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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS. ES ATRIBUCIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE REALIZAR EL DICTAMEN RELATIVO QUE QUEDÓ PENDIENTE AL TERMINAR EL PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS Y DAR CUENTA CON EL MISMO AL CONGRESO LOCAL EN SESIÓN EXTRAORDINARIA (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LOS DECRETOS LXIII-921, LXIII-953 Y LXIII-972 POR LOS QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NO APROBÓ LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, ASÍ COMO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DEL INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, AMBOS DE ESE MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS. LA FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL PARA EMITIR LOS DECRETOS EN LOS QUE NO APRUEBA AQUÉLLA NO ESTÁ SUJETA AL PLAZO DE CIENTO VEINTE DÍAS PARA QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO SE PRONUNCIE SOBRE LAS RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES SUJETAS AL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LOS DECRETOS LXIII-921, LXIII-953 Y LXIII-972 POR LOS QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NO APROBÓ LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, ASÍ COMO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DEL INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, AMBOS DE ESE MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS. LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LOS DICTÁMENES RELATIVOS APROBADA POR EL PLENO DEL CONGRESO LOCAL CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN AL HABERSE CONSIDERADO QUE SE TRATA DE UN ASUNTO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LOS DECRETOS LXIII-921, LXIII-953 Y LXIII-972 POR LOS QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NO APROBÓ LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, ASÍ COMO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DEL INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, AMBOS DE ESE MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS. EL CONGRESO LOCAL NO ESTÁ OBLIGADO A ANALIZAR DIRECTAMENTE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, CONTABILIDAD, AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS REMITIDA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, AL CORRESPONDER ESA REVISIÓN A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL PROPIO CONGRESO PARA ESTAR EN APTITUD DE EMITIR LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES Y SOMETERLOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LOS DECRETOS LXIII-921, LXIII-953 Y LXIII-972 POR LOS QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NO APROBÓ LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, ASÍ COMO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DEL INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, AMBOS DE ESE MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS. LOS DICTÁMENES CON LOS PROYECTOS DE LOS DECRETOS IMPUGNADOS ELABORADOS POR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE FUERON CONOCIDOS POR LOS DIPUTADOS PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y FUERON PUESTOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO LOCAL PARA SU DISCUSIÓN (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE LOS DECRETOS LXIII-921, LXIII-953 Y LXIII-972 POR LOS QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS NO APROBÓ LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, ASÍ COMO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DEL INSTITUTO REYNOSENSE PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, AMBOS DE ESE MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS. LOS DICTÁMENES CON LOS PROYECTOS DE LOS DECRETOS IMPUGNADOS ELA

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 329/2019. · Registro digital (IUS): 30657
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-06-03
Promovente: MUNICIPIO DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo VI, Pág.4911.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 329/2019. MUNICIPIO DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS. 9 DE MARZO DE 2022. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al nueve de marzo de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelven los autos relativos a la controversia constitucional 329/2019, promovida por el Municipio de Reynosa, Estado de Tamaulipas.

I. ANTECEDENTES

1. Inicio del procedimiento legislativo de revisión y fiscalización de la cuenta pública. Mediante oficio ASE/0221/2019, el veinte de febrero de dos mil diecinueve, el auditor superior del Estado de Tamaulipas entregó al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, los resultados de la fiscalización al desempeño, gestión financiera y cuenta pública del ejercicio 2017 de diversas entidades sujetas de fiscalización, específicamente, entregó los informes individuales de la auditoría especial del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

2. Elaboración de dictámenes respecto a la cuenta pública. Con base en los informes individuales antes referidos, el treinta de agosto de dos mil diecinueve, la Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas elaboró los dictámenes correspondientes a la revisión de la cuenta pública del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

3. Convocatoria para sesión pública extraordinaria. Posteriormente, la Diputación Permanente emitió convocatoria al Congreso de Tamaulipas para llevar a cabo una sesión pública extraordinaria a celebrarse el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en la cual se discutiría y resolvería en definitiva la aprobación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal dos mil diecisiete de diversos entes del Estado de Tamaulipas. Dicha convocatoria se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el cuatro de septiembre del mismo año.

