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Modo: Corpus Pro

APORTACIONES FEDERALES. EL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE NULIDAD EN QUE SE IMPUGNEN ACTOS RELACIONADOS CON EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS, CON CARGO A ESTOS RECURSOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 83/2023. · Registro digital (IUS): 32154
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-02-16
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo II, Pág.2049.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 83/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. DISIDENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIO: GUSTAVO RUIZ CABAÑAS MARTÍNEZ.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el cinco de octubre de dos mil veintitrés y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante oficio presentado el quince de diciembre de dos mil veintidós en la Oficialía de Partes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito –órgano jurisdiccional al que se encontraba adscrito el entonces Magistrado presidente del Pleno en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito–, la Magistrada presidenta y titular de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo administrativo 210/2021, y el Segundo Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo administrativo 225/2021; ambos órganos semi especializados en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí.

2. SEGUNDO.—Radicación, admisión y solicitud de informes ante el Pleno en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito. Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, el presidente del extinto Pleno en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito tuvo por recibido el oficio de denuncia de contradicción; en consecuencia, ordenó formar y registrar el expediente electrónico de contradicción de criterios 6/2022 9o PLCTO. CA.

3. Asimismo, señaló que la denuncia de contradicción de criterios se hacía consistir en fijar el criterio que debe adoptarse respecto a: "Determinar la naturaleza jurídica (federal o estatal) de los recursos federales provenientes de ‘APORTACIONES RAMO 33’ que son traspasados a autoridades locales del Estado de San Luis Potosí, para así, establecer la competencia en materia jurisdiccional administrativa del tribunal que debe conocer de los juicios en los que la controversia involucre dichos recursos".

4. De igual forma, ordenó el resguardo de los expedientes físicos hasta en tanto se emitiera el turno al Magistrado ponente para la elaboración del proyecto de resolución.

5. En ese contexto, se acordó la tramitación de la posible contradicción de criterios; la obtención a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de las ejecutorias contendientes; solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados contendientes informaran la vigencia de los criterios de denunciados; asimismo, se ordenó dar nueva cuenta una vez que se desahogarán los trámites correspondientes; y ordenó hacer del conocimiento al presidente y a los titulares de las Oficinas de Estadística Judicial, y de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, todos de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

6. TERCERO.—Informe de vigencia de uno de los contendientes. Mediante proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, el entonces Magistrado presidente del Pleno en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito tuvo por recibido el informe rendido por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativas del Noveno Circuito, relativo a la vigencia del criterio denunciado y reservó proveer lo conducente hasta en tanto se recibieran los informes solicitados al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, así como a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

7. CUARTO.—Creación de los Plenos Regionales. Como parte de la reforma judicial publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cuestiones, se determinó la creación de los Plenos Regionales, en sustitución de los Plenos de Circuito.

8. QUINTO.—Reanudación de funciones del Pleno de Circuito, suspensión del trámite y recepción del informe del Tribunal Colegiado restante. Mediante auto de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se acordó la reanudación de labores en el extinto Pleno en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con motivo de la conclusión del segundo periodo vacacional, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, órgano constitucional al que se encontraba adscrito el presidente de dicho Pleno.

9. Asimismo, se indicó que toda vez que resultaba un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la emisión del acuerdo general 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en el que se dispuso que las sesiones para resolver las contradicciones de criterios ante los extintos Plenos de Circuito, culminaron con la última sesión que hayan celebrado en dos mil veintidós, por lo que se suspendió el trámite y resolución de las contradicciones de criterios que se suscitaron en los Plenos de Circuito, durante el periodo del uno al quince de enero de dos mil veintitrés, hasta en tanto iniciaran funciones los Plenos Regionales y se remitieran los asuntos pendientes de resolver al Pleno Regional correspondiente, se acordaba la suspensión del trámite de esa contradicción y se ordenaba su remisión junto con sus anexos (consistente en dos cuadernos en copia certificada remitidos por la autoridad denunciante) al Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, para que continuara con el trámite correspondiente.

10. Finalmente, se acordó el envío del oficio que se tuvo por recibido en esa misma data, signado por el magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por el que desahogó el requerimiento respecto a la vigencia del criterio denunciado de su índice.

11. SEXTO.—Acta de inicio de funciones e integración de este Pleno Regional. El dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se levantó el acta de inicio de funciones de este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, el cual quedó integrado por las Magistradas Adriana Leticia Campuzano Gallegos (presidenta) y Rosa Elena González Tirado, así como el Magistrado Gaspar Paulín Carmona (ponente), en términos de lo dispuesto en el artículo 4o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio.

