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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN DE LAS NORMAS LOCALES. IV. CUENTA PÚBLICA FEDERAL. EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN QUE HA REGIDO SU REVISIÓN. V. CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. BASES CONSTITUCIONALES QUE RIGEN SU REVISIÓN. VI. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. ORIGEN Y EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA FACULTAD DE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA SU REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN. VII. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REVISARLAS, FISCALIZARLAS Y APROBARLAS. VIII. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. BASES DEL RÉGIMEN LOCAL QUE RIGE SU REVISIÓN. IX. CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL. PARA SU APROBACIÓN LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBEN EXPONER RAZONES SUFICIENTES CUANDO SE APARTAN DE LOS TRABAJOS TÉCNICOS Y CONCLUSIONES DE LOS ÓRGANOS ESTATALES DE FISCALIZACIÓN. X. CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. SU APROBACIÓN POR LA LEGISLATURA LOCAL SIN EXPONER LOS MOTIVOS POR LOS QUE DECIDIÓ TENER POR SOLVENTADAS LAS OBSERVACIONES DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO Y SIN EL ANÁLISIS TÉCNICO QUE DESVIRTUARA SU METODOLOGÍA O SUS CONCLUSIONES, CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y CONFIABILIDAD PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEXTO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 784 POR EL QUE SE APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES Y EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISIETE, PUBLICADO EL DOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, EN LA PARTE QUE CORRESPONDE A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, ESTADO DE VERACRUZ). XI. CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA SU APROBACIÓN POR EL PODER LEGISLATIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 784 POR EL QUE SE APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES Y EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISIETE, PUBLICADO EL DOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, EN LA PARTE QUE CORRESPONDE A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, ESTADO DE VERACRUZ). XII. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. XIII. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, A LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. XIV. CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. EL HECHO DE QUE EL INFORME TÉCNICO QUE RINDA EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO NO OBLIGUE A LA LEGISLATURA A APROBAR O RECHAZAR EN SUS TÉRMINOS AQUÉLLA, NO LA EXIME DE ACATAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 784 POR EL QUE SE APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES Y EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISIETE, PUBLICADO EL DOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, EN LA PARTE QUE CORRESPONDE A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, ESTADO DE VERACRUZ). XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 784 POR EL QUE SE APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES Y EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISIETE, EN LA PARTE QUE CORRESPONDE A LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 228/2018. · Registro digital (IUS): 30378
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-02-11
Promovente: MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, ESTADO DE VERACRUZ.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Febrero de 2022, Tomo II, Pág. 1710.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 228/2018. MUNICIPIO DE SANTIAGO SOCHIAPAN, ESTADO DE VERACRUZ. 25 DE NOVIEMBRE DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, QUIEN VOTÓ CON SALVEDADES Y JAVIER LAYNEZ POTISEK; VOTÓ CON RESERVAS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, emite la siguiente:

Sentencia

En la que se resuelve el expediente relativo a la controversia constitucional identificada al rubro.

I. Antecedentes

1. Demanda. El trece de diciembre de dos mil dieciocho, Amelia Hernández Ambrosio, en su carácter de síndico único del Ayuntamiento de Santiago Sochiapan, Estado de Veracruz, promovió controversia constitucional contra el Congreso de esa entidad federativa con motivo de la expedición del Decreto Número 784, por el que se aprueban los informes individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete.

2. Registro y turno de la demanda. En la misma fecha el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar el expediente relativo a la controversia constitucional que nos ocupa y lo turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para instruir el procedimiento y elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

3. Admisión de la demanda. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz, así como dar vista al procurador general de la República, para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

4. Contestación de la demanda. El ocho y diecinueve de marzo de dos mil diecinueve el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado de Veracruz, respectivamente, rindieron su contestación a la demanda.

