INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.
II. Competencia
9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito, y el tema de fondo corresponde a la materia penal.
III. Legitimación
10. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por los Magistrados integrantes de uno de los órganos jurisdiccionales contendientes, en el caso, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, quien resolvió el incidente en revisión **********. Por tanto, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) así como 226, fracción II,(4) y 227, fracción II,(5) de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
IV. Existencia de la contradicción
11. Ahora bien, la primer interrogante que es necesario formular es la siguiente:
¿Existe contradicción en los criterios asumidos por los órganos jurisdiccionales contendientes?
12. La respuesta es en sentido afirmativo, ya que el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, y que son los siguientes:(6)
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
13. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los órganos colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:
14. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, en sesión correspondiente al veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, resolvió el incidente en revisión ********** interpuesto por el autorizado de la parte tercero interesada contra la resolución interlocutoria dictada en audiencia incidental de siete de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán con residencia en Mérida, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto **********.
15. En la demanda de amparo el quejoso Ermilo Javier Castilla Roche identificó como autoridad responsable al Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Asimismo, el acto reclamado fue el auto de formal prisión dictado en su contra por la probable responsabilidad en la comisión de los delitos de falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso de documento falso y el diverso de fraude, ello en la causa penal **********.
16. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Juez de Control constitucional ordenó tramitar por cuerda separada el incidente de suspensión solicitado, y el siete de septiembre siguiente dictó resolución interlocutoria en la que, con fundamento en los artículos 128, 139 y 163 de la Ley de Amparo vigente, concedió la suspensión definitiva al quejoso para el efecto de que quedara a disposición de la autoridad judicial identificada como responsable para la continuación del procedimiento respectivo, y a disposición de la Juez de amparo por lo que se refiere a su libertad personal.
17. Inconforme con tal determinación, la tercera interesada Margarita del Pilar Ponce Díaz, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión dado que consideró que el auto de formal prisión emitido contra el quejoso y la orden de reaprehensión se dictaron de conformidad con el Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán y con motivo de ello el incidente de suspensión debió tramitarse de conformidad con la Ley de Amparo abrogada, pues considera que es incorrecta la interpretación que el juzgador de amparo hizo del contenido de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis.
18. De dicho recurso tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, quien en sesión correspondiente al veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, confirmó la interlocutoria recurrida y, por tanto, se concedió al impetrante la suspensión definitiva que solicitó. Lo anterior, al considerar que los agravios hechos valer por la recurrente resultaron infundados.
19. Para arribar a esa conclusión, los integrantes del Tribunal Colegiado en comento realizaron una interpretación armónica y sistemática de los artículos cuarto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, mediante el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(7) así como de los artículos transitorios primero, segundo y décimo del diverso decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, mediante el que, entre otros, se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(8)
20. Asimismo, destacó que en términos de la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 75/2014,(9) esta Primera Sala determinó, en ese momento, que en las entidades en las que no había entrado en vigor el sistema de justicia penal acusatorio, por disposición expresa para la tramitación de la medida cautelar, debía aplicarse la normatividad prevista en la Ley de Amparo abrogada.
21. Empero, puntualizó que en virtud de que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, expresamente derogó el artículo décimo transitorio de la Ley de Amparo en vigor, se sigue que el trámite y resolución del incidente de suspensión en el amparo en materia penal, deben regirse conforme a las disposiciones de la legislación de la materia vigente.
22. Concluyó así porque a su parecer no se contraviene el principio de irretroactividad de la ley, puesto que la figura de la suspensión del acto reclamado es de naturaleza adjetiva o procesal, no sustantiva.
23. Agregó, que al tratarse de una norma procesal no opera la aplicación retroactiva ya que en la sustanciación de un juicio debe atenderse a la legislación respectiva vigente en cada una de las etapas en que se desarrolla la secuela de actos concatenados.
24. Es por ello que en el caso concreto deben aplicarse las disposiciones vigentes en el momento en que se dictó la resolución incidental y no las que estaban vigentes cuando ocurrieron los hechos que dieron origen al proceso penal del que emana el auto de formal prisión que constituye el acto reclamado, en el juicio de amparo del que derivó la incidencia relativa.
