PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS. ASPECTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN A LOS "PRESUNTOS RESPONSABLES" (SUJETOS DE FISCALIZACIÓN), DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES O DEL INFORME DE RESULTADOS (LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO ABROGADA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 21 DE AGOSTO DE 2018. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ, ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO, VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO, ARTURO HERNÁNDEZ TORRES, ARTURO GONZÁLEZ PADRÓN Y JOSÉ GERARDO MENDOZA GUTIÉRREZ. PONENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. SECRETARIO: JAVIER CRUZ VÁZQUEZ.
Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, correspondiente al veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Por escrito recibido el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, en la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, por conducto de su apoderado **********, denunció la posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver, el primero, los amparos en revisión 149/2015, 269/2015 y 69/2017, y el segundo, el amparo en revisión 145/2015; contra el criterio sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al dirimir los amparos en revisión 315/2017 y 319/2017, en apoyo del primero de los órganos mencionados.
El escrito de denuncia de contradicción, en lo conducente, dice: (páginas 2 a 21 del expediente)
"I. Supuesto de la resolución de amparo en revisión administrativa 69/2017, emitida por El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa: Primeramente, en la resolución del amparo en revisión administrativa bajo el índice 983/2016, del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, interpuesto por el quejoso **********, en los argumentos señalados en el considerando quinto de la resolución de mérito, señala lo siguiente:
"...
"De lo anterior, se desprende que el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, consistente en confirmar lo establecido en la sentencia de origen del Juez Octavo de Distrito en el Estado, respecto que conforme a los artículos 63, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 6, 5 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, vigente al momento de la revisión a la cuenta pública del ejercicio enero-junio 2014, al Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, siendo que el proceso de fiscalización consiste en verificar que se hayan aplicado correctamente los recursos públicos otorgados al sujeto fiscalizado, para en su caso, prevenir y resarcir las irregularidades y deficiencias detectadas.
"Dicho proceso se lleva a cabo en varias etapas, entre ellas, las que señala el artículo 23 de la citada ley de fiscalización que comprende la notificación del pliego de observaciones y recomendaciones y del informe de resultados, así como el mandamiento para ejercer las acciones legales, correspondientes, tendientes a resarcir los daños a la hacienda pública; quienes, únicamente son parte en el citado procedimiento el ente fiscalizado y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, no así el funcionario público en particular, pues la fiscalizadora sólo comprende los entes públicos, entendiendo que la ley de fiscalización multicitada, contempla la revisión de la cuenta pública y no un procedimiento de responsabilidad administrativa resarcitorio; de tal suerte, que al no deparar perjuicio alguno al quejoso, el multirreferido informe, se actualizaba lo señalado en los artículos 61, fracción XXIII. en relación con el 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, por tanto, al actualizarse la referida causal de improcedencia, lo conducente era sobreseer en el amparo; sin embargo, el Juez de Distrito, al considerar que la causal de improcedencia estaba íntimamente ligada con la cuestión de fondo, de ahí que al hacer el estudio, llegó a la conclusión que la fiscalización de los recursos públicos, sólo comprende los fiscalizados entes oficiales y no los servidores públicos en particular, de tal suerte que no era obligación del ente fiscalizador, hacer el llamamiento al proceso al ahora quejoso.
"Criterio que ha sido reiterado por ese Tribunal Primer Tribunal [así] Colegiado en Materia Administrativa, dentro de los amparos en revisión administrativa 149/2015, 268/2015, 269/2015, 287/2015, al igual que el amparo en revisión administrativa 145/2015, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa ambos el Décimo Sexto Circuito.
"Al igual que ha sido asumido dicho criterio, dentro de los amparos en revisión administrativa 317/2017, 318/2017, 321/2017, 326/2017 y 348/2018, dictados por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar Primera Región, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México.
"II. Supuesto de la resolución de amparo en revisión administrativa 319/2017, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa [así]:
"Ahora bien, dentro del amparo en revisión administrativa 319/2017, emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar Primera Región [así], con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, derivada del Amparo indirecto 579/2017, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, promovido por el Quejoso **********, en la resolución, en su considerando sexto ...
