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Modo: Corpus Pro

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2014. · Registro digital (IUS): 25389
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-12-12
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SÉPTIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUERRERO, Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Pág. 709.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SÉPTIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ACAPULCO, GUERRERO, Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 27 DE OCTUBRE DE 2014. MAYORÍA DE DIECISIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS RONZON SEVILLA (CON EL SENTIDO, EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES Y FORMULA VOTO CONCURRENTE), GASPAR PAULÍN CARMONA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO (CON EL SENTIDO, EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES), MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ (CON EL SENTIDO, EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES), JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, LUZ CUETO MARTÍNEZ, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ (CON EL SENTIDO, EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES), CARLOS AMADO YÁÑEZ (CON EL SENTIDO, EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES), LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA, ARMANDO CRUZ ESPINOZA (CON EL SENTIDO, EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES) Y CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR. DISIDENTE: CLEMENTINA FLORES SUÁREZ. PONENTE: JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN. SECRETARIA: MÓNICA GONZÁLEZ RIZO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con diverso 9 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa que integran el Primer Circuito.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por Jesús Morales Carrillo, quien fungió como quejoso en los expedientes que dieron origen a los criterios contradictorios, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO. A fin de resolver la denuncia de contradicción de criterios, es conveniente informar respecto de las consideraciones sustanciales que sirvieron de base a los órganos contendientes para asumir su postura.

1. Criterio del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 279/2013 en sesión de cinco de diciembre de dos mil trece.

"QUINTO. Antecedentes del acto reclamado y de la sentencia recurrida. Para mejor comprensión del asunto, se precisan los antecedentes más relevantes del acto reclamado y de la sentencia recurrida.

"1. El seis de marzo de dos mil trece, Jesús Morales Carrillo, por derecho propio, a través del Sistema de Solicitudes de Información del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, solicitó copia certificada de los avisos de la oficina del catálogo de avisos originales (CAO) o en la microfichas del alta y baja que presentó el patrón Estela Chacha Rueda, para quien trabajó de marzo de mil novecientos sesenta y tres a diciembre de mil novecientos sesenta y siete, en la localidad de Coatzacoalcos, Veracruz, quedando registrada dicha solicitud con el número 0064100887113 (folios 45 y 46).

"2. En respuesta a lo solicitado en el párrafo que antecede, el diecinueve de abril de dos mil trece, la unidad de enlace del Instituto Mexicano del Seguro Social, notificó vía ‘Internet’ al promovente que la Delegación Veracruz Sur del aludido instituto, informó que la indagación solicitada era inexistente (fojas 43 y 44).

"3. Inconforme con la respuesta obtenida, Jesús Morales Carrillo, interpuso recurso de revisión ante el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en el cual entre otras cosas, hizo saber a la autoridad responsable que tuvo conocimiento de la resolución recurrida el treinta de abril de dos mil trece (folio 40).

"4. El diecisiete de mayo de dos mil trece, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, tuvo por recibido dicho recurso de revisión (foja 38), ordenándose turnar el recurso de mérito al comisionado ponente.

"5. El recurso de revisión hecho valer por Jesús Morales Carrillo, fue resuelto por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en sesión de veintinueve de mayo de dos mil trece (folios 35 a 37), en la que se resolvió lo siguiente:

"‘PRIMERO. Con fundamento en los artículos 55, fracción V, 56, fracción I y 57, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el recurrente, en virtud de que fue presentado una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 49 de la ley.

"‘SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 86 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, notifíquese la presente resolución al recurrente en la dirección señalada para tales efectos.’

"6. Contra la determinación que antecede Jesús Morales Carrillo, promovió juicio de amparo que, por razón de turno correspondió conocer a la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien mediante auto de dos de julio de dos mil trece, admitió la demanda, solicitó informe justificado a la autoridad responsable, dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 21 a 27 del juicio de amparo).

"7. Previos los trámites legales del juicio de amparo, el veintisiete de agosto de dos mil trece, se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia que fue engrosada el veintiocho siguiente, en la que la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, concedió el amparo solicitado al quejoso (fojas 66 a 82).

"8. Inconforme con la determinación que antecede el director general de Asuntos Jurídicos, en suplencia por ausencia de los comisionados integrantes del Pleno de Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos promovió el presente recurso de revisión.