5. Audiencia. Una vez sustanciado el procedimiento de la controversia constitucional, el cuatro de junio de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el numeral 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) en la que en términos del precepto 34 de la misma ley se hizo relación de las constancias de autos y de las pruebas documentales ofrecidas por las partes, se tuvieron por presentados los alegatos del Municipio actor y se puso el expediente en estado de resolución.

6. Avocamiento. El diecinueve de noviembre de dos mil veinte la Sala se avocó al conocimiento del asunto.

II. Competencia

7. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta controversia constitucional en términos de los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que el Municipio de Santiago Sochiapan del Estado de Veracruz plantea un conflicto con los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad federativa, sin que impugne normas de carácter general.

III. Certeza y precisión del acto reclamado

8. De acuerdo con lo señalado por el Municipio actor en su demanda, se advierte que la litis de la controversia se ciñe a analizar la constitucionalidad del Decreto Número 784, por el que se aprueban los informes individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio dos mil diecisiete.

IV. Oportunidad

9. Como se asentó en el apartado anterior, el acto impugnado consiste en el Decreto Número 784 mediante el cual el Poder Legislativo del Estado de Veracruz aprobó la cuenta pública correspondiente al ejercicio de dos mil diecisiete, lo que implica que en el caso se reclama un acto que no reviste las características de generalidad y abstracción propias de las normas generales y, por ende, el plazo para la presentación de la demanda en términos de la fracción I(2) del artículo 21 de la ley reglamentaria, es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se controvierta, al en que se haya tenido conocimiento de éstos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los actos.

10. En ese sentido, de la lectura de la demanda se aprecia que el Municipio actor tuvo conocimiento del decreto impugnado derivado de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el dos de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del cinco de noviembre de dos mil dieciocho al dos de enero de dos mil diecinueve.(3)

11. Consecuentemente, si la demanda se presentó el trece de diciembre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que la promoción de la controversia constitucional fue oportuna.

V. Legitimación

12. Actor. De acuerdo con la fracción I(4) del artículo 10 de la ley reglamentaria, el Municipio de Santiago Sochiapan, Estado de Veracruz, tiene el carácter de parte actora, ya que fue quien promovió la controversia constitucional.

13. En su representación, la demanda fue suscrita por la síndica municipal Amelia Hernández Ambrosio, calidad que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría y validez expedida el siete de junio de dos mil diecisiete, por la presidencia del Consejo Municipal de Santiago Sochiapan del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, en la que consta que fue electa para ese cargo.

14. Luego, si en términos del artículo 37, fracción II,(5) de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, el síndico municipal está facultado para representar legalmente al Ayuntamiento actor, éste se encuentra legitimado para promover la controversia constitucional que nos ocupa tal como lo prevé el numeral 11(6) de la ley reglamentaria.

15. Demandados. En el caso, se tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz.

16. La contestación a la demanda por parte del Poder Legislativo fue rendida por José Manuel Pozos Castro, en su carácter de presidente de la mesa directiva, personalidad que se le reconoce de conformidad con la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de siete de noviembre de dos mil dieciocho, Núm. Ext. 446, tomo CXCVIII, en la que consta su designación para ese cargo.(7)

17. Por su parte, el artículo 24, fracción I,(8) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prevé que el presidente de la mesa directiva está facultado para representar legalmente al Congreso del Estado, por lo que en términos de los artículos 10, fracción II(9) y 11(10) de la ley reglamentaria, el Poder Legislativo del Estado de Veracruz tiene legitimación para comparecer a juicio, ya que a éste se le atribuye el acto impugnado y el funcionario que acude en su representación cuenta con facultades para ello.

18. Por lo que hace al Poder Ejecutivo, la contestación a la demanda fue suscrita por el secretario de Gobierno del Estado de Veracruz Eric Patrocinio Cisneros Burgos, personalidad que acredita con copia certificada de su nombramiento de uno de diciembre de dos mil dieciocho, expedido por el gobernador del Estado.