"...
"Desprendiéndose de la misma que al momento de resolverse, se apartó del criterio sostenido en las anteriores ejecutorias citadas en el punto anterior, señalando que conforme al criterio asumido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 7013/2015, mediante sesión de 10 de agosto de 2016, aduce que de la interpretación de los artículos 5 y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, además de los fiscalizados y ex titulares de los fiscalizados, al servidor público, presunto responsable, debía habérsele notificado el informe de resultados, ya que al ser el sujeto, quien derivado de la revisión es a quien pudiera depararle perjuicio en cuanto a la responsabilidad administrativa imputable a su persona, según el contenido del citado informe, es inconcuso que le debía ser notificado el informe de resultados, por lo tanto, al no haberle dado intervención en el multicitado procedimiento, se transgredió en su esfera jurídica lo señalado en los artículos 1o., 3o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que le fue concedido el amparo para efecto de una vez dejado insubsistente el punto de acuerdo a través del cual se aprueba el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, así como dictamen emitido la misma comisión, al ser consecuencia del informe de resultados, ese le sea notificado. ..."
SEGUNDO.—Trámite de la contradicción de tesis. En auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito tuvo por recibida la denuncia (fojas 30 a 32).
En dicho proveído precisó que la contradicción de tesis fue denunciada por parte legítima y que no advirtió circunstancias que afectaran su procedencia, por lo que la admitió a trámite y ordenó registrarla con el consecutivo 1/2018. Asimismo, solicitó a los Magistrados presidentes de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, así como del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, copia certificada y archivo electrónico de las resoluciones que respectivamente emitieron, y el informe tocante a si los criterios sustentados en los fallos seguían vigentes.
Los requerimientos a los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, fueron satisfechos de conformidad con lo ordenado, como se acordó en los autos de ocho y veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (folios 192 y 248).
Por oficio CCST-X-181-05-2018 de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (folio 147), la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General 20/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó sobre la inexistencia de alguna contradicción de tesis relacionada con el tema materia del presente asunto.
TERCERO.—Turno y elaboración del proyecto de resolución. Por auto de treinta de mayo de dos mil dieciocho, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, acordó turnar el expediente al Magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
Mediante proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho, ante la existencia de causa justificada, se amplió por otros cinco días, el plazo para la formulación del proyecto de resolución; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, es competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por plantearse una probable contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, contra el sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al emitir fallos en apoyo del primero de los órganos Colegiados mencionados.
Con motivo de lo anterior, debe considerarse que dicho órgano auxiliar pertenece al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado y, precisamente por ello, es claro que este órgano Colegiado es competente para emitir la resolución correspondiente.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1656 del Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas, de título, subtítulo y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho Circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que la formuló la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, por conducto de su apoderado, la que fungió como parte en los juicios génesis de los criterios divergentes, tanto con la denominación precitada, así como con la anterior de Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.
TERCERO.—Criterios denunciados. Con la finalidad de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es necesario analizar las consideraciones que sustentan los fallos contendientes:
I. Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión 149/2015, 269/2015 y 69/2017.
1. Antecedentes
A. El diecinueve de agosto de dos mil catorce, el veintiséis de marzo de dos mil quince y el veinte de octubre de dos mil dieciséis, ex funcionarios de dependencias de la administración centralizada y descentralizada de ciertos Municipios del Estado de Guanajuato, promovieron sendos juicios de amparo en donde reclamaron, entre otros actos, el proceso de fiscalización de la cuenta pública de los ejercicios fiscales comprendidos entre dos mil nueve y dos mil catorce, la emisión del informe de resultados por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato –ahora Auditoría Superior del Estado– por medio del cual se les calificó como "presuntos responsables" de algunas irregularidades dentro de la revisión; así como el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado.
B. Las respectivas demandas se admitieron y se radicaron, respectivamente, con los consecutivos 741/2014, 306/2015 y 983/2015.
