUNICIPIO ACTOR QUE IMPLICA UN TEMA GENUINO DE CONSTITUCIONALIDAD PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (OFICIO 351-A-DGOA-206 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE TRANSFERENCIAS FEDERALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO AL HABER QUEDADO ACREDITADA SU EXISTENCIA (OFICIO 351-A-DGPA-206 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE TRANSFERENCIAS FEDERALES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE). VII. SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO. ES RESPONSABILIDAD DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ORGANIZAR Y CONDUCIR EL DESARROLLO NACIONAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA CENTRALIZADA. VIII. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS ACCIONES DE GOBIERNO MEDIANTE LA FIJACIÓN DE OBJETIVOS NACIONALES PARA LA REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DEL PAÍS A PARTIR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DISPONIBLES, POR LO QUE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEBEN CUMPLIR OBLIGATORIAMENTE CON AQUÉL. IX. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. PARA SU EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL MISMO SE REQUIERE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN QUE ES EL INSTRUMENTO JURÍDICO QUE CONTIENE EL CATÁLOGO Y PROGRAMACIÓN DE LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS PÚBLICOS. X. COORDINACIÓN FISCAL. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXPEDIR LA LEY RELATIVA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIONES VII Y XXX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XI. APORTACIONES FEDERALES. SU ORIGEN Y RÉGIMEN LEGAL. XII. HACIENDA MUNICIPAL PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SUS DIFERENCIAS. XIV. HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. XV. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE EJERCICIO DIRECTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL IMPLICA QUE LOS MUNICIPIOS A TRAVÉS DE SU ÓRGANO DE GOBIERNO SEAN LOS ÚNICOS QUE VÁLIDAMENTE DISPONGAN DE AQUELLAS QUE EL ESTADO DEBA TRANSFERIRLES. XVI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES. XVII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES. XVIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. ANTE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE ENTREGAR OPORTUNAMENTE AQUÉLLAS A LOS MUNICIPIOS, ÉSTOS PUEDEN ACUDIR ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE, PREVIA

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 178/2020. · Registro digital (IUS): 30872
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-08-26
Promovente: MUNICIPIO DE XOXOCOTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, Pág.3064.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 178/2020. MUNICIPIO DE XOXOCOTLA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 23 DE FEBRERO DE 2022. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ (PONENTE) Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LA MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: EDUARDO ARANDA MARTÍNEZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veintitrés de febrero de dos mil veintidós.

VISTOS; y

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Justa Castillo Ginez y Magdaleno Juárez Pérez, en su carácter de síndica y presidente municipal de Xoxocotla, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovieron controversia constitucional en contra de los siguientes actos:

"1) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

"a). De la autoridad señalada anteriormente se demanda la invalidez de la negativa, orden o instrucción contenida en el Oficio No. 351-A- DGPA-206 de fecha de 12 de octubre del año 2020, el cual me fue notificado el día 16 de octubre del año 2020, por la cual se niega a aplicar, por analogía, lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, violentando con ello el principio de autonomía municipal así como el principio de integridad y el principio de ejercicio directo, consagrados por el artículo 115, fracción IV, inciso b), en favor del Municipio de Xoxocotla, Veracruz, afectando nuestra esfera de competencia y atribuciones, toda vez que los fondos que se demandan forman parte de la hacienda municipal, destinados a la ejecución de una serie de obras y acciones en beneficio de los habitantes de mi representado, cuya ejecución se ha visto afectada, tal como se especifica en el apartado VIII de la presente demanda.