19. Consecuentemente, si en términos de los artículos 8, fracción X,(11) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 15, fracción XXXII,(12) del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el punto primero(13) del acuerdo delegatorio que autoriza al secretario de Gobierno y al subsecretario Jurídico y de Asuntos Legislativos a representar al titular del Ejecutivo Estatal, así como al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, corresponde al secretario de Gobierno la representación del Poder Ejecutivo demandado, éste se encuentra legitimado para comparecer a este juicio por la promulgación y publicación del acto impugnado.

VI. Causas de improcedencia

20. Los demandados afirman que es improcedente la controversia, porque la aprobación de las cuentas públicas de los entes fiscalizables es una atribución que le compete al Poder Legislativo, de manera que el acto impugnado no invade la esfera de competencia del Municipio actor; que el acto reclamado es inexistente, ya que con las pruebas que aporta se evidencia que actuó conforme a sus facultades; y que el acto no causa perjuicio a la parte actora.

21. Las causas invocadas se desestiman, toda vez que lo relativo a la existencia del acto, si causa o no perjuicio, y si representa invasión o no de la esfera de derechos del Municipio actor, son aspectos que involucran el análisis del fondo del asunto.(14)

22. Por otro lado, el Poder Ejecutivo demandado alega que el Municipio actor debió agotar las vías legales ordinarias, toda vez que el acto impugnado versa sobre cuestiones del ámbito local y no conlleva actuaciones en las que se invada la esfera de competencia de la parte actora, ni que transgredan el precepto 115, fracción IV, de la Constitución.

23. La causa referida también se desestima debido a que de la lectura de la demanda se aprecia que el Municipio actor plantea una violación directa de la Constitución Federal, de manera que, contrariamente a lo alegado por la autoridad demandada, no debió agotar previamente la vía prevista en la ley local para efectos de la procedencia de la controversia constitucional.(15)

24. Al no existir alguna otra causa de improcedencia o motivo de sobreseimiento que aleguen las partes o que esta Sala advierta de oficio, a continuación, se analizan los conceptos de invalidez planteados.

VII. Estudio

25. En los conceptos de invalidez el Municipio actor argumenta lo siguiente:

Primero

25.1. La Legislatura demandada aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de Santiago Sochiapan, Estado de Veracruz, sin fundar ni motivar por qué restó valor a las observaciones formuladas por el Órgano de Fiscalización Superior de esa entidad federativa.

25.2. El acuerdo de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, para recibir documentos y argumentos presentados por los servidores públicos y ex servidores públicos del Municipio actor con el propósito de solventar las observaciones de presunto daño patrimonial que les fueron determinadas en el informe individual, y que no se exhibieron ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado durante la auditoría que llevó a cabo, carece de sustento jurídico puesto que no existe disposición legal que le confiera esa atribución.

25.3. El artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz establece que el procedimiento de fiscalización inicia con la notificación del oficio que contiene la orden de auditoría y concluye con la entrega de los informes individuales y el Informe General Ejecutivo al Congreso a través de la Comisión de Vigilancia, así como que los hechos u omisiones consignados por los auditores en las actas que se formulen con motivo de ese procedimiento, harán prueba plena de la existencia de tales hechos, o de las omisiones en que se incurra, para efectos de promover las responsabilidades que sean procedentes.

25.4. El artículo 52 de la ley citada dispone que, antes de la elaboración del informe individual, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado debe notificar al ente fiscalizable el pliego de observaciones y otorgarle un plazo de quince días hábiles para que presente las aclaraciones y la documentación justificativa y comprobatoria que las solvente debidamente, lo cual de no presentarse, se tendrán por consentidas las observaciones para efectos de la formulación de aquél informe, con el fin de promover las acciones o denuncias para la imposición de las sanciones administrativas y penales correspondientes.

25.5. El procedimiento de fiscalización está regulado en etapas, condiciones y términos legales que se deben cumplir, tan es así que la ley en comento en su artículo 25 establece que, transcurridos los plazos fijados a las partes interesadas para ejercer un derecho dentro del procedimiento, sin que éste se haya hecho valer, se tendrá por precluido, sin necesidad de declaración expresa.

