CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CÓMPUTO PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA, CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, SE INICIA AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO EL ACTOR O SE HAGA SABEDOR DE LOS MISMOS. CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, ESTADO DE GUANAJUATO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011. EL ACUERDO DE 20 DE JUNIO DE 2013 EMITIDO POR LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS OFICIOS NÚMEROS OFS/1853/2013 Y OFS/1854/2013, SUSCRITOS POR EL AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA LOCALIDAD, AMBOS DE 16 DE AGOSTO DE 2013, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA MUNICIPAL Y LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DE NO EXISTIR, POR LO MENOS, UN PRINCIPIO DE AFECTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA TIENE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, AL TRATARSE DE UN ENTE QUE GOZA DE AUTONOMÍA TÉCNICA, DE GESTIÓN Y PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. REVISIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. LA LEGISLATURA ESTATAL, A TRAVÉS DE SU ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN, CUENTA CON ATRIBUCIONES PARA IMPONER A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO LA OBLIGACIÓN DE EJERCER, EN EL PLAZO DE TRES MESES, LAS ACCIONES ANTE AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL FINCAMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE DERIVEN DE AQUÉLLA Y RENDIR INFORMES EN RELACIÓN CON DICHAS ACCIONES, SIN QUE ELLO VULNERE EL PRINCIPIO DE LIBRE ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 96/2013. MUNICIPIO DE SAN FELIPE, ESTADO DE GUANAJUATO. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, CON RESERVAS. 23 DE ABRIL DE 2014. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MARTHA ELBA HURTADO FERRER.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintitrés de abril de dos mil catorce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio recibido el veintisiete de agosto de dos mil trece en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Federico Ezequiel Velázquez Juárez, María del Socorro García Mejía y Federico Zárate Zavala, en su respectivo carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato, promovieron controversia constitucional en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
Autoridades demandadas:
1. Congreso del Estado de Guanajuato.
2. Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato (OFS) dependiente del citado Congreso.
Norma impugnada:
La reforma al artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, publicada en la segunda parte del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, del día once de septiembre de dos mil doce.
Actos impugnados:
1. El acuerdo emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, tomado en fecha de veinte de junio de dos mil trece.
2. El dictamen de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, emitido el veinte de mayo de dos mil trece.
En dichos actos se declaran revisadas las cuentas públicas municipales de San Felipe, Guanajuato, correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal de dos mil once, en los que se acordó que "el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior promoverá las acciones necesarias para el fincamiento de las responsabilidades administrativas, determinadas en el dictamen técnico jurídico contenido en el informe de resultados formulado por Órgano de Fiscalización Superior"; asimismo, ordena "dar vista del informe de resultados al Ayuntamiento del Municipio de San Felipe, Gto., a efecto de que se atiendan las observaciones que no se solventaron en su totalidad ...", y para que "con base en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico contenidos en el informe de resultados, se ejerzan las acciones civiles que procedan ante la autoridad competente, en el término señalado en el artículo 52 de la citada ley; y se proceda al fincamiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar, informando al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de las acciones realizadas para ello, con objeto de que este último realice el seguimiento correspondiente".
3. El oficio número OFS/1853/2013 de dieciséis de agosto de dos mil trece, suscrito por el contador público Mauricio Romo Flores, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, dirigido al Ayuntamiento del Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato, en el que se manifiesta que: "... a fin de que se inicien los procedimientos administrativos a que haya lugar y una vez seguidos los trámites correspondientes, se informe a este Órgano de Fiscalización Superior el resultado de los mismos para el seguimiento respectivo".
4. El oficio número OFS/1854/2013 de dieciséis de agosto de dos mil trece, suscrito por el contador público Mauricio Romo Flores, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, dirigido al Ayuntamiento del Municipio de San Felipe, Estado de Guanajuato, en el que se manifiesta que: "A fin de que se inicien los procedimientos administrativos a que haya lugar y una vez seguidos los trámites correspondientes, se informe a este Órgano de Fiscalización Superior el resultado de los mismos para el seguimiento respectivo. No omito manifestarle, que del numeral (sic) 2.1.10 Cuotas IMSS, se determinó un daño por lo que ... se consideran como conductas graves".
