PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NO PROCEDE LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL RELATIVA CUANDO LA SENTENCIA QUE RESUELVE UN JUICIO DE NULIDAD, AÚN SE ENCUENTRA SUB JÚDICE CON MOTIVO DE UN MEDIO DE DEFENSA INTERPUESTO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006).
REVISIÓN FISCAL 25/2006. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRAS.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Antes de examinar la procedencia o improcedencia del recurso que se resuelve, es menester destacar que no pasa inadvertido para este tribunal federal, que a partir del uno de enero de dos mil seis, entró en vigor la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual será aplicable a los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como se desprende del numeral 1o., primer párrafo, de la citada disposición jurídica.
Sin embargo, en la especie, el ordenamiento de mérito no es aplicable, como se desprende de los artículos transitorios que lo integran, mismos que a continuación se citan literalmente y que son del texto siguiente:
"Primero. La presente ley entrará en vigor en toda la República el día 1o. de enero de 2006."
"Segundo. A partir de la entrada en vigor de esta ley se derogan el título VI del Código Fiscal de la Federación y los artículos que comprenden del 197 al 263 del citado ordenamiento legal, por lo que las leyes que remitan a esos preceptos se entenderán referidos a los correspondientes de esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."
"Tercero. Quedan sin efectos las disposiciones legales, que contravengan o se opongan a lo preceptuado en esta ley."
"Cuarto. Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al momento de entrar en vigor la presente ley, se tramitarán hasta su total resolución conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda."
De los dispositivos legales reproducidos con antelación, se desprende que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es un ordenamiento de observancia general que viene a derogar el título VI del Código Fiscal de la Federación, concretamente, los artículos del 197 al 263 de la legislación en comento, cuya entrada en vigor, como se dijo con antelación, inició a partir del uno de enero de dos mil seis.
Sin embargo, el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé una excepción por cuanto a su ámbito de aplicación en el tiempo, pues dicho precepto establece que los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al entrar en vigor el ordenamiento legal en mención, deberán sustanciarse hasta su total resolución atendiendo a las disposiciones jurídicas vigentes al momento en que se presentó la demanda de nulidad respectiva.
En el caso que nos ocupa, a pesar de que existe una sentencia en autos del juicio de nulidad 1808/04-14-01-4, del índice de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, misma que se pronunció el siete de julio de dos mil cinco, ésta se encuentra sub júdice, es decir, no ha quedado firme; por ende, si se considera que dicho expediente se tramitó hasta la emisión de su sentencia, conforme a las reglas previstas en el título VI del Código Fiscal de la Federación, y que dicha determinación jurisdiccional aún puede ser modificada o incluso revocada -ya que no ha quedado totalmente finiquitada la sustanciación de aquel sumario-, se arriba a la convicción de que en el presente asunto no es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Lo anterior se sostiene, pues en caso de que fuese procedente el medio de impugnación accionado, e inclusive, de resultar fundados los argumentos de la autoridad recurrente, es obvio que habría que ordenar que se dejase sin efectos la sentencia controvertida y, en consecuencia, que se continuara con la tramitación del juicio, o bien, que se pronunciara una distinta, hipótesis en las que, como lo prevé el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, habría de sustanciarse el sumario respectivo conforme a las reglas que para la tramitación del juicio de nulidad, prevé el Código Fiscal Federal en su título VI.
Por ende, si el juicio de nulidad de origen debe tramitarse hasta su total resolución -hasta que la sentencia o resolución que lo finiquite, quede firme e intocada-, de conformidad con las disposiciones legales previstas en el título VI del Código Fiscal de la Federación, aun ante la existencia de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, este último ordenamiento de observancia general todavía no es aplicable al caso concreto, determinación que se robustece, como ya se dijo, atendiendo a su artículo cuarto transitorio, pues de su contenido se concluye que los dispositivos que integran dicho ordenamiento serán aplicables a partir de su entrada en vigor, salvo en los expedientes que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los que deberán sustanciarse hasta su total resolución, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes en el instante en que se presentó la demanda de nulidad respectiva; esto es, para su justa y adecuada justipreciación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa habrá de atender al ordenamiento de observancia general en vigor al momento en que fue accionada la función jurisdiccional.
