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Modo: Corpus Pro

FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN MATERIA ADUANERA. EL PLAZO DE CUATRO MESES PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE HECHOS Y OMISIONES RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 170/2006. · Registro digital (IUS): 19799
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, , Pág. 938.

REVISIÓN FISCAL 170/2006. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Uno de los agravios hechos valer por las autoridades recurrentes es fundado y suficiente para revocar la resolución recurrida.

En efecto, en el primer agravio las autoridades inconformes aducen sustancialmente que la sentencia recurrida es contraria a derecho, al existir una incorrecta aplicación de los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, pues estiman que, contrariamente a lo considerado por la Sala Fiscal, el acta de hechos e irregularidades, sí se notificó dentro del plazo de cuatro meses que establece el artículo 152 del Código Fiscal de la Federación, ya que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 135 del ordenamiento legal en cita, aplicado supletoriamente, en términos del artículo 1o. de la Ley Aduanera, las notificaciones surten sus efectos a partir del día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas; que en el caso, el acta circunstanciada de hechos se notificó el once de marzo de dos mil cinco, notificación que surtió efectos el día catorce del propio mes y año, por lo que el cómputo de los cuatro meses a que alude el artículo 152 de la Ley Aduanera, inició a partir del quince de marzo del citado año, debiendo fenecer el quince de julio del propio año, por lo que la autoridad aduanera tenía hasta esta última fecha para notificar la resolución determinante del crédito fiscal, cosa que así hizo.

Agregan, que la Sala Fiscal obró incorrectamente al considerar que el artículo 135 no resulta aplicable, pues si bien es cierto que el acta circunstanciada de hechos e irregularidades no es una resolución definitiva, dicho precepto legal sí es aplicable, dado que se trata de un acto administrativo, el cual es llevado a cabo por la autoridad administrativa, en este caso, la autoridad aduanera dentro de un procedimiento previsto dentro de una ley de carácter administrativo, aunado a que el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, en ninguna parte establece que se refiere únicamente a las notificaciones de los actos administrativos, pues señala que las notificaciones surtirán sus efectos al día siguiente a aquel en que fueron hechas y en el caso claramente se trata de una notificación, ya que el acta circunstanciada fue notificada al demandante el once de marzo del dos mil cinco, por lo que dicha notificación surtió sus efectos el día catorce de marzo del mismo año.

Los anteriores motivos de inconformidad son sustancialmente fundados.

Cabe destacar que respecto del tema de fondo tratado existe ya criterio definido de este tribunal, mismo que se refleja en la tesis que más adelante se transcribirá, pero tomando en consideración las observaciones realizadas por el Pleno de este órgano colegiado, se continúa aplicando la tesis con la modificación en el estudio, respecto a la aplicación de los artículos 134 y 135 del Código Fiscal de la Federación.

En efecto, los artículos 152 de la Ley Aduanera y 180 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente en dos mil cinco, establecen textualmente lo siguiente:

"Artículo 152. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de esta ley, las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el artículo 150 de esta ley. En este caso la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas y alegatos que a su derecho convengan.-Las autoridades aduaneras efectuarán la determinación en un plazo que no excederá de cuatro meses.-En los demás casos la determinación del crédito fiscal se hará por la autoridad aduanera."

"Artículo 180. Cuando con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, la aduana levante el acta a que se refiere el artículo 152 de la ley, deberá dictar la resolución definitiva en un plazo que no excederá de cuatro meses contados a partir de la notificación de dicha acta.-En los casos en que con motivo de la verificación de mercancías en transporte, autoridades aduaneras distintas de la aduana detecten la omisión de contribuciones o cuotas compensatorias y no sea aplicable el artículo 151 de la ley, dichas autoridades levantarán el acta circunstanciada a que se refiere el artículo 152 de la ley, y efectuarán la determinación definitiva en un plazo que no excederá de cuatro meses."

De la transcripción hecha con inmediata anterioridad, se advierte que el legislador estableció la obligación a las autoridades aduaneras en el sentido de que en el ejercicio de sus facultades de comprobación levanten acta de hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y procedan a efectuar la determinación en un plazo que no exceda de cuatro meses a partir de la notificación de dicha acta.

Ahora bien, tomando en consideración que los preceptos legales citados con anterioridad establecen que el término de cuatro meses debe computarse a partir de "la notificación del acta", pero son omisos en precisar las reglas a las que debe sujetarse el cómputo del término, es decir, si debe iniciarse en el momento en que se practica la notificación al contribuyente del acta de hechos y omisiones, o a partir de que surte efectos esa notificación, es claro que dicha regulación es incompleta y por esa razón resulta necesario aplicar de manera supletoria el Código Fiscal de la Federación, en tanto que el artículo 1o. de la Ley Aduanera establece de manera expresa la aplicación supletoria de dicho ordenamiento legal y conforme a éste se tramita el juicio contencioso administrativo, mediante el cual se puede impugnar la determinación del crédito fiscal derivado de la importación de mercancía de procedencia extranjera.

