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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE TANTOYUCA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 37, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 32 Y 15, FRACCIÓN XXXII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE EL CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AMPAROS, EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, AMBOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 24 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO, AL HABER PLANTEADO EL MUNICIPIO ACTOR QUE LA FISCALIZACIÓN DE APORTACIONES FEDERALES POR PARTE DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA ENTIDAD AFECTA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN MUNICIPAL, EN TANTO QUE ES UNA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN VI, 79 Y 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFOS SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (DECRETO NÚMERO 467 POR EL QUE SE APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES Y EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE DOS MIL VEINTIUNO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ORIGEN Y CONTENIDO DEL DECRETO IMPUGNADO. X. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE RIGEN SU REVISIÓN. XI. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. SU REVISIÓN ES FACULTAD EXCLUSIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN LLEVADO A CABO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y TIENE COMO FINALIDAD EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA, COMPROBAR SI SE HA AJUSTADO A LOS CRITERIOS SEÑALADOS POR EL PRESUPUESTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN VI Y 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XII. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. BASES CONSTITUCIONALES QUE RIGEN SU REVISIÓN. XIII. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REVISARLAS, FISCALIZARLAS Y APROBARLAS. XIV. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. ES ATRIBUCIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN FISCALIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES QUE LA FEDERACIÓN HAYA OTORGADO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y VERIFICAR SU APLICACIÓN AL OBJETO AUTORIZADO, ASÍ COMO LOS RECURSOS FEDERALES QUE ADMINISTREN O EJERZAN EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN XII Y 47 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN. XV. APORTACIONES FEDERALES. FORMAN PARTE DE ÉSTAS LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EN TANTO QUE SON RECURSOS QUE LA FEDERACIÓN TRANSFIERE A LAS HACIENDAS PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS CONDICIONANDO SU GASTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 25, FRACCIONES III Y IV, 33, 36 Y 37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. XVI. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SUS DIFERENCIAS. XVII. APORTACIONES FEDERALES. SU ORIGEN Y RÉGIMEN LEGAL.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 288/2023. · Registro digital (IUS): 33530
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-22
Promovente: MUNICIPIO DE TANTOYUCA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo IV, Volumen 2, Pág.1468.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 288/2023. MUNICIPIO DE TANTOYUCA, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 22 DE ENERO DE 2025. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de enero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 288/2023, promovida por el Municipio de Tantoyuca, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Antecedentes. El veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el Decreto número 467, por el que se aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio dos mil veintiuno, el cual, en lo que interesa, señala lo siguiente:

“DECRETO NÚMERO 467

Por el que se aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al Ejercicio Dos Mil Veintiuno

Artículo Primero. Se aprueba el Informe Individual de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo correspondiente al ejercicio dos mil veintiuno, de la siguiente forma: (...)

Artículo Octavo. Se aprueba el Informe Individual de la Fiscalización Superior de las Cuentas públicas de los Municipios y Entidades Paramunicipales del estado, correspondientes al ejercicio dos mil veintiuno, de la forma siguiente:

I. Los 205 Municipios en los que se detectaron irregularidades en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que hacen presumir la existencia de un probable daño patrimonial, además de inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a Observaciones y Recomendaciones, son los que abajo se señalan. Al respecto, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado notificará al Titular del Órgano Interno de Control respectivo o a quien ejerza esas funciones, las Observaciones y Recomendaciones determinadas para su seguimiento. (...)

En razón de lo anterior, se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del Estado para que inicie los respectivos procedimientos de investigación en los términos establecidos en el Título Quinto de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en las Leyes General de Responsabilidades Administrativas y de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en su caso, a la presentación de denuncias ante las instancias correspondientes, en contra de los servidores o ex servidores públicos cuya conducta implique irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos en el año dos mil veintiuno y, que presumiblemente, afectaron la hacienda pública municipal.

Se instruye también a los respectivos Titulares de los Órganos Internos de Control o a quienes ejerzan esas funciones, para que continúen con la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan de las Observaciones de carácter administrativo que les notificará el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en atención al Decreto que al efecto se emite; informando en términos del artículo 78, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a dicho Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la vista desahogada, la fecha y el número de expediente con el que se inició la investigación o procedimiento correspondiente; así como remitiéndole un tanto en copia certificada de la resolución definitiva que se determine, dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión.

Además, se instruye a los respectivos Titulares de los Órganos Internos de Control o a quienes ejerzan esas funciones para que realicen las acciones necesarias para atender las Recomendaciones que le notificará el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en atención al Decreto que al efecto se emite, informando en términos de los artículos 14 y 20 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave al señalado Órgano de Fiscalización Superior del Estado.”