No aceptar tal interpretación, equivaldría a desconocer el principio de legalidad que también emana de la Constitución Federal, pues se desconocería el imperio de la norma que refleja la voluntad del legislador, quien por las razones que haya estimado convenientes, concretamente dispuso que el nuevo cuerpo de leyes sólo opere hacia el futuro, restringiendo con su determinación, cualquier aplicación retroactiva a sus postulados.
En relación con el tema que se trata, es oportuno citar la tesis con número de clave TC213056.9AD1, integrada por este Tribunal Colegiado, misma que se encuentra pendiente de publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible bajo el rubro y texto siguientes:
" El artículo cuarto transitorio del ordenamiento en cita prevé una limitante por cuanto a su ámbito de aplicación en el tiempo, pues establece que los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al entrar en vigor (uno de enero de dos mil seis), deberán substanciarse hasta su total solución, conforme a las disposiciones jurídicas vigentes en el instante en que se presentó la demanda de nulidad respectiva. En ese tenor, si un juicio de nulidad se tramitó hasta la emisión de sentencia, conforme a las reglas previstas en el Código Fiscal de la Federación, pero dicha determinación jurisdiccional puede ser modificada o revocada a través de los medios de impugnación que legalmente cabrían en su contra, debe establecerse que al procedimiento de mérito no le es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que si la resolución con que concluyó la instancia se encuentra sub júdice con motivo del medio de defensa instaurado en su contra, el referido ordenamiento de observancia general no es aplicable al caso concreto, sino que para la justa y adecuada solución de éste, debe atenderse a la legislación que regía al momento de ejercer la acción, determinación que, inclusive, es acorde con el principio de legalidad que emana del artículo 14 de la Constitución Federal, que reconoce el imperio de la norma que refleja la voluntad del legislador, quien dispuso que el nuevo cuerpo de leyes sólo opere hacia el futuro, restringiendo con su determinación cualquier aplicación retroactiva a sus postulados."
CUARTO. Formulada la precisión que antecede, debe destacarse que previo a analizar el fondo del medio de defensa propuesto por la parte recurrente, se estima necesario determinar, de conformidad con el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, la legitimación de la autoridad que interpone el recurso de revisión fiscal que ahora se resuelve, extremo que en la especie se acredita, toda vez que el administrador local jurídico de Acapulco, se encuentra facultado para representar a las autoridades demandadas en el juicio de nulidad 1808/04-14-01-4, del índice de la Sala Regional del Pacífico del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, determinación a la que se arriba, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 8o., cuarto párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en correlación con la jurisprudencia 2a./J. 69/95, la cual es el resultado de la contradicción de tesis 40/94, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito; integrada aquélla por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, página 125, que a la letra prescribe:
"ADMINISTRACIONES LOCALES JURÍDICAS DE INGRESOS. ESTÁN FACULTADAS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL EN REPRESENTACIÓN DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. El Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres, específicamente el artículo 111, inciso C, fracciones XIV, XV y XVI instituye a las Administraciones Locales Jurídicas de Ingresos como las unidades administrativas encargadas de la defensa jurídica de ellas mismas y de las otras autoridades fiscales que ahí se mencionan; motivo por el cual, en términos del artículo 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, dichas Administraciones Locales están legitimadas para hacer valer el recurso de revisión fiscal, en representación de las indicadas autoridades, cuando figuren como demandadas en el juicio de nulidad."
De igual forma, tiene aplicación al caso la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 90/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, página 256, que es del tenor siguiente:
"REVISIÓN FISCAL. LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁ FACULTADA PARA INTERPONER ESE RECURSO EN EL SUPUESTO PREVISTO POR EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 248 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Del análisis de la exposición de motivos y dictámenes legislativos que dieron origen a la reforma de los artículos 104 de la Constitución Federal y 248 del Código Fiscal de la Federación que establecieron, respectivamente, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión fiscal y los supuestos de su procedencia, así como de los términos en que se encuentra redactado el último de estos dispositivos, se desprende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como parte en el juicio contencioso administrativo, se encuentra legitimada para interponer el citado recurso, al tenor del supuesto establecido en el párrafo tercero del artículo 248 del citado ordenamiento tributario, esto es, en los casos en que, a pesar de que la cuantía del asunto sea inferior a la establecida en el párrafo primero del mismo precepto, o indeterminada, éste sea de importancia y trascendencia, hipótesis en que la recurrente debe razonar la actualización de tales circunstancias para efectos de la admisión del recurso."