"b). De la autoridad señalada se demanda la invalidez de la negativa, orden o instrucción mediante oficio No. 351-A-DGPA-206, de fecha 12 de octubre del año 2020, el cual me fue notificado el día 16 de octubre del año 2020, por medio del cual se niega afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para efectos de que la federación pague directamente las aportaciones federales omitidas de ministrar al Municipio de Xoxocotla, Ver., (sic) por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del año 2016, debido a que el Gobierno del Estado de Veracruz incumplió con la obligación constitucional de ministrarlas de forma puntual, efectiva y completas a efecto de no ocasionar una afectación a nuestra hacienda municipal; y

"2). Del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

"1). Se demanda la invalidez de las órdenes, instrucciones, autorizaciones y/o aprobaciones que haya emitido para omitir la entrega de las aportaciones federales que le correspondan al Municipio de Xoxocotla, Veracruz, por el concepto de Ramo General 33, y en lo particular al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del año 2016, por el total de $932,757.00 (novecientos treinta y dos mil setecientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N). (Correspondientes al mes de octubre de 2016). Recursos que forman parte de la hacienda municipal del Ayuntamiento de Xoxocotla, Veracruz, en términos de lo dispuesto por la Ley de Ingresos para el Municipio de Xoxocotla, Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, misma que fue aprobada por la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y publicada en la Gaceta Oficial del Estado de fecha 29 de diciembre de 2015, número extraordinario 518, tomo XVI.

"2). Se reclama del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la omisión en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su cargo, violentando con ello el principio de autonomía municipal, así como el principio de integridad y el principio de ejercicio directo, consagrados por el artículo 115, fracción IV, inciso b), en favor del Municipio de Xoxocotla, Veracruz, afectando nuestra esfera de competencia y atribuciones, toda vez que los fondos que se demandan forman parte de la hacienda municipal, destinados a la ejecución de una serie de obras y acciones en beneficio de los habitantes de mi representado, cuya ejecución se ha vista afectada. ..."

2. SEGUNDO.—Artículos constitucionales violados. En la demanda se señalaron como vulnerados los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. En su demanda, el Municipio actor argumentó lo siguiente:

1) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público al emitir el oficio 351-A- DGPA-206, se abstiene de determinar si la omisión del Estado de Veracruz de entregar de forma oportuna y completa las aportaciones que le corresponden, relativas al FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), resulta justificada, o sí por el contrario, es procedente realizar el descuento planteado, limitándose a manifestar que los fondos de aportaciones federales no están incluidos en los supuestos previstos en el artículo 6o de la Ley de Coordinación Fiscal.

De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituye la instancia a la cual pueden acudir los mMunicipios en caso de incumplimiento por parte de los gobiernos estatales en la ministración de los recursos federales, para así recuperar los montos que forman parte de su hacienda y que el artículo 115, fracción IV, constitucional protege.

La circunstancia de que la Ley de Coordinación Fiscal no establezca expresamente que en caso de incumplimiento en la entrega de aportaciones federales por parte de los Gobiernos Estatales, los Municipios puedan solicitar su entrega directa a la Secretaría de Hacienda, no debe ser un impedimento para tal proceder, toda vez que se trata de recursos que forman parte de la hacienda municipal y, por analogía, dicha Secretaría debe observar lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal (respecto a las participaciones federales). Al no haberlo hecho así se violentan los principios de integridad de los recursos municipales y de ejercicio directo de dichos recursos previstos en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal.

La Secretaría de Hacienda sí tiene facultades para afectar las aportaciones federales del Estado de Veracruz conforme al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, aplicado supletoriamente, para así hacer entrega directamente al Municipio de aquellas que el gobierno de dicha entidad federativa ha omitido entregar. De ahí que se deba declarar la invalidez del oficio impugnado, dado que afecta la competencia del Municipio al no poder recibir los recursos que le corresponden y limita la instancia a la que se puede acudir para reclamar tal cuestión.

2) El Gobierno del Estado de Veracruz, sin fundamento alguno, ha sido omiso en entregarle los recursos del FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), los cuales forman parte de la hacienda municipal, lo que le impide estar en condiciones de cumplir con las funciones y servicios que tiene encomendados constitucional y legalmente, configurándose una violación al principio de integridad de los recursos.

La intervención del Estado es de simple mediación administrativa, pero no de disposición, suspensión o retención. Además, el principio de integridad de los recursos municipales consagrado en el artículo 115 de la Constitución Federal, ampara tanto a las aportaciones como a las participaciones federales.

