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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. SU PROCEDENCIA DEBE SER ANALIZADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, SIEMPRE QUE LA DEMANDA QUE HAYA DADO ORIGEN AL JUICIO DE NULIDAD RESPECTIVO SE HAYA PRESENTADO HASTA ESA FECHA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006).

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 112/2006. · Registro digital (IUS): 19701
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, , Pág. 1286.

REVISIÓN FISCAL 112/2006. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. No habrá de transcribirse el agravio expuesto por el Administrador Local Jurídico de Puebla Norte, toda vez que el recurso interpuesto por dicha autoridad resulta improcedente y debe desecharse.

En efecto, el aludido recurso de revisión fiscal fue interpuesto por el Administrador Local Jurídico de Puebla Norte, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, contra la sentencia de fecha primero de marzo de dos mil seis, dictada por la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio 17291, de ocho de noviembre de dos mil cuatro, en la que el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, resuelve el recurso de revocación interpuesto por la parte actora en la que se confirmó la resolución determinante de un crédito fiscal, contenida en el oficio 0496, de veintisiete de febrero del citado año, emitida por la Directora de Fiscalización de esa Secretaría, autoridades fiscales coordinadas en impuestos federales, así como la nulidad de dicha resolución determinante.

Sobre el particular, es necesario precisar que la procedencia del presente recurso debe ser analizada en términos del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, no obstante que el primero de diciembre de dos mil cinco, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que entró en vigor el primero de enero de dos mil seis, y en cuyo artículo transitorio segundo se previó que a partir de la entrada en vigor de la citada ley quedaba derogado el Título VI del Código Fiscal de la Federación, que comprende del numeral 197 al 263 de ese Código, pues en el artículo transitorio cuarto de aquella ley se establece que los juicios que se encontraran en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al primero de enero de dos mil seis, como ocurrió en el caso, continuarían su trámite hasta su total resolución conforme a las disposiciones vigentes cuando se presentó la demanda. En ese orden de ideas, al tenor del precepto citado en último término, los recursos de revisión fiscal interpuestos en contra de sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los juicios contenciosos administrativos iniciados antes del primero de enero de dos mil seis, deberán ser analizados a la luz del referido Título VI del Código Fiscal de la Federación, independientemente de la fecha en que se haya dictado la sentencia recurrida o en que se haya presentado el recurso, pues conforme a lo dispuesto por el legislador en el aludido artículo transitorio cuarto, para determinar la legislación aplicable para continuar la tramitación del juicio hasta su total resolución, es decir, hasta que la sentencia respectiva cause estado, sólo se debe atender a la fecha en que se presentó la demanda y a que el juicio se encontrara en trámite, lo que incluye la sustanciación y resolución del recurso de revisión fiscal al ser una instancia prevista en el propio Capítulo VI del Código Tributario Federal y en virtud de que el juicio contencioso administrativo se encontrará sub júdice y no puede estimarse totalmente resuelto sino hasta que quede firme la sentencia que se dicte en definitiva en dicho juicio, una vez agotadas las instancias legales procedentes.

El criterio anterior responde a la intención del Constituyente de facultar al legislador para que establezca mecanismos que resguarden el respeto a la garantía de seguridad jurídica, la cual se manifiesta como la posibilidad de que los administrados tengan certeza de que su situación jurídica se resolverá hasta su total conclusión, conforme al procedimiento regulado en el Título VI del Código Fiscal de la Federación, si la demanda de nulidad fue presentada hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, o bien de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si ello ocurrió con posterioridad a esa fecha.

Dicha garantía de seguridad jurídica, se encuentra prevista en el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, en cuanto dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes. Por consiguiente, a manera de ejemplo de esos plazos y términos cabe citar, entre otros, el órgano que debe conocer del procedimiento (competencia); los plazos y la forma en que se deben realizar las actuaciones; los medios permitidos para que se acrediten las pretensiones de las partes (pruebas); quiénes son las personas que pueden demandar, quiénes pueden ser demandadas y en ambos casos quiénes se hallan facultadas para interponer recursos (legitimación); el procedimiento que el legislador fijó para el caso concreto (vía), etcétera.