SEGUNDO. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 14, 16, 109, fracción III, 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son los siguientes:
"Primero. El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato presentó el Informe de resultados de la revisión a la cuenta pública de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2011, la cual fue notificada al secretario particular del presidente municipal el día 28 del mes de junio próximo pasado.
"En dicho informe, se halla la observación número 2.1.10 Cuotas IMSS (visible en p. 43) en la que se determina textualmente:
"En la partida de egresos número 1413 denominada ‘Aportaciones al IMSS’, se observó el pago de recargos, por un importe de $38,123.37, generado por la determinación de diferencias en las cuotas obrero-patronales, en lo que respecta al salario base de cotización. El detalle se muestra a continuación:
"(se transcribe)
"El pago de recargos se originó por no dar debido cumplimiento al artículo 227, fracción II, de la Ley del Seguro Social, donde se establece: ... Al solicitar la explicación del motivo de la generación de diferencias en cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, el tesorero municipal, mediante oficio número 268 de fecha 25 de abril de 2012, manifestó: La razón se debe a que se hizo un ajuste al sueldo diario integrado de los empleados que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el factor de integración del salario diario integrado el cual tanto los dictaminadores como el subdirector del instituto determinaron para poder presentar el dictamen. El pago de recargos observados no es justificable, ya que no es una erogación correspondiente a actividades propias del Municipio, y menos aún en atención a los objetivos y prioridades contemplados en sus planes y programas, por lo que resulta importante tener en cuenta lo señalado en el artículo 11, fracciones I y IV, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, el cual establece: ...
"Se considera no solventada, el ente fiscalizado en su respuesta confirma que las diferencias se debieron a una causa imputable al Municipio, como es realizar en forma incorrecta integración (sic) del salario base de cotización, razón por la que no se justifica el gasto de $38,123.37, por concepto de recargos moratorios a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que deriva de un descuido en la determinación de las cuotas correspondientes.
"Anexo a este documento, se halla el dictamen que emite el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, con motivo de determinar los daños y perjuicios que derivan del proceso de fiscalización practicado a la administración municipal de San Felipe, Gto., respecto a la revisión de cuenta pública correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2011.
"En dicho dictamen, en la página 75, se establece que, de la observación número ‘2.1.10. Cuotas IMSS’, se pagaron de la partida de egresos número 1413 denominada ‘Aportaciones al IMSS’ se observó el pago de recargos, por un importe de $38,123.37 generado por la determinación de diferencias en las cuotas obrero-patronales, en lo que respecta al salario base de cotización. Luego, establece que el presunto responsable es el C. José Ricardo Narváez Ramírez, en su carácter de tesorero municipal.
"Más adelante, también anexo al informe de resultados, se encuentra el dictamen técnico jurídico que emite el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, con motivo de precisar las acciones legales que derivan del proceso de fiscalización practicado a la Administración Municipal de San Felipe, Gto., respecto de la cuenta pública correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal 2011, en dicho documento, en la página 88, establece:
"6. Observación 2.1.10 Cuotas IMSS.
"6.1. Responsabilidad administrativa.
"A) Presuntos responsables: Servidor público que durante el periodo de revisión fungió como tesorero municipal por guardar relación con los hechos observados, así como aquellos servidores que se le haya encomendado o delegado tal función.
"B) Motivo y fundamento de las acciones que deberán promoverse. Derivado de los hechos observados en ese punto y que se encuentran expresamente mencionados en el pliego de observaciones y recomendaciones que consta en el presente informe de resultados, de la partida de egresos número 1413 denominada ‘Aportaciones al IMSS’, se observó el pago de recargos, por un importe detallado en la observación de mérito, generado por la determinación de diferencias en las cuotas obrero-patronales, en lo que respecta al salario base de cotización. El pago de recargos se originó por no dar debido cumplimiento al artículo 227, fracción II, de la Ley del Seguro Social. Al solicitar la explicación del motivo de la generación de diferencias en cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, el tesorero municipal, mediante oficio número 268 de fecha 25 de abril de 2012, manifestó: ... Luego entonces se presumen conductas que son contrarias a las obligaciones que todo servidor público debe observar, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 66, fracción VII, de la Constitución Local, en relación con lo señalado en los artículos 8, fracción XVI, 47, 49 y 57, fracción XIX, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, es procedente denunciar la probable comisión de faltas administrativas, a fin de que se instaure y sustancie el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos señalados como presuntos responsables de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
"C) Autoridad competente: Atento a lo dispuesto ...