12. SÉPTIMO.—Recepción de acta entrega de la presidencia del Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito. Con motivo de la conclusión de labores del entonces Pleno en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, se remitieron a este Pleno Regional las contradicciones de tesis (ahora contradicciones de criterios) pendientes de resolución, entre las que se encuentra el asunto de que se trata, identificado con el número 6/2022 9o. PLCTO. CA.

13. Así, el uno de febrero de mil veintitrés, se recibió el oficio, en el que el Magistrado del extinto Pleno en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito relacionó los expedientes turnados a este órgano de control de la constitucionalidad.

14. OCTAVO.—Radicación, requerimiento y turno provisional. Por acuerdo de presidencia de dos de febrero de la presente anualidad, se radicó el presente expediente en el índice de este órgano colegiado, registrándose como contradicción de criterios 83/2023; se ordenó dar de alta y formar el expediente electrónico en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE).

15. Asimismo, se asignó provisionalmente el asunto a la ponencia del Magistrado Gaspar Paulín Carmona, en términos del artículo 37(1) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.

16. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito.

17. Además, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción continuaban vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.

18. Finalmente, se solicitó al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si existe alguna contradicción de criterios radicada ante ese Máximo Tribunal Constitucional, pendiente de resolución relacionada con el tema relativo a: "DETERMINAR LA NATURALEZA JURÍDICA (FEDERAL O ESTATAL) DE LOS RECURSOS FEDERALES PROVENIENTES DE ‘APORTACIONES RAMO 33’ QUE SON TRASPASADOS A AUTORIDADES LOCALES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, PARA ASÍ, ESTABLECER LA COMPETENCIA EN MATERIA JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS EN LOS QUE LA CONTROVERSIA INVOLUCRE DICHOS RECURSOS."

19. NOVENO.—Actualización de informe de uno de los contendientes. Mediante acuerdos de quince de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el informe del Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, a través del cual comunicó que el criterio materia de la contradicción se encontraba vigente y no había sido abandonado o superado.

20. Actualización de informes Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio de seis de marzo de dos mil veintitrés, signado por el titular de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que comunicó que no existía pendiente de resolución contradicción de criterios alguna en el índice del Alto Tribunal respecto del tópico sobre el que versa la presente contradicción de criterios.

21. DÉCIMO.—Actualización de informe de uno de los contendientes y confirmación de turno. Mediante acuerdo de presidencia de nueve de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el informe del Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, a través del cual comunicó que el criterio materia de la contradicción se encontraba vigente y no habían sido abandonado o superado.

22. De igual manera, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, se confirmó el turno del expediente virtual al Magistrado Gaspar Paulín Carmona, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41(2) y para los efectos del diversos 44,(3) ambos del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, esto es, para la formulación del proyecto de resolución a partir del doce de junio de dos mil veintitrés, conforme a la publicación en la lista oficial de notificaciones, del mencionado proveído.

23. DÉCIMO PRIMERO.—Amicus curiae. Mediante acuerdo de diez de agosto del presente año, se tuvo por recibido el escrito a través del cual ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********, por conducto de su representante legal, formuló diversas manifestaciones, las cuales fueron tomadas en consideración para resolver la presente controversia.

24. DÉCIMO SEGUNDO.—Lista y aplazamiento. El presente asunto se incluyó en la lista de asuntos de seis de agosto de dos mil veintitrés, para resolverse en sesión de diecisiete siguiente, y en atención a la deliberación suscitada, se acordó su aplazamiento para discutirse en una sesión posterior; y,

CONSIDERANDO:

25. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; considerandos tercero y cuarto del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas, a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en su denominación y texto vigentes a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de catorce de abril de dos mil veintitrés; en relación con los diversos numerales 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, y 2o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente.

26. Lo anterior resulta así, en razón de que el presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, dado que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados semi especializados en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, de manera que las determinaciones en controversia fueron dictadas dentro de la demarcación territorial y el tema sobre el que versa la contradicción se encuentra dentro de la Materia Administrativa, especialidad sobre la que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.

27. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que, fue formulada por la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí y titular de la Primera Sala Unitaria del mismo tribunal, a quien le asistió la calidad de autoridad responsable en los juicios de amparo directo que dieron origen a la presente contradicción, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII,(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(5) de la Ley de Amparo.

28. TERCERO.—Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación; ya que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, efectuando un análisis exhaustivo y emitiendo una respuesta a cada uno de ellos.

29. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a. /J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(6)

30. CUARTO.—Criterios contendientes. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.

31. Ejecutoria del juicio de amparo directo administrativo 210/2021 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.(7)

32. El Tribunal Colegiado de Circuito citado, concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, solicitado por la quejosa contra la resolución de once de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de reclamación derivado del juicio de nulidad 931/2021/1, del índice de Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí.

33. En principio, estableció que la litis constitucional, en el caso a estudio se hacía consistir en determinar si fue correcto o no que la autoridad responsable, estableciera que carece de competencia para conocer del juicio de nulidad de origen y, en consecuencia, confirmara el desechamiento de la demanda de nulidad, dado que los recursos ocupados para el contrato cuya resolución de rescisión impugnaba la accionante, eran de carácter federal, y como tal, era la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la competente para conocer del asunto.

34. Luego de indicar las consideraciones sostenidas por la autoridad responsable y los argumentos hechos valer por la parte quejosa a manera de conceptos de violación, precisó que a fin de analizarlos, resultaba conveniente enunciar las consideraciones en que se sustentó la contradicción de tesis 23/2015, que dio origen al criterio jurisprudencial 2a. /J. 62/2015, de rubro: "CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. COMPETE AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA RESOLVER SOBRE SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, CUANDO LOS CELEBREN ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS, CON CARGO A RECURSOS FEDERALES.", las cuales se hacían consistir en:

35. a) El fundamento de los contratos de obra pública, celebrados con entidades y Municipios, pero con cargo a recursos federales, se encuentra en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el desarrollo reglamentario de esta disposición se encuentra, fundamentalmente, en dos ordenamientos, a saber: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de los que se destaca que, en términos similares, son aplicables a las entidades federativas, los Municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal, salvo aquellos previstos en el capítulo V de la Ley de CoordinaciónFiscal, esto es, los concernientes a aportaciones federales. 36. b) En adición a lo anterior y, atento al contenido de los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Segunda Sala coligió que la rescisión administrativa de un contrato público se encuentra reservada para las dependencias y entidades a que se refieren las leyes reglamentarias, lo cual obedece a su naturaleza administrativa, empero, aunque las entidades federativas y Municipios no encuadran propiamente en la naturaleza de las entidades y dependencias, lo cierto es que a esos niveles de gobierno les son aplicables –por existir previsión expresa al respecto– los ordenamientos normativos federales aludidos, cuando aquellos celebren contratos de obras públicas o bien, lleven a cabo adquisiciones, arrendamientos o contraten servicios con cargo a recursos federales, salvo que éstos se ubiquen en aquellos denominados aportaciones.

37. c) Finalmente, la Segunda Sala del Alto Tribunal señaló que la materia de contratos de obra pública celebrados con recursos de carácter federal, se encuentra regida por disposiciones que son comunes para aquellos que intervienen en su celebración y, respecto de las cuales, la competencia material corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, confiriéndole la atribución de resolver en forma integral sobre los aspectos atinentes que trae consigo el uso de recursos federales en materia de contratos de obra pública; asimismo, que independientemente de quienes hubiesen intervenido en su celebración, aun entidades federativas y Municipios, lo que le daba la competencia a ese tribunal, era el carácter federal de los recursos empleados en esos contratos y, el marco normativo que regía su competencia material.

38. Con base en lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito arribó a la primera conclusión, con respecto a lo establecido la Segunda Sala del Alto Tribunal, lo que define la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es el carácter federal de los recursos que son empleados para la ejecución de los contratos de obra pública, salvo aquellos casos en que los recursos provengan de los fondos previstos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, en lo relativo a las aportaciones federales.

39. Luego, señaló que a fin de verificar la licitud de lo resuelto, era necesario conocer si el contrato de obra pública celebrado por la entonces quejosa y el Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, se efectuó o no con cargo a recursos federales.

40. Al respecto, indicó que en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulan las bases para el manejo de los recursos económicos de los que dispone la Federación, los Estados, los Municipios, el entonces Distrito Federal y cualquier Órgano Político-Administrativo, los que se deben ejercer con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de satisfacer los objetivos a los que fueron destinados; bases que se detallan en la reglamentación formal que tienen por objeto reglamentar todo tipo de contrataciones de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas y asegurar las mejores condiciones para el Estado.

41. En esa tesitura, indicó que la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, regula la planeación, contratación y ejecución de las obras públicas y sus servicios, realizada por parte del Gobierno Federal y también reglamenta las ejecutadas por los Gobiernos Estatales y Municipales con recursos económicos de origen Federal.

42. Acto seguido, citó el contenido de los artículos 1o.(8) de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 25, 32 y 33, apartado A, fracciones I y II,(9) del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, relativo a "De los Fondos de Aportaciones Federales", vigentes en dos mil catorce, esto es, a la fecha de la celebración del contrato.