QUINTO. Asimismo, conviene precisar que el presente recurso de revisión fiscal es procedente, pues se actualizan los supuestos normativos previstos para tal efecto en el artículo 248, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, ya que la determinación administrativa que fue materia de examen en la sentencia impugnada, fue emitida por el administrador local jurídico de Iguala del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de haber sido interpuesto en el plazo previsto por el precepto legal referido con antelación.
Robustece la anterior afirmación, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 341, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, página 361, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"REVISIÓN FISCAL. PROCEDE, CONFORME AL ARTÍCULO 248, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1997, POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ASUNTO SE REFIERA A UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO O POR AUTORIDADES FISCALES LOCALES COORDINADAS EN INGRESOS FEDERALES Y SIEMPRE QUE SE INTERPONGA DENTRO DEL PLAZO LEGAL. El examen de la evolución histórica y la interpretación sistemática de los diversos textos que ha tenido el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, a partir del año de mil novecientos ochenta y ocho, que determina la procedencia del recurso de revisión fiscal, revela que tratándose de las hipótesis específicas de procedencia que establece en las fracciones III, IV y V de su texto vigente a partir del 1o. de enero de 1997, no se requiere la reunión de los requisitos de cuantía y razonada importancia y trascendencia, que están señalados en las fracciones I y II del mismo artículo 248, prueba de este aserto es que la parte final del párrafo primero del mismo precepto legal señala: ‘siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos’, expresión que en su sentido se encuentra determinada por el término ‘cualquiera’ que según la gramática castellana es un pronombre indeterminado que denota una persona indeterminada ‘alguno, sea el que fuere’, lo que otorga individualidad a cada una de las hipótesis que en sus cinco fracciones prevé el citado artículo. Por consiguiente, tratándose de la fracción III del artículo 248, la procedencia del recurso de revisión fiscal se encuentra determinada por la naturaleza u origen de la resolución que haya sido materia de examen en la resolución o sentencia definitiva impugnada, que debe ser una resolución emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, requisito con el que sólo converge el relativo al plazo legal de interposición del recurso."
SEXTO. Las consideraciones y puntos resolutivos que rigen la sentencia recurrida, son del tenor siguiente:
"PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer del presente juicio en términos de lo ordenado por los artículos 11, fracción XIV, 27, 28, 29, 30, 31, y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. SEGUNDO. La existencia de la resolución impugnada se encuentra acreditada en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia fiscal federal, ya que la actora exhibe el documento en que consta la misma, además del reconocimiento que de ella hacen las autoridades demandadas al contestar la demanda. TERCERO. En sus conceptos de nulidad primero, segundo y tercero, la actora menciona que la resolución impugnada es ilegal por ser contraria a los artículos 38, fracción III, 68, 129, 134, 137, 238, 239 y demás relativos del Código Fiscal de la Federación, ya que la autoridad pretende eludir su obligación de darle a conocer los documentos en que se apoya la motivación de los crédito recurridos a efecto de que estuviera en posibilidad de refutarlos, acotando que la autoridad se refiere a unos requerimientos cuyas características ignora y que dieron origen a los actos impugnados ante la autoridad, negando lisa y llanamente en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, que tales requerimientos sean de su conocimiento. Por su parte, las autoridades fiscales mencionan que no es fundado lo argumentado por la actora, ya que contrario a su manifestación los requerimientos de obligaciones que fueron origen de los créditos que impugnó a través de los recursos que interpuso le fueron notificados los días 28 de mayo, 6 de junio, 29 de julio y 13 de agosto, todos los meses (sic) de 2003, previos citatorios de los días 27 de mayo, 5 de junio, 28 de julio y 12 de