25. Para respaldar sus argumentos, se apoyó en la tesis de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL."
26. Es por ello que compartió el criterio del Juez de control constitucional al conceder al quejoso Ermilo Javier Castilla Roche la suspensión del acto reclamado en términos de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo vigente.(10)
27. En ese contexto, al no advertir deficiencia alguna que suplir, confirmó la sentencia interlocutoria recurrida.
28. Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, emitió las siguientes determinaciones:
29. Recurso de queja **********.
Dicho recurso tiene su origen en el amparo promovido por Marco Antonio Barrón Ávila contra el auto de formal prisión de diez de marzo de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar en la causa penal ********** por los delitos de robo y uso indebido de siglas.
De la demanda correspondió conocer a la Juez Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y mediante auto de siete de julio de dos mil dieciséis, concedió la suspensión provisional con fundamento en los artículos 128, 136, 139 y 163 de la Ley de Amparo vigente, para el efecto de que el quejoso quedara a su disposición en cuanto a su libertad personal se refiere y de la autoridad judicial responsable para la continuación del procedimiento.
Inconforme con tal determinación, el quejoso promovió el recurso en comento.
Al respecto, el Tribunal Colegiado del conocimiento estimó que los agravios expuestos por el recurrente resultaban fundados pero insuficientes.
Lo fundado se hizo consistir en que el juzgador de control constitucional soslayó que el acto reclamado se emitió en un procedimiento penal seguido bajo el sistema mixto y, por ende, debió aplicar la normatividad de amparo abrogada.
En efecto, arribó a ese convencimiento, en virtud de las consideraciones expuestas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 75/2014 de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 32/2015 (10a.), por lo que de la interpretación sistemática y teleológica de los artículos primero, segundo y décimo transitorios de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tratándose del trámite y la resolución de un incidente de suspensión en materia penal, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por disposición expresa del párrafo segundo del artículo décimo transitorio citado, deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada en todo lo concerniente a la tramitación y resolución de dicha medida cautelar.
Asimismo, indicó que no es válido establecer que la "parte general" fuera regulada por la nueva Ley de Amparo y la relativa específicamente a la "suspensión en materia penal" por la abrogada, pues la aplicación simultánea de ambas legislaciones en un caso concreto, derivaría en la generación de inseguridad jurídica para las partes.
Es por ello que, dado que el proceso penal instaurado contra el quejoso y en específico el auto de formal prisión combatido, no se dictó conforme a las disposiciones del nuevo sistema penal acusatorio, la juzgadora de control constitucional debió aplicar la Ley de Amparo abrogada.
Agregó que tampoco debe considerarse el contenido del artículo 19 constitucional en su texto posterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, pues en términos del cuarto transitorio de dicha reforma, los procedimientos penales iniciados con anterioridad al nuevo sistema penal, deben concluirse con base en las disposiciones legales vigentes en ese momento.
Además, se dijo que la circunstancia de que se derogara el décimo transitorio de la Ley de Amparo en vigor no constituye una circunstancia que favorezca la pretensión del quejoso, en cuanto a que se ordene su libertad con motivo de la suspensión.
Esto es así, porque tal derogación se entiende en el marco de la entrada en vigor en su totalidad del nuevo sistema penal procesal acusatorio, máxime que de conformidad con el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, enfáticamente se estableció que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este sistema, serían concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad.
Es por ello que aun cuando a partir del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, entró en vigor en todo el territorio nacional el sistema procesal penal acusatorio, no significa que a los asuntos ya iniciados deban aplicárseles las disposiciones concebidas bajo el nuevo paradigma procesal penal, pues tal aplicación está sujeta al presupuesto elemental relativo a que la tramitación del asunto se haya iniciado bajo el nuevo sistema de justicia penal.