Así, los artículos 134 y 135 del Código Fiscal de la Federación vigentes hasta diciembre de dos mil cinco, establecían lo siguiente:

"Artículo 134. Las notificaciones de los actos administrativos se harán: I. Personalmente o por correo certificado o electrónico, con acuse de recibo, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan ser recurridos.-En el caso de notificaciones por correo electrónico, el acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como firma electrónica del particular notificado, la que se genere al utilizar la clave que el Servicio de Administración Tributaria le proporcione para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado.-II. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los señalados en la fracción anterior.-III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse desaparezca después de iniciadas las facultades de comprobación, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este código y en los demás casos que señalen las leyes fiscales y este código.-IV. Por edictos, únicamente en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión, hubiese desaparecido, se ignore su domicilio o que éste o el de su representante no se encuentren en territorio nacional.-V. Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere el segundo párrafo del artículo 137 de este código.-Cuando se trate de notificaciones o actos que deban surtir efectos en el extranjero, se podrán efectuar por las autoridades fiscales a través de los medios señalados en las fracciones I, II o IV de este artículo o por mensajería con acuse de recibo, transmisión facsimilar con acuse de recibo por la misma vía, o por los medios establecidos de conformidad con lo dispuesto en los tratados o acuerdos internacionales suscritos por México."

"Artículo 135. Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la notificación la hagan directamente las autoridades fiscales, deberá señalarse la fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación.-La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior."

De lo establecido en los artículos transcritos, que regulan la forma en que deben notificarse los actos administrativos y el momento en que surten efectos, se pone de manifiesto que si a Mario I. Sandoval Guerrero, en su carácter de dependiente del agente aduanal Luis Ernesto Rodríguez Gil, se le notificó personalmente el escrito de hechos u omisiones que implican la omisión de documentos y en su caso la aplicación de sanciones correspondientes, el once de marzo de dos mil cinco, según se aprecia a fojas treinta a treinta y uno del expediente fiscal, dicha notificación surtió sus efectos el catorce del mismo mes y año; por lo que el cómputo del plazo de cuatro meses para que la autoridad aduanera dictara la resolución definitiva empezó a contar el día quince de marzo de dos mil cinco y concluyó el quince de julio del citado año, ya que el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, señala que cuando los plazos se fijen por mes o por año sin especificar que sean de calendario, se entenderá que el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquel en que se inició.

Por lo que si la notificación al agente aduanal Luis Ernesto Rodríguez Gil, de la resolución mediante la cual se determinó un crédito fiscal por la cantidad de dos mil cuarenta y nueve pesos, se realizó el trece de julio de dos mil cinco, es claro que la autoridad demandada en el juicio de nulidad, ahora recurrente, sí cumplió con la obligación impuesta por los artículos 152 de la Ley Aduanera y 180 del reglamento de dicha ley, de notificar la resolución definitiva sin exceder el plazo de cuatro meses.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por este órgano colegiado, consultable en la página 867, Tomo XXII, noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"FACULTADES DE COMPROBACIÓN EN MATERIA ADUANERA. EL PLAZO DE CUATRO MESES PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE HECHOS Y OMISIONES RELATIVA.-Los artículos 152 de la Ley Aduanera y 180 de su reglamento establecen la obligación de las autoridades competentes que en ejercicio de sus facultades de comprobación levanten actas de hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, en el sentido de que procedan a dictar la resolución definitiva en un plazo que no exceda de cuatro meses a partir de la notificación de dicha acta. Ahora bien, si se ordena notificar personalmente el acta de hechos y omisiones dado que los preceptos legales citados son omisos en precisar las reglas a las que debe sujetarse el cómputo del término de cuatro meses, para que se dicte resolución definitiva, es decir, si debe iniciarse en el momento en que se practica la notificación al contribuyente la referida acta, o cuando surte efectos la notificación, es claro que resulta necesario aplicar, de manera supletoria, los artículos del Código Fiscal de la Federación que regulan la forma en que deben notificarse las resoluciones, el momento en que surten sus efectos y las reglas a las que deben sujetarse para el cómputo de los términos, en tanto que el artículo 1o. de la Ley Aduanera establece de manera expresa la aplicación supletoria de dicho ordenamiento legal; por lo que el cómputo del plazo de cuatro meses para que la autoridad aduanera dicte la resolución definitiva empieza a contar a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal de dicha acta."

En ese orden de ideas, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y ordenar a la Sala Fiscal que pronuncie una nueva, en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, declare infundado el concepto de impugnación hecho valer por el actor en el juicio de nulidad y resuelva conforme a derecho corresponda, debiendo analizar el resto de los conceptos de anulación cuyo estudio omitió.

Habiendo resultado fundado el agravio analizado, es innecesario el estudio de los restantes en los cuales se sostiene que la sentencia es incongruente.

Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la tesis jurisprudencial VI.2o.A. J/9, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que comparte este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de dos mil seis, página 2147, que expresa:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN FISCAL. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si del análisis de uno de los agravios se advierte que éste es fundado y suficiente para revocar la sentencia dictada por la Sala a quo, es innecesario que en la ejecutoria correspondiente se analicen los restantes agravios que se hicieron valer en el escrito de revisión, pues ello a nada práctico conduciría si de cualquier manera el fallo recurrido ha de quedar insubsistente en virtud del agravio que resultó fundado."

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta diciembre del dos mil cinco, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia impugnada.

SEGUNDO.-Se ordena a la Sala Regional del Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, que dicte nueva resolución.

Notifíquese; haciéndolo a la administradora local jurídica de Chihuahua, por medio de oficio, publíquese y anótese en el libro de registro, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese el toca.

Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Olivia Heiras de Mancisidor, Ángel Gregorio Vázquez González y Marco Antonio Rivera Corella, firmando en su carácter de presidenta y ponente la primera de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19799-a277a432/facultades-de-comprobacion-en-materia-aduanera-el-plazo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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