agosto, del mismo año, documentales que ante la negativa de la accionante exhibe como prueba en el presente juicio. En su escrito de ampliación de demanda la actora señala que las notificaciones a que se refieren las autoridades son ilegales ya que el notificador al practicar la diligencia de entrega del citatorio no circunstancia adecuadamente que se cercioró de estar en el domicilio correcto, violando con ello en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación; acotando además que si bien en los citatorios a que aluden las autoridades el notificador asentó que se ‘constituyó legalmente’, también lo es que en ninguna parte de dichos documentos especifica con claridad quién le confirmó que era su domicilio correcto o cuáles son los signos exteriores por los que concluyó que ese era su domicilio para poder afirmar que era el domicilio correcto y así proceder a dejar los citatorios; además de que también son ilegales en razón de que no circunstanció que se haya requerido la presencia del contribuyente y cómo se cercioró de que el visitado no se encontraba presente. Respecto a lo anterior, las autoridades esgrimen que no le asiste la razón a la actora, puesto que de las diligencias de notificación (sic) se ajustaron a lo dispuesto en los artículos 134 fracción I y 137 del Código Fiscal de la Federación. A consideración de esta Sala lo argumentado por la actora es fundado; lo anterior es así, por las consideraciones de derecho que a continuación se exponen. Por principio de cuentas, es de mencionarse que se desprende de las constancias que integran el juicio en que se actúa que la parte actora mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2004, presentados el mismo día ante la Administración Local Jurídica de Iguala, Guerrero, del Servicio de Administración Tributaria, interpuso recursos de revocación en contra de los créditos fiscales números 113609, 113090, 111762, 108535 y 108027, escritos que en original obran a fojas 078, 087, 095, 099 y 101, y de los cuales se desprende que la actora manifestó desconocer dichos créditos, así como sus antecedentes; en respuesta a lo anterior, mediante oficio número 325-SAT-12-II-(42)-01300, de fecha 12 de febrero de 2004, que obra a fojas 056 a 058 del expediente que se resuelve, la Administración Local Jurídica de Iguala, Guerrero, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en el artículo 129, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, dio a conocer a la actora los documentos determinantes de los créditos impugnados, así como sus constancias de notificación, a efecto de que la actora ampliara sus recursos de revocación, derecho que ejerció mediante escritos de fecha 20 de abril de 2004, presentados ante la autoridad demandada el día 21 del mismo mes y año, documentales que obran a fojas 038 a 052 de autos, y de los cuales se advierte que la actora argumenta que de las resoluciones determinantes de los créditos fiscales 113609, 113090, 111762, 108535 y 108027, se advierte que hacen referencia a los requerimientos de obligaciones números 10085297000014, 10085303000034, 10085305000089 y 100852AG000304, sin embargo apunta que los requerimientos en cita no se los da a conocer por lo que no existen. No obstante lo anterior, la autoridad fiscal demandada emite la resolución traída a juicio, documental que obra a fojas 034 a 037 de autos, y determina confirmar las resoluciones determinantes de los créditos fiscales 113609, 113090, 111762, 108535 y 108027, argumentando por un lado que la promovente no hizo valer agravios en contra de la notificación de los actos en cita, además de que los requerimientos de obligaciones en que los mismos se sustentan fueron notificados a Socorro Pérez Martínez los días 28 de mayo, 6 de junio, 29 de julio y 13 de agosto, todos los meses de 2003. Es de señalarse que el acto controvertido ante esta juzgadora es la resolución que recayó a los diversos recursos interpuestos por la actora y de conformidad con el artículo 237, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda, y en el caso que nos ocupa se estima que sí se cuenta con los elementos necesarios para emitir un pronunciamiento respecto del fondo del asunto. Pues bien, a fojas 081, 090, 098, 100 y 102, corren agregadas las resoluciones determinantes de los créditos fiscales 113609, 113090, 111762, 108535 y 108027, actos que fueron recurridos ante la autoridad demandada, de cuyo texto se advierte que tiene como