"6.2. Responsabilidad Civil: Con base en el dictamen de daños y perjuicios, se derivan responsabilidades civiles de esta observación.
"A) Presuntos responsables: El C. José Ricardo Narváez Ramírez, en su carácter de tesorero municipal.
"B) Motivación y fundamento de las acciones que deberán promoverse. De los hechos descritos anteriormente y que constan en este numeral, se observaron conductas que traen como consecuencia presuntas responsabilidades de naturaleza civil, imputables al funcionario público señalado como presunto responsable. Lo anterior de conformidad con los artículos 1600, 1601 y 1602 y demás correlativos y aplicables del Código Civil para el Estado de Guanajuato, por lo que es procedente ejercer las acciones necesarias en la vía que corresponda y ante la autoridad competente.
"C) Autoridades competentes: Con fundamento en lo dispuesto
"...
"6.3. Responsabilidad penal: No se desprenden.
"El informe de resultados y los dos dictámenes anexos, fueron remitidos al Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, el cual el día 20 de junio del año en curso, acordó lo siguiente:
"Con base en el artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior promoverá las acciones necesarias para el fincamiento de las responsabilidades administrativas, determinadas en el dictamen técnico jurídico contenido en el informe de resultados.
"Se ordena dar vista del informe de resultados al Ayuntamiento del Municipio de San Felipe, Gto., a efecto de que se atiendan las observaciones que no se solventaron en su totalidad, así como las recomendaciones contenidas en dicho informe, en el plazo que establece el artículo 23, fracción XI, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato. Asimismo, para que con base en los dictámenes de daños y perjuicios y técnico jurídico contenidos en el informe de resultados, ejerzan las acciones civiles que procedan ante la autoridad competente, en el término señalado en el artículo 52 de la citada ley y se proceda al fincamiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar, informando al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de las acciones realizadas para ello, con objeto de que este último realice el seguimiento correspondiente.
"Véase que el acuerdo del Congreso del Estado se hizo con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, mismo que el año pasado fue reformado publicándose dicha reforma en la segunda parte del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el día 11 de septiembre de 2012. La modificación consistió en que se trasladó ahora la obligación de ejercer las acciones civiles a los sujetos fiscalizados; en este caso, al Municipio.
"El artículo 52 reformado, dispone en su segundo (sic) párrafo:
"‘Si la responsabilidad que deriva del proceso de fiscalización es de orden civil, el sujeto de fiscalización por conducto de su titular o por la persona a quien éste delegue dicha atribución, procederá a ejercer las acciones civiles en la vía y forma que corresponda, ante la autoridad competente, dentro del término de tres meses contado a partir del día siguiente de la notificación del acuerdo del Pleno del Congreso. Dicho término previa justificación, podrá duplicarse a petición del sujeto de fiscalización presentada al Congreso del Estado, considerando lo dispuesto por el artículo 44 de esta ley.’."
CUARTO. Los conceptos de invalidez que el actor hace valer son, en síntesis, los siguientes:
- La reforma al artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior y los acuerdos combatidos tomados con base en esa disposición legal vulneran la capacidad jurídica de los Municipios al interferir en su esfera de derecho y en su capacidad de decisión. Lo anterior, en virtud de que el Municipio es autónomo, lo que quiere decir que ninguna entidad ajena a él puede decidir por él, en la defensa de su patrimonio.
- La reforma legal y acuerdos mencionados, por el que se le indica a la actora, que debe ejercer las acciones civiles en el término de tres meses, constituyen una injerencia directa y clara en la voluntad de una persona jurídica, que debe ser autónoma para determinar si despliega o no acciones legales en defensa de su patrimonio, ya que corresponde al Municipio determinar, de forma autónoma, si ha sufrido daños en su propio patrimonio para ejercer acción legal alguna.
