INCIDENTE POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO QUEDA SIN MATERIA CUANDO DICHA MEDIDA CAUTELAR ES REVOCADA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 97/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MÓNICA SALOMA PALACIOS, VIRGINIA PÉTRIZ HERRERA Y MAYRA SANDOVAL MENDOZA. PONENTE: MÓNICA SALOMA PALACIOS. SECRETARIO: MARTÍN DANIEL BRITO MORENO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de seis de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 97/2025 suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por parte de este Pleno Regional consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si debe declararse sin materia el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, cuando durante su tramitación dicha medida cautelar es revocada.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio SA/CGAJ/CA/804/2025 presentado el dieciséis de mayo de dos mil veinticinco, el Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad de San Pedro Garza García, Nuevo León, denunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de criterios entre los sostenidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el recurso de queja 63/2025, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de ese mismo circuito, en el recurso de queja 220/2022.
4. Incompetencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta del Alto Tribunal radicó la denuncia bajo el expediente 140/2025, determinó que ese Máximo Tribunal carecía de competencia legal para conocer del asunto y ordenó remitir la denuncia a este Pleno Regional, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
“(...) Ahora bien, en el caso, **********, en su carácter de Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad de San Pedro Garza García, Nuevo León, autoridad responsable en el juicio de amparo indirecto 1302/2024 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, asunto del que derivó el recurso de queja 63/2025 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (Región Centro-Norte), personalidad que se advierte de la ejecutoria de tres de abril de dos mil veinticinco, dictada en el recurso de queja mencionado, obtenida de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (SISE), denuncia una posible contradicción de criterios suscitada entre el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (Región Centro-Norte), al resolver el recurso de queja 63/2025, en contra del criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (Región Centro-Norte), al resolver el recurso de queja 220/2022, cuyo aparente tema de contradicción consiste en determinar si cuando la parte quejosa obtuvo la suspensión provisional de los actos reclamados y promueve un incidente por defecto en el cumplimiento, debe declararse sin materia dicho incidente si en el ínterin el Tribunal Colegiado de Circuito revoca y niega la medida cautelar al resolver un recurso de queja. Ante ello, tomando en cuenta que la denuncia respectiva se recibió ante este Alto Tribunal en la fecha antes indicada, es decir, con posterioridad al quince de enero de dos mil veintitrés, atendiendo al principio establecido en el artículo Quinto transitorio del Decreto de reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, aplicable conforme a lo dispuesto en el artículo Tercero Transitorio de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y además debe estimarse que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas carece de competencia legal para conocer de contradicciones de criterios suscitadas entre Tribunales Colegiados de Circuitos pertenecientes a la misma Región, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, ? conforme a lo señalado en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tal virtud, y dado que el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, y 39/2023 relativo a la conclusión de funciones de los Plenos Regionales, con residencias en Cuernavaca, Morelos, Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, y San Andrés Cholula, Puebla, los cuales en sus artículos 1, respectivamente, señalan que a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro los Plenos Regionales de la Región Centro-Norte y Región Centro-Sur, cambian de denominación, y el Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, así como los Plenos Regionales en Materia Penal, en Materia Administrativa y en Materia Civil de la Región Centro-Sur, concluyen funciones a las veinticuatro horas del quince de enero de dos mil veinticuatro, y en términos de lo previsto en el considerando séptimo y artículo 3, del primero de dichos acuerdos, por el que se reforman los numerales 1 a 3º del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo General 67/2022, en relación con lo previsto en el diverso numeral 1, fracción I, inciso 2, del reformado Acuerdo General 108/2022 dado que, por una parte, la aparente contradicción se suscita entre criterios sostenidos por Tribunales Colegiados de Circuito que pertenecen a la misma Región, es decir, entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, pertenecientes a la Región Centro-Norte y, por otra parte, dichos Tribunales Colegiados de Circuito sostuvieron los criterios respectivos en asuntos relacionados con la materia administrativa, remítase por conducto del MINTERSCJN la versión digitalizada de las constancias de cuenta al Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, por ser el competente por Región y por materia para conocer del presente asunto.”