sustento los requerimientos de obligaciones números 10085305000089, 10085297000014, 10085303000034 y 100852AG000304; sin embargo, en el escrito de demanda que dio origen al presente juicio, la actora en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, niega que los requerimientos antes aludidos le hayan sido notificados y la autoridad a fin de desvirtuar esa negativa exhibe copia certificada tanto de los citados requerimientos como de sus constancias de notificación, probanzas que obran a fojas 135 a 150 de autos, y de las cuales se advierte que los notificadores adscritos a la autoridad recaudadora hicieron constar lo siguiente: ‘Citatorio. Representante legal de: Construcciones Cepeda Castro Hermanos, S.A. de C.V. Domicilio: Periférico Norte 25. Colonia: Ciudad Industrial del Valle de Iguala. Ciudad: Iguala, Gro. En Iguala, Guerrero, siendo las trece diez horas del día veintisiete, del mes de mayo del año 2003, el que suscribe Abraham Coronel Salgado, actuario fiscal adscrito a la Administración Local de Recaudación de Iguala, con sede en Iguala de la Independencia, Gro., acreditándome con la constancia de identificación No. 322-SAT-12-II-X-C-00019, fecha seis de enero de 2003, expedida por José Barrera Amaro, en su carácter de administrador local de recaudación de Iguala, con vigencia del seis de enero de 2003 al treinta de junio de 2003, documento en el que aparece mi fotografía y firma, con fundamento en los artículos 134, fracción I, 135 y 136 del Código Fiscal de la Federación, me constituyo legalmente en el domicilio ubicado en Periférico Norte con el número exterior veinticinco y número interior ..., colonia Ciudad Industrial del Valle de Iguala de esta localidad, y una vez que me he cerciorado de que dicho domicilio efectivamente es el que tiene manifestado el contribuyente buscado, procedo a requerir su presencia o la de su representante legal, a efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter administrativo informándoseme no encontrarse en este momento, por lo que con fundamento en el artículo 137 del ordenamiento antes citado, procedo a dejar este citatorio en su poder del (la) Socorro Pérez Martínez, quien dijo ser secretaria del contribuyente o su representante legal, persona que se identifica con no se identifica número ... de fecha ... expedida ... en la que consta la fotografía y firma del interesado, quien manifiesta ser mayor de edad y tener capacidad legal para el acto, para efectos de que el contribuyente o su representante legal se sirva esperar al suscrito en este domicilio el día veintiocho de mayo del año 2003, a las once diez horas, a fin de llevar a cabo la diligencia de notificación respectiva. Se hace de su conocimiento que en caso de no estar presente (s) en la hora y fecha indicada anteriormente, se practicará la diligencia de notificación con quien se encuentre en el domicilio, conforme lo previsto en el mencionado artículo 137 del Código Fiscal de la Federación ...’. ‘Clave única de registro de población: nombre, denominación o razón social: Construcciones Cepeda Castro Hermanos, S.A. Domicilio fiscal: Periférico Norte No. 25, Ciudad Industrial del Valle de Iguala. Iguala, Gro. Datos del crédito. Crédito: Documento a notificar: 10085303000034. Fecha de emisión: 14-mayo-2003. Autoridad emisora: Administración Local de Recaudación de Iguala. Acta de notificación. En Iguala, Guerrero, siendo las once diez horas del día veintiocho del mes de mayo del año 2003, el que suscribe Abraham Coronel Salgado, notificador adscrito a la Administración Local de Recaudación de Iguala, con sede en Iguala de la Independencia, me constituyo en la calle Periférico Norte con el número exterior 25 número interior ..., C.P. 40025 colonia de esta localidad, domicilio del contribuyente y cerciorado de ser el domicilio buscado, requiero su presencia o la de su representante legal, presentándose en este momento el (la) Socorro Pérez Martínez, en su carácter de secretaria, persona ante la cual me identifico y acredito mi personalidad con la constancia de identificación número 322-SAT-12-II-X-C-00019 de fecha seis de enero de 2003, expedida por el administrador local de recaudación de Iguala, con vigencia al treinta de junio de 2003, documento en el que aparece mi fotografía y firma, por lo que con fundamento en los artículos 134, fracción I, 135, 136 y 137, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación; 22, fracción II, en relación con