En los juicios 741/2014 y 983/2015, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, se negó el amparo solicitado, al considerarse que las autoridades responsables no están obligadas legalmente a notificar a los ex funcionarios quejosos, las observaciones formuladas con motivo de la revisión a la cuenta pública municipal; mientras que en el juicio 306/2015, el Juez Séptimo de Distrito concedió la protección solicitada, con el argumento de que dicha notificación debió efectuarse en favor de la parte impetrante, con el fin de tutelar su derecho fundamental de audiencia.
C. En contra de las sentencias se interpusieron los recursos de revisión que fueron admitidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito y radicados, respectivamente, con los progresivos 149/2015, 269/2015 y 69/2017.
2. Estudio de fondo
En las ejecutorias mediante las cuales se dirimieron los recursos, dictadas, respectivamente, el seis de agosto de dos mil quince, el veintiuno de enero de dos mil dieciséis y once de mayo de dos mil diecisiete; el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento resolvió que las autoridades responsables no están legalmente obligadas a notificar las observaciones formuladas con motivo de la revisión a la cuenta pública municipal, a los funcionarios o ex titulares diversos a los que se reconoce la calidad de sujetos fiscalizados.
Para justificar esa postura, refirió que de conformidad con el artículo 63, fracciones XVIII y XIX, de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, el Congreso Local tiene facultades para fiscalizar la cuenta pública de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, Ayuntamientos, dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, así como de organismos autónomos; para lo cual se apoyará en el otrora Órgano de Fiscalización Superior, el que según el numeral 66 de la precitada Constitución, tiene autonomía técnica, de gestión y presupuestaria en el cumplimiento de sus atribuciones.
Indicó que, por su parte, el arábigo 5 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, prevé que son sujetos de fiscalización, entre otros, los Ayuntamientos, dependencias y entidades de la administración pública municipal; mientras que de acuerdo al diverso 6, el objetivo del procedimiento de revisión consiste, únicamente, en verificar que se hayan aplicado correctamente los recursos otorgados a la cuenta pública del sujeto de fiscalización, el cual puede ser alguno de los entes oficiales mencionados, pero no la función o actividades del funcionario público en lo particular.
Sostuvo que el aludido proceso de fiscalización se lleva a cabo en varias fases, entre las que destacan las previstas en las fracciones IV, VIII, X y XI del artículo 23 de la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato –conforme al texto vigente en cada caso–, relativa a la notificación tanto de las observaciones y recomendaciones del proceso de fiscalización, como del informe de resultados, las que solamente se entenderán con el sujeto fiscalizado o ex titulares de éste, no con ex funcionarios, en lo particular, diversos a aquéllos; lo que se explica en función de que el objetivo del citado procedimiento es revisar la cuenta pública, no analizar responsabilidades administrativas.
Añadió que como es a la entidad fiscalizada a la que legalmente le corresponde solventar el pliego de observaciones, sólo a ésta, por medio de quien la represente, es a la que debe comunicarse dicho pliego, no a la persona física señalada en ese documento como presunto infractor, pues tal señalamiento no constituye una decisión definitiva en cuanto a si se ha incurrido en irregularidad económica, habida cuenta que la entidad auditada puede corregir datos, aportar otros, aclarar inconsistencias o incongruencias; de modo que, de satisfacerse el interés de la autoridad superior, no cabría ejercer la acción civil ante el órgano jurisdiccional.
Ante ello, el citado tribunal determinó que como los quejosos no son sujetos de fiscalización en lo individual, no tienen legitimación pasiva para actuar en el procedimiento de revisión a la cuenta pública del ente revisado, por lo que no procedía se les llamara desde el inicio de dicho procedimiento, máxime que en ese momento se desconocía que hubiera incurrido en alguna irregularidad en el desempeño del servicio.
Finalmente, precisó que con dicha decisión no se colocó en estado de indefensión a los quejosos, pues en caso de que el ente fiscalizado ejerciera acción civil, estarían en condiciones de defenderse y de ofrecer las pruebas conducentes para desvirtuar los hechos atribuidos en el informe de resultados, en el dictamen de daños y perjuicios, así como el diverso dictamen técnico jurídico, que forman parte de dicho informe.
