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RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE PROMOVIDO POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. NO QUEDA SIN MATERIA CUANDO LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CAUSA EJECUTORIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2016 · Registro digital (IUS): 27047
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, Pág. 66.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO. 4 DE JULIO DE 2016. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EDUARDO MEDINA MORA I., Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES; VOTARON EN CONTRA MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO Y MONSERRAT CID CABELLO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al cuatro de julio de dos mil dieciséis, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

Mediante la cual se dirimen los autos de la contradicción de tesis número 37/2016, suscitada entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. La problemática jurídica que debe resolverse en la presente ejecutoria, es la siguiente:

¿Debe declararse sin materia el recurso de queja interpuesto en contra de la interlocutoria que resuelve el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva del acto reclamado otorgada en un juicio de amparo, cuando la sentencia de este último causa ejecutoria?

I. ANTECEDENTES

1. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito resolvió el recurso de queja 81/2015, el veintiuno de octubre de dos mil quince. Dicho medio de defensa fue interpuesto en contra de una interlocutoria que resolvió el incidente sobre exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva del acto reclamado concedida en el juicio de amparo 231/2014.(1)

2. El órgano colegiado determinó que el recurso de queja debía declararse sin materia, ya que la suspensión definitiva aludida dejó de surtir efectos cuando la sentencia del juicio de amparo principal causó ejecutoria, por lo que se sostuvo que existía una imposibilidad técnica para requerir a la autoridad el cumplimiento de esa suspensión.

3. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito sustentó un criterio similar, al resolver los recursos de queja 4/2014, 5/2014, 6/2014 y 7/2014, de los cuales derivó la tesis aislada VII.1o.A.3 K (10a.), de rubro y texto siguientes:

"RECURSO DE QUEJA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESOLVIÓ EL INCIDENTE SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA EN EL AMPARO Y ORDENÓ A LA AUTORIDAD ACATARLA. QUEDA SIN MATERIA EN CASO DE QUE, CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO, CAUSE EJECUTORIA LA SENTENCIA DEL JUICIO PRINCIPAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 2/2010).-Los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo regulan el ‘incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión’, en el que, entre otras cosas, se analiza el eventual incumplimiento de la suspensión definitiva concedida y, en caso de demostrarse, debe requerirse a la autoridad responsable para que en el plazo de veinticuatro horas la acate, con el apercibimiento que, de no hacerlo, será denunciada ante el Ministerio Público de la Federación; dicha incidencia puede promoverse en cualquier tiempo mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. De lo anterior se colige que el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo, que se interpone contra la interlocutoria que resolvió el incidente sobre el incumplimiento de la suspensión definitiva concedida y ordenó a la autoridad acatarla, queda sin materia en caso de que, con posterioridad a su dictado, cause ejecutoria la sentencia del juicio principal, ya que resulta de explorado derecho que la suspensión concedida rige hasta en tanto dicha ejecutoriedad no acontezca, dado su carácter accesorio, además de que lo decidido en la interlocutoria recurrida, en el sentido de requerir a la autoridad incumplida para que acate los términos de la suspensión concedida, ya no podría exigirse ante la inexistencia jurídica de dicha suspensión y la prevalencia de lo decidido en la sentencia de amparo firme, sin que sea óbice a lo anterior la jurisprudencia P./J. 2/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 7, de rubro: ‘VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN. NO QUEDA SIN MATERIA LA DENUNCIA RELATIVA O, EN SU CASO, LA QUEJA INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EN ESA DENUNCIA, AL RESOLVERSE EL JUICIO DE AMPARO.’, al ser inaplicable al caso, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del 3 de abril de 2013, ya que interpreta los artículos 104, 105, párrafo primero, 107, 111, 143 y 206 de la Ley de Amparo abrogada, los cuales regulan una incidencia distinta, que no guarda total analogía con la vigente, dado que esta última no tiene como consecuencia directa e inmediata fincar responsabilidad a las autoridades responsables por su trasgresión, sino requerirlas para que, en una nueva oportunidad, cumplan cabalmente con la medida suspensional y, en el supuesto de que no lo hagan, hacer efectivo el apercibimiento de denunciar los hechos ante la autoridad penal investigadora."(2)

4. A su vez, el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito resolvió el recurso de queja 99/2014, en el cual sustentó el criterio contenido en la tesis aislada X.3 K (10a.), que a la letra establece:

"RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO G), DE LA LEY DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE RECAYÓ AL INCIDENTE PROMOVIDO POR INCUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. NO QUEDA SIN MATERIA A PESAR DE QUE CAUSE EJECUTORIA LA SENTENCIA EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.-Si bien el artículo 206, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión del acto reclamado, podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo, lo que implica que una vez acontecido esto, debería declararse sin materia el incidente relativo; lo cierto es que dada su autonomía, existe la posibilidad de que se actualice el delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo (quien no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado), cuya acreditación e integración de la averiguación previa correspondiente, quedarán a cargo del representante social respectivo, así como la responsabilidad administrativa que en su momento pudiera determinarse por la autoridad competente; siendo trascendental al efecto, el pronunciamiento que sobre ese aspecto haga el órgano de amparo encargado de velar por el cumplimiento de la suspensión del acto reclamado, pues el delito previsto en ese numeral es perseguible de oficio, de acuerdo con el artículo 114 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que una vez denunciado por cualquier persona ante el Ministerio Público Federal, éste dará curso a la averiguación previa respectiva, quedando en manos de diversa autoridad (a la de amparo) determinar si se cumplió o no con esa medida cautelar, constituyendo en consecuencia la figura delictiva; siendo importante que el órgano de amparo sea el que tenga la exclusividad de verificar el cumplimiento de la suspensión del acto reclamado, aun cuando se haya fallado el juicio en lo principal, pues el esclarecimiento de si existió o no violación a la suspensión (provisional, definitiva o de plano), a pesar de su conocimiento, corresponde al Juez Federal, quien determinará los alcances de esa medida y si en su caso, existió o no violación a ésta, por lo que ello no puede dejarse en manos de diversa autoridad. De ahí que no sea dable declarar sin materia el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso g), de la ley de la materia, a pesar de existir sentencia firme en el juicio de amparo, pues aun cuando de acuerdo con su artículo 209, la consecuencia directa en caso de demostrarse que la autoridad responsable incumplió con la suspensión del acto reclamado, no es la denuncia inmediata ante el Ministerio Público Federal por la comisión del delito en que pudiera incurrir la responsable ante la acreditación de su incumplimiento, sino el requerirle para que, en el término de veinticuatro horas, cumpla con dicha medida cautelar, apercibida que de no hacerlo se procederá conforme a lo dicho en primer término, quedando la posibilidad de la denuncia respectiva por el delito citado.(3)

5. Con base en lo anterior, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis entre los criterios arriba mencionados, mediante escrito presentado el cuatro de febrero de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.(4)

II. TRÁMITE

6. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y ordenó su registro con el número de expediente 37/2016, mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciséis.(5)

7. En dicho acuerdo se requirió a las presidencias del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, para que remitieran copias certificadas de las ejecutorias en las que sostuvieron los criterios contendientes, así como su envío a la cuenta de correo electrónico prevista en la Circular 3/2011-P, a fin de integrar el expediente. De igual forma, se les instruyó para que informaran si mantenían vigentes los criterios denunciados o, de ser el caso, indicaran la causa para tenerlos por superados o abandonados.

8. Además, se turnó el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, al considerar que el posible problema jurídico del presente asunto se encuentra estrechamente relacionado con el de la contradicción de tesis 3/2016, suscitada entre el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, misma que se formó y turnó anteriormente a la misma ponencia, mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil dieciséis.

9. El presidente de este Alto Tribunal tuvo a los tribunales contendientes cumpliendo el requerimiento arriba descrito e informando que los criterios contendientes continuaban vigentes, por acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciséis. De ahí que declarara integrado el expediente de la contradicción de tesis y se ordenara su envío a la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.(6)

III. COMPETENCIA

10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos respecto de un tema que corresponde a la materia común, para cuya resolución se considera necesaria su intervención.

IV. LEGITIMACIÓN

11. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, porque fue presentada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que emitió -al resolver un recurso de queja- uno de los criterios contendientes. Por tanto, formalmente, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

12. En principio, es menester destacar que este Tribunal Pleno ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales. El rubro del criterio al que nos referimos, es el siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(7)

13. Del citado criterio se evidencia que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

14. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

15. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos, se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

16. En el caso, existe la contradicción de tesis denunciada, tal como enseguida se demostrará:

17. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

18. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito resolvió el recurso de queja 81/2015, el veintiuno de octubre de dos mil quince. En dicho asunto se impugnó la interlocutoria pronunciada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, en el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto 231/2014.

19. El órgano colegiado sostuvo que la materia de la suspensión definitiva concedida en el juicio de amparo principal rige hasta en tanto no cause ejecutoria su sentencia y que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión sólo puede promoverse mientras no cause ejecutoria la sentencia del juicio de amparo, ello, de conformidad con los artículos 97, fracción I, inciso g), 147, párrafo segundo, y 206 al 209 de la Ley de Amparo.

20. Se agregó que, sostener lo contrario, haría manifiesta la imposibilidad técnica para requerir a una autoridad que no cumplió, cabalmente, con una resolución que concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, que se ajustara a una medida cautelar que ya había dejado de tener vigencia.