La omisión de las autoridades demandadas de entregar los fondos federales transgrede los principios constitucionales de ejercicio directo de los recursos que forman parte de la hacienda municipal, de integridad de los recursos económicos municipales y de reserva de fuentes de ingreso. Además, se violenta la autonomía municipal, así como el Sistema Federal de Coordinación Fiscal.

3) La negativa de las autoridades demandadas por entregar los recursos que forman parte de la hacienda municipal trasciende al ámbito competencial del Municipio, impidiendo ejecutar directamente los recursos que le fueron autorizados por la Legislatura del Estado.

Además, de forma contraria a la Constitución Federal, el Gobierno Estatal se apropia de recursos que no le pertenecen, cuando el único papel que se le encomienda es el de mediación.

4. CUARTO.—Trámite y admisión parcial. En proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, el presidente de este Alto Tribunal registró la presente controversia constitucional bajo el número de expediente 178/2020 y ordenó turnarlo a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que instruyera el procedimiento correspondiente.

5. Mediante acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, la Ministra instructora determinó desechar de plano la controversia constitucional, al estimar que se actualizaba de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia de falta de interés legítimo del Municipio accionante al no hacer valer violaciones a su esfera de competencias constitucionales, sino únicamente aspectos de legalidad que no corresponden al objeto de este mecanismo de protección constitucional.

6. En contra de la determinación anterior, el Municipio actor interpuso recurso de reclamación, el cual fue registrado bajo el número de expediente 126/2020-CA y resuelto por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante sentencia dictada el catorce de abril de dos mil veintiuno, en el sentido de modificar el auto recurrido al haber sido incorrecto el desechamiento de la demanda en la parte relativa a la impugnación del oficio 351-A-DGPA-206 de doce de octubre de dos mil veinte, emitido por la Dirección General Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

7. En atención a lo anterior, mediante proveído de dos de agosto de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió parcialmente la controversia constitucional únicamente por lo que hace al referido oficio 351-A-DGPA-206 y tuvo por demandado al Poder Ejecutivo Federal (no así a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por estar subordinada a dicho poder), ordenando su emplazamiento para que rindiera su contestación. Adicionalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiese.

8. QUINTO.—Contestación del Poder Ejecutivo Federal. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal dio contestación a la demanda en representación del Poder Ejecutivo Federal.

9. Respecto a las causales de improcedencia y sobreseimiento expresó lo siguiente.

• Primero. Se actualiza la causa de improcedencia de falta de agotamiento del principio de definitividad, prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello porque conforme a los artículos 64, fracción III y 65, fracción I, inciso b), de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia tiene competencia para sustanciar los procedimientos en materia de controversias constitucionales que surjan entre uno o más Municipios y el Poder Ejecutivo o Legislativo Local. En consecuencia, el Municipio actor debió agotar dicha vía antes de promover la controversia constitucional.

• Segundo. Se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones VII y VIII de la ley reglamentaria de la materia, pues el oficio impugnado deriva de actos previamente consentidos como lo son los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de diciembre de dos mil quince y veintiocho de enero de dos mil dieciséis, a través de los cuales se dio a conocer la distribución y calendarización de participaciones y aportaciones federales para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

• En este tenor, fue a partir de estas publicaciones que el Municipio actor tuvo conocimiento de la fecha y montos que por concepto de aportaciones federales le serían entregadas al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, así como de la fecha límite para que este último le transfiriera los recursos que le correspondían; por lo que al no inconformarse por tal omisión, ni haber presentado solicitud ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que interviniera dentro del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, sino cuatro años después, resulta claro que consintió la negativa de entregar los recursos correspondientes.

• Así, al no ser oportuno el reclamo «del» Municipio actor contra la negativa del Gobierno del Estado de Veracruz para entregar los recursos del FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), del año dos mil dieciséis, debe tenerse por consentida de manera tácita. En consecuencia, dado que el oficio número 351-A-DGPA-206 no es más que una consecuencia legal y necesaria de aquella omisión, es que debe declararse improcedente la controversia constitucional al tratarse de un acto derivado de otro que ya fue consentido.

• Tercero. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, porque el Municipio actor no hace valer violaciones directas a la Constitución Federal.