25.6. Lo dispuesto en los artículos citados demuestra que la Comisión de Vigilancia vulneró los principios de legalidad y seguridad jurídica al haber acordado recibir documentación y argumentos para solventar las observaciones de daño patrimonial, no obstante que ya había precluido ese derecho, aunado a que la documentación que recibió no fue exhibida ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado durante el procedimiento respectivo.

25.7. En el caso, se respetó el derecho de aclaración de la cuenta pública de los ex servidores públicos, puesto que se les dio oportunidad de soportar y demostrar su proceder, sin que hubieran exhibido algún documento materia de las observaciones realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

25.8. De acuerdo con los artículos 67, fracción III, numeral 8, de la Constitución del Estado y 59 de la ley de la materia, la valoración de las pruebas que se presenten derivado del procedimiento de fiscalización corresponde al Órgano de Fiscalización Superior del Estado y no a la Comisión de Vigilancia; sin embargo, en el caso dicha comisión fue la que validó los documentos proporcionados para dar por solventadas las observaciones, mermando considerablemente el monto de daño señalado por aquél órgano.

Segundo

25.9. El procedimiento que ejerció la Comisión de Vigilancia es ilegal, toda vez que para solventar las observaciones generadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, era necesario que la información y documentación presentada por los ex servidores públicos fuera validada de manera conjunta por ese órgano y la administración actual del Municipio actor, lo que en la especie no aconteció, por lo que se desconoce la forma en que el Congreso del Estado validó y valoró los documentos presentados, puesto que ante el incumplimiento de tal requisito, no podía darles pleno valor probatorio.

25.10. La Legislatura demandada no sustentó en disposición alguna su determinación de tener por solventadas las observaciones generadas por el órgano fiscalizador, ni expuso argumentación jurídica para proceder en esos términos, de manera que debe anularse el dictamen de la cuenta pública que constituye el acto impugnado.

Tercero

25.11. La Legislatura demandada aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento actor, con independencia de las imprecisiones e irregularidades que presentaba, derivadas de que no justificaron los gastos que manifestaron haber realizado, ni la conclusión de las obras que se llevarían a cabo, ya que éstas en realidad a la fecha se encuentran inconclusas, tal como se demuestra de las observaciones generadas. Por ello, la aprobación de esa cuenta por parte del Congreso del Estado vulnera en perjuicio del Municipio actor el precepto 115 de la Constitución Federal, puesto que debió haber reprobado o rechazado la cuenta pública en atención a las observaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

25.12. El argumento del Poder Legislativo que apoya la declaración de validez de los documentos presentados por los ex servidores públicos municipales, para soportar la cuenta pública del ejercicio dos mil diecisiete del Ayuntamiento actor, carece de sustento jurídico y, consecuentemente, no cumple con lo dispuesto en el precepto 16 constitucional en el sentido de que todos los actos de autoridad deben estar basados en derecho.

25.13. La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz no permite que la Legislatura, sea en su integridad o como colectivo dictaminador, reste validez o desvirtúe las observaciones sobre irregularidades detectadas por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

26. Esta Sala estima que son fundados los conceptos de invalidez hechos valer por el Municipio actor.

Marco normativo

27. Debido a que lo alegado por el Municipio actor se refiere a la facultad del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para revisar y fiscalizar las cuentas públicas municipales, en términos del artículo 115, fracción IV, de la Constitución, resulta importante exponer la evolución que en nuestro país ha tenido la facultad de la revisión de la cuenta pública.

28. Este Tribunal Pleno ya ha analizado(16) la regulación constitucional de la revisión de la cuenta pública y ha advertido que, de acuerdo con el texto original de la Constitución de mil novecientos diecisiete, la revisión de la cuenta pública era una facultad que correspondía ejercer al Congreso de la Unión, en ambas Cámaras de Diputados y de Senadores.