21. Por ello, el Tribunal Colegiado concluyó que debía declararse sin materia el recurso de queja referido, pues la suspensión definitiva que se concedió dejó de surtir sus efectos cuando causó ejecutoria la sentencia del juicio de amparo principal. Lo anterior se apoyó con la tesis aislada VII.1o.A.3 K (10a.),(8) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

22. Además, el Tribunal Colegiado añadió que en el caso no eran aplicables las jurisprudencias P./J. 2/2010(9) y 2a./J. 33/2003(10) emitidas, respectivamente, por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que en dichos criterios se analizó la institución incidental referida a la luz de la Ley de Amparo abrogada y no de la vigente, por lo que no existe correspondencia analógica con el caso sometido a su consideración.

23. El órgano colegiado, también, estimó que no se actualizan de manera directa las hipótesis previstas en el artículo 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, ya que, aun cuando la autoridad responsable incumpla el acuerdo por el que se otorgó la suspensión definitiva, si la sentencia del juicio de amparo principal causó estado, ella se encontraría imposibilitada para cumplir, cabalmente, con la determinación por la que se concedió la medida cautelar, dado que ésta dejó de tener vigencia y, por tanto, la responsabilidad penal prevista en esas fracciones no resultaría aplicable al caso.

24. Por último, el Tribunal Colegiado adujo que tampoco resultaba aplicable al caso, el artículo 267, fracción III, de la Ley de Amparo, pues éste se refiere a las resoluciones en que se determine que existe exceso o defecto en el cumplimiento de una ejecutoria.

25. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito al resolver los recursos de queja 4/2014, 5/2014, 6/2014 y 7/2014, también, sostuvo que en el caso de que la sentencia del juicio de amparo principal cause estado, el recurso de queja interpuesto en contra de la interlocutoria que resolvió sobre el exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva debe quedar sin materia, por las mimas razones arriba sintetizadas.

26. Sin embargo, debe señalarse que ese órgano colegiado, también, sostuvo que aun cuando no se podía realizar un pronunciamiento de fondo, pues el recurso de queja en las circunstancias descritas debía quedar sin materia, ello no prejuzgaba sobre la supuesta actualización o no de la hipótesis prevista en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, porque ello le corresponderá decidirlo a los órganos competentes, sin perjuicio de las eventuales oportunidades de defensa de las autoridades implicadas.

27. De esas resoluciones derivó la tesis aislada VII.1o.A.3 K (10a.), de rubro: "RECURSO DE QUEJA CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESOLVIÓ EL INCIDENTE SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA EN EL AMPARO Y ORDENÓ A LA AUTORIDAD ACATARLA. QUEDA SIN MATERIA EN CASO DE QUE, CON POSTERIORIDAD A SU DICTADO, CAUSE EJECUTORIA LA SENTENCIA DEL JUICIO PRINCIPAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 2/2010)."(11)

28. En cambio, el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al resolver el recurso de queja 99/2014, sostuvo que no debía declararse sin materia el recurso de queja cuando la sentencia del juicio de amparo principal del que derivó causara ejecutoria, pues el esclarecimiento de si existió o no violación a la suspensión provisional, definitiva o de plano, corresponde al Juez Federal, así como determinar los alcances de la suspensión decretada, y si existió o no la violación a dicha medida suspensional, ya que de ningún modo puede dejarse en manos de diversa autoridad fijar los alcances y efectos de la misma.

29. Se consideró que ello era así, ya que, de conformidad con el artículo 206, aun cuando la consecuencia directa en caso de demostrarse que la autoridad responsable incumplió con la suspensión del acto reclamado, no es la denuncia inmediata ante el representante social federal por la comisión del delito en que pudiera incurrir la responsable ante la acreditación de su incumplimiento, sino el requerimiento a dicha autoridad para que en el plazo de veinticuatro horas cumpla con la medida cautelar referida, apercibida que de no hacerlo, se procederá conforme a lo dicho en primer término; lo cierto es que existe la posibilidad de actualizarse alguno de los delitos previstos en el artículo 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, cuya acreditación e integración de la averiguación previa inherente quedará a cargo del representante social respectivo, así como la responsabilidad administrativa que en su momento pudiera determinarse por la autoridad competente, siendo trascendental para ello el pronunciamiento que, al efecto, haga el órgano de amparo encargado de velar por el cumplimiento de la suspensión del acto reclamado, sin dejarlo a consideración de otra autoridad, máxime que el delito es perseguible de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues una vez denunciado el ilícito por cualquier persona ante el representante social federal, éste dará curso a la averiguación previa respectiva, quedando así en manos de diversa autoridad vigilar que se cumpla o no con esa medida cautelar.