4. Aprobación de dictámenes. El Congreso del Estado de Tamaulipas, en sesión pública extraordinaria celebrada el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, aprobó, por mayoría de votos los dictámenes mediante los cuales se tuvo por no aprobada la cuenta pública del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal 2017.

5. Publicación de decretos. El diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve se publicaron, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, los decretos que contienen la no aprobación de la cuenta pública de los entes señalados para el ejercicio fiscal 2017.

6. Promoción de la controversia constitucional. El síndico municipal del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad federativa. Señaló como actos impugnados los siguientes:

• Decreto LXIII-921, mediante el cual no se aprueba la información contable y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, correspondiente al Tomo del Ayuntamiento del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, del ejercicio fiscal dos mil diecisiete; aprobado por el Congreso del Estado de Tamaulipas, en fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.

• Decreto LXIII-953, mediante el cual no se aprueba la información contable y presupuestaria de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete; aprobado por el Congreso del Estado de Tamaulipas, en fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.

• Decreto LXIII-972, mediante el cual no se aprueba la información contable y presupuestaria del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete; aprobado por el Congreso del Estado de Tamaulipas, en fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.

7. Conceptos de invalidez. Los argumentos del Municipio promovente se sintetizan a continuación:

• Violación al procedimiento legislativo en la emisión de los decretos impugnados. El Poder Legislativo, al emitir los decretos impugnados, violó el procedimiento legislativo al dispensar la lectura de los dictámenes que se sometieron a votación, toda vez que dicha dispensa no estuvo debidamente fundada y motivada, por tanto, considera que el Poder Legislativo violentó los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

• Por ese motivo, existió un vicio en el procedimiento legislativo que trascendió a los decretos impugnados, violándose el principio democrático, toda vez que los diputados no tuvieron tiempo para conocer y estudiar el dictamen, por tanto, no estuvieron en posibilidad de discutirlo en un verdadero debate.

• Los decretos impugnados se emitieron violando el procedimiento legislativo porque los diputados votaron sólo un resumen del informe de la Auditoría Superior, sin tener elementos suficientes para conocer el resultado de las auditorías y poder realizar un análisis consciente y acucioso.

• El Congreso de Tamaulipas tenía pleno conocimiento de que el procedimiento de auditoría no había concluido, no obstante, aprobó los dictámenes con los proyectos de decretos impugnados, sin contar con todos los elementos necesarios para tal efecto.

• Los dictámenes y decretos no se discutieron, no se fundamentaron, no se motivaron y tampoco se resolvió la "no aprobación", en términos de los artículos 45, párrafo tercero y 58, fracción VI, de la Constitución del Estado de Tamaulipas.

• De conformidad con los artículos 44, 45 y 58 de la Constitución del Estado de Tamaulipas, la emisión de los decretos y la aprobación de las cuentas públicas son un tema ordinario, que no debió verse en sesión extraordinaria.

• Falta de fundamentación para determinar no aprobar la cuenta pública. No existe fundamento legal, acuerdo o criterio que sirva de base para que la Auditoría Superior del Estado determinara la "no solventación de observaciones" y en el caso del Congreso la no aprobación de la cuenta pública, pues hay entes fiscalizados que, aun teniendo observaciones sin solventar, sí son aprobadas.

• Falta de competencia de la Comisión Permanente. Es la Comisión de Vigilancia especializada en el tema de fiscalización a quien le compete emitir el dictamen para la aprobación de las cuentas públicas; sin embargo, fue la Comisión Permanente quien lo emitió.

• La emisión de los dictámenes fue antes del plazo establecido. La aprobación de la Cuenta Pública por parte del Congreso del Estado no puede realizarse de manera previa a que la Auditoría Superior del Estado termine el procedimiento de auditoría.