"SEXTO. Estudio. Son sustancialmente fundados los agravios expuestos.

"Es pertinente puntualizar que el estudio de los motivos de inconformidad se hará bajo el principio de estricto derecho, dado que en el presente asunto, no hay razón para suplir la queja deficiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 79(1) de la Ley de Amparo.

"Asimismo, por cuestión de técnica jurídica, de conformidad con lo establecido en el artículo 76(2) de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los agravios se abordarán en un orden distinto al propuesto por la autoridad recurrente.

"Al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia VI.2o.C. J/304, registro 167961, que se comparte, de rubro y texto siguientes:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.’(3)

"Sentado lo precedente, la autoridad recurrente expuso en vía de agravios:

"La sentencia reclamada viola lo previsto en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el artículo séptimo de los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de dichos datos; los cuales fueron totalmente ignorados y en consecuencia inobservados por la Jueza de amparo resaltando que tales artículos contienen disposiciones que claramente contrarían los razonamientos realizados en la sentencia que se recurre.

"La Jueza de Distrito no analizó la legislación aplicable a las notificaciones electrónicas que se realizan a través del sistema Infomex Gobierno Federal para responder las solicitudes de acceso a la información o a datos personales; ignoró por completo que las notificaciones vía electrónica a través del Sistema Infomex Gobierno Federal, encuentran su fundamento en los artículos 66 y 68 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia, Información Pública Gubernamental, y en el artículo séptimo de los que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de dichos datos.

"Asimismo, la sentencia no es exhaustiva porque la juzgadora omitió considerar que el ‘sistema que establezca el instituto’ a que se refieren los artículos aludidos, efectivamente es el Sistema Infomex Gobierno Federal, el cual encuentra su fundamento de creación en el artículo segundo de los lineamientos citados, mientras que para su aplicación en las solicitudes de acceso a datos personales y en específico la notificación vía electrónica encuentra fundamento en el artículo séptimo de los mismos lineamientos.

"Los lineamientos citados fueron emitidos en base a las facultades que la propia ley le confiere al Instituto Federal de Acceso a la Información y publicados en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil tres y el dos de diciembre de dos mil ocho respectivamente, por tanto, es clara la validez jurídica que reviste el funcionamiento del Sistema Infomex Gobierno Federal, antes SISI.

"Conforme al artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se entendió que el entonces solicitante aceptaba que las notificaciones entre ellas la respuesta a su solicitud, le fueran realizadas a través del mismo medio.

"La sentencia recurrida viola lo ordenado en los artículos 14 constitucional, 49, 54, fracción III y 57 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, todos, por la indebida interpretación realizada por la Jueza de Distrito.

"Si bien es cierto que el artículo 49 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, prevé la interposición del recurso de revisión en un plazo de quince días posterior a la notificación de la respuesta a la solicitud de información, asimismo, que el artículo 54, fracción III, de ese ordenamiento prevé que dicho plazo también podrá computarse a partir de la fecha en que el solicitante haya tenido conocimiento de la respuesta (en caso de que no hubiese notificación); sin embargo, tal análisis no es suficiente para calificar de informales las notificaciones electrónicas que se realizan en materia de transparencia, a través del Sistema Infomex Gobierno Federal.

"Así las cosas, el argumento de la Jueza Federal consistente en que no existió una notificación formal escapa de la realidad y no tiene sustento jurídico alguno, con lo que se acredita la falta de exhaustividad de la juzgadora en la sentencia que se recurre así como su indebida fundamentación y motivación, con lo que se genera flagrante agravio a la autoridad responsable.

"La Jueza de amparo determinó que la autoridad, ahora recurrente, no demostró fehacientemente la notificación realizada, por lo que resulta claro el agravio que la sentencia depara a la autoridad inconforme, en virtud de que indebidamente inobservó el valor probatorio de las constancias que obran en el expediente RPD 0535/13, específicamente las que acreditan que el quejoso presentó su solicitud de información vía electrónica a través del Sistema Infomex Gobierno Federal y aquella que acredita fehacientemente que la respuesta se notificó el diecinueve de abril por esa misma vía. Lo que inclusive se demuestra con las declaraciones que el quejoso hizo en su escrito inicial de demanda, específicamente en el hecho marcado como ‘II’.