5. Radicación del asunto. Por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veinticinco, el entonces Magistrado Presidente de este Pleno Regional aceptó la competencia fincada por la superioridad y admitió a trámite la contradicción de criterios, registrándola con el número de expediente 97/2025.
6. Se requirió a los tribunales colegiados contendientes para que informaran si los criterios en contradicción seguían vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados.
7. Se estimó innecesario solicitar al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el informe relativo a la existencia de alguna contradicción de criterios radicada ante el Alto Tribunal relacionada con la temática de este asunto.
8. Se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito y se turnó el asunto a la ponencia del Magistrado Ernesto Martínez Andreu para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite e integración del expediente.
9. Informe de tribunal colegiado. En auto de presidencia de treinta de junio de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el recurso de queja 63/2025 continuaba vigente.
10. Informe de tribunal colegiado. Mediante proveído de presidencia de dos de julio de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a través del cual informó que el criterio sustentado en el recurso de queja 220/2022 continuaba vigente.
11. Confirmación de turno. Por acuerdo de presidencia de catorce de julio de dos mil veinticinco, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios y, en consecuencia, se confirmó el turno del asunto a la ponencia del Magistrado Ernesto Martínez Andreu, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
12. Integración, returno y confirmación. En auto de presidencia de tres de octubre de dos mil veinticinco, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, conformado por las Magistradas Virginia Pétriz Herrera, Mónica Saloma Palacios y Mayra Sandoval Mendoza.
13. Se returnó el presente asunto a la ponencia de la Magistrada Mónica Saloma Palacios y se confirmó el turno del expediente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
14. Amicus curiae. Mediante proveído de presidencia de cinco de noviembre de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio firmado electrónicamente por la Administradora de Amparo e Instancias Judiciales 1, 2, 3, 4 y 5, de la Administración General Jurídica, del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones en calidad de amicus curiae:
“Esta representación fiscal considera que el criterio que debe prevalecer, es en el sentido de declarar sin materia el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional.
No está a discusión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 5/2024 (11ª), definió que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión tiene una doble función: uno (i) fin inmediato, de hacer que se acate la suspensión provisional y, (ii) fin mediato, consistente en sancionar las conductas de desacato, sin embargo, en el supuesto planteado la materia del incidente promovido por exceso o defecto en el cumplimiento de suspensión, si desaparece cuando se revoca dicha concesión, porque no habrá necesidad de efectuar requerimiento para solventar un desacato, exceso o defecto alguno para calificar un incumplimiento por parte de la autoridad.
Esto es así, porque en términos del numeral 209 de la Ley de Amparo, debe tenerse presente que es necesario que para que se concrete el fin mediato de un incidente por exceso a defecto en el cumplimiento de la suspensión (sanción por conducta de desacato) es importante que exista una condición previa que debe satisfacerse para la presentación de la denuncia ante el Ministerio Publico de la Federación, y es que exista un requerimiento de cumplimiento de la medida cautelar como resolución del incidente en cuestión (plazo de veinticuatro horas), y que dicho requerimiento sea incumplido por las autoridades responsables.
En ese sentido, la vista al Ministerio Público de la Federación se dará sólo en caso no que no se dé cumplimiento al requerimiento de 24 horas que se hace en la ejecutoria del incidente para que se cumpla con la suspensión que ya había sido otorgada (provisional o definitiva).
Por lo que, si el incidente no ha sido resuelto y existe una resolución en el medio ce defensa en contra del otorgamiento de suspensión provisional por medio del cual se revoca y niega la misma, no puede darse vista al Ministerio Público de la Federación, dado que aún no ha sido resuelto el propio incidente y al quedar sin efectos la suspensión, dicha situación hace improcedente una declaratoria de incumplimiento sobre el cual dar vista al Ministerio Público de la Federación, en razón de que el apercibimiento va encadenado a que no se cumpla con el requerimiento de cumplir con la medida cautelar como resultado de la resolución que deriva del incidente, no respecto al hecho de no haber atendido la suspensión que en el incidente se alegó que no se cumplió.