30. De ese asunto derivó la tesis aislada X.3 K (10a.), de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO G), DE LA LEY DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE RECAYÓ AL INCIDENTE PROMOVIDO POR INCUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. NO QUEDA SIN MATERIA A PESAR DE QUE CAUSE EJECUTORIA LA SENTENCIA EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL."(12)

31. De lo hasta aquí expuesto, se advierte con claridad que los Tribunales Colegiados contendientes se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, esencialmente, vinculada con la decisión que debe recaer a un recurso de queja interpuesto en contra de la interlocutoria que resuelve el incidente sobre el exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva del acto reclamado otorgada en un juicio de amparo, cuando la sentencia de este último causa ejecutoria.

32. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver.

33. En efecto, los Tribunales Colegiados contendientes resolvieron casos en los que se vieron obligados a determinar, si debía declararse o no sin materia el recurso de queja interpuesto en contra de la interlocutoria que resuelve el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva del acto reclamado otorgada en un juicio de amparo principal, cuando la sentencia de este último causa ejecutoria.

34. Así, mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito considera que debe declararse sin materia el recurso de queja que se interponga en las condiciones arriba referidas y que no existe la posibilidad jurídica de que se actualice de manera directa el tipo penal establecido en el artículo 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo;(13) el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito sostuvo que, aun cuando debía declararse sin materia el recurso de queja, ello no prejuzgaba sobre la supuesta actualización o no del delito previsto en el artículo 262 de referencia, pues ello le corresponde decidirlo a los órganos competentes, sin perjuicio de las eventuales oportunidades de defensa de las autoridades implicadas.

35. Por su parte, el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito difiere de los dos criterios anteriores, al sostener que el recurso de queja no debe declararse sin materia, pues el esclarecimiento de si existió o no violación a la suspensión provisional, definitiva o de plano, corresponde al Juez Federal, así como determinar los alcances de la suspensión decretada y si existió o no la violación a dicha medida suspensional, ya que de ningún modo puede dejarse en manos de diversa autoridad fijar los alcances y efectos de la misma, para que, en su caso, se analice la actualización de los delitos previstos en el artículos 262, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, pues basta una denuncia de cualquier persona ante la representación social federal, para que se siga el trámite correspondiente.

36. De lo anterior se sigue la existencia de un punto de toque entre los criterios de los órganos colegiados, en tanto que uno sostuvo que el recurso de queja en esas circunstancias debe declararse sin materia, excluyendo la posibilidad de que se actualice el tipo penal previsto en la Ley de Amparo; otro considera que debe declararse sin materia el recurso, sin que ello prejuzgue sobre la actualización del tipo penal que en su caso se pudiera tramitar; y el tercero estima que no debe declararse sin materia, pues el estudio del incumplimiento del incidente por el exceso o defecto del incidente de suspensión le corresponde en exclusiva al órgano de amparo, para el efecto de que, en su caso, se realice la denuncia correspondiente o se inicie de oficio el tramite respectivo, por la actualización del tipo penal aludido.

37. Así, es claro que ante un mismo problema jurídico sometido a su jurisdicción, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a una conclusión diferente.

38. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Derivado de lo anterior, este Tribunal Pleno observa que los criterios de los tribunales contendientes, pueden dar lugar a la formulación de una genuina pregunta. Concretamente, el problema por resolver admite ser fraseado de la siguiente manera:

¿Debe declararse sin materia el recurso de queja interpuesto en contra de la interlocutoria que resuelve el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva del acto reclamado otorgada en un juicio de amparo, cuando la sentencia de este último causa ejecutoria?

VI. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER

39. Como respuesta al cuestionamiento anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por este Tribunal Pleno, al tenor de las razones jurídicas que se desarrollan en el presente apartado.

40. En principio, debe establecerse que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes recayeron a recursos de queja regulados en el artículo 97, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que a la letra dice:

"Artículo 97. El recurso de queja procede:

"I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

"...

"g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado."

41. Como se observa, el recurso de queja procede en amparo indirecto en contra de la resolución que resuelve el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se concede la suspensión, provisional o definitiva, del acto reclamado.

42. Dicho incidente se promueve en amparo indirecto, ante el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito,(14) por cualquier persona que resulte agraviada -entre otros supuestos-, por el exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se concede la suspensión por parte de las autoridades responsables.(15)

43. Procesalmente, tenemos que el incidente se formula por escrito, con copias para las partes y en el mismo se ofrecen las pruebas respectivas. El Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito señala fecha para la audiencia dentro de diez días y requiere a la autoridad responsable para que rinda un informe en el plazo de tres días, el cual, si no se rinde o se rinde de manera deficiente genera la presunción de ser cierta la conducta que se reclama a la autoridad. En la audiencia se desahogan las pruebas ofrecidas por las partes, se da oportunidad para que éstas aleguen oralmente, y se dicta resolución.

44. Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable ha cumplido la suspensión de manera excesiva o defectuosa, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, en su resolución, la requerirá para que en el plazo de veinticuatro horas enmiende los errores en que incurrió al cumplir la suspensión.

45. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27047-8addc055/recurso-de-queja-interpuesto-contra-la-interlocutoria-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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