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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. NO ES PROCEDENTE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO PARA CONCEDERLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 89/2023. · Registro digital (IUS): 32882
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo V, Volumen 1, Pág.33.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 89/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 9 DE ENERO DE 2024. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.

El problema jurídico que resolverá el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar:

• (i) si existe la contradicción de criterios denunciada y

• (ii) si la autoridad responsable debe considerar la apariencia del buen derecho en la suspensión en amparo directo.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. El Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en Villahermosa, Tabasco, denunció una posible contradicción de criterios entre dos tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones del país. La contradicción de criterios fue denunciada en los siguientes términos:

(...) que la forma de pronunciarse respecto de la suspensión en el juicio de amparo directo es muy distinta para ambos Tribunales Colegiados de Circuito, pues mientras uno de ellos estimó que la apariencia del buen derecho no se puede tomar en cuenta al ser únicamente aplicable para el sumario constitucional en la vía indirecta, el otro órgano judicial sí la tomó en consideración para otorgar la suspensión en un juicio de amparo directo.

2. El primer criterio contendiente es el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Al resolver el recurso de queja 432/2019, éste determinó que la suspensión en amparo directo no procede a partir de un ejercicio que determine la apariencia del buen derecho del quejoso y que lo pondere con otros elementos. Por lo mismo, tal medida cautelar tampoco tiene efectos restitutorios, lo anterior, en virtud de que las reglas previstas en los artículos 138 y 147 de la Ley de Amparo son propias de la suspensión en el juicio de amparo indirecto y no aplicables al uniinstancial, máxime que el diverso artículo 190 de la ley en cita las excluye al no contemplarlas como aplicables.

3. Por otro lado, está el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. En el recurso de queja 295/2020, éste resolvió que la suspensión en amparo directo sí puede concederse basándose en la apariencia del buen derecho, pues se reconoce la facultad de los órganos del Poder Judicial de la Federación, para que, al resolver un caso concreto, realicen un ejercicio valorativo o de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, a fin de determinar la procedencia y alcances de la suspensión del acto reclamado, actividad que queda comprendida y se vincula estrechamente con su función de individualizar la norma al caso concreto, para lo cual deberán atender a las circunstancias relevantes del caso y a los intereses en pugna.

4. Trámite de la denuncia. La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y ordenó su registro con el número de expediente 89/2023, mediante acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés. En ese mismo proveído se turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y se les solicitó a ambos tribunales colegiados una copia certificada de la ejecutoria en donde expresaron su criterio y un informe acerca de si el criterio se encuentra vigente en su órgano jurisdiccional.

5. Por auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, la Presidenta del Alto Tribunal tuvo por cumplido el requerimiento, pues ambos tribunales informaron que el criterio denunciado continua vigente, y se declaró integrado el expediente ordenando su envío al Ministro Ponente para su resolución.

I. COMPETENCIA

6. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente contradicción de criterios. Esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 226, fracción II, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Segundo, fracción V, del Acuerdo General 1/2023, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis en materia común, suscitada entre tribunales colegiados de distinto circuito.

II. LEGITIMACIÓN

7. La denuncia de la presente contradicción de tesis proviene de parte legitimada, pues fue presentada por Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral de Asuntos Individuales en Villahermosa, Tabasco.

8. Así, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

III. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

9. La primera pregunta constitucional que este Alto Tribunal debe contestar es:

• ¿Existe la contradicción denunciada?

10. Esta pregunta se contesta de manera afirmativa al tenor de lo siguiente. Este Tribunal Pleno ha establecido que, para que se actualice la contradicción de tesis, basta con que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

11. El criterio de referencia se encuentra previsto en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.(1)

12. Conforme a dicho criterio, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales: es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos. Debe de constatarse que esa variación o diferencia no incida en el problema jurídico resuelto, sino que se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales y que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

13. Así, para considerar existente una contradicción de tesis, deben actualizarse los siguientes requisitos:

a. Los tribunales contendientes deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente respecto a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

14. En el caso, se actualizan todos los requisitos de referencia, tal y como se demuestra a continuación.

15. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.

16. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el recurso de queja 432/2019, resolvió que resultó correcto que la suspensión fuera concedida en el juicio de amparo para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en tanto no se haya ejecutado alguna parte de la sentencia, en la inteligencia de que de haberse hecho así, la suspensión surtirá sus efectos para los restantes actos.