Conforme a lo anterior, se obtiene que, es necesario que se agote un determinado ‘procedimiento’ establecido dentro del propio incidente por el Legislador en el artículo 209 de la Ley de Amparo, pues para que el juzgador esté en posibilidad de dar vista al Ministerio Público de la Federación, al estimar fundado el incidente, es obligatorio que se surtan los siguientes supuestos jurídicos: I. que se resuelva en totalidad el incidente, II. que en la resolución se determine que la autoridad ha incumplido con la suspensión concedida, III. que se le requiera a la autoridad para que en el término de veinticuatro horas de cumplimiento a la resolución del incidente (rectificación de la concesión de la medida), IV que exista el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento se dará vista al Ministerio Público de la Federación y V. que la autoridad desatienda el requerimiento de la resolución del incidente.
En conclusión, se observa que es válido dejar sin materia el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional, pues si en el inter de su resolución un órgano de mayor jerarquía ya determinó que no se debe conceder la suspensión, es ocioso continuar con su tramitación en el sentido de que incluso aunque existiera una resolución deberá ser en el mismo sentido que resolvió el Tribunal Colegiado, es decir negando la suspensión y en ese contexto, es imposible que se solicite dar vista al Agente del Ministerio Público, pues no hay cuestión que cumplir.
De lo contrario, se actuaría en contra de lo establecido por el propio Legislador, dado que previo a la vista al Ministerio Público de la Federación debe requerirse a las autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas cumplan cabalmente con la medida cautelar, con el apercibimiento de que en caso de que no hacerlo se hará efectivo el apercibimiento de dar vista al Ministerio Público Federal; supuesto que jamás serán posible que acontezcan, al no poder requerir el juez el cumplimiento de una suspensión provisional que ha quedado insubsistente por determinación judicial.”.
II. COMPETENCIA
15. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38, 39, fracción I, y décimo noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del entonces Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, y el diverso 1/2024 que reforma el similar 67/2022, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.
16. Se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por tribunales colegiados especializados en materia administrativa y pertenecientes al Cuarto Circuito, correspondiente a la Región Centro-Norte.
17. Además, el tema planteado se encuentra relacionado con la materia común, siendo que el primero de los criterios en contienda fue emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, el cual versó sobre un asunto en materia administrativa, por lo que corresponde conocer de la contradicción a este Pleno Regional, en términos del artículo 14, fracción I, segundo párrafo, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(1)
III. LEGITIMACIÓN
18. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por la autoridad responsable en el juicio de amparo del que derivó uno de los criterios contendientes.
19. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 77/2010 emanada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE SUSTENTÓ UNA DE LAS TESIS, TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo establecen, en esencia, que cuando los tribunales colegiados de circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidirá la tesis que debe prevalecer. En consecuencia, la autoridad responsable que intervino en el juicio de amparo de donde derivó una de las tesis sustentadas está legitimada para hacer la denuncia respectiva.”(2)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
20. Previo a determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los tribunales colegiados para emitirlos.
• Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el recurso de queja 63/2025.
21. Demanda de amparo. Una persona moral, a través de su apoderada legal, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de las autoridades y los actos siguientes:
“III. AUTORIDADES RESPONSABLES.
a) Como autoridad ordenadora:
• C. Magistrada de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, con domicilio en su recinto oficial.
b) Como Autoridades Ejecutoras:
• Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con domicilio en su recinto oficial.
• Arq. **********, Secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con domicilio en su recinto oficial.
• C. **********, Inspector, Notificador, Ejecutor y Verificador adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, con domicilio en su recinto oficial.