2. Presentación de la demanda de controversia constitucional. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de abril de dos mil veintitrés, Claudia Elizabeth González Morales, ostentándose como Síndica Única del Municipio de Tantoyuca, Estado de Veracruz, promovió controversia constitucional, señalando como demandados, entre otros, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad federativa y controvirtiendo lo siguiente:

“(...) IV. Acto cuya validez se reclama y el medio oficial en que se publicó. A) La aprobación, por la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Tomo CCVII del veintiocho de febrero del dos mil veintitrés, número extraordinario 084, por el Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, del Decreto número 467 por el que se aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio 2021, en específico el artículo octavo donde aprueba el Informe Individual de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de los Municipios y Entidades Paramunicipales del Estado correspondientes al ejercicio dos mil veintiuno, de la forma siguiente: (...)

B) Cualquier acto o consecuencia derivada del acto anteriormente enumerado, incluyendo cualquier pronunciamiento que se haya emitido o pudiere llegar a emitirse por parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y/o del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.”

[El subrayado y resaltado es propio].

Ver párrafo con resaltado y subrayado

3. Conceptos de invalidez. En la demanda el Municipio actor, en sus dos conceptos de invalidez manifestó, en esencia, lo siguiente:

- Primero. En principio, refiere que se vulnera el proceso legislativo del Decreto 467, ya que se dispensaron los trámites reglamentarios sin justificación alguna, impidiendo que los legisladores pudieran conocer el dictamen con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación, siendo que éstos únicamente tuvieron acceso al contenido del dictamen mediante la publicación en la Gaceta Legislativa, la cual se realizó en un plazo brevísimo inferior a dos horas; además, no hay constancia de que la dispensa se hubiese decretado por la mayoría calificada requerida por los artículos 35, último párrafo, de la Constitución local y 49, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad.

- En esa línea, sostiene que se inobservaron los artículos 14, 16, 39 y 40 de la Constitución Federal, toda vez que el procedimiento legislativo que dio origen al Decreto impugnado transgrede la normatividad que dirige el actuar del Poder Legislativo de Veracruz, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica, vulnerando la deliberación parlamentaria.

- Que en sesión ordinaria del Congreso del Estado de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se sometió al Pleno la aprobación del dictamen con proyecto de Decreto, emitido por la Comisión Permanente de Vigilancia, lo que consta en el orden del día publicado en la Gaceta Legislativa 73 de la misma fecha, circulada minutos antes de iniciar dicha sesión, siendo que el artículo 35, último párrafo, de la Constitución local prevé que los decretos deben sujetarse a ciertos trámites, los cuales de manera excepcional ante la urgencia y obviedad del asunto que se trate, podrán con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, dispensar los trámites reglamentarios; lo mismo señala el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso de Veracruz.

- Así, indica que la ley no permite que el Congreso de la entidad dispense los trámites legislativos de manera discrecional, sino que exige el cumplimiento de requisitos tasados: (1) que se actualice un caso de urgencia u obviedad y (2) se decrete por el voto calificado de las dos terceras partes de los diputados presentes; lo que no ocurrió, pues se dispensa el trámite de distribución de las cuarenta y ocho horas previas a la realización de la sesión y la lectura del dictamen, por estar publicado en la Gaceta Legislativa, lo que no es cierto, dado que éste consta en un anexo, del cual se desconoce el momento de su publicidad, además de que de la lectura del acta de la sesión no se observa que se haya certificado fehacientemente la existencia de una votación calificada para lograr la dispensa, en virtud de que se realizó mediante votación económica, ni tampoco el ofrecimiento de una motivación que permita acreditar la urgencia.

- Que lo anterior conllevó a que ninguno de los requisitos que permiten a los integrantes de la Legislatura estar debidamente informados del proyecto de decreto, aplicando lo decidido por el Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 150/2017 y su acumulada 153/2017.

- Segundo. Argumenta que el artículo octavo del Decreto impugnado atenta contra los artículos 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Federal, que establecen, respectivamente, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para revisar la Cuenta Pública de los recursos federales, a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que ésta tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.

- De esta forma, expresa que el artículo 116, fracción II, párrafos sexto, séptimo y octavo, de la Constitución General, dispone el deber de que las legislaturas de los Estados cuenten con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que dispongan sus leyes; siendo que los artículos 33, fracciones XXIX y XXX, y 67, fracción III, de la Constitución del Estado de Veracruz establece la facultad del Congreso local de revisar y fiscalizar la Cuenta Pública a través del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) y que éste tendrá la función de fiscalizar en forma posterior los ingresos, egreso y deuda pública, el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y municipales.