• En el caso, la Auditoría Superior del Estado notificó el informe individual al Ayuntamiento el día veintiuno de febrero de dos mil diecinueve y otorgó un plazo de 30 días para que presentara la información que estimara pertinente. Así, el diez de abril de dos mil diecinueve, el Ayuntamiento presentó determinada información a efecto de solventar las observaciones. A partir de dicha fecha, la auditoría, en términos del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, tiene ciento veinte días hábiles para pronunciarse.

• Dicho término feneció el quince de octubre de dos mil diecinueve, sin embargo, los decretos impugnados se publicaron el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. En ese sentido, el Congreso de Tamaulipas tenía que esperar a que concluyera el plazo de ciento veinte días, para resolver si aprobaba o no la cuenta pública, pues el procedimiento de auditoría no había concluido.

8. Registro del expediente. El cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 329/2019, y por razón de turno designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

9. Admisión de la demanda. El cuatro de diciembre de dos mil diecinueve el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas y ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que hicieran las manifestaciones que consideraran pertinentes.

10. Contestación de demanda. Mediante oficios recibidos el catorce y veintiséis de febrero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Félix Fernando García Aguiar, ostentándose como presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y Jorge Espino Ascanio, ostentándose como auditor superior del Estado de Tamaulipas, respondieron, respectivamente, la demanda de controversia constitucional.

11. El Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno, ambos del Estado de Tamaulipas, no contestaron la demanda a pesar de estar debidamente notificados, aunado a que el fiscal general de la República y el consejero jurídico del Gobierno Federal no rindieron opinión pese a que fueron debidamente notificados.

12. Audiencia pública y alegatos. El tres de diciembre de dos mil veinte tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos y se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes. Consecuentemente, se tuvo por cerrada la instrucción y se procedió a la elaboración de la resolución respectiva.

13. Returno del expediente. Toda vez que en sesión pública celebrada vía remota el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, los Ministros integrantes de la Sala desecharon el proyecto de resolución presentado por el Ministro José Fernando Franco González Salas, en consecuencia, se ordenó el returno del expediente al Ministro Javier Laynez Potisek.(1)

II. COMPETENCIA

14. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta controversia constitucional en términos de los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución, 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que el Municipio de Reynosa, del Estado de Tamaulipas, plantea un conflicto con los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la misma entidad federativa, sin que impugne normas de carácter general. Sirven como sustento la jurisprudencia 2a./J. 151/2007 y la tesis aislada 2a. XXV/2012, emitidas por esta Segunda Sala, de rubros siguientes: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENEN COMPETENCIA PARA RESOLVERLAS AUN RESPECTO DEL FONDO, CUANDO EN ELLAS INTERVENGA UN MUNICIPIO Y NO SUBSISTA PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL (INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001)."(2) y "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE ELLAS, CONFORME AL ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001, REFORMADO POR EL DIVERSO 3/2008."(3)

15. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

III. CERTEZA Y PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS

16. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria,(4) anterior a la reforma de siete de junio de dos mil veintiuno, se procede a precisar en forma concreta los actos que son objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados.

17. El Municipio actor promovió controversia constitucional en contra de los Decretos LXIII-921, LXIII-953 y LXIII-972, cuya descripción y contenido se exponen a continuación:

• Decreto LXIII-921, mediante el cual no se aprueba la información contable y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, correspondiente al tomo del Ayuntamiento del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, del ejercicio fiscal dos mil diecisiete; aprobado por el Congreso del Estado de Tamaulipas, en fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.

"Artículo primero. No se aprueba la información contable y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del Municipio de Reynosa, Tamaulipas correspondiente al Tomo del Ayuntamiento del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, del ejercicio fiscal 2017."

"Artículo segundo. Se instruye a la Auditoría Superior del Estado, para que inicie el procedimiento correspondiente, e informe al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en los términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas."