IV. ACTOS RECLAMADOS:
a).- De la C. Magistrada de la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, en su carácter de Autoridad Ordenadora reclamo lo siguiente:
1. El acuerdo de fecha 04 de diciembre de 2024 dictado dentro del juicio contencioso administrativo **********, mediante el cual se estableció en su parte conducente lo siguiente: (...)
2. La ilegal orden de ‘paralización de la ejecución de los trabajos de construcción y/o cualquier actividad relacionada con los mismos que se realizan en el inmueble con expediente catastral **********’.
(...)
b).- De la Secretaría, el C. Secretario y el C. Inspector, Notificador, Ejecutor, Verificador adscrito a la de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, en su carácter de Autoridades Ejecutoras reclamo lo siguiente:
1. La materialización de la ilegal orden de suspensión de actividades, trabajos y construcción en el inmueble con expediente catastral **********.
2. La Orden de Inspección con número ********** con número de oficio ********** de fecha 6 de diciembre de 2024 mediante la cual se le ordenó a mi representada lo siguiente:
(...)
c) De las autoridades ejecutorias y, particularmente del C. Inspector, Notificador, Ejecutor y Verificador de la de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de San Pedro Garza García Nuevo León, se reclama la suspensión de obra que llevó a cabo sobre el Inmueble de mi representada ubicado en **********, en San Pedro Garza García, Nuevo León y con expediente catastral **********, según se aprecia del Acta Circunstanciada de fecha 06 de diciembre del 2024, así como la colocación de sellos con folios **********, ********** y ********** así como listones representativos de dicha medida en el inmueble de referencia.
d) De todas las autoridades señaladas como responsables, reclamamos: Todos y cada uno de los actos que envuelvan consecuencias directas e indirectas, mediatas o inmediatas, y que se generen con motivo de los ilegítimos actos de autoridad que reclamamos destacadamente a las autoridades antes referidas, señalados en previos incisos; pues evidentemente en su totalidad serán derivados de la inconstitucional que por vicios propios y en vía de consecuencia (actos de aplicación) se producen en la especie.
22. Además, la promovente solicitó la suspensión de los actos reclamados.
23. Admisión. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, cuya titular la admitió bajo el expediente 1302/2024 y ordenó la apertura del incidente de suspensión.
24. Concesión de la suspensión provisional. En el cuaderno incidental, la Jueza del conocimiento solicitó a las autoridades responsables su informe previo, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, y concedió la suspensión provisional para el efecto solicitado.
25. Recursos de queja. En contra de lo anterior, la tercero interesada y la autoridad responsable interpusieron recursos de queja, de los que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, bajo los expedientes 499/2024 y 503/2024.
26. Incidente por defecto en el cumplimiento. Posteriormente, la parte quejosa promovió incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional, ante lo cual la Jueza de Distrito requirió a las autoridades responsables para que informaran de las determinaciones y actuaciones que hubieran emitido en cumplimiento al mandato judicial.
27. Revocación de la suspensión provisional. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito resolvió los recursos de queja 499/2024 y 503/2024, mediante los cuales revocó la suspensión provisional concedida.
28. Sin materia. Derivado de lo anterior, la Jueza del conocimiento declaró sin materia el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional.
29. Recurso de queja. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, bajo el expediente 63/2025.
30. Resolución. En sesión de tres de abril de dos mil veinticinco, el tribunal colegiado declaró fundado el recurso y revocó el auto impugnado, con base en lo siguiente:
“SÉPTIMO. Estudio.
Los agravios son fundados.
Refiere la recurrente que no era procedente declarar sin materia el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional, ya que el hecho de que la suspensión provisional haya sido revocada en recurso de queja, ello no implica que tuvo un periodo de vigencia, en el cual la autoridad la incumplió, litis que debe resolverse en ese incidente por exceso o defecto.
Aduce que la suspensión provisional surtió sus efectos desde le doce de diciembre de dos mil veinticuatro en que fue emitida, la cual fue notificada a las autoridades el trece del mismo mes y año, por lo que estuvo vigente hasta al menos el diecinueve de diciembre del año pasado, en que se resolvió el recurso de queja que la revocó.