- Por ende, refiere que los artículos 34 y 35 de la Ley número 362 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, prevén que la Fiscalización Superior es una facultad exclusiva del Congreso del Estado a través del ORFIS, lo que tan sólo comprende los ingresos, egresos y deuda pública, el manejo, la custodia y la aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y municipales.

- Luego, expone que ante la necesidad y la existencia de la fiscalización de los recursos federales, estatales y municipales, es como se han asentado las bases para la creación del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), cuyo objeto es establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los órganos responsables en el ámbito de sus competencias, para promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de las tareas de fiscalización de los recursos públicos, integrado por la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las entidades de fiscalización superiores locales y las secretarías o instancias homologas encargadas del control interno en las entidades federativas.

- Sin embargo, aduce que, en el caso el Congreso de Veracruz, por conducto del ORFIS, rompe con la autonomía técnica y funcional de la ASF para auditar los recursos federales que le correspondieron al Municipio en el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, ya que previo a la orden de auditoría para realizar el procedimiento de fiscalización superior por parte del ORFIS al Municipio, debió contar con la delegación de facultades que le son exclusivas a la Cámara de Diputados Federal, según los artículos 74, fracción VI, y 116, fracción II, de la Constitución Federal.

- Esto es, refiere contar con el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización superior del gasto federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, para la debida coordinación entre la ASF y el ORFIS, para auditar la cuenta pública dos mil veintiuno del Municipio, lo que no aconteció según el oficio número DGJ/A/3528/2020, signado por el Director General Jurídico de la Auditoria Superior de la Federación, en el cual, en su momento, comunicó que se daba por terminado el citado Convenio, por lo que no existe fundamento legal mediante el cual el ORFIS tenga facultades para auditar los recursos federales, ni mucho menos para que el Congreso del Estado apruebe el informe individual del Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, siendo que se auditaron recursos provenientes de la Federación.

- Manifiesta que, en el supuesto de no conceder que estuviera vigente el Convenio de Coordinación y Colaboración que celebraron la ASF y el ORFIS, éste último tenía la obligación legal de abstenerse de auditar los recursos federales, debido a que en las cláusulas tercera, cuarta, quinta y décimo tercera del citado Convenio, las partes acuerdan coordinar sus programas de fiscalización a efecto de no duplicar acciones de auditoría para lo cual intercambiarán información y programas de trabajo.

- Además, sostiene que el ORFIS debió contar con el Programa Anual de Auditorías, Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2021, siendo que hasta junio de dos mil veintidós emitió éste, pese a que mediante oficio número OFS/AG_AEFCP/6379/04/2022 de uno de abril de ese año, emitió la orden de auditoria al Ayuntamiento, lo cual violenta los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General, ya que el ORFIS no respetó dicha formalidad, pasando por alto los tiempos que marcan los numerales 7, primer párrafo, 85, fracción X, y 90, fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz.

- Aunado a lo anterior, indica que mediante oficio de ocho de abril de dos mil veintidós, signado por el Presidente Municipal, y oficio de uno de junio siguiente, firmado por la titular del Órgano de Control Interno y enlace de auditoría con ASF, se informó al ORFIS que nos encontrábamos en proceso de auditoría en forma directa con dicha ASF, respecto al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Terrestres (FEFMPHT) e intereses del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (INT FISM-DF), así como de los recursos provenientes de las participaciones federales a municipios, correspondientes al ejercicio de dos mil veintiuno; por lo que no era posible atender su solicitud de auditoría y, por ende, el ORFIS debió abstenerse de realizar actos de auditoría que en su momento realizaba la ASF a las referidas participaciones, ya que no se pueden duplicar acciones de auditoría, lo que viola el principio “Non bis ídem” que significa “No dos veces hacia la misma cosa”, pues nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

- Máxime que, afirma, el Decreto controvertido pretende fincar irregularidades en la actuación de los servidores o ex servidores públicos que hacen presumir la existencia de un probable daño patrimonial, además de inconsistencias de carácter administrativo que dieron lugar a Observaciones y Recomendaciones, contrario a lo establecido en el boletín 3729, donde se hace del conocimiento que la Comisión de Vigilancia de la ASF que en veinte de febrero de dos mil veintitrés recibió la documentación correspondiente, en específico, respecto a las auditorías número 1927 y 1928, en las que se concluye que el Municipio realizó una gestión razonable, eficiente y transparente de los recurso de dos mil veintiuno.