Bajo ese contexto, dichas condiciones que se establecen previniendo los posibles conflictos que puedan suscitarse, son mecanismos que sirven para preservar la seguridad jurídica de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional, de tal modo que el solicitante sabrá cuándo y ante quién debe ejercer su derecho, los requisitos que ha de reunir para hacerlo, los plazos para ofrecer y desahogar sus pruebas, etcétera. De la misma manera, la parte demandada sabrá cuándo y cómo contestar la demanda, ofrecer y desahogar sus pruebas, entre otras cuestiones, ya que esas condiciones pueden variar dependiendo de cada uno de los procedimientos regulados en las leyes adjetivas.

De lo hasta aquí expuesto es posible afirmar que los diversos procedimientos previstos por el legislador para el cumplimiento del derecho de acceder a la justicia, existen con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de los gobernados y, en esa medida, se estima que la interpretación relativa a considerar que la sustanciación y resolución del recurso de revisión fiscal se halla incluida dentro de lo establecido en el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (en los términos apuntados con antelación), es congruente con la finalidad de preservar el respeto de aquella garantía.

Así las cosas, en ese aspecto, el último párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir de mil novecientos ochenta y ocho, señala:

"Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ... En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las Entidades Federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."

De lo antes transcrito, se advierte que el citado recurso de revisión por regla general, deberá interponerse por la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, a no ser que la resolución reclamada en el citado juicio haya sido emitida por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, pues en estos casos, el recurso de revisión necesariamente deberá interponerse por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en los casos de ausencia; y en el caso, la resolución materia de controversia en el juicio de nulidad, así como la recurrida en ésta fueron emitidas por autoridades estatales coordinadas en ingresos federales, como lo son la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla y la Dirección de Fiscalización de dicha Secretaria; y el recurso de revisión fiscal aparece interpuesto por el Administrador Local Jurídico de Puebla Norte, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada.

Debe precisarse que respecto del tema en cuestión relativo a la legitimación que se suscita en el presente caso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis administrativa número 37/2001, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la sesión del treinta y uno de octubre del año dos mil uno, por unanimidad de cinco votos, publicada en el Tomo XIV, Diciembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a partir de la página 322 y siguientes.

Ahora bien, por estimarse de importancia jurídica el criterio jurisprudencial precisado con antelación, en seguida se transcriben algunas de las consideraciones que informan dicha ejecutoria:

"El referido artículo 248 del Código Fiscal de la Federación ha sufrido diversas modificaciones en cuanto a los supuestos de procedencia del recurso de revisión, conservando prácticamente su redacción original en cuanto se refiere a los sujetos legitimados para hacer valer dicho medio de impugnación, ya que sobre el particular, el referido numeral vigente a la fecha en que se resuelve la presente contradicción de tesis, textualmente establece lo siguiente: ‘Artículo 248. Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos y las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos su notificación, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos: ... En los juicios que versen sobre resoluciones de las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso sólo podrá ser interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.’-De lo antes expuesto, claramente se advierte que hasta el catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho, las resoluciones de las Salas Regionales del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, eran recurribles por ‘las autoridades’ ante la Sala Superior de dicho organismo, cuando el asunto respectivo fuera de importancia y trascendencia a juicio del titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado a que el asunto correspondiera, a través del recurso de revisión, y que el escrito respectivo debía estar firmado, precisamente, por el titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado, según correspondiera y en su ausencia, por quienes estaban facultados para sustituirlo. A su vez, las resoluciones dictadas por la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, podían ser impugnadas por ‘las autoridades’ a través del recurso de revisión fiscal, el cual debía interponerse mediante escrito dirigido al presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, firmado por el titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado que correspondiera, o por quien legalmente debía sustituirlo, en los casos de ausencia. Sin embargo, acorde con las reformas al artículo 104 de la Constitución General de la República, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, y con el objeto de dar efectividad a ‘los postulados constitucionales de impartición de justicia pronta, completa y oportuna, mediante un sistema sencillo pero respetuoso de las formalidades esenciales del procedimiento’, por decreto publicado en el citado medio informativo el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se fusionaron las instancias procesales antes precisadas en un solo recurso denominado de revisión, a través del cual, las autoridades que dictaron la resolución reclamada en el juicio de nulidad, pueden impugnar, ante el Tribunal Colegiado del Circuito que corresponda, las resoluciones definitivas correspondientes, dictadas por las Salas Regionales o la Sala Superior del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, se estableció que el citado recurso de revisión, por regla general, deberá interponerse por la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, pues de esa manera se evita el obstáculo procesal ‘de que sea el secretario de Estado, jefe del departamento administrativo o director del organismo descentralizado el que interponga el recurso’, y además, se asegura que el ejercicio de dicha facultad ‘tan importante para la defensa de las autoridades’ se realice con ‘la seriedad y profundidad que exijan los casos que así lo ameriten’. Además, se precisó que en los casos en que la resolución reclamada en el juicio de nulidad haya sido emitida por las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, el recurso de revisión sólo podrá interponerse por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De lo anterior deriva que el recurso de revisión previsto en el Código Fiscal Federal para impugnar ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, las resoluciones definitivas dictadas por el ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se instituyó como un mecanismo de defensa excepcional en favor de las autoridades demandadas en el juicio de nulidad que obtuvieron un fallo adverso, cuya procedencia, desde siempre, se ha condicionado a la satisfacción de ciertos requisitos formales como lo es el relativo a la legitimación y a determinados requisitos de fondo como lo son, entre otros, la cuantía e importancia y trascendencia del asunto. En efecto, por cuanto se refiere a la legitimación para hacer valer el citado medio de defensa legal, que es el punto de contradicción a dilucidar, se advierte que en un principio ésta se otorgó al titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado a que el asunto correspondiera, y no a la propia autoridad que dictó la resolución impugnada en el juicio de nulidad, pues al respecto el artículo 250 del Código Tributario Federal vigente hasta el catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho, expresamente señalaba que el escrito respectivo debía ‘ser firmado por el titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado, y en caso de ausencia, por quien legalmente deba sustituirlo’. Posteriormente, con motivo de las reformas constitucionales acaecidas en el año de mil novecientos ochenta y siete, cuyo objeto primordial fue el de establecer las bases para la creación de mecanismos que permitieran una impartición de justicia pronta, completa y expedita, en el ámbito fiscal se redujeron y regionalizaron las instancias procesales y, en tal virtud, con el objeto de que el recurso de revisión ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación se formule con la formalidad y exhaustividad que requieren los asuntos respectivos, y con el fin de asegurar la adecuada defensa de las autoridades que obtuvieron un fallo adverso del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el legislador ordinario estimó conveniente que fuera la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica la que promoviera el citado medio de defensa legal, por ser ésta la que cuenta con el personal y los elementos necesarios para tal efecto, salvo que la resolución reclamada en el juicio de nulidad haya sido emitida por entidades federativas coordinadas en ingresos federales, pues en estos casos, el recurso de revisión necesariamente deberá promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en los casos de ausencia. En ese orden, es dable concluir que aun cuando en términos de lo previsto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades demandadas en el juicio de nulidad tienen la facultad de impugnar las resoluciones definitivas dictadas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que sean adversas a sus intereses; lo cierto es que por disposición expresa de la ley, dicha facultad la deben ejercer, necesariamente, por conducto del órgano encargado de su defensa jurídica, o en su caso, por conducto del secretario de Hacienda y Crédito Público o por quien deba suplirlo en los casos de ausencia, dado que en atención al principio de legalidad, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, según se advierte de la tesis sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en la página 250, del Tomo XV del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del tenor siguiente: ‘AUTORIDADES. Es un principio general de derecho constitucional, universalmente admitido, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.’."

Las anteriores consideraciones transcritas concluyen en la siguiente jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 59/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 321, Tomo XIV, Diciembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:

"REVISIÓN FISCAL. LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). De la interpretación causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se advierte que el recurso de revisión se estableció como un mecanismo de control de la legalidad de las resoluciones emitidas por las Salas Regionales y por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), a favor de las autoridades que obtuvieran un fallo adverso en los juicios de nulidad. Sin embargo, con el objeto de que dicho medio de impugnación se interpusiera con la formalidad y exhaustividad que requerían los asuntos respectivos y con el fin de asegurar la adecuada defensa de las referidas autoridades, el legislador ordinario estimó necesario que fuera la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica la que promoviera el citado medio de impugnación, por ser ésta la que cuenta con el personal capacitado y con los elementos necesarios para tal efecto, salvo que la resolución reclamada en el juicio de nulidad hubiera sido emitida por entidades federativas coordinadas en ingresos federales pues, en estos casos, el recurso de revisión deberá promoverse por el secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en caso de ausencia. Por tanto, es inconcuso que las autoridades demandadas en el juicio de nulidad carecen de legitimación procesal para interponerlo, dado que la facultad que les fue conferida para impugnar la legalidad de las resoluciones definitivas emitidas por las Salas del citado tribunal, necesariamente deben ejercerla por conducto del órgano administrativo encargado de su defensa jurídica."

