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Modo: Corpus Pro

FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO. ES UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA DESDE EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE, CUANDO SE RECLAME EN EL JUICIO DE AMPARO LA CONVOCATORIA AL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA CELEBRAR UN SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES Y SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 77/2023. · Registro digital (IUS): 32012
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-12-15
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo III, Pág.2646.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 77/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. DISIDENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIA: XARENI QUIROZ REYES.

CONSIDERANDO:

25. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en los artículos 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, lo anterior en contexto con los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente.

26. El asunto que nos ocupa se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, esto es, dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para homogeneizar criterios.

27. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que, fue formulada por la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

28. TERCERO.—Cuestión previa respecto de la suspensión de término por el entonces Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. No pasa inadvertido para este Pleno Regional que el otrora Pleno de Circuito no acordó levantar la suspensión decretada para la formulación de los proyectos de resolución, al estimar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito se encontraba gozando del periodo vacacional correspondiente a la primer quincena del mes de enero de dos mil veintitrés; sin embargo, con motivo de la creación de los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, el trámite correspondiente se ciñe de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y el diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, por lo que debe entenderse levantada la suspensión.

29. CUARTO.—Criterios denunciados. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.

30. Señalándose que no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo el ordinal 74 de la ley que rige la materia, que prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios constitucionales; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación; pues el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, efectuando un análisis exhaustivo y emitiendo una respuesta a cada uno de ellos.

31. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(4)

Ejecutoria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el recurso de queja Q.A. 191/2021.

32. Al resolver el recurso de queja Q.A. 191/2021, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, determinó lo que a continuación se precisa.

33. En principio se precisó el contenido del auto recurrido en el recurso de queja, en el cual, la Juez de Distrito, esencialmente, estimó en la parte que interesa, que se actualizaba la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carecía de interés legítimo para impugnar los actos reclamados, toda vez que contaba con un interés simple y no legítimo ni jurídico, en virtud de que de la demanda se advertía que sólo pretendía un control de legalidad en abstracto sobre los actos reclamados, y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconociera a su favor.

34. Precisó la Juez de Distrito en el auto recurrido, que la parte quejosa reclamaba omisiones relativas a garantizar un transporte público de calidad y eficiente, derivado del mal estado de las unidades que se utilizaban para brindar dicho servicio; lo cual consideraba que las responsables no habían cumplido, ya que al ser usuaria común del transporte público del Estado, había corroborado las deficiencias que existían en el mismo, por lo que con sus omisiones, las autoridades no cumplían con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a un transporte público de calidad.

35. Sostuvo la juzgadora de amparo en el auto recurrido que tales actos no podían ser materia de análisis en el juicio de amparo, en tanto que la quejosa carecía de interés para cuestionarlos en esa vía, ya que no se advertía que bajo un estándar de razonabilidad, afectara a la parte quejosa de manera específica y diferencial, dada su especial situación frente al derecho que cuestionaba, esto es, ante la existencia de indicios de un mal servicio de transporte en el Estado.

36. Refirió la Juez de Distrito, que el interés de la quejosa constituía un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en el Estado de Nuevo León, consistente en que los ordenamientos legales que se expedían al margen de la Constitución Federal, garantizando la protección de los derechos humanos ahí reconocidos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano fuera Parte, por tanto, los actos reclamados no eran susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos del impetrante de amparo, ni se observaba que de prosperar la instancia constitucional se traduciría en un beneficio jurídico.

37. Asimismo, señaló la Juez de Distrito que atendiendo a la naturaleza jurídica de los actos reclamados, así como en la situación y pretensión que aducía la parte quejosa, su relación con la ley y relaciones jurídicas que se encontraban inmersas en ese caso, no existía posibilidad para llegar a determinar que resentía una afectación dentro de su esfera jurídica, por lo que, ni con la substanciación de todo el juicio de amparo podía arribarse a conclusión distinta, en tanto que no existía prueba que pudiera ser allegada, a fin de cambiar las disposiciones legales.