• El oficio 351-A-DGPA-206, es impugnado porque a decir del Municipio actor la Secretaría se niega a afectar las aportaciones federales del Estado de Veracruz para efecto de que la Federación pague directamente al Municipio los recursos que no le han sido ministrado por dicha entidad federativa. Sin embargo, en primer lugar, dicho oficio no constituye una negativa a dicha petición sino solo se le informa sobre la naturaleza de los recursos controvertidos y la imposibilidad de proceder conforme lo solicitado dado lo previsto en el artículo 6. de la Ley de Coordinación Fiscal.

• En esa tesitura, se afirma que el Municipio actor no vierte conceptos de invalidez sobre alguna violación a preceptos constitucionales, sino que se limita a controvertir los alcances del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, manifestando que ello entraña una violación al artículo 115 constitucional, por una posible transgresión al principio de autonomía municipal.

• Cuarto. Se actualiza la causal de improcedencia consistente en la falta de interés legítimo del Municipio actor para promover la presente controversia constitucional, en términos del artículo 19, fracción IX, de la ley reglamentaria de la materia.

• Ello porque el oficio impugnado se trata de un documento meramente informativo sobre el contenido del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y la imposibilidad jurídica de proceder conforme a la petición del Municipio actor, ya que los recursos en debate (aportaciones federales) tienen una naturaleza distinta a las participaciones federales.

• Así, al tener un carácter meramente informativo, el oficio impugnado no trasciende en la esfera jurídica ni competencial del Municipio actor; por ende, no existe un punto de contacto entre los efectos del oficio combatido y la supuesta afectación que plantea.

• Quinto. Se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia, pues no existe el acto que se le atribuye al Ejecutivo Federal, al no haberse "negado" expresamente atender la solicitud del Municipio actor, ya que la Secretaría carece de atribuciones y facultades legales para afectar las participaciones federales correspondientes al Estado de Veracruz a fin de entregar directamente las aportaciones que le corresponden al Municipio actor.

10. Por lo que hace a la refutación de los conceptos de invalidez sostuvo lo siguiente.

• No resulta aplicable el criterio de la Primera Sala al resolver la controversia constitucional 179/2020, para concluir que en el caso en el oficio impugnado debió aplicarse por analogía lo previsto en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de que la Secretaría de Hacienda entregara directamente las aportaciones federales adeudadas al Municipio actor, descontando los montos de las participaciones federales del Estado de Veracruz. Ello, porque dicho asunto no constituye un precedente vinculante, al no haberse fallado por mayoría de 8 votos.

• Además, en dicho precedente se realizó un estudio de mera legalidad sobre el acto impugnado respecto a los alcances del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de poder determinar si la Secretaría de Hacienda podía realizar la entrega directa al Municipio de los recursos que no le habían sido otorgados. Así, tanto en dicho precedente como en el presente asunto únicamente subyacen cuestiones de legalidad que tienen como parámetro de control la referida Ley de Coordinación Fiscal, mas no la Constitución General.

• Los resuelto por el Tribunal Pleno en los recursos de reclamación 150/2019-CA, 151/2019-CA y 158/2019-CA es aplicable al caso, pues ahí se determinó que no es procedente la controversia constitucional en los casos en que la pretensión se traduzca en el pago o ministración de recursos federales a favor de los Municipios.

• Del análisis de los artículos que regulan las aportaciones federales en la Ley de Coordinación Fiscal, se advierte que no se prevé la posibilidad de que la Federación realice el pago directamente a los Municipios, en caso de incumplimiento por parte de las entidades federativas, de lo que se sigue que la determinación contenida en el oficio impugnado es acorde con las disposiciones fiscales vigentes y, por ende, no procede su invalidez.

• Además, contrario a lo resuelto en la controversia constitucional 179/2020, las aportaciones federales no se encuentran protegidas por la Norma Fundamental, sino que su existencia encuentra un fundamento legal, mas no así constitucional, máxime que estos recursos se destinan a finalidades específicas, en las que no opera la autonomía municipal ni la libertad hacendaria de los Municipios.