- Ahora bien, sostiene que la finalidad de la reforma a la Constitución Federal de veintisiete de mayo de dos mil quince, fue la creación de un esquema de directrices homogéneas en materia de fiscalización, lo que se refleja en el convenio de colaboración de veintiséis de febrero de dos mil diecisiete, celebrado entre los titulares de la ASF y el ORFIS, resultando inaudito que la titular de este último establezca que “nuestros procedimientos de revisión son diferentes a los que realiza la Auditoría Superior de la Federación”, lo cual rebasa el ámbito de sus competencias y transgrede los principios rectores en el ámbito administrativo al duplicar funciones.

- Que dicha reforma obedece a que el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales facultaron a la ASF para fiscalizar los recursos de origen federal que ejercen los municipios, así como las participaciones federales, por lo que el ORFIS sólo fiscalizará los recursos previstos en los artículos 33 y 67 de la Constitución del Estado de Veracruz, referentes a los fondos que involucran recursos estatales y municipales, de los cuales el Decreto impugnado jamás específica.

- Asimismo, dice que la reforma a los artículos 79, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución General, 49, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal y 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asegura que la fiscalización de los recursos que le fueron auditados al Municipio debe ser realizada por la ASF, tan es así que las auditorías 1927 y 1928 concluyeron que las gestiones fueron razonables, eficientes y transparentes, contrario a lo dictaminado por el Decreto controvertido.

- Sostiene que si bien los fondos federales deben ser registrados como ingresos en la Cuenta Pública de las entidades federativas, municipios y alcaldías, lo cierto es que ello no faculta al ORFIS para fiscaliza dichos recursos, siendo incuestionable que los artículos 79 y 116 de la Constitución Federal, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 57 y 58 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, determinan que es la ASF la autoridad competente para fiscalizar directamente los recursos de origen federal.

4. Radicación y turno. Mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró el expediente como controversia constitucional 288/2023 y turnó el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

5. Desechamiento. Por acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo por presentada a la promovente con la personalidad que ostenta y estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII,(1) de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el diverso 105, fracción I, inciso i),(2) de la Constitución Federal, debido a que la demandante carece de interés legítimo, pues plantea el análisis de la legalidad del Decreto número 467 a la luz de diversas violaciones que refiere imperaron en el sistema de fiscalización que ejerció el Congreso estatal al auditar las cuentas públicas del Ayuntamiento, no apreciándose expresa ni implícitamente la competencia constitucional del Municipio que se ve afectada en virtud de dicho acto; por el contrario, se advierte que el cúmulo de violaciones que se plantean se hacen descansar de manera preponderante en la interpretación y aplicación de disposiciones secundarias, sin que al efecto exista un planteamiento que evidencie la relación entre el acto reclamado y la afectación a una competencia propia de la promovente reconocida en la Norma Fundamental. 6. Recurso de reclamación 250/2023-CA. En contra de dicho auto desechatorio, la Síndica del Municipio de Tantoyuca, Estado de Veracruz, interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por esta Primera Sala(3) el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en el sentido de revocar el acuerdo recurrido, toda vez que la causal de improcedencia invocada en éste no resultaba manifiesta ni indudable, pues de la lectura del Decreto 467, el Congreso del Estado estableció que el Municipio había ejercido los recursos públicos en forma irregular, presumiendo la existencia de daño patrimonial y, a partir de esas consideraciones, estableció consecuencias jurídicas, como la instrucción de iniciar investigaciones de responsabilidad administrativa y, en su caso, presentar denuncias de índole diversa, posiblemente, del orden penal, por lo que esas consecuencias son suficientes para establecer un principio de agravio.

7. En esa línea, se sostuvo que el principio de agravio puede derivar no sólo de la invasión competencial, sino de la afectación a cualquier ámbito que incida en su esfera regulada directamente por la Constitución Federal, siendo que conforme a los artículos 115, fracción IV, y 116, fracción II, de la Norma Fundamental, corresponde a las Legislaturas de los Estados revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los municipios, lo cual realizarán por medio de entidades estatales de fiscalización, que serán órganos con autonomía técnica y de gestión, y ejecutarán la fiscalización de las acciones de los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública; por lo que en el caso es suficiente afirmar que, de acuerdo con la Constitución General, el ámbito presupuestario de los municipios comprende, cuando menos, las etapas y reglas siguientes: (a) los municipios proponen a las Legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria; (b) corresponde a dichas Legislaturas aprobar las leyes de ingresos de los municipios; (c) los presupuestos de egresos son aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles; (d) los recursos que integran la hacienda municipal son ejercicios en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quienes ellos autoricen, y (e) las Legislaturas estatales revisan y fiscalizan las cuentas públicas de los municipios, por medio de entidades estatales de fiscalización. Lo que significa que el ámbito constitucional presupuestario de los municipios no se agota con la programación, la aprobación de leyes de ingresos y presupuestos de egresos, y el ejercicio de los recursos que integran su hacienda pública, sino que también abarca la revisión y fiscalización sobre su cuenta pública por órganos especializados técnicos.