II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 145/2015.
1. Antecedentes
A. El dos de enero de dos mil dieciséis, la persona que fungió como director jurídico en Apaseo el Alto, Guanajuato, promovió juicio de amparo indirecto, en contra del proceso de fiscalización de la cuenta pública, correspondiente a los ejercicios fiscales dos mil diez y dos mil once, efectuado por el extinto Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Guanajuato, así como los "eventos anteriores y posteriores" a dicho proceso, por estimarlos violatorios del derecho fundamental de audiencia. El quejoso se ostentó en la demanda como tercero extraño al aludido proceso.
B. La demanda se admitió por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado y se registró con el consecutivo 1/2015.
Mediante sentencia dictada el dos de marzo de dos mil quince, el juzgador negó el amparo solicitado, pues estimó que dentro del procedimiento de revisión contemplado en la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, la autoridad revisora es el otrora órgano de fiscalización, mientras que la entidad sujeta a revisión es la administración municipal, no el quejoso en lo individual, quien no es parte del procedimiento de revisión. Ante ello, determinó que, contrariamente a lo alegado por el inconforme, no se conculcó su derecho fundamental de audiencia, máxime que no existe precepto en dicha legislación del cual se desprenda el imperativo de llamar a "cada uno de los integrantes del Ayuntamiento".
C. En contra del fallo se interpuso el recurso de revisión radicado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con el consecutivo 145/2015.
2. Estudio de fondo
Mediante ejecutoria de diecinueve de junio de dos mil quince, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito confirmó la negativa del amparo.
Previa transcripción de los artículos 63, fracción XVIII, y 66 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, así como de los diversos 1, 2, 5 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; dicho órgano judicial consideró que de tales preceptos se desprende que:
• El Congreso está facultado para fiscalizar, a través del otrora Órgano de Fiscalización Superior, la cuenta pública de los sujetos de fiscalización;
• Dichos sujetos son los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, Ayuntamientos, dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, así como organismos autónomos; y
• Dentro del citado proceso los sujetos fiscalizados envían las cuentas públicas al Congreso, quien las remitirá al Órgano de Fiscalización Superior para su revisión; el cual, seguidas las etapas correspondientes, notificará a esos sujetos las observaciones y recomendaciones pertinentes, a efecto de que las aclaren, atiendan o solventen en el plazo legal correspondiente.
Ese Tribunal Colegiado sostuvo que como el objetivo de tales procedimientos es fiscalizar la cuenta pública de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, Ayuntamientos, dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, así como organismos autónomos; el quejoso y recurrente no podía ser considerado como tercero extraño al procedimiento desplegado por la autoridad responsable, ni aun cuando hubiera tenido la calidad de director jurídico municipal, pues además de que no fue titular o ex titular del ente fiscalizado, no sufrió algún perjuicio derivado de la revisión y, por tanto, no tenía por qué ser llamado, habida cuenta de que el proceso de revisión y fiscalización no persigue el fincamiento de responsabilidades administrativas, resarcitorias o penales de los servidores públicos.
III. Criterio del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al resolver los amparos en revisión 315/2017 y 319/2017.
1. Antecedentes
A. El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, dos ex funcionarios de dependencias de la administración centralizada del Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato; promovieron, respectivamente, juicio de amparo en contra del proceso de fiscalización de la cuenta pública de los ejercicios fiscales dos mil trece y dos mil catorce, así como del lapso comprendido entre dos mil doce y dos mil quince; la emisión del informe de resultados por parte de la Auditoría Superior del Estado, así como el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado.
En la demanda, los quejosos alegaron particularmente que no les fue notificado el informe de resultados, a fin de hacer valer lo que a su derecho conviniera, con lo cual se vulneró en su perjuicio los derechos humanos de audiencia y debido proceso, habida cuenta que se les fincaron de manera directa responsabilidades administrativas, civiles y probablemente penales en el dictamen técnico, sin que se hayan podido defender, interponiendo, en su caso, el recurso de reconsideración previsto por el artículo 39 de la Ley de Fiscalización superior del Estado de Guanajuato.