38. Adujo la juzgadora federal que el interés de la quejosa requería de la existencia de una afectación cierta a su esfera jurídica y no exclusivamente en una cuestión patrimonial, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad siendo que en el caso, ello no podía llegar a acontecer, resultando en consecuencia, notoria y manifiesta la causal de improcedencia.

39. Ello sin que se soslayara que el Alto Tribunal ha postulado que la valoración de ese aspecto no implica necesariamente que el Juez deba admitir a trámite el juicio, ya que de la demanda se obtenía, sin duda, la improcedencia del juicio, toda vez que de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda y su aclaración, se apreciaba con claridad y sin lugar a dudas que la situación de la parte quejosa frente al acto de autoridad implicaba un mero interés simple.

40. Con motivo del recurso de queja interpuesto por la peticionaria de amparo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, analizó los agravios y concluyó que no se actualizaba de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que, como lo alegó la parte recurrente, por regla general, el auto admisorio no es el momento idóneo para realizar un pronunciamiento en relación con el tema del interés jurídico o legítimo de la parte promovente de amparo, en tanto que, dependiendo de su situación particular frente al acto reclamado, tal aspecto es una cuestión que podría acreditarse durante la substanciación del juicio de amparo.

41. Señaló que el estudio atinente a determinar si la parte quejosa cuenta con interés jurídico o legítimo para reclamar el acto que señala, por regla general no es posible efectuarlo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo y en tal supuesto, es necesario que se tramite el juicio y esperar al dictado de la sentencia para abordar dicho análisis.

42. Refirió que al extenderse el concepto de interés, introduciendo la figura del interés legítimo, se vio robustecido el juicio de amparo, al ampliarse su procedencia, por lo que al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, se deben considerar provisional y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas en cada caso concreto, ya que por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado de derecho, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso, sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas; análisis que incluso podrá perfeccionarse, de ser el caso, durante el trámite del juicio y resolverse en definitiva en la sentencia.

43. Afirmó el órgano Colegiado que el auto por el que se admite o desecha la demanda de amparo, reviste el carácter de un auto de mero trámite en el que no se pueden esbozar consideraciones que impliquen el estudio detallado del asunto, lo que es propio de una resolución y no de un acuerdo, aunado a que el interés que aduzca el impetrante, dependiendo del caso, puede demostrarse durante la tramitación del juicio.

44. Por otra parte, precisó el Tribunal Colegiado que la parte quejosa promovió juicio de amparo en contra del Congreso del Estado de Nuevo León y otras autoridades, respecto de los siguientes actos:

45. Omisión de legislar los marcos normativos internos que rigen en el Estado de Nuevo León, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

46. Omisión de ejecutar los actos de requerirle a los transportistas y dependencias administrativas que los transportes públicos garanticen que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los requerimientos y los aditamentos aceptables para cumplir con su función.

47. La falta de garantizar el derecho a un transporte público de calidad y eficiente por el Estado en que éstos se encuentran.

48. Señaló que en los antecedentes, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

49. a) Que es ciudadana del Estado de Nuevo León.

50. b) Que hace uso del transporte público que se brinda en el Estado para poder desplazarse con facilidad y rapidez debido a las largas distancias.

51. c) Que al utilizar dicho servicio público, se da cuenta que es muy ineficiente, ya que ha durado más de una hora esperando por el mismo, cuyas unidades pasan llenas y hacen caso omiso a las paradas que hace.

52. d) Que el servicio por dentro es muy indignante, ya que está sucio, los asientos se encuentran en mal estado, y se repleta de gente, aun y cuando no cabe más de la debida.

53. e) Que adjuntaba a la demanda, los boletos que se le dan cuando ingresa al transporte del que hace uso, y menciona que es indignante el pago establecido por un servicio que no es de calidad.

54. f) Que del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se comprueba la obligación de las autoridades responsables para ejercer su derecho.

55. g) Que por tanto, las responsables han incumplido con el artículo mencionado.

56. Así, narró el Tribunal Colegiado que la Juez de Distrito, en auto de dos de julio de dos mil veintiuno, previno a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo, lo cual desahogó en los siguientes términos:

57. Que por un error señaló a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como autoridad responsable, siendo lo correcto señalar al Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado de Nuevo León.