Con base en esa línea argumentativa, concluyó el órgano colegiado que para resolver sobre la suspensión del acto reclamado de naturaleza penal, es indispensable verificar la legislación bajo la cual se inició la causa de la que emana dicho acto, porque será esta circunstancia la que determine si es la Ley de Amparo en vigor o la abrogada, la que se observará, ya que no deben aplicarse disposiciones creadas para un sistema que se rige por determinados principios, a un asunto iniciado bajo la vigencia de otro sistema, cuyos postulados son distintos.
30. Recurso de queja **********.
Tal medio de impugnación encuentra su origen en la demanda de amparo que promovieron ********** y ********** contra diversas omisiones del fiscal y del agente del Ministerio Público, ambos adscritos a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, al no dar respuesta a múltiples escritos que los impetrantes promovieron dentro de la averiguación previa **********.
Por razón de turno correspondió conocer de la misma al Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien la registró con el consecutivo ********** y ordenó la apertura del cuaderno incidental en el que el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, negó la suspensión provisional. En desacuerdo con esa determinación los quejosos promovieron el recurso de queja de referencia.
Analizados los agravios hechos valer, el Tribunal Colegiado estimó que los mismos resultaron idóneos para declarar fundada la queja.
Precisó que en atención a la naturaleza de los actos combatidos, el Juez no consideró que lo que también se reclama con las omisiones atribuidas a las autoridades ministeriales, es un acceso a la justicia por medio de sus defensores, puesto que los impetrantes están privados de la libertad.
Establecido lo anterior, indicó que el Juez de amparo fundó su determinación en los artículos 125, 128, 136 y 139 de la Ley de Amparo en vigor, lo cual el órgano colegiado estimó incorrecto, porque el acto reclamado se emitió en una averiguación previa, esto es, en un procedimiento penal seguido bajo el sistema penal mixto y, por tanto, debió aplicar la normatividad de amparo de mil novecientos treinta y seis.
En efecto, arribó a ese convencimiento en virtud de las consideraciones expuestas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 75/2014 de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 32/2015 (10a.), por lo que de la interpretación sistemática y teleológica de los artículos primero, segundo y décimo transitorios de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tratándose del trámite y la resolución de un incidente de suspensión en materia penal, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por disposición expresa del párrafo segundo del artículo décimo transitorio citado, deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada, en todo lo concerniente a la tramitación y resolución de dicha medida cautelar.
Ello, dado que no es válido sostener que la parte general sea regulada por la nueva Ley de Amparo y la relativa a la suspensión en materia penal por la ley abrogada, en virtud de que la aplicación de dos legislaciones en un caso concreto generaría inseguridad jurídica a las partes.
Consecuentemente, si los actos reclamados por los quejosos no son contrarios a las disposiciones del sistema penal acusatorio, es claro que al resolver sobre la medida cautelar se debe atender a la Ley de Amparo abrogada.
Asimismo, indicó que no soslaya que el dieciocho de junio de dos mil dieciséis, entró en vigor en todo el territorio nacional el sistema procesal penal acusatorio, pero reitera que en el caso concreto debe atenderse a la legislación bajo la cual se inició la causa de la que emanan los actos controvertidos, es por ello que, no deben aplicarse disposiciones creadas para un sistema que se rige por determinados principios a un asunto iniciado bajo la vigencia de otro sistema, cuyos postulados son indiscutiblemente distintos.
Bajo esas consideraciones, concluyó que se debió conceder la medida cautelar para el efecto de que la averiguación previa no se paralice, sino que continúe con las diligencias necesarias hasta su culminación y previo a su determinación esperar que se decida la suspensión definitiva.
31. Incidente de suspensión (revisión) **********.
La correspondiente demanda de amparo la promovió el quejoso Miguel Ángel Chischistz Rodríguez o Miguel Ángel Cheschistz Rodríguez, quien identificó como actos reclamados las órdenes de localización, presentación o aprehensión libradas en su contra, así como su ejecución, actos que atribuyó al Juez Sexagésimo Segundo Penal, procurador general de Justicia y jefe general de la Policía de Investigación dependiente del referido procurador, todos autoridades de la Ciudad de México.