De lo anterior se deduce que en la especie el recurso de revisión fue interpuesto por una autoridad que no está legitimada procesalmente para interponerlo, toda vez que la resolución reclamada en el juicio fiscal, contenida en el oficio 17291, de ocho de noviembre de dos mil cuatro, en la que el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, resuelve el recurso de revocación interpuesto por la parte actora en la que se confirmó la resolución determinante de un crédito fiscal, contenida en el oficio 0496, de veintisiete de febrero del citado año, emitida por la Directora de Fiscalización de esa Secretaría, autoridades fiscales coordinadas en impuestos federales, fue emitida por una autoridad fiscal coordinada en ingresos federales; por consiguiente, es inconcuso que el Administrador Local Jurídico de Puebla Norte, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, carece de legitimación procesal para interponer el presente medio de defensa, dado que en estos casos, el recurso de revisión fiscal necesariamente debe interponerse por el Secretario de Hacienda y Crédito Público o por quien legalmente deba suplirlo en los casos de ausencia.

No es obstáculo para resolver lo anterior el hecho de que el recurso de revisión fiscal haya sido interpuesto por el Administrador Local Jurídico de Puebla Norte, quien a su vez señala que lo hace representando al Secretario de Hacienda y Crédito Público, al Presidente del Servicio de Administración Tributaria y a la autoridad demandada, pues en el caso la resolución reclamada en el juicio de anulación fue emitida por una autoridad fiscal coordinada en impuestos federales, en cuyo supuesto el citado medio de defensa debe ser interpuesto directamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, o por quien deba suplirlo en caso de ausencia. Esto es así, toda vez que no se está en la hipótesis de la representación de autoridades, sino que conforme al criterio de contradicción antes transcrito, el supuesto de la suplencia de la autoridad sólo se da en caso de ausencia; por ende, quien se encuentra legitimado para interponer la presente revisión, es el Secretario de Hacienda y Crédito Público, o bien quienes deban suplirlo en caso de ausencia, es decir, los Subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, el Oficial Mayor, o el Procurador Fiscal de la Federación y demás servidores públicos señalados en el artículo 105, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, que textualmente indica:

"Artículo 105. El Secretario de Hacienda y Crédito Público será suplido en sus ausencias por los Subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, por el Oficial Mayor, por el Procurador Fiscal de la Federación, por el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, por el Subprocurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta, por el Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros o por el Subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones, en el orden indicado."

Dadas las anotaciones señaladas, se debe concluir que en la especie no se cumplió con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, para la procedencia del recurso de revisión tratándose de coordinación en ingresos federales, por lo que en tales circunstancias procede desecharlo, sin que sea obstáculo para ello que por acuerdo de presidencia de veintinueve de mayo de dos mil seis, se haya admitido a trámite el recurso interpuesto por el Administrador Local Jurídico de Puebla Norte, toda vez que ese tipo de resoluciones no causan estado, porque simplemente corresponden a un examen preliminar del asunto, ni obligan al Pleno, el cual conserva en todo momento sus facultades decisorias para desechar los recursos que sean improcedentes, como acontece en el caso.

Al efecto se invoca la jurisprudencia número V.2o. J/5 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, consultable en la página 97, Tomo VII, Marzo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor es el siguiente:

"RECURSO ADMITIDO POR AUTO DE PRESIDENCIA. EL PLENO PUEDE DESECHARLO, SI ADVIERTE QUE ES IMPROCEDENTE. No es obstáculo para desechar el recurso, la admisión del mismo por el presidente de este tribunal, ya que dicha admisión no es definitiva, ni causa estado, pues deriva de un examen preliminar, en consecuencia, este tribunal está facultado para analizar la procedencia del recurso y desecharlo cuando advierta su improcedencia."