"Artículo tercero. Las responsabilidades de los servidores públicos, de carácter político, civil, administrativo o penal, que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables."

• Decreto LXIII-953, mediante el cual no se aprueba la información contable y presupuestaria de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete; aprobado por el Congreso del Estado de Tamaulipas, en fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.

"Artículo primero. No se aprueba la información contable y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del Municipio de Reynosa, Tamaulipas correspondiente al tomo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, del ejercicio fiscal 2017."

"Artículo segundo. Se instruye a la Auditoría Superior del Estado, para que inicie el procedimiento correspondiente, e informe al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en los términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas."

"Artículo tercero. Las responsabilidades de los servidores públicos, de carácter político, civil, administrativo o penal, que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables."

• Decreto LXIII-972, mediante el cual no se aprueba la información contable y presupuestaria del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete; aprobado por el Congreso del Estado de Tamaulipas, en fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve.

"Artículo primero. No se aprueba la información contable y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del Municipio de Reynosa, Tamaulipas correspondiente al tomo del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, del ejercicio fiscal 2017."

"Artículo segundo. Se instruye a la Auditoría Superior del Estado, para que inicie el procedimiento correspondiente, e informe al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en los términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas."

"Artículo tercero. Las responsabilidades de los servidores públicos, de carácter político, civil, administrativo o penal, que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables."

18. Por consiguiente, la materia de impugnación se constriñe a los actos referidos, cuya emisión se atribuyó al Congreso del Estado de Tamaulipas, quien reconoció el mismo y cuya existencia se hace constar con la copia del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tamaulipas, publicado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve."

19. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

IV. OPORTUNIDAD

20. Toda vez que los actos reclamados no revisten las características de generalidad y abstracción propias de las normas generales, el plazo para la presentación de la demanda en términos de la fracción I(5) del artículo 21 de la ley reglamentaria, anterior a la reforma de siete de junio de dos mil veintiuno, es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se controvierta, al en que se haya tenido conocimiento de éstos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los actos.

21. De la lectura de la demanda se aprecia que el Municipio actor tuvo conocimiento de los decretos impugnados derivado de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para presentar la demanda transcurrió del dieciocho de septiembre al veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.(6)

22. Consecuentemente, si la demanda se presentó el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es evidente que la promoción de la controversia constitucional fue oportuna.

23. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

V. LEGITIMACIÓN

24. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria,(7) el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

25. Legitimación activa. El Municipio de Reynosa compareció por conducto de la segunda síndica del Ayuntamiento de Reynosa, Estado de Tamaulipas, representante legal de ese Municipio, carácter que acredita con copia certificada de la constancia de mayoría expedida por el Instituto Electoral de dicha entidad federativa.

26. Las atribuciones de dicha funcionaria para ostentar la representación jurídica del Municipio están previstas en artículos 60, fracción II y 61 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas,(8) por lo que es evidente que el Municipio actor cuenta con legitimación para comparecer al presente juicio, toda vez que ha quedado demostrado que la funcionaria que compareció a juicio en su representación cuenta con facultades para ello.

27. Legitimación pasiva. De conformidad con el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria,(9) anterior a la reforma de siete de junio de dos mil veintiuno, se le reconoció el carácter de partes demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tamaulipas, a quienes se les atribuyó la emisión y publicación de los decretos impugnados. 28. Por lo que respecta al Poder Legislativo, el presidente de la mesa directiva del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas dio contestación a la demanda, acreditando su personalidad con copia certificada del "Decreto LXIV-72 mediante el cual se elige presidente y suplente para integrar la mesa directiva que dirigirá los trabajos legislativos durante el mes de febrero del presente año" de veintinueve de enero de dos mil veinte y, en términos del artículo 22, numeral 1, inciso I), de la Ley sobre la organización y funcionamiento del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas,(10) sí cuenta con facultades de representación.