En apoyo de esta pretensión invoca la jurisprudencia P./J. 36/2003, de rubro: "BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO. CUALQUIER NORMA QUE SUJETE A LA APROBACIÓN DE LA LEGISLATURA LOCAL SU DISPOSICIÓN, DEBE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADICIONADO POR REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999).", la cual estima aplicable la parte actora, en cuanto establece el reconocimiento al Municipio como un nivel de gobierno al que se le reconoce la libertad, tanto formal como material, y se establece que el Municipio toma sus determinaciones sin injerencias de otro poder externo, el cual debe estar sujeto a los límites constitucionales.
- El Municipio, en tanto persona jurídica colectiva pública, tiene el derecho a determinar autónomamente sobre su propio patrimonio, sobre bienes, derechos y caudales que le pertenecen, sobre los cuales no se admite injerencia y tiene que ejercer su dominio, y si bien es cierto que el ejercicio del patrimonio debe ser en base a las normas jurídicas que regulan el ejercicio presupuestal, pero tratándose de los actos del Congreso y del Órgano de Fiscalización Superior, se han convertido más allá de fiscalizadores, esto es, en verdaderos entes que están exigiendo el ejercicio de una potestad única del Municipio y, además, le exigen que rinda cuentas de dicho ejercicio, lo cual es un exceso de su atribución y se convierte en una injerencia de las que no están autorizadas por el artículo 115 de la Carta Magna.
En apoyo de esa argumentación se invoca la jurisprudencia P./J. 54/2003, intitulada: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERVENCIÓN A LA TESORERÍA MUNICIPAL. ES INCONSTITUCIONAL LA QUE REALIZA LA LEGISLATURA DE UN ESTADO CUANDO LA LEY NO SEÑALA CUÁLES SERÁN SUS ALCANCES Y LÍMITES.", que pone de relieve que la facultad de revisión y de fiscalización tiene como límite las atribuciones que la Constitución Federal le confiere al Municipio, por lo que éstas no pueden de manera alguna ser invadidas, a menos de que se haga en detrimento de la constitucionalidad de los actos desplegados.
- El Congreso del Estado y su Órgano de Fiscalización Superior, a través de los mencionados actos, pretenden constituirse en una autoridad con superioridad jerárquica al Municipio, obligando a éste a ejercer acciones civiles en defensa de su propio patrimonio y le exige, además, que rinda informes de lo que ha hecho, con lo que dichos entes públicos estatales se exceden con mucho de la atribución de revisión y fiscalización.
- La libertad de hacienda pública de que goza el Municipio le permite ejercer o no ejercer acciones legales en relación con su patrimonio y defensa, por lo que no puede haber poder alguno, federal o estatal, que se sustituya a la voluntad del propio Ayuntamiento para decidir si ejerce o no alguna defensa legal de su hacienda.
- Si se parte de la base de que el Órgano de Fiscalización Superior fue quien realizó la auditoría a la administración municipal y, por ende, quien conoce los resultados de ésta, parece un contrasentido que sea otra instancia, ajena a dicho órgano, quien ejerza las acciones legales.
- Hasta antes de la reforma al artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior realizaba la labor de fiscalización y revisión de las cuentas públicas y, si era el caso de que se hallara responsabilidad penal, civil y administrativa, presentaba las denuncias penales correspondientes, ejercía las acciones civiles del caso e interponía las denuncias administrativas que resultaran, lo que implicaba que el mencionado órgano siguiera un proceso que él mismo integraba, determinaba y ejercía y, desde luego, lo hacía en base a su propia esfera de competencias. Así, como base de su propia responsabilidad ejercía las acciones que estimaba procedentes, lo que tenía como consecuencia que si perdía alguna acción legal, por ejemplo, la civil, si el demandado le exigía el pago de los gastos y las costas, las soportaba en su propio patrimonio.
En cambio, con la reforma, además de que impone obligaciones que constitucionalmente no tiene facultades para imponerlas, se libra de las consecuencias de su propia actuación, de tal manera que si determina que debe ejercerse acción legal contra una persona, el Municipio no tiene opción de decidir por cuenta propia si es contra dicha persona a la que se exigirá la responsabilidad o si es contra un tercero. En caso de que, por esta razón el juicio llegara a perderse, el Municipio carga con las consecuencias de una mala determinación de responsabilidad, pero lo más absurdo resulta del hecho de que es la determinación de un tercero.