58. Que reclama al Consejo Estatal de Transporte y Vialidad; Agencia de Transporte Público; e Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado de Nuevo León, lo siguiente:

59. i) El incumplimiento de las fracciones IV, XII y XIII, del arábigo 6o. de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León.

60. ii) Pasividad en lograr un transporte público de calidad, digno y eficiente, a un precio asequible.

61. Aclaró que a las rutas las señaló como terceros interesados y no como autoridades responsables.

62. A dicho escrito recayó el auto recurrido en el que se desechó la demanda de amparo.

63. Precisado lo anterior, el Tribunal Colegiado determinó que no se actualizaba de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que en el auto inicial, dadas las particularidades del caso, y en específico, atendiendo a la situación particular que guardaba la impetrante frente al acto reclamado, no era posible hacer un pronunciamiento en relación con su interés jurídico o legítimo, cuyo estudio, por regla general, puede ser realizado al emitir la sentencia, en tanto que es susceptible de justificación durante la tramitación del juicio respectivo.

64. Señaló que en ese momento procesal, no constituía causa de improcedencia manifiesta e indudable la actualizada por la Juez de Distrito, sino que se requiere de un mayor estudio, análisis de las constancias, pruebas y de los informes justificados que en su caso se alleguen al juicio, para establecer si la quejosa tiene interés para promover el juicio de amparo de origen, ya que el auto inicial de demanda es de mero trámite y, por tanto, no es la estadía procesal ideal para hacer un estudio exhaustivo en tales términos.

65. Sostuvo el órgano Colegiado que, estimar lo contrario, implicaría dejar en estado de indefensión a la quejosa, en tanto que, dadas las circunstancias del asunto, ésta se encontraba en posibilidad de acreditar su interés a través de los elementos demostrativos que se allegaran a los autos durante la tramitación del juicio, lo cual era suficiente para no tener la certeza y plena seguridad del acreditamiento de la causal de improcedencia invocada por la Juez Federal.

66. Refirió que como bien lo señaló la recurrente, los hechos y derechos que pretende controvertir como usuaria del servicio público de transporte, pueden ser objeto de prueba durante la secuela procesal del juicio de amparo, ya que en el auto inicial el juzgador no cuenta con los elementos que le permitan realizar un estudio totalmente informado, completo y fehaciente del acto reclamado; análisis que corresponde realizar en la sentencia, por su complejidad y estudio exhaustivo, además de que su resultado depende de los medios de prueba que la quejosa aporte durante el juicio.

67. Aunado a que, contrario a lo referido por la Juez de Distrito, durante la secuela procesal, la parte quejosa se encuentra en posibilidad de demostrar la situación particular que guarda frente a los actos reclamados, distinta o diferenciada del resto de los gobernados y el perjuicio real y actual en los derechos, que con su anulación se tradujera en un beneficio en su esfera jurídica, ya que el hecho de que una persona acuda como usuaria del transporte público impugnando omisiones normativas, no necesariamente implica que en todos los casos su posición es la misma que la del resto de la población, porque no toda la población es usuaria efectiva del transporte público, además de que existe la posibilidad de que demuestre un agravio diferenciado específico por las rutas y modalidades de transporte público que utiliza de forma recurrente, el cual puede ser distinto al del resto de los usuarios efectivos del transporte público.

68. Señaló que para verificar si era notoria y manifiesta la falta de interés legítimo en el caso concreto, era necesario que fuera claro que, con base en la condición de usuario del transporte público, no exista posibilidad de ser objeto de un agravio diferenciado, distinto al que pudiera resentir el resto de la sociedad, lo que en ese momento procesal no era oportuno.

69. Asimismo, adujo que lo anterior no prejuzgaba sobre la actualización de la causa de improcedencia invocada por la Juez, sino que únicamente se resolvía que el auto inicial no era la actuación oportuna para determinarlo, atendiendo a la situación particular que guarda la quejosa frente al acto que reclama como usuaria del servicio público de transporte, además de que ello requiere de un estudio más profundo que es propio de la sentencia de amparo, porque el acreditamiento de su interés es susceptible de justificación durante la tramitación del juicio respectivo.