8. Por otra parte, se advirtió que las violaciones a la normativa secundaria no son las únicas que hace valer el Municipio actor; por lo contrario, su argumento toral es que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz fiscalizó indebidamente los recursos federales transferidos, porque conforme al artículo 79, fracción I, de la Constitución Federal carece de competencia para fiscalizar esta clase de recursos, por lo que el principio de agravio se relaciona con una violación directa a la Norma Fundamental.

9. Así, se consideró prima facie que el Municipio actor está planteando una violación al orden federal susceptible de defensa en la controversia constitucional, porque el artículo 79, fracción I, de la Constitución Federal establece la regla general de que la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los municipios, así como la regla especial de que dicha Auditoría fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa las participaciones federales, en los términos que establezca la ley; abonando a esta consideración que el artículo 116, fracción II, de la Constitución General establece que las entidades estatales de fiscalización revisarán “las acciones” de los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, por lo que cobra aplicación por analogía la jurisprudencia P./J. 112/2001 de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. MEDIANTE ESTA ACCIÓN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE.”

10. Admisión. Por acuerdo de tres de octubre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor ordenó agregar al expediente la copia certificada de la resolución dictada en el recurso de reclamación 250/2023-CA y, de conformidad con ésta, admitió a trámite la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandados únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Veracruz, ordenando su emplazamiento para que presentaran su contestación y remitieran copia certificada de las constancias relacionadas con el acto impugnado; luego, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal a fin de que manifestaran, respectivamente, lo que a su representación y esfera competencial correspondiera; y por último, ordenó formar el cuaderno incidental respectivo.

11. Suspensión. Mediante proveído de la misma fecha, dictado en el incidente de suspensión, el Ministro instructor destacó que la medida cautelar se solicitaba, esencialmente, para que no se ejecutara el artículo octavo del Decreto impugnado, y que el artículo 72 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, faculta al Órgano de Fiscalización Superior de la entidad, a promover ante el Tribunal Estatal y Órganos Internos de Control competentes la imposición de sanciones de servidores públicos por faltas administrativas en que incurran, así como de particulares vinculados con dichas faltas, u otra responsabilidad administrativa, ello, si durante el ejercicio de la facultad de fiscalización superior o como resultado de las auditorías, revisiones o investigaciones realizadas, dicho órgano detectara irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares; asimismo, cuenta con la facultad de presentar denuncias y querellas penales por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías, revisiones o investigaciones y coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes y, de igual forma, en caso de que el multicitado Órgano determine la existencia de daños y perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los Entes Fiscalizables, que deriven de las faltas administrativas no graves, procederá en términos de la Ley en materia de responsabilidades administrativas que resulte aplicable.

12. En esa línea, negó la medida cautelar en los términos pretendidos por la accionante, pues de otorgarse se afectarían disposiciones de interés público fundamentales del orden jurídico mexicano, conforme a lo previsto por el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la materia. No obstante, concedió la suspensión con relación a la ejecución de las determinaciones a las que se pudiera arribar en los procedimientos y denuncias antes mencionados, hasta en tanto se dicte sentencia en el medio de control constitucional, pues se busca asegurar provisionalmente la situación jurídica y los derechos de las personas contra las cuales se incoen los mismos.

13. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Mediante oficio enviado el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés a través del Sistema Electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el mismo día, José Pale García, ostentándose como Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, dio contestación a la demanda, en la cual, sustancialmente, sostuvo lo siguiente:

• En cuanto a los hechos, señala que únicamente es cierto la promulgación y publicación del Decreto controvertido el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés.

• Expone que conforme al artículo 33, fracción XXX, de la Constitución del Estado de Veracruz, el Congreso de la entidad es quien tiene la facultad para aprobar las cuentas públicas de los ayuntamientos, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe de Resultados entregado por el Órgano de Fiscalización Estatal, lo cual no trastoca la esfera de atribuciones o de competencias de la autoridad municipal.

• Así, sostiene que en términos del artículo 18, fracciones XXIX, XXIX BIS y XXXII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la aprobación de las cuentas públicas de los entes fiscalizables se encuentra dentro de la esfera de competencias del Congreso local y del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y que el artículo 67, fracción III, párrafo tercero, de la Constitución de la entidad federativa prevé la competencia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33530-8cabb99f/i-controversia-constitucional-los-municipios-tienen-legitimacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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