• En ese tenor, resulta contrario a derecho estimar que es procedente la aplicación por analogía de lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal respecto a las aportaciones federales, ya que lo contemplado en el citado artículo se refiere exclusivamente a las participaciones federales, y entre éstas y aquéllas no existe ninguna relación o similitud en cuanto a su origen y destino.

• En consecuencia, es improcedente pretender que el Ejecutivo Federal afecte las participaciones federales correspondientes al Estado de Veracruz para pagar directamente las aportaciones federales no ministradas al Municipio actor, ya que con ello se violentaría el principio de legalidad que rige el actuar de toda autoridad, quien sólo puede hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes.

• Por otra parte, la respuesta contenida en el oficio impugnado no afecta en modo alguno al Municipio actor, ya que la autoridad se limitó a atender la petición formulada, sin que ello se traduzca en una violación al principio de integridad de los recursos municipales, así como al ejercicio directo de dichos recursos. Además, la Secretaría cumplió con su obligación de entregar las participaciones federales que corresponden al Estado de Veracruz en tiempo y forma. • No resulta aplicable la tesis «1a. CCXXII/2013 (10a.)» de rubro: "APORTACIONES FEDERALES. SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DA LUGAR AL PAGO DE INTERESES.", toda vez que el caso no debe regirse bajo el contenido del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, aunado a que en dicha disposición se estableció el pago de intereses únicamente respecto al retraso en la entrega de participaciones federales, sin aludir a recursos de diversa naturaleza.

• La solicitud realizada por el Municipio actor para que la Secretaría le entregue directamente los recursos del FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), adeudados –que derivó en el oficio impugnado– resulta improcedente, pues tal solicitud no actualiza la hipótesis del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que dichos recursos no tienen el carácter de participaciones federales.

11. SEXTO.—Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento, el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la ley reglamentaria de la materia y en proveído de esa fecha se decretó el cierre de la instrucción, a efecto de que se elaborara el proyecto correspondiente para la resolución del asunto.

12. SÉPTIMO.—Remisión a Primera Sala y avocamiento. Como consecuencia del dictamen emitido por la Ministra instructora, mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, el presidente de este Alto Tribunal ordenó enviar el presente asunto a la Primera Sala. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil veintidós, la presidenta de la Primera Sala determinó el avocamiento del asunto y ordenó la remisión de los autos a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

13. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(1) en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el Municipio actor plantea la inconstitucionalidad de un acto atribuido al Poder Ejecutivo Federal, sin que en el caso, se requiera la intervención del Tribunal Pleno.

14. SEGUNDO.—Precisión de la litis y existencia de actos impugnados. De la lectura integral de la demanda se advierte que el Municipio actor controvierte lo siguiente:

a) El oficio 351-A-DGPA-206 de doce de octubre de dos mil veinte, emitido por la Dirección General Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

b) La omisión de entrega por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de los recursos relativos al FISMDF (Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.

15. Ahora bien, de la secuela procesal del presente asunto se advierte que mediante proveído de dos de agosto de dos mil veintiuno, con motivo de lo resuelto por esta Primera Sala en el recurso de reclamación 126/2020-CA, se determinó la admisión parcial de la controversia constitucional que se analiza, únicamente respecto al oficio 351-A-DGPA-206 de doce de octubre de dos mil veinte, emitido por la Dirección General Adjunta de Transferencias Federales de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

16. En consecuencia, se colige que la litis del presente asunto se circunscribe a determinar la validez del referido oficio. Finalmente, debe señalarse que la existencia de dicho oficio se encuentra acreditada al obrar en autos copia certificada del mismo.

17. TERCERO.—Oportunidad. Conforme al artículo 21, fracción I, en relación con el diverso numeral 3o., ambos de la ley reglamentaria de la materia,(2) el plazo para la presentación de la demanda de una controversia constitucional promovida en contra de actos, es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, se haya tenido conocimiento de ellos o su ejecución, o el actor se haya ostentado como sabedor de los mismos.