29. En cuanto al Poder Ejecutivo, como ya se precisó, no contestó la demanda a pesar de estar debidamente notificado.

30. Respecto al auditor superior del Estado de Tamaulipas, Jorge Espino Ascanio, acreditó su personalidad con la copia certificada del acuerdo LXIII-61, de catorce de febrero de dos mil diecisiete, emitido por el Congreso de la referida entidad federativa: por lo que en términos del artículo 6 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado,(11) sí cuenta con facultades de representación.

31. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

32. El Poder Legislativo argumenta que se actualizan las hipótesis previstas en las fracciones IV y VI, del artículo 19 de la ley reglamentaria, puesto que el proceso de fiscalización y determinación de responsabilidades aún no ha concluido, en términos de los títulos segundo y quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas.

33. Ese planteamiento debe desestimarse porque se refiere a una cuestión que es materia del fondo del asunto, pues el actor planteó en los conceptos de invalidez de la demanda que los decretos impugnados deben invalidarse al provenir de un procedimiento viciado, en virtud de que la fiscalización que inició la Auditoría Superior del Estado no había concluido.(12)

34. En esas condiciones, al no existir alguna otra causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento, sea que las partes hubieren hecho valer o que de oficio se adviertan, se procede a analizar el fondo del asunto.

35. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos.

VII. ESTUDIO DE FONDO

36. Atendiendo a los conceptos de invalidez hechos valer por el Ayuntamiento promovente, el estudio del presente asunto está dividido en dos partes. En la primera, se estudian, tanto el concepto mediante el cual se sostiene la falta de competencia de la Comisión Permanente del Congreso Local para emitir los dictámenes de aprobación de las cuentas públicas; como los argumentos que sostienen diversas violaciones al procedimiento legislativo en la emisión de los decretos impugnados; asimismo, se examina si resulta obligatorio que el Congreso de Tamaulipas tenga que esperar a que concluya el procedimiento de revisión y auditoría por parte de la Auditoría Superior Estatal, para resolver si aprueba o no la cuenta pública. En la segunda, se analizará el concepto de invalidez relativo a la supuesta falta de fundamentación por parte del Congreso para tener por no aprobadas las cuentas públicas para el ejercicio fiscal 2017, del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.

A. Análisis de argumentos relativos a la falta de competencia de la Comisión Permanente del Congreso Local para emitir los dictámenes de aprobación de cuentas públicas y respecto a las violaciones al procedimiento legislativo en la emisión de los decretos impugnados.

37. A continuación, se atienden los conceptos de invalidez relacionados con las violaciones al procedimiento legislativo del que derivan los decretos impugnados y la falta de competencia del Congreso Local para emitirlos, pues tales argumentaciones de resultar fundadas provocarían la invalidez de los actos impugnados y, en consecuencia, el estudio de los demás conceptos de invalidez resultaría innecesario.

38. Es infundado el argumento de falta de competencia hecho valer por el Municipio actor relativo a que los decretos impugnados indebidamente se dictaminaron por la Diputación Permanente y se aprobaron por el Congreso del Estado de Tamaulipas en una sesión extraordinaria, pues los dictámenes tenían que se emitidos por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado y tenían que aprobarse en una sesión ordinaria.

39. De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución del Estado de Tamaulipas,(13) el Congreso tendrá dos periodos ordinarios de sesiones cada año legislativo: el primero inicia el primero de octubre y puede extenderse hasta el quince de diciembre; el segundo inicia el quince de enero y termina el treinta de junio.

40. Por su parte, el artículo 48 de la Constitución Local(14) establece que el Congreso, antes de cerrar cada periodo de sesiones nombrará una Diputación Permanente y, de acuerdo con la fracción II del artículo 62 de la Constitución Local,(15) es atribución de la Diputación Permanente dictaminar los asuntos que quedaren pendientes al terminar el periodo de sesiones ordinarias del Congreso.