De la misma correspondió el conocimiento a la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien ordenó su registro con el número **********. En audiencia incidental de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, negó y concedió la suspensión definitiva.
Disconforme con esa resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, al resolver el Tribunal Colegiado de referencia, consideró que los conceptos de agravio hechos valer devienen inoperantes e infundados.
Previamente se destacó que el Juez Sexagésimo Segundo Penal por Ministerio de Ley y el director general de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales en ausencia del jefe general de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, aceptaron la emisión y ejecución, respectivamente de la orden de aprehensión dictada el veintiocho de julio de dos mil dieciséis, en la causa penal **********, por la probable responsabilidad de Miguel Ángel Chischistz Rodríguez o Miguel Ángel Cheschistz Rodríguez, en la comisión del delito de fraude procesal, considerado grave.
Ante ello, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 124 y 136 de la Ley de Amparo abrogada, concedió la suspensión definitiva para el efecto de que una vez que el quejoso sea aprehendido, quede a disposición de la Juez de Distrito, en lo que se refiere a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y a la disposición del Juez del proceso para la continuación de éste.
Determinación que el cuerpo colegiado estimó acertada, entre otras cosas, porque no es posible aplicar el contenido del artículo 19 constitucional en su texto posterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, en atención a que en el cuarto transitorio de dicha reforma claramente se dispuso que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, previsto en los artículos 16, párrafos segundo y décimo tercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serían concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.
Abundó, que acorde con el segundo párrafo del transitorio segundo del decreto por el que se reformó la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la suspensión se regirá conforme a la ley de la materia abrogada, en virtud de que en la demanda de amparo no se advirtió que los actos reclamados se emitieran conforme al nuevo sistema procesal penal acusatorio.
Así, concluyó que el acto reclamado no se emitió con base en las disposiciones de ese nuevo sistema, por lo que los normativos constitucionales que lo rigen y que, en su caso deben observarse, son los vigentes antes de la reforma de dos mil ocho.
32. Incidente de suspensión (revisión) **********.
Óscar Colín Guadarrama promovió demanda de amparo de la que correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y lo registró bajo el consecutivo **********. Señaló como autoridades responsables a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto y Sexto, todos de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, así como los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, todos de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, procuradora general de la República, titular de la Policía Federal Ministerial y director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales, ambos de la Procuraduría General de la República. Asimismo, como actos reclamados señaló la orden de aprehensión o reaprehensión y su ejecución.
El uno de agosto de dos mil dieciséis, el Juez de Distrito concedió la suspensión provisional. El día once siguiente celebró la audiencia incidental y emitió la resolución recurrida, en la que por una parte, negó al quejoso la suspensión definitiva solicitada, respecto de los actos atribuidos a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto y Sexto, todos de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México; Jueces Primero a Cuarto y Sexto, todos de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y procuradora general de la República. Asimismo, concedió al impetrante la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados al Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, titular de la Policía Federal Ministerial y director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Procuraduría General de la República.
En desacuerdo con esa resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión.
El Tribunal Colegiado determinó que los agravios son parcialmente fundados pero insuficientes para revocar o modificar la resolución recurrida.
Para arribar a esa conclusión, el tribunal de control constitucional destacó que en la determinación combatida se especificó que el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión de ocho de octubre de dos mil catorce, emitida en la causa penal **********, en la que el veintidós de junio de ese año, se dictó auto de formal prisión, por los delitos de defraudación fiscal equiparada, previsto en el artículo 109, fracción II, sancionado en el numeral 108, fracción III, del Código Fiscal de la Federación vigente en la época de los hechos (dos mil nueve), agravado en términos del inciso e) del referido ordinal 108, y defraudación fiscal equiparada, previsto en el dispositivo 109, fracción I, sancionado en el artículo 108, fracción III, del ordenamiento legal antes invocado, y su ejecución.
Ahora bien, se destacó que para otorgar la medida cautelar el Juez de amparo respaldó el sentido de su fallo en los artículos 125, 128, 138, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo en vigor, para el único efecto de que el quejoso quedara a su disposición en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar donde fuera recluido y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento que se le instruye.