17. Sostuvo tal determinación en que la suspensión en amparo directo surte efectos, es eficaz y opera hacia el futuro en el momento mismo en el que se concede. Tal medida cautelar no se concede a partir de un ejercicio que determine la apariencia del buen derecho de la quejosa y que lo pondere con otros elementos; por lo que tampoco tiene efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia de amparo.

18. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa revocó la negativa de suspensión del acto reclamado, en el que la autoridad responsable se negó a disminuir el porcentaje fijado de pensión alimenticia, por considerar que se conculcarían disposiciones de orden público, en términos del artículo 129, fracción IX, de la Ley de Amparo.

19. Observó que el artículo 107, fracción X, Constitucional realiza un ejercicio valorativo o de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, a fin de determinar la procedencia y alcances de la suspensión del acto reclamado.

20. Asimismo, de los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo abstrajo que existen dos requisitos legales para conceder la medida suspensiva: a) la solicitud del quejoso y b) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y que, en este último punto tiene incidencia el mandato constitucional de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, para establecer la posibilidad de otorgarla cuando, de negarse la medida, los daños o perjuicios que se pudieran ocasionar al particular sean mayores a los que se le pudiera ocasionar al interés social, en caso contrario.

21. De lo anterior obtuvo que se deben analizar o ponderar las circunstancias del caso específico para determinar si a la parte quejosa le asiste una apariencia del buen derecho que lleve a considerar que, de negar la suspensión del acto reclamado, se afectaría en mayor grado al interés social, pues implicaría dejar vivo innecesariamente un acto o una ley a todas luces inconstitucional, durante toda la sustanciación del juicio de amparo.

22. Asimismo, apuntó que dejar vivo un acto con alto grado de apariencia de inconstitucionalidad conllevaría anular la referida posibilidad de atender a la apariencia del buen derecho, prevista en la norma fundamental y se impediría que la medida cautelar surtiera sus efectos de protección anticipada, que es precisamente lo que pretende salvaguardarse con dicha posibilidad.

23. Por lo anterior, consideró viable otorgar la medida cautelar con efectos limitados a fin de salvaguardar los derechos de ambas partes y evitar daños y perjuicios al quejoso durante la substanciación del juicio de amparo y a efecto de tutelar anticipadamente su derecho aparente.

24. Por último, agregó que la suspensión participa de las características de una medida cautelar, de modo que, para otorgarla, se requiere el análisis de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y que no exista impedimento jurídico o material.

25. En virtud de lo anterior, es claro que los tribunales colegiados contendientes ejercieron el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo centrado en la posibilidad de estudiar la apariencia del buen derecho a efecto de otorgar la suspensión en el juicio de amparo directo.

26. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Ahora bien, este Tribunal Pleno considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existe un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico.

27. En efecto, mientras el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito considera que, de acuerdo con el artículo 190 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión en amparo directo no se requiere un ejercicio que determine la apariencia del buen derecho de la parte quejosa y su ponderación con otros elementos; el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en cambio, sí lo toma en cuenta.

28. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Derivado de lo anterior, este Tribunal Pleno observa que los criterios de los tribunales contendientes dan lugar a la formulación de una genuina pregunta. Concretamente, el problema por resolver admite ser fraseado de la siguiente manera:

• ¿La Autoridad Responsable debe observar la apariencia del buen derecho para conceder la suspensión en amparo directo?

IV. ESTUDIO DE FONDO

29. Como respuesta al cuestionamiento anterior, debe prevalecer el criterio sustentado por este Tribunal Pleno al tenor de las consideraciones que se desarrollan en el presente apartado.

30. El artículo 107, fracciones X y XI,(2) de la Constitución Federal establece la procedencia de la suspensión y, en particular, la competencia de la autoridad responsable para decidir sobre dicho aspecto en materia de amparo directo.

31. La Ley Reglamentaria establece, en la Sección Cuarta "Suspensión del acto reclamado" del Capítulo II "El amparo directo", las condiciones a las que la suspensión está sujeta.

32. En particular, el artículo 190(3) de la Ley prescribe que la autoridad responsable decidirá sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad, en un plazo de veinticuatro horas a partir de que la parte quejosa lo solicita.

33. Además, establece expresamente que artículos de la Ley de Amparo —125,(4) 128,(5) 129,(6) 130,(7) 132,(8) 133,(9) 134,(10) 135,(11) 136,(12) 154(13) y 156(14)— son aplicables a dicha medida cautelar en amparo directo, con excepción de la materia penal. Tales preceptos se encuentran en el diverso Capítulo I "El amparo indirecto", en la Sección Tercera "Suspensión del acto reclamado" y en la Primera Parte "Reglas generales". De ahí que pueda afirmarse que a la suspensión en amparo directo le resultan aplicables algunas reglas generales previstas para la suspensión en la vía indirecta del juicio constitucional. En síntesis, estas reglas son:

• La suspensión del acto reclamado se decreta de oficio o a petición del quejoso.