la fracción XXII del artículo 20 y primer y último párrafos del propio artículo 22, fracción II, en relación con los artículos 20, fracción XXII, 39 (sic), respecto de la denominación de esta administración, artículo segundo, segundo párrafo, punto 44 del acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2002, modificado mediante diversos publicados en el referido órgano oficial del 24 de septiembre y 30 de octubre, ambos de ese mismo año (sic), todos en vigor a partir del día siguiente de su publicación, relacionado con el artículo 39, párrafo primero, apartado ‘A’ del reglamento interior antes invocado procedo a notificarle la (s) resoluciones cuyos datos se han detallado al inicio de la presente acta a Socorro Pérez Martínez en su carácter de secretaria quien no se identifica número ... de fecha ... expedida ... acreditando su personalidad con ... para los efectos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, se hace constar que a esta diligencia sí precedió citatorio, mismo que se dejó en poder del (la) Socorro Pérez Martínez quien dijo ser secretaria del contribuyente quien se identificó con no se identificó, No. ..., de fecha, ... expedida por ... con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, firmando al calce las personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, entregando un ejemplar con firma autógrafa del documento que se indica en el preámbulo de este documento, así como un ejemplar con firma autógrafa de la presente acta de notificación a la persona con quien se entendió la diligencia ...’. ‘Citatorio. Representante legal de: Construcciones Cepeda Castro Hermanos, S.A. de C.V. Domicilio: Periférico Norte 25. Colonia: Civi. Ciudad: Iguala, Gro. En Iguala, Guerrero, siendo las diez cuarenta horas del día cinco del mes de junio del año 2003, el que suscribe Alfonso Hernández Aguirre, notificador adscrito a la Administración Local de Recaudación de Iguala, con sede en Iguala de la Independencia, Gro, acreditándome con la constancia de identificación No. 322-SAT-12-II-X-C-00018 de fecha seis de enero de 2003, expedida por José Barrera Amaro, en su carácter de administrador local de recaudación de Iguala, con vigencia del seis de enero de 2003 al treinta de junio de 2003, documento en el que aparece mi fotografía y firma, con fundamento en los artículos 134, fracción I, 135 y 136 del Código Fiscal de la Federación, me constituyo legalmente en el domicilio ubicado en Periférico Norte con el número exterior 25, número interior ... colonia Civi de esta localidad, y una vez que me he cerciorado de que dicho domicilio efectivamente es el que tiene manifestado el contribuyente buscado, procedo a requerir su presencia o la de su representante legal, a efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter administrativo, informándoseme no encontrarse en este momento, por lo que con fundamento en el artículo 137 del ordenamiento antes citado, procedo a dejar este citatorio en poder del (la) Socorro Pérez Martínez, quien dijo ser secretaria del contribuyente o su representante legal, persona que se identifica con no se identifica número ... de fecha ... expedida ... en la que consta la fotografía y firma del interesado, quien manifiesta ser mayor de edad y tener capacidad legal para el acto, para efectos de que el contribuyente o su representante legal se sirva esperar al suscrito en este domicilio el día seis de junio del año 2003, a las doce cincuenta horas, a fin de llevar a cabo la diligencia de notificación respectiva. Se hace de su conocimiento que en caso de no estar presente (s) en la hora y fecha indicada anteriormente, se practicará la diligencia de notificación con quien se encuentre en el domicilio, conforme lo previsto en el mencionado artículo 137 del Código Fiscal de la Federación ...’. ‘Registro Federal de Contribuyentes: CCC870324TS2. Clave única de registro de población: Nombre, denominación o razón social: Construcciones Cepeda Castro Hermanos, S.A. Domicilio fiscal: Periférico Norte No. 25 Civi Iguala, Gro. Datos del crédito. Crédito: documento a notificar: 100852AG000304. Fecha de emisión: 29-mayo-2003. Autoridad emisora: Administración Local de Recaudación de Iguala. Acta d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19623-255a9a7b/procedimiento-contencioso-administrativo-no-procede-la-aplicacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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