Respecto de ello, el Tribunal Colegiado consideró que fue incorrecta la determinación del Juez de amparo, en virtud de que debió atender a que el acto reclamado se emitió en un procedimiento penal seguido bajo el sistema procesal mixto, por lo que debió aplicar la normatividad de la Ley de Amparo abrogada.
En efecto, arribó a ese convencimiento con base en las consideraciones expuestas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 75/2014 y que derivó en la jurisprudencia 1a./J. 32/2015 (10a.), por lo que de la interpretación sistemática y teleológica de los artículos primero, segundo y décimo transitorios de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, tratándose del trámite y la resolución de un incidente de suspensión en materia penal, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, por disposición expresa del párrafo segundo del artículo décimo transitorio citado, deben aplicarse las disposiciones previstas en la Ley de Amparo abrogada en todo lo concerniente a la tramitación y resolución de dicha medida cautelar.
Asimismo, se precisó que no es válido establecer que la "parte general" fuera regulada por la nueva Ley de Amparo y la relativa específicamente a la "suspensión en materia penal" por la legislación abrogada, pues la aplicación simultánea de ambas legislaciones en un caso concreto, derivaría en la generación de inseguridad jurídica para las partes; por ello, dado que el proceso penal instaurado contra el quejoso y en específico la orden de reaprehensión combatida, no se dictó conforme a las disposiciones del nuevo sistema penal acusatorio, el juzgador de control constitucional debió aplicar la Ley de Amparo abrogada.
Agregó que tampoco debe considerarse el contenido del artículo 19 constitucional en su texto posterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, pues en términos del cuarto transitorio de dicha reforma, los procedimientos penales iniciados con anterioridad al nuevo sistema penal, deben concluirse con base en las disposiciones legales vigentes en ese momento.
Asimismo, indicó que la circunstancia de que se derogara el décimo transitorio de la Ley de Amparo en vigor, no constituye una circunstancia que favorezca la pretensión del quejoso, en cuanto a que se ordene su libertad con motivo de la suspensión.
Esto es así, porque tal derogación se entiende en el marco de la entrada en vigor en su totalidad del nuevo sistema penal procesal acusatorio, máxime que de conformidad con el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, enfáticamente se estableció que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este sistema serían concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad.
Es por ello, que aun cuando a partir del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, entró en vigor en todo el territorio nacional el sistema procesal penal acusatorio, no significa que a los asuntos ya iniciados deban aplicárseles las disposiciones concebidas bajo el nuevo paradigma procesal penal, pues tal aplicación está sujeta al presupuesto elemental relativo a que la tramitación del asunto se haya iniciado bajo el nuevo sistema de justicia penal.
Con base en esa línea argumentativa, concluyeron que para resolver sobre la suspensión del acto reclamado de naturaleza penal, es indispensable verificar la legislación bajo la cual se inició la causa de la que emana dicho acto, porque será esta circunstancia la que determine si es la Ley de Amparo en vigor o la abrogada, la que se observará, ya que no deben aplicarse disposiciones creadas para un sistema que se rige por determinados principios a un asunto iniciado bajo la vigencia de otro sistema, cuyos postulados son distintos.
33. Incidente de suspensión (revisión) **********.
Francisco Roa Flores, promovió demanda de amparo contra la orden de aprehensión de cuatro de noviembre de dos mil quince, emitida en su contra por su probable intervención en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, así como su ejecución.
El conocimiento de tal demanda correspondió a la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien la radicó con el número **********. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, ordenó la apertura del incidente de suspensión y concedió la suspensión provisional de los actos combatidos.
El siete de noviembre de esa anualidad celebró la audiencia incidental y emitió resolución interlocutoria en la que otorgó la suspensión definitiva de los actos; inconforme con la misma el quejoso interpuso recurso de revisión.
Para arribar a esa conclusión, la juzgadora tomó en consideración las disposiciones normativas de la Ley de Amparo abrogada, lo anterior, de con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27692-bd8783bd/incidente-de-suspension-en-el-amparo-indirecto-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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