De tal forma, menciona que hubo un lapso del trece al diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro en que las autoridades responsables incumplieron la medida cautelar provisional que en ese periodo estuvo vigente, litis que debe resolverse dentro del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento y no declararse sin materia.
Como se adelantó, asiste razón a la recurrente.
En efecto, en el presente caso, la quejosa presentó incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional el dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro, a lo que la jueza de distrito, en primer término, reservó el acuerdo respectivo y requirió a las autoridades a fin de que informaran las determinaciones y actuaciones que hayan emitido en cumplimiento a dicha medida cautelar.
Posteriormente, el diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro, la jueza determinó dejar sin materia el incidente por exceso en el cumplimiento a la suspensión provisional planteado por la parte quejosa, a raíz de que medida cautelar se revocó en la ejecutoria del recurso de queja 499/2024, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
Sin embargo, como lo alega la recurrente, a consideración de este tribunal, dicha determinación es contraria a los fines del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 37/2016, sostuvo que dada la relevancia e implicaciones jurídicas que tiene la suspensión del acto reclamado en un juicio constitucional, la Ley de Amparo no sólo establece los medios necesarios para preservar la materia del juicio a través de la suspensión, sino que además impone consecuencias ante el incumplimiento de esta.
De esta forma, es incuestionable que las autoridades responsables están obligadas a cumplir, sin defectos ni excesos, con la suspensión del acto en los términos señalados en el acuerdo o sentencia en que se haya concedido esa medida cautelar. Sin embargo, si ello no se logra, la parte agraviada puede promover el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión para controvertir el exceso o defecto en la ejecución de la determinación suspensional, y así, el juzgador determine si existió un desacato en su cumplimiento y en caso de que así fuera, previo requerimiento para que dentro del plazo de veinticuatro horas rectifique los errores en que incurrió al cumplirla, la autoridad responsable sea denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo.
En ese sentido, la resolución del referido incidente adquiere una particular relevancia, ya que a través de éste se determina, entre otros supuestos, si la autoridad responsable cumplió en sus términos o no la suspensión del acto reclamado, con la eventual responsabilidad penal que su desobediencia conlleva.
Además, la Corte también sostuvo que, si la resolución del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión en amparo indirecto se puede impugnar a través del recurso de queja, debe entenderse que la materia y la finalidad de dicho recurso consisten en analizar la legalidad de la resolución emitida en el referido incidente, lo cual implica i) verificar si la suspensión se cumplió o no en sus términos y ii) si la autoridad responsable estuvo en aptitud de rectificar los errores en que pudo haber incurrido lo cual podría incidir con el resultado de la denuncia que, en su caso, se haga sobre la posible comisión del delito establecido en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo.
En virtud de lo anterior, afirmó que el recurso de queja que se interpone para revisar la resolución del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión no debe quedar sin materia ni siquiera cuando la sentencia dictada en el juicio de amparo haya causado ejecutoria; pues, aun cuando la resolución del recurso de queja no prejuzga directamente sobre la responsabilidad penal de la autoridad contumaz, sí constituye un presupuesto para que la autoridad ministerial pueda integrar una indagatoria, máxime que es el órgano de amparo el que dicta y conoce los alcances y efectos de la medida suspensional concedida.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 21/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 35, registro digital: 2012800; de contenido:
‘RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE PROMOVIDO POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. NO QUEDA SIN MATERIA CUANDO LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CAUSA EJECUTORIA. [Se transcribe].’.
En congruencia con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó también si el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión era procedente para revisar o asegurar el acatamiento de la suspensión provisional y no únicamente la suspensión de plano o definitiva, pues el artículo 206 de la Ley de Amparo solo hace referencia a la procedencia del incidente r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33802-6156119a/incidente-por-exceso-o-defecto-en-el-cumplimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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