En el caso concreto, el Órgano de Fiscalización exige a la actora que demande civilmente y sujete a procedimiento de responsabilidad administrativa al ex tesorero municipal, por haber realizado el pago de cantidades que no debieron pagarse en razón de cálculos mal efectuados, lo cual vulnera la autonomía municipal y la libre administración hacendaria, ya que no permite al Municipio decidir de quién es la responsabilidad, lo que se traduce en que en el supuesto de que se determine en juicio absolver a quien se le obliga a demandar, por ser dicho acto responsabilidad de otra persona, vale la pena preguntarse quién cargará con la obligación de pagar los gastos y las costas del juicio que el Municipio debe cubrir en términos del artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad.
- En el caso de responsabilidad administrativa, este Alto Tribunal, en la jurisprudencia P./J. 99/2006, de rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.", ha determinado que aquélla debe sujetarse racionalmente a los principios del derecho penal, siendo uno de éstos que la responsabilidad administrativa no puede trasladarse. Por tanto, si se determina que quien materialmente hacía los cálculos de pago al Instituto Mexicano del Seguro Social era otra persona y que el ex tesorero sólo firmaba los cheques que le pasaban, eso quiere decir que la autoría material es de otra persona, quien resultará responsable de sus propios actos u omisiones, pero no el citado ex tesorero, lo que a su vez implica que el Municipio terminaría pagando por actos y hechos que son responsabilidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
- Tratándose de la responsabilidad administrativa existe un principio en la fracción III del artículo 109 de la Constitución Federal, que reconoce la obligación de los servidores públicos de responder por las faltas administrativas, lo cual implica que dicha responsabilidad está ligada a la jerarquía normativa, esto es, el servidor público responde ante sus superiores jerárquicos por las faltas administrativas, pero no ante otro poder por falta de esta naturaleza, porque se viola ese principio.
- Si bien es cierto que el Órgano de Fiscalización Superior presentó la denuncia administrativa correspondiente ante la Contraloría Municipal o ante el Ayuntamiento, ello no significa que hasta ahí termine su responsabilidad administrativa, ya que sus determinaciones constituyen actos de imperio que obligan a iniciar los procedimientos administrativos en contra del funcionario involucrado, como si éste estuviera adscrito a ese poder, lo que se traduce de facto en una relación de supra a subordinación en la que se ordena el inicio de procedimientos administrativos que vulneran los principios contenidos en la fracción III del artículo 109 de la Norma Fundamental.
- Los actos impugnados vulneran el sistema de competencias previsto en los artículos 115 y 124 de la Constitución Federal, ya que al ordenar ejercer determinadas acciones, y exigir la rendición de informes, sin posibilidad de cuestionarlos, se pretende constituir de facto al Congreso del Estado y su Órgano de Fiscalización Superior en autoridades superiores al Municipio actor y a los demás cuarenta y cinco Municipios.
QUINTO. Por acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil trece, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 96/2013 y ordenó turnar el expediente al Ministro que correspondiera, de conformidad con la certificación del turno respectiva, siendo designado como instructor el Ministro José Fernando Franco González Salas.
SEXTO. Mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil trece, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; tuvo como demandados al Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y al Órgano de Fiscalización Superior de dicha entidad federativa, a los que ordenó emplazar para que dieran contestación a la demanda.
Asimismo, negó el carácter de terceros interesados a los restantes Municipios del Estado de Guanajuato, pues en términos del artículo 105, fracción I, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la sentencia que se dicte en el asunto tendrá efectos entre las partes actora y demandada, por lo que no se advirtió que tales Municipios pudieran resultar afectados con la sentencia.
SÉPTIMO. El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, por conducto del auditor general, al dar contestación a la demanda, señaló esencialmente lo siguiente:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 105, fracción I, constitucional, así como lo dispuesto en la ley reglamentaria, la legitimación pasiva en las controversias constitucionales corresponde al órgano público emisor de la norma general o acto reclamado; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que un órgano derivado cuenta con legitimación pasiva si es autónomo de los sujetos que siendo demandados, se encuentran enumerados en la fracción I del artículo 105 constitucional.