29. Fue a partir de mil novecientos setenta y siete que esa facultad pasó a ser exclusiva de la Cámara de Diputados, la cual se apoyaba para tal efecto en la Contaduría Mayor de Hacienda. No obstante, el objeto y alcance de la revisión continuó consistiendo en una investigación que tenía por objeto determinar si las cantidades gastadas eran o no congruentes con las partidas autorizadas.

30. Posteriormente, debido a una tendencia a nivel mundial de dotar de mayor autonomía a los órganos encargados de la revisión de las cuentas públicas respecto de los Poderes públicos, mediante reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve se desapareció a la Contaduría Mayor de Hacienda y se creó la Auditoría Superior de la Federación, organismo que se dotó de autonomía técnica y de gestión, cuyo fundamento se estableció en los artículos 74, fracciones II y IV, y 79 de la Constitución Federal.

31. El siete de mayo de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional a los artículos 74, fracción IV y 79, fracciones I y II, cuyo objetivo era mejorar la manera en que el gobierno administra y utiliza los recursos del Estado, así como para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas sobre su uso adecuado y eficiente; de ahí que se enfatizó en la necesidad de que el gasto fuera evaluado en cuanto a los resultados obtenidos en los tres niveles de gobierno.

32. En los trabajos legislativos de la reforma en comento se hizo referencia al fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, para prever un proceso de fiscalización eficiente y compatible con los principios de división de poderes y de legalidad, elevando a nivel constitucional algunos supuestos normativos contenidos en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, como son las facultades de revisar información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública a revisar, para fiscalizar recursos ejercidos por entes públicos que no sean federales, incluyendo a los particulares o cuando los recursos públicos sean destinados a fideicomisos privados, fondos o instrumentos similares, y para que pudieran emitir recomendaciones no vinculantes sobre el desempeño del gasto. Además, se propuso establecer que la función de fiscalización se regulara en su alcance por los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad e imparcialidad.

33. En su dictamen, la Cámara de Senadores en su calidad de revisora, hizo hincapié en la importancia de reformar los artículos 116 y 122 constitucionales, con el propósito de establecer en las Legislaturas Locales, órganos estatales de fiscalización y hacer de aplicación general los principios rectores de la fiscalización en todas las entidades federativas.

34. El veintisiete de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma a los artículos 74 y 79 constitucionales. Esta reforma se integró con cinco iniciativas y se destaca porque a través de ésta se creó el Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización, encabezado por la Auditoría Superior de la Federación como su eje articulador.

35. Por tanto, en el procedimiento de reforma se recalcó la necesidad de otorgar mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación, y se propuso que sus facultades no se limitaran a la realización de auditorías, sino también para llevar a cabo investigaciones cuando se presuma responsabilidad administrativa de carácter grave o algún acto de corrupción de servidores públicos o de particulares que manejen recursos públicos, así como que su facultad de revisión se extendiera a actos cometidos en ejercicios fiscales anteriores eliminándose los principios de anualidad y posterioridad, y que se ampliara el plazo para fiscalizar la cuenta pública, entre otros aspectos.

36. Además del énfasis en el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, se consideró que esto también operaría para sus homólogas en las entidades federativas, por lo que también se modificaron los artículos 116 y 122 constitucionales.

37. Como consecuencia de la reforma en comento los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Federal, quedaron de la forma siguiente:

"Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

"...

"II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley;

"...

"VI. Revisar la cuenta pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

"La revisión de la cuenta pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley.

"La cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoria Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

"La Cámara concluirá la revisión de la cuenta pública a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

"La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización."

"Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

"La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

"La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la cuenta pública.

"Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.

"La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:

"I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.

"También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

"Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la ley.

"La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública en revisión.

"Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes;

"II. Entregar a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la cuenta pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, así como las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.

"Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la Federación para la elaboración de los informes individuales de auditoría.

"El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30378-99aaa178/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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