CUARTO. La parte considerativa de la sentencia recurrida es del tenor siguiente: "PRIMERO. Con fundamento en los artículos 11, fracción I y 28, 30 y 31 de la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional, en relación con el artículo Décimo Primero, fracción III, de las Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica de este Tribunal, del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre del 2000, en relación con los artículos 23, fracción XII y 24, fracción XII, ambos del Reglamento Interior de este Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2003 y vigente a partir del 1o. de enero del 2004, esta Segunda Sala Regional de Oriente es competente para emitir la presente sentencia definitiva. SEGUNDO. La existencia de la resolución impugnada se encuentra debidamente acreditada en autos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia fiscal, mediante la exhibición que de la misma hace la actora y por el reconocimiento expreso que realizan las autoridades al contestar su demanda. TERCERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, los suscritos Magistrados se avocan por una cuestión de método al estudio del concepto de impugnación, CUARTO, inciso c), toda vez que en el mismo controvierte el inicio del procedimiento fiscalizador, y que de resultar fundado tendría como consecuencia que se declarara la nulidad de todo lo actuado en base al mismo, señalando medularmente que es ilegal la resolución recaída al recurso de revocación toda que en sus agravios quinto y octavo del recurso de revocación negó la existencia del acta parcial de inicio y orden de visita, y al resolver, la autoridad se basa para confirmar la validez de la resolución recurrida en hechos que no se realizaron, sin que se le dieran a conocer violando su garantía de audiencia. Las autoridades al producir su contestación de demanda señalan al respecto que en la resolución recaída al recurso se indicó que los argumentos de la actora en sus agravios quinto y octavo resultaban infundados por ineficaces, toda vez que el personal actuante al momento de notificar la orden de visita contenida en el oficio DPF 816 de fecha 17 de septiembre de 2002, cumplió con las formalidades señaladas por los artículos 44 y 46 del Código Fiscal de la Federación, que establecen los requisitos que deben observarse para el desarrollo de un acto de fiscalización con el cuestionado, cuya diligencia se controvierte, resultando del todo infundado lo expresado por la recurrente, ya que del análisis a las constancias que integran el expediente administrativo de esta dependencia abierto a su nombre, se desprende que con fecha 18 de septiembre de 2002, el C. Salvador Alonso Ramírez visitador adscrito a dicha Secretaría se constituyó en el domicilio de la contribuyente solicitando su presencia y al no encontrarse presente en ese momento por así manifestarlo el C. Enrique Murguía Onofre, procedió a dejarle citatorio con dicha persona, para que estuviera presente para recibir la orden de visita el 19 de septiembre de 2002 a las 9:00 horas, quien a su vez estampó su nombre y firma, así como la fecha y hora. Derivado de lo anterior, los CC. Rubén Zamudio Beltrán y Salvador Alonso Ramírez, se constituyeron en el domicilio de la contribuyente en la fecha y hora señalados en el citatorio para hacer entrega de la orden de visita, elaborando al efecto el acta parcial 1 en la que consta que se requirió la presencia física de la contribuyente, ante lo que el C. Víctor Hugo Sánchez Merchant informó que no se encontraba presente en esos momentos, por lo que, consideran, la notificación de la orden de visita domiciliaria, realizada mediante acta parcial número 1, surtió sus efectos legales al haberse realizado de conformidad con lo señalado en los artículos 44 y 46 del Código Fiscal de la Federación. La accionante al producir su ampliación de demanda señala en su primer agravio que el citatorio de 18 de septiembre de 2002, es ilegal toda vez que no se cumplieron con las formalidades a que aluden los artículos 44, fracción II y 134 del Código Tributario Federal, al constar en un documento preimpreso con espacios en blanco para llenar y no ser una acta debidamente circunstanciada, negando en forma lisa y llana que el visitador se hubiera cerciorado del domicilio correcto a notificar, que hubiera requerido la presencia del representante legal, y asentando las razones por la que se entendió con un tercero, aunado a que el visitador no se identificó ante la persona con quien entendió la diligencia, agregando que, con respecto al requerimiento de la presencia del representante legal de la actora, el visitador no señaló en el citatorio, a quién dirigió dicho requerimiento. Las autoridades al producir su contestación a la ampliación de demanda señalan al respecto que es infundado lo argumentado por la actora toda vez que el hecho de que el citatorio de 18 de septiembre de 2002 conste en formato preimpreso, la emisión del mismo en nada transgrede las disposiciones que refiere la actora, porque basta que dicho formato preimpreso cumpla con los requisitos legales para que sea válido lo cual aconteció en la especie al desprenderse de dicha documental que siendo las 13:30 horas del día 18 de septiembre de 2002 la notificadora se presentó en el domicilio fiscal de la hoy actora ubicado en Avenida Margarita No. 255 de la Colonia Bugambilias, con el objeto de hacerle la entrega del oficio que contiene la orden de visita do

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19701-f9dffb63/revision-fiscal-su-procedencia-debe-ser-analizada-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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