Por su parte, los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 constitucionales, prevén la facultad de la Cámara de Diputados para fiscalizar los recursos públicos, misma que ejercerá con el apoyo de la entidad de fiscalización, esto es, la Auditoría Superior de la Federación, la cual goza únicamente de autonomía técnica y de gestión; consecuentemente, la facultad de legislar en materia de fiscalización de la gestión de los recursos públicos en el ámbito federal es exclusiva del Congreso de la Unión, además, la facultad para fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos corresponde originalmente a la Cámara de Diputados con apoyo de la entidad de fiscalización superior de la Federación.
En relación con el ámbito estatal, el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad de las Legislaturas de los Estados para aprobar las leyes de ingresos municipales, así como para revisar y fiscalizar sus cuentas públicas; en ese mismo sentido, el artículo 63, fracciones XVIII, XIX y XXVIII, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, establece la facultad originaria del Congreso del Estado para fiscalizar las cuentas públicas de los tres poderes estatales, así como de los organismos de la administración pública paraestatal, paramunicipal, autónomos y administraciones municipales, apoyándose para realizar dicha función en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, lo cual no implica una transformación de facultades sino una delegación funcional de éstas.
Por su parte, el artículo 66 de la Constitución Local establece que el Órgano de Fiscalización Superior cuenta con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el cumplimiento de sus atribuciones, por lo que está facultado para autorregular y organizar su estructura interna, así como establecer sus procedimientos internos de revisión; es decir, se trata de una autonomía meramente funcional, por lo cual, es erróneo suponer que se trata de un organismo plenamente autónomo, en tanto que su jurisdicción se encuentra retenida al Congreso Estatal.
A lo anterior se suma, que las determinaciones del Órgano de Fiscalización Superior no gozan de plena autonomía en virtud de que de conformidad con el artículo 63, fracción XXVIII, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y su correlativo artículo 47 de la Ley de Fiscalización Superior de la entidad, éstas se encuentran sujetas a aprobación del Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, de manera que las determinaciones contenidas en los informes de resultados derivados de las funciones de fiscalización, no son vinculantes para los sujetos fiscalizables, toda vez que no tienen autonomía plena al carecer de un principio activo de ejecución.
Aunado a que, es en los acuerdos de aprobación de los informes de resultados emitidos por el Pleno del Congreso Local, en los que se instruye a los Municipios para que, por medio de la sindicatura ejerzan las acciones civiles correspondientes y, en su caso, instruye al Órgano de Fiscalización denunciar ante las autoridades competentes los hechos generadores de responsabilidad administrativa o que se presuman delictivos.
Por otra parte, el Órgano de Fiscalización Superior de la entidad no cuenta con un patrimonio propio, por lo cual la apreciación sobre su autonomía sería incorrecta, además de que los artículos 3 y 4 de la Ley de Fiscalización del Estado expresamente disponen que sus servidores públicos son trabajadores del Poder Legislativo, lo cual denota una marcada sujeción a éste.
En relación con el artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, que se impugna de acuerdo con los artículos 63, fracción II, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 146 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, el Congreso del Estado de Guanajuato cuenta con la facultad exclusiva para expedir, reformar y adicionar las leyes o decretos en todos los ramos, siempre que no estén reservados a la Federación; en consecuencia, el órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato, carece de facultades para ello.
Bajo ese contexto, si en la presente controversia constitucional se impugna la reforma hecha al citado artículo, publicada el once de septiembre de dos mil doce en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, es a todas luces contradictorio que se promueva en contra de actos del Órgano de Fiscalización Superior de la entidad, pues como ha quedado expuesto no cuenta con facultades para intervenir en el proceso legislativo del cual derivó la norma jurídica impugnada.
OCTAVO. El Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, por conducto del diputado presidente de la mesa directiva, al dar contestación a la demanda, manifestó esencialmente lo siguiente:
a) Causas de improcedencia
En relación con la impugnación del artículo 52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglame
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25157-a1235010/controversia-constitucional-el-computo-para-determinar-la-oportunidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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