B. Las demandas se admitieron por la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato y se registraron con los progresivos 578/2017 y 579/2017.
Esos juicios se resolvieron de conformidad con los fallos emitidos el nueve de agosto de dos mil diecisiete, en el sentido de negar el amparo solicitado, ya que no existe la obligación de notificar a los quejosos, como ex servidores municipales, las observaciones y recomendaciones derivadas del proceso de fiscalización, el informe de resultados y la aprobación correspondiente, al no haber disposición que así lo establezca, habida cuenta que esa formalidad es exigible, únicamente, para el sujeto fiscalizado, por conducto de su titular y ex titular.
C. Los quejosos interpusieron sendos recursos de revisión, los que fueron radicados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, con los consecutivos 315/2017 y 319/2017, y remitidos con posterioridad al Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, para que este último dictara los fallos correspondientes.
2. Estudio de fondo
En las ejecutorias dictadas para resolver los indicados recursos, el Tribunal Colegiado del conocimiento, partiendo de las consideraciones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver el juicio de amparo directo en revisión 7013/2015; determinó que:
• La Corte sostuvo en la ejecutoria emitida en dicho procedimiento, que de la interpretación sistemática de los artículos 5, 8, fracciones VI, IX, XIV, XV, XVI y XVIII; 9, fracción V, 15, 23, 24 y 47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, vigente en dos mil nueve, así como del propósito del proceso de fiscalización, el cual consiste en revisar en su integridad el ejercicio del gasto público, ya sea por los entes públicos o, incluso, por personas físicas o morales que ejerzan recursos de esa naturaleza; se desprende que el dictamen que se contiene en el informe de resultados no se circunscribe a fincar presunta responsabilidad en contra de un ente público, sino a toda aquella persona (física o moral) a quien se le impute un incorrecto manejo de los recursos públicos y pueda resultar como presunto o probable responsable de las irregularidades dictaminadas, como podría ser, por ejemplo, un ex servidor público, o bien, alguna otra persona física o moral que hubiese tenido a su cargo el manejo de recursos públicos.
• Concluyó que partiendo del reconocimiento de la naturaleza y alcances del proceso de fiscalización en el Estado de Guanajuato, la ley de la materia, particularmente en los artículos 9, fracción V; 23, fracciones IV, VIII y X y 24 que prevén el derecho fundamental de audiencia en favor del sujeto fiscalizado, debía interpretarse de manera coherente con el proceso del cual forman parte y conforme al artículo 14 constitucional, para concluir que ese derecho fundamental, les asiste a todas las personas que están sujetas a revisión por el manejo de recursos públicos y que pueden ser objeto de responsabilidad.
• Indicó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justificó la interpretación realizada a los artículos 23 y 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, reconociendo a favor del ex servidor público el derecho que le asistía a ser escuchado durante el procedimiento de fiscalización del cual derivó el documento fundatorio del juicio civil de origen. Explicó que el dictamen de daños y perjuicios y determinación de probables responsables que se contiene en el informe de resultados tiene el carácter de documento público para fundar las acciones legales correspondientes en contra de los probables responsables. Ello, quiere decir que, en términos del artículo 207 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, dicho informe hace prueba plena en un proceso civil. Esto es, con él se demuestra de manera indubitable que se ha causado un daño o perjuicio a la hacienda pública municipal y predetermina quiénes son los presuntos responsables de los hechos ilícitos a los que se refería el citado documento.
• El Alto Tribunal expuso que, para que se justifiquen los alcances del dictamen contenido en el informe de resultados, en su carácter de documento público dentro del proceso civil, es indispensable considerar que la ley reconoce que el presunto responsable –como ente fiscalizado– tiene derecho a ser notificado de las observaciones y recomendaciones derivadas del procedimiento de fiscalización, a efecto de que las aclare y en su caso, queden firmes en su perjuicio, así como de impugnar el informe a través del recurso de reconsideración previsto en el artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.
Con esas bases, el Tribunal Colegiado consideró que más bien correspondía al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28186-05849f71/proceso-de-fiscalizacion-de-cuentas-publicas-aspectos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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