41. En ese sentido, el artículo 56 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas,(16) prevé que los asuntos que se hallen a cargo de las comisiones ordinarias al concluir el periodo inmediato anterior serán responsabilidad de la Diputación Permanente durante el receso; además, la Diputación Permanente podrá dar cuenta al Congreso en una sesión extraordinaria con los dictámenes que hayan quedado a su cargo.

42. Del mismo modo, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 56 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, el Congreso está facultado para resolver en una sesión extraordinaria sobre los dictámenes que le presente la Diputación Permanente.

43. En consecuencia, si de los dictámenes relativos a la cuenta pública del ejercicio fiscal dos mil diecisiete del Municipio de Reynosa, se advierte que se elaboraron por la Diputación Permanente durante el receso del Congreso, es claro que contaba con facultades para emisión de los dictámenes, de conformidad con los preceptos legales citados.

44. De la misma forma, resulta infundado el argumento relativo a que el Congreso de Tamaulipas no podía emitir los decretos impugnados pues no había vencido el plazo de ciento veinte días para que la Auditoría Superior del Estado se pronuncie sobre las respuestas de las entidades sujetas a fiscalización.

45. Lo anterior es así, toda vez que dicho plazo sólo guarda relación con el procedimiento que se sigue ante la Auditoría Superior del Estado y no con el procedimiento ante el Congreso.

46. En efecto, la facultad de revisión de la cuenta pública que realiza el Congreso del Estado no está sujeta al plazo de ciento veinte días para que la Auditoría Superior del Estado se pronuncie sobre las respuestas de las entidades sujetas a fiscalización. Este plazo hace referencia exclusivamente a la temporalidad con la que cuenta el órgano técnico para pronunciarse respecto a los informes y consideraciones realizadas por las entidades sujetas a fiscalización a raíz de las observaciones que la propia Auditoría Superior del Estado les hizo saber una vez que presentó al Congreso Local los informes individuales de auditoría.

47. En otras palabras, la Auditoría Superior del Estado entrega, tanto al Congreso Local, como a los entes sujetos a fiscalización, los informes de auditoría individuales, respecto a los cuales dichos entes pueden presentar la información necesaria y realizar las consideraciones que estimen pertinentes. Hecho lo anterior, la Auditoría Superior del Estado tiene un plazo de ciento veinte días hábiles para pronunciarse sobre las mismas.(17)

48. Así, no debe confundirse el plazo para el trámite de las observaciones, con la facultad de revisión de la cuenta pública que realiza el Congreso del Estado, máxime cuando el propio artículo 58, fracción VI, último párrafo, hace la salvedad en los siguientes términos:

"Las cuentas públicas del ejercicio fiscal correspondiente deberán ser presentadas al Congreso, a más tardar, el 30 de abril del año siguiente. Únicamente se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, cuando medie solicitud del gobernador suficientemente justificada a juicio del Congreso, previa comparecencia del titular de la dependencia competente, pero la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoría Superior de (sic) Estado contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe de resultados de la revisión de la cuenta pública. El Congreso deberá concluir la revisión de las cuentas públicas a más tardar el 15 de diciembre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del informe de resultados que emita la Auditoría Superior del Estado, sin demérito de que el trámite de observaciones, recomendaciones o acciones promovidas por la propia auditoría, seguirá su curso en términos de lo dispuesto por esta Constitución y la ley."

49. De esta manera, contrario a lo argumentado por el Municipio actor, el plazo de 120 días referido no resulta aplicable a la emisión de los decretos impugnados.

50. Asimismo, resulta infundado el argumento del Municipio actor en el que señala que se cometieron violaciones al procedimiento legislativo del que derivan los decretos impugnados, esencialmente porque se dispensó la lectura de los dictámenes que se sometieron a votación, sin fundar ni motivar dicha dispensa, violándose el principio democrático, toda vez que los diputados no tuvieron tiempo para conocer y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30657-6690800b/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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