• Salvo en los casos en los que procede de oficio, se decreta siempre que (i) la solicite el quejoso; y, (ii) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

• Se tramita por separado y por duplicado.

• Existen determinados casos en los que se presume, salvo prueba en contrario, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público.

• Se puede pedir en cualquier tiempo.

• Se debe otorgar garantía bastante en los casos en los que se pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero. Sin embargo, la suspensión queda sin efecto si el tercero otorga contragarantía.

• La suspensión surte sus efectos desde el momento en que se pronuncia, aun y cuando sea recurrido.

• La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria.

34. De lo anterior se puede decir que, cuando una de las partes en un medio ordinario de defensa considera que en la resolución definitiva o durante el procedimiento se vulneraron sus derechos fundamentales, puede promover el juicio de amparo directo ante la autoridad responsable y, con su demanda, puede plantear el incidente de suspensión.

35. Respecto de la medida cautelar en el juicio de amparo directo, la autoridad debe pronunciarse en las siguientes veinticuatro horas, observando si se sigue perjuicio al interés social o si se contravienen disposiciones de orden público. Si se considera que se puede generar un daño a tercero, puede supeditar la eficacia de la medida cautelar a una garantía bastante a cargo del quejoso, con la que, dado el caso, se pueda para reparar el potencial daño que se cause con la dilación de la ejecución del acto reclamado.

36. A mayor abundamiento, puede decirse que la suspensión en amparo directo se puede decretar de oficio o a petición de parte, siempre que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, además de que se tramita en incidente por separado y por duplicado y puede solicitarse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria.

37. Ahora bien, la materia de la presente contradicción de criterios es la apariencia del buen derecho y su aplicabilidad en la suspensión que se dicta en el amparo directo. Esta figura se encuentra prevista en el artículo 138 de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación.

Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:

I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;

II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y

III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.

38. De acuerdo con lo transcrito, una vez que el quejoso promueve el incidente de suspensión, el órgano que conoce del juicio constitucional principal debe de pronunciarse sobre la suspensión provisional. Para determinar si concede o niega esa medida cautelar debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, por un lado, y, de la no afectación del interés social y al de orden público, por el otro.

39. Es decir, la figura de la apariencia del buen derecho es un requisito para el otorgamiento de la suspensión provisional, según el cual el juez de distrito —o quien conozca del amparo indirecto— debe hacer un análisis preliminar de la probable inconstitucionalidad del acto reclamado, con la idea de que, en los casos de actos arbitrarios, el quejoso no sufra injustificadamente la afectación derivada del acto de autoridad mientras se resuelve el fondo del asunto. Así, la labor jurisdiccional en esa medida cautelar consiste en determinar la probable inconstitucionalidad en relación con la no afectación del interés social.(15)

40. Así, el núcleo de la ponderación realizada en el auto inicial del incidente planteado consiste en determinar, con base en el conocimiento superficial del caso que resulta del estudio preliminar, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia declare inconstitucional el acto; además del peligro en la demora.(16) Es un ejercicio judicial en el cual quien conoce de la suspensión debe identificar el perjuicio que puede sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto, omisión o norma reclamados y el daño que sufre la sociedad o los beneficios que deja de percibir en caso de no ejecutarse el acto. Una vez identificados, debe relacionarlos, confrontarlos y armonizarlos para decidir cuál debe ser protegido o en qué medida pueden hacerse compatibles uno con el otro. Una vez hecho el análisis, concede o niega la suspensión provisional.(17) 41. Ahora, este Tribunal Pleno observa que esta figura no tiene cabida en la suspensión que se dicta en el amparo directo debido a que su fundamento no se encuentra referido dentro de las reglas a las que se refiere el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo.

42. En este sentido, no puede decirse que el legislador ordinario facultó a la autoridad responsable a observar la apariencia de buen derecho para conceder la mencionada medida cautelar en amparo directo.

43. Por el contrario, debe entenderse que no fue voluntad del legislador que la autoridad responsable conceda la suspensión en amparo directo bajo la óptica de la apariencia del buen derecho; prefirió que en una sola resolución se concediese la suspensión definitiva, siempre que esta fuera solicitada, no se causase un perjuicio al orden público o al interés social y que, en todo caso que se considerase que existe una posibilidad de que se genere un daño a un tercero, cabe la posibilidad de que se establezca una garantía a cargo del quejoso.