70. Por tanto, concluyó que eran fundados los argumentos de la recurrente, y determinó que en consecuencia, la juzgadora federal debía dejar insubsistente el auto recurrido a efecto de que analizara con plenitud de jurisdicción los escritos de demanda de amparo y su aclaración presentados por la parte quejosa, y de no advertir una causa diversa de improcedencia que fuera manifiesta e indudable, admitiera la demanda de amparo.

Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el recurso de queja Q.A. 201/2022.

71. Por otro lado, al resolver el recurso de queja Q.A. 201/2022, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en sesión de uno de septiembre de dos mil veintidós, sostuvo las siguientes consideraciones.

72. En primer término, precisó que en la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Congreso del Estado de Nuevo León, en su LXXVI Legislatura; la Diputación Permanente del Congreso; la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso; la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso; a quienes se les reclamó la Convocatoria al Pleno del Congreso para celebrar un Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones dentro del receso del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al primer año de Ejercicio Constitucional; así como el director del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León; y el secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León, a quienes se les reclamó la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de los acuerdos que, en su caso, se llegasen a tomar dentro del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones. 73. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, y en proveído de siete de junio de dos mil veintidós, la admitió a trámite; por lo que en contra de dicho acuerdo la presidente de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León interpuso recurso de queja, el cual fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el que por conducto de su presidencia lo registró con el número Q.A. 201/2022.

74. Precisado lo anterior, el Tribunal Colegiado analizó el ocurso de agravios, y determinó que eran fundados los agravios de la autoridad recurrente, ya que el quejoso –en su calidad de ciudadano– carecía de interés legítimo y jurídico para reclamar a través del juicio de amparo la convocatoria para un Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso del Estado de Nuevo León, en virtud de que la eventual concesión del amparo, no se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, como pudiera ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra.

75. Señaló el Colegiado que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, preveían la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjuntaran, apareciera que se actualizaba un motivo de improcedencia siempre y cuando fuera manifiesto e indudable, por lo que si bien existían diversas causas que originaban la improcedencia del juicio de amparo, no debían originar el desechamiento de la demanda salvo que su existencia fuera evidente, clara y notoria.

76. Añadió que con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que fuera inútil, el legislador estableció la posibilidad de desechar la demanda siempre que se materializara de manera manifiesta e indudable alguna de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo.

77. Adujo que conforme a los artículos 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 5o., fracción I, en relación con el 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional estaba reservado únicamente a quienes resintieran un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad.

78. Asimismo, señaló que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había determinado que la ausencia de interés legítimo podía constituir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que permitiera el desechamiento de una demanda de amparo, cuando de su análisis se advirtiera que no existía la posibilidad de que el quejoso fuera titular de dicho interés.

79. Precisó el Tribunal Colegiado que la parte quejosa promovió el juicio de amparo en contra de actos del Congreso del Estado de Nuevo León y otras autoridades, concretamente, la convocatoria para celebrar un Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones dentro del receso del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al primer año de Ejercicio Constitucional, a partir del seis de junio de dos mil veintidós y hasta la fecha de su clausura; así como la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León de los acuerdos que se llegaran a tomar en el referido Segundo Periodo Extraordinario.

80. Señaló que en la demanda de amparo, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

81. a) Que es ciudadano residente en el Estado de Nuevo León.

82. b) Que desde el doce de mayo del dos mil veintidós, el Congreso del Estado de Nuevo León clausuró su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, e inició el receso correspondiente.

83. c) Que el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, dicha Diputación Permanente convocó al Pleno del Congreso a tener un Periodo Extraordinario de Sesiones, a celebrarse el treinta y uno de mayo posterior, para lo cual se enlistaron para su estudio y resolución, asuntos que a dicho del quejoso, repercuten trascendentalmente al interés de los gobernados y al interés legítimo del quejoso.