18. En esa tesitura, el Municipio actor manifestó que el oficio 351-A-DGPA-206 impugnado le fue notificado el dieciséis de octubre de dos mil veinte.(3)

19. En consecuencia, el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional transcurrió del veinte de octubre al tres de diciembre de dos mil veinte.(4) En ese sentido, dado que la demanda fue presentada el cuatro de noviembre de dicha anualidad, se concluye que su promoción es oportuna.

20. CUARTO.—Legitimación. Conforme a los artículos 10 y 11 de la ley reglamentaria de la materia,(5) el actor, el demandado y en su caso el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

21. En función de dichos preceptos, se procede a analizar la legitimación de las partes en la controversia constitucional.

A) Legitimación activa.

22. La demanda de controversia constitucional fue suscrita por Justa Castillo Ginez, síndica del Municipio de Xoxocotla, personalidad que acredita con las copias certificadas del acta de cabildo de uno de enero de dos mil dieciocho y de la constancia de mayoría expedida por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

23. Ahora bien, de conformidad con el artículo 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,(6) quien ejerce la sindicatura está facultado para representar legalmente al Ayuntamiento.

24. En consecuencia, la promovente cuenta con atribuciones para representar al Municipio actor en el presente juicio.

B) Legitimación pasiva.

25. Comparece en representación del poder demandado María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que acredita con copia certificada de su nombramiento.

26. Ahora bien, en términos del artículo 11, tercer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(7) en relación con el punto único del acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno(8) y el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,(9) dicha funcionaria cuenta con las atribuciones para representar al Ejecutivo Federal.

27. En consecuencia, debe concluirse que tiene legitimación para comparecer en el presente juicio en representación del poder demandado.

28. QUINTO.—Causas de improcedencia. El Poder Ejecutivo Federal afirma que en el presente caso se actualizan diversas causales de improcedencia que dan lugar al sobreseimiento de la controversia constitucional; sin embargo, esta Primera Sala considera que tales argumentos son infundados. No obstante, con el fin de dar mayor claridad sobre las razones que conducen a su desestimación, dichas causales serán analizadas por separado.

29. Primera. Principio de definitividad. Señala el demandado que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de agotamiento del principio de definitividad, prevista en la fracción VI del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, ya que el Municipio actor, previo a promover la presente controversia constitucional, debió agotar la vía prevista en los artículos 64, fracción III y 65, fracción I, inciso b), de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,(10) ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad.

30. Dicha causal de improcedencia debe desestimarse, porque contrario a lo que alega el poder demandado, los preceptos de la Constitución Local no prevén una vía para solucionar el conflicto aquí planteado, pues el inciso b) del artículo 65, fracción I, de dicho ordenamiento, establece la procedencia de la controversia constitucional (local) cuando se presente un conflicto entre un Municipio del Estado de Veracruz y los Poderes Ejecutivo o Legislativo de dicha entidad. Sin embargo, como ya se precisó anteriormente, en el presente asunto se plantea un conflicto entre un Municipio del Estado de Veracruz y el Poder Ejecutivo Federal, supuesto no previsto en el precepto de referencia, de ahí que no resulte aplicable al caso y, por lo tanto, no existe la vía ordinaria que supuestamente debió agotarse previamente.

31. Pero además, no debe perderse de vista que en el presente asunto el Municipio actor hace valer violaciones directas a la Constitución General, pues alega que la falta de entrega de los recursos federales que le corresponden afecta la hacienda municipal, misma que se encuentra tutelada en la fracción IV del artículo 115 constitucional, afectándose con ello su autonomía como orden de gobierno. En consecuencia, es criterio reiterado de este Alto Tribunal que cuando se hacen valer violaciones directas a la Constitución General, no es necesario agotar una vía ordinaria.(11)

32. Segunda. Extemporaneidad de la demanda. El demandado sostiene que la controversia constitucional resulta extemporánea porque el oficio 351-A-DGPA-206 impugnado deriva de actos previamente consentidos.

33. Esto porque los acuerdos de distribución de participaciones y aportaciones federales del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación desde el dieciocho de diciembre de dos mil quince y el veintiocho de ener

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30872-7871363c/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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