44. De esta manera, este Tribunal Pleno observa que de una interpretación gramatical y sistemática no se desprende que fuese la voluntad del legislador que la autoridad responsable observe la apariencia del buen derecho para conceder la suspensión en amparo directo. Sin embargo, juzga oportuno preguntarse si en un momento dado sería óptimo para el justiciable que se aplicase la apariencia del buen derecho en la suspensión que se dicta en amparo directo.

45. La respuesta a ese cuestionamiento es negativa, pues la aplicación de tal institución no es compatible con el trámite del amparo directo y su suspensión, como se ve a continuación.

46. Primero, porque es un contrasentido que la misma autoridad que dictó el auto observe si existe apariencia del buen derecho. En la suspensión provisional en amparo indirecto se le otorga al juez de distrito la facultad de conceder la suspensión si considera, de un análisis preliminar, que el quejoso es susceptible de obtener la protección constitucional. Se trata del primer contacto que tiene el juzgador de amparo con el acto objeto de la litis constitucional.

47. Por el otro lado, de acuerdo con los artículos 176(18) y 190,(19) el amparo directo y su suspensión se promueven ante la autoridad responsable. Quien promueve estima que la resolución definitiva reclamada, emitida por la responsable, es inconstitucional y que le causa un agravio en su esfera jurídica.

48. Por lo tanto, este Tribunal Pleno considera que es ilógico que sea la propia autoridad responsable quien otorgue la suspensión en amparo directo bajo un esquema de apariencia del buen derecho, ya que no es el primer contacto que tiene con el acto reclamado y no sería un análisis preliminar de la constitucionalidad del acto, sino que sería la revisión de un acto que ella misma dictó.

49. Además, aun y cuando la apariencia de buen derecho no se utiliza para negar la suspensión, resulta un contrasentido que la autoridad responsable realice un análisis preliminar de su propio acto y que, en consecuencia, determine la concesión o no de la medida cautelar.

50. En este tenor, este Tribunal Pleno considera que no debe aplicarse la figura de la apariencia del buen derecho en la suspensión del amparo directo. La ponderación de tal figura pondría al quejoso en una posición desfavorable, ya que la inejecución del acto reclamado quedaría supeditada al arbitrio de la propia autoridad jurisdiccional que dictó la resolución reclamada. La cual, aun y cuando no lo desee, tendría una visión viciada del acto al ser la autora de este.

51. Segundo, se debe de entender que los únicos requisitos para conceder la suspensión en amparo directo son los previstos por los artículos 128 y 134, en relación con el artículo 190, tercer párrafo de la Ley de Amparo. Como se dijo, en una interpretación gramatical, para que se conceda la suspensión en amparo directo, se deben satisfacer dos requisitos:

(1) Que la solicite el quejoso y

(2) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

52. Como se observa, se trata de meros requisitos de legalidad en los que únicamente se debe constatar si se cumplen o no. Inclusive, en algún momento se interpretó que en el amparo directo civil bastaba con que el quejoso diese una fianza que garantizase los daños y perjuicios para que se le concediese la suspensión de la ejecutoria.(20) Esto es, no debe de revisar su acto para otorgar la medida cautelar solicitada, sino que debe constatar que (i) le haya sido pedida y (ii) que no se siga perjuicio al interés social ni que contravenga disposiciones de orden público.

53. Por otro lado, este Tribunal Pleno considera necesario afirmar que no se deben exigir mayores requisitos que los que formal y textualmente estableció el legislador. Estimar lo contario resultaría en una violación al principio de tutela judicial efectiva, como se explica a continuación.

54. La tutela judicial efectiva, reconocida en los artículos 17 constitucional y 8, párrafo 1, y 25, párrafo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deben tener presente la ratio de la norma para evitar formalismos que impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.(21)

55. Esto es, en aras de una auténtica tutela judicial, los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstas, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento del fondo del asunto.

56. En ese sentido, los requisitos para admitir juicios, incidentes o recursos son de interpretación estricta, para no limitar, en la medida de lo posible el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.(22)

57. Cuando se interpreten los requisitos de procedencia debe hacerse bajo el principio de in dubio pro actione: aunque deben observarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes y recursos, sus requisitos deben analizarse de manera que se favorezca su procedencia.(23)

58. Aunado a lo anterior, se puede observar la