43. Al respecto, indicó que de los numerales trascritos se apreciaba que la primera parte de la fracción VI del artículo 1o. de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, reglamenta las contrataciones de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que realicen los Estados, los Municipios y los entes Públicos de unos y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal; y, de acuerdo a lo consignado en la segunda parte de esa fracción, no quedaban comprendidos para la aplicación de la citada ley, los fondos a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, esto es, las aportaciones federales.

44. De igual forma, señaló que el numeral 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y, en su caso, de los Municipios, se encuentra condicionado su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esa ley para, entre otros, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

45. Por otra parte, señaló que el artículo 32 trascrito establece la forma en cómo se determinará anualmente el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, así como la manera en que dicho fondo se enterará a las entidades por conducto de la Federación y, a los Municipios y demarcaciones territoriales a través de las entidades.

46. Del referido marco normativo, mencionó que por disposición expresa del mismo, respecto a dichas aportaciones no se aplica la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sino que se aplica la normativa local.

47. Estimó lo anterior, con base en que de la fracción VI del artículo 1o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dimana una regla general y una excepción, dado que, por regla general, se aplica dicha Ley en las contrataciones de obras públicas y los servicios relacionados de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, con cargo total o parcial a recursos federales, otorgados al Estado y los Municipios conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal; y, por excepción, se deberá aplicar la legislación local, cuando se trata de las aportaciones federales que se otorgan a los Estados y Municipios.

48. Por otra parte, hizo notar que del contrato de obra pública de relación, origen a la demanda de nulidad intentada, en el punto "I. 4" del apartado denominado "Declaraciones", así como en las cláusulas cuarta, décima sexta y vigésima, se advertía que se precisó que los recursos para cubrir las erogaciones de éste provendrían del Fondo para la Infraestructura Social Municipal; asimismo, que de su lectura del contenido integral se vislumbra que se convinieron con base en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados de las Mismas del Estado de San Luis Potosí; de igual manera, en la cláusula vigésima de dicho contrato, se precisó que para su interpretación y cumplimiento, así como para aquello que no estuviera expresamente estipulado en él, las partes convenían someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes del Estado de San Luis Potosí.

49. En esa tesitura, estimó oportuno traer a contexto el contenido de la exposición de motivos de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, así como de los artículos 1o., fracción I, 2, fracciones I y II, 4, 5 y 6, fracción VI, 7, 8, 45, 58 y 81 del propio ordenamiento jurídico.

50. En ese orden, indicó que del origen de la norma se advertía que los Fondos para la Infraestructura Social, tanto Estatal como Municipal, serán operados y administrados, por el Estado y el Ayuntamiento, respectivamente; y que las aportaciones federales que reciban el Estado (San Luis Potosí) y el Municipio, se considerarán recursos estatales y municipales respectivamente.

51. Además, que Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, tiene por objeto regular y coordinar las acciones relativas al ejercicio, control y evaluación de los recursos federales del ramo 33 (aportaciones federales), que para efectos de su operación se constituyen en fondos estatales, al momento de ser recibidos por el Ejecutivo del Estado, distribuyéndose, entre otros, en el Fondo Estatal para la Infraestructura Social; así como, que los fondos que complementan este ramo 33 son el Fondo para la Infraestructura Social Municipal que para efectos de su operación se constituyen en fondos municipales.

52. En ese tenor, precisó que el Ejecutivo del Estado recibirá de la Federación las aportaciones federales que le corresponden a la Entidad, en los plazos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal Federal; las que para efectos de su administración, asignación, distribución, ejercicio y comprobación en su caso, así como para la supervisión y el control de su correcta aplicación, tendrán el carácter de recursos estatales y respecto de los Fondos que administran los Ayuntamientos tendrán el carácter de municipales.

53. Sobre esa base señaló que se considerarán dentro de las leyes de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí y sus Municipios, las cuales se distribuirán en diversos fondos, entre los que se encuentra el fondo para la infraestructura social del Estado y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal; el primero, se administrará por el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, será ejercido por las entidades ejecutoras; y el segundo, será operado y administrado directamente por los ayuntamientos; pero en ambos casos, será de conformidad con los lineamientos que en materia de ejecución señale la Ley de Obras Públicas del Estado y la Ley de Adquisiciones del Estado.

54. En aras de tal estudio, determinó que las aportaciones feder

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32154-afaa0a7a/aportaciones-federales-el-tribunal-estatal-de-justicia-administrativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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