84. d) Que el treinta y uno de mayo del dos mil veintidós, se presentó una solicitud por parte del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hacia la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Nuevo León, en la que se solicitó la aprobación de un Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, a partir del seis de junio de dos mil veintidós y hasta su fecha de clausura, en la que se incluyeron, entre otros, los siguientes puntos:

85. Iniciativa de Reforma al artículo 24 de la Ley de Salud Mental para el Estado de Nuevo León y por adición de un artículo 71 Bis a la Ley Estatal de Salud.

86. Iniciativa de Reforma al artículo 20 de la Ley para prevenir la Obesidad y Sobrepeso en el Estado y Municipios de Nuevo León.

87. Iniciativa de Reforma por adición de una fracción VI Bis al artículo 13 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Nuevo León.

88. Iniciativa de Reforma a diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, en relación con la primera infancia.

89. Iniciativa de Reforma al artículo 5 de la Ley que crea una Institución Pública Descentralizada con Personalidad Jurídica Propia y con Domicilio en la Ciudad de Monterrey, que se denominará "Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey".

90. Iniciativa de Reforma al artículo 60 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, en relación con establecer que, en caso de emergencias sanitarias, se garantice la vacunación gratuita y universal para todos los menores.

91. Iniciativa de Reforma al artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

92. Iniciativa de Reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

93. Señaló que la parte quejosa reclamó los actos precisados, en virtud del interés legítimo que aduce tener en su carácter de ciudadano residente del Estado de Nuevo León, ya que con el acto omisivo atribuido al Congreso del Estado, al convocar y celebrar un Segundo Periodo Extraordinario en el que se pretende aprobar diversos proyectos clave para proteger y salvaguardar muchos de sus derechos, como su seguridad jurídica, su derecho a no ser discriminado y a ser tratado con igualdad en el Estado, a no ser víctima de actos de corrupción por funcionarios públicos estatales, a que sus derechos humanos se velen por una Comisión Estatal, etcétera.

94. Por tanto, la parte quejosa estima que los asuntos enlistados para el Segundo Periodo de Sesiones le causan efectos ineludibles hacia su esfera jurídica (ya sea que se aprueben o no), debido a su carácter de gobernado regido por los ordenamientos normativos del Estado.

95. El Tribunal Colegiado precisó que para acreditar su interés legítimo, la parte quejosa presentó lo siguiente:

96. -Copia simple de su credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral.

97. -Copia del proyecto de dictamen del expediente legislativo **********, de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nuevo León.

98. -Copia de la solicitud por parte del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hacia la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Nuevo León, en la que se solicitó la aprobación de un Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, y el listado de los asuntos para ese Segundo Periodo Extraordinario.

99. -Copia del dictamen del expediente legislativo **********, de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado de Nuevo León.

100. Al respecto, señaló el Tribunal Colegiado, que las pruebas referidas eran insuficientes para acreditar un agravio diferenciado al resto de los ciudadanos o habitantes del Estado de Nuevo León, o bien, que una eventual concesión del amparo le pudiera generar algún beneficio en su esfera jurídica, ya que de la adminiculación de las probanzas reseñadas con las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad, si bien, se desprendía, que el quejoso tiene su domicilio en el Estado de Nuevo León, sin embargo, con las mismas no se puede válida y objetivamente presumir, que el acto omisivo atribuido al Congreso del Estado, al convocar y celebrar un Segundo Periodo Extraordinario, le genere al quejoso un agravio diferenciado, esto es, distinto al que pudiera resentir el resto de la sociedad.

101. Precisó que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que la omisión de cumplir con lo establecido en el artículo 66, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, al emitir la Convocatoria al Pleno del Congreso del Estado, para celebrar un Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, en tanto que no precisaron bajo cuál hipótesis de dicho numeral, es que ameritaba tal Periodo de Sesión Extraordinaria; consideró que impactaba en su esfera jurídica, ya que como ciudadano del Estado de Nuevo León, se encuentra en condiciones de exigir a esa autoridad que cumpla con el debido proceso legislativo, para efec

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32012-53835645/falta-de-interes-legitimo-es-un-motivo-manifiesto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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