"De tal suerte que contrario a la determinación de la juzgadora sí se acreditó fehacientemente primero que el quejoso presentó su solicitud y de información al Instituto Mexicano del Seguro Social de forma electrónica y segundo que dicho sujeto obligado le contestó y notificó por la misma vía.

"De conformidad con los artículos 188 y 210-A, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el Internet puede considerase como un medio de comunicación que constituye un adelanto de la ciencia, del cual se puede obtener información en varios ámbitos y dependiendo de ello puede dársele el carácter de oficial, como en la especie es la impresión de la constancia con la que se acredita la notificación realizada vía electrónica ya que es fiable el método por el que se obtuvo, comunicó, recibió y archivó esa información, asimismo, porque es posible atribuir el contenido tanto al sujeto obligado Instituto Mexicano del Seguro Social, como al quejoso, además de que puede ser accesible para su ulterior consulta.

"Como se adelantó, son sustancialmente fundados los motivos de inconformidad que anteceden y suficientes para revocar la sentencia recurrida, por las consideraciones siguientes:

"Conforme a lo establecido en los artículos 66 y 68 de Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las solicitudes de acceso a la información podrán presentarse en escrito libre, tanto en los formatos disponibles en las unidades de enlace, las oficinas, representaciones y delegaciones que cuenten con servidores públicos habilitados, así como en los sitios de Internet de las dependencias, entidades y del propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

"De igual forma, cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través del sistema que establezca el instituto, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones; preceptos legales que establece:

"‘Artículo 68. Los particulares que presenten solicitudes de acceso a la información deberán señalar el mecanismo por el cual desean les sea notificada la resolución que corresponda conforme al artículo 44 de la ley. Dicha notificación podrá ser: I. Personalmente o a través de un representante, en el domicilio de la unidad de enlace, o en el de las oficinas, representaciones y delegaciones de éstas que cuenten con servidores públicos habilitados; II. Por correo certificado o mensajería, con acuse de recibo, siempre que en este último caso el particular, al presentar su solicitud, haya cubierto o cubra el pago del servicio respectivo, y III. Por medios electrónicos, a través del sistema que establezca el instituto, en cuyo caso dicho particular deberá indicar que acepta los mismos como medio para recibir la notificación. La dependencia o entidad deberá proporcionar en este caso al particular la clave que le permita acceder al sistema.

"‘Cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos a través del sistema que establezca el instituto, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efectos de las notificaciones.

"‘En caso de que el particular no precise la forma en que se le debe notificar la resolución, o no cubra el pago del servicio de mensajería que se menciona en la fracción II de este artículo, la notificación se realizará por correo certificado, o por estrados cuando no se haya proporcionado el domicilio.

"‘Este artículo será aplicable en el caso de notificaciones de ampliación del plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo 44 de la ley.’

"‘Artículo 66. Para los efectos del artículo 40 de la ley, las solicitudes de acceso a la información podrán presentarse en escrito libre, en los formatos que para tal efecto determine el instituto o a través del sistema que éste establezca. Tanto los formatos como el sistema deberán estar disponibles en las unidades de enlace, las oficinas, representaciones y delegaciones que cuenten con servidores públicos habilitados, así como en los sitios de Internet de las dependencias, entidades y del propio instituto.

"‘En la solicitud de acceso a la información, el interesado podrá señalar la persona o personas autorizadas para interponer, en su caso, el recurso de revisión a que se refieren los artículos 49 y 50 de la ley.

"‘La presentación de las solicitudes de acceso a la información podrá hacerse personalmente o a través de representante en el domicilio de la unidad de enlace de la dependencia o entidad que corresponda, o en el de las oficinas, representaciones y delegaciones de éstas que cuenten con servidores públicos habilitados. Asimismo, dicha solicitud podrá presentarse por correo certificado o mensajería, con acuse de recibo, y medios electrónicos a través del sistema que establezca el instituto para este fin. En todo caso se entregará, confirmará o remitirá al particular un acuse de recibo en el cual conste de manera fehaciente la fecha de presentación respectiva.’

"Ahora, como se advierte de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto materia del presente medio de inconformidad, mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil trece, en la página de Internet informex.org.mx (sic), Jesús Morales Carrillo, solicitó del Instituto Mexicano del Seguro Social le expidiera copia certificada de los avisos de la oficina del catálogo de avisos originales o en las microfichas de alta y baja que presentó el patrón Estela Rueda, para quien adujo haber trabajado de marzo de mil novecientos sesenta y tres a diciembre de mil novecientos sesenta y siete, en la localidad de Coatzacoalcos, Veracruz (fojas 45 y 46 del juicio de amparo).

"En esa medida, al haber presentado el quejoso, la solicitud que antecede por medio electrónico, conforme a lo establecido en al artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se debe entender que aceptó que las notificaciones le fueran efectuadas por dicho sistema, pues en el referido escrito no se advierte que haya señalado medio distinto para efectos de recibir notificaciones.

"Bajo esa tesitura, es indebida la consideración de la sentencia recurrida, en el sentido de que, en el caso no existe una notificación formal que permita considerar la fecha exacta en que se haya hecho del conocimiento al quejoso el acto impugnado y que, por ello, concluyó que del treinta de abril de dos mil trece, cuando la parte quejosa asegura haber tenido conocimiento del acto impugnado a través del recurso de revisión, al diecisiete de mayo del mismo año, en que fue presentado el recurso de revisión que dio origen a la resolución reclamada en el juicio de amparo, no transcurrió el término de quince días previsto en el artículo 49(4) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (sic) Gubernamental, para impugnar tal acto, lo que llevó a la juzgadora federal concluir que no se actualizó la causa de improcedencia, invocada por la autoridad responsable, pues no existe el consentimiento tácito alegado.

"Como quedó señalado con antelación, dicha consideración es incorrecta, debido a que como se advierte de las constancias que integran el juicio de amparo, obra respuesta de notificación de diecinueve de abril de dos mil trece, en el que se advierte que con fundamento en lo establecido en los artículos 24(5) y 42(6) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el sujeto obligado comunicó al interesado la inexistencia de la información solicitada (foja 43 del juicio de amparo).

"Documental que se relaciona que la versión del quejoso expresado en los antecedentes del acto reclamado, que bajo protesta de decir verdad, expuso en la demanda de amparo, al manifestar que con fecha diecinueve de mayo de dos mil trece, recibió respuesta a su solicitud con folio 0064100887113 (foja 5 del juicio de amparo).

"Por tanto, lo resuelto en la sentencia recurrida es desacertado ya que para el cómputo del término de quince días establecido en el artículo 49 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para interponer el recurso de revisión, se debe tomar en consideración el día siguiente al en que se efectuó la notificación respectiva, esto es, el veintidós de abril de dos mil trece, como correctamente lo expuso la autoridad responsable, ahora recurrente, al resolver el recurso de revisión sometido a su potestad.

"Así es, al tomar en consideración que el rápido avance de los medios electrónicos como el Internet, constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos, incluso, del gobierno, ya que en la actualidad en el país diversas autoridades han institucionalizado la posibilidad legal de que algunas gestiones puedan ser hechas por los ciudadanos a través de ese medio, para la eficiencia y el valor del tiempo.

"Al caso es aplicable la tesis VIII.5o.1 A, registro 173930, que se comparte, de rubro y texto siguientes:

"‘DERECHO DE PETICIÓN. SU EJERCICIO A TRAVÉS DE INTERNET ESTÁ TUTELADO POR EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, SIEMPRE QUE LA AUTORIDAD A QUIEN SE FORMULE LA PETICIÓN PREVEA INSTITUCIONALMENTE ESA OPCIÓN Y SE COMPRUEBE QUE LA SOLICITUD ELECTRÓNICA FUE ENVIADA. Del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que los funcionarios y empleados públicos están obligados a respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, el cual por seguridad jurídica está condicionado a que la solicitud se haga mediante escrito en sentido estricto, pues de no ser así la autoridad no estaría obligada a dar contestación; sin embargo, el rápido avance de los medios electrónicos como el internet, constituye en los últimos años, un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos, incluso, del gobierno, ya que en la actualidad en el país diversas autoridades han institucionalizado la posibilidad legal de que algunas gestiones los ciudadanos las puedan realizar a través de ese medio, en pro de la eficiencia y el valor del tiempo, lo que evidentemente no previó el Constituyente en la época en que redactó el referido texto constitucional, pues su creación se justificó únicamente en evitar la venganza privada y dar paso al régimen de autoridad en la solución de los conflictos, obvio, porque en aquel momento no podía presagiarse el aludido avance tecnológico. En esa virtud, de un análisis histórico progresivo, histórico teleológico y lógico del numeral 8o. de la Carta Magna, se obtiene que a fin de salvaguardar la garantía ahí contenida, el derecho de petición no sólo puede ejercerse por escrito, sino también a través de documentos digitales, como serían los enviados por internet, en cuyo caso la autoridad a quien se dirija estará obligada a dar respuesta a lo peticionado, siempre que institucionalmente prevea esa opción dentro de la normatividad que regula su actuación y se compruebe de manera fehaciente que la solicitud electrónica fue enviada.’(7)

"Sin que pase inadvertido que el artículo 54(8) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental previene dos hipótesis, a partir de las cuales da inicio el referido plazo; la primera, relativa a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso el acto reclamado; y la segunda, consiste en que dicho término iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado.

"Referente a la segunda hipótesis de referencia, si bien, el quejoso expuso en el escrito mediante el cual interpuso el recurso de revisión que se dio cuenta de la notificación el treinta de abril de dos mil trece y, por ello, se debía de tener en cuenta dicha fecha para el cómputo del término legal para la interposición del medio de inconformidad aludido, en atención a lo establecido en el artículo 54, fracción III, de la Ley la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

"Sin embargo, el principio de buena fe establecido en el precepto legal citado debe ser aplicable sólo en el caso de que no exista constancia que justifique la fecha exacta de la notificación del acto de autoridad; pues no existe fundamento legal para determinar que la notificación de diecinueve de abril de dos mil trece, tenga el carácter de informal, ya que en atención a la materia, sí se encuentra regulado el aludido medio de comunicación en términos de los preceptos señalados con antelación.

"Además, al tomar en consideración, que si bien el juzgador debe partir de un principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales pues es la base con la que actúan las partes; sin embargo, dicho principio está desvirtuado, ante la existencia de indicios contrarios a la misma, en el presente caso, de la existencia de la respuesta notificada por el medio de que se trata precisamente el diecinueve de abril de dos mil trece (foja 43 del juicio de amparo), como inclusive lo reconoció la parte quejosa Jesús Morales Carrillo.

"Apoya la consideración que antecede la tesis I.3o.C.54 C (10a.), registro 2002178, que se comparte, de rubro y texto siguientes:

"‘PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. OBLIGA A NO PREJUICIAR DE FALSA LA PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN COPIA SIMPLE FOTOSTÁTICA. El artículo 373 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile en juicio, las partes podrán presentar fotografías o copias fotostáticas, medios de prueba que serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, según lo previsto en el artículo 402 del mismo ordenamiento. Dichos preceptos parten de una premisa fundamental para lograr su vigencia, que es la de observar el principio de buena fe procesal, porque reconoce que ‘para acreditar hechos o circunstancias’ las partes pueden presentar fotografías, lo cual constituye el reconocimiento de que actúan en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón, y que, por esa circunstancia pueden aportar ese tipo de medios de prueba. El principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de un estadio psicológico, que comprende la intención de obrar honestamente; la creencia de que la contraparte obra del mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas. También supone la existencia de una influencia de ese estadio psicológico de la contraparte que le impulsa a la determinación de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que es plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a controversia; así como la actuación conforme a ese estadio psicológico e influencia, que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos presupuestos son analizados por el Juez no sólo por la especial posición y actitud del oferente de ese medio de prueba, sino por la aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte la contraparte para desvirtuar su alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia. Entonces, el juzgador debe partir de un principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales pues es la base con la que actúan las partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la misma reflejado en el contenido o alcance de dicho medio de prueba, puede el Juez dejar de otorgar valor probatorio a un documento en copia fotostática que la ley considera, prima facie, una fuente de prueba de los hechos o circunstancias del debate. Sería desapegado a la verdad y al citado principio que el juzgador partiera de la base de que cualquier copia fotostática tiene latente la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Esto es así, porque en lugar de apegarse a la buena fe procesal, partiría de su desestimación por la autoridad, constituyendo un verdadero e injustificado prejuicio, y sólo rec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25389-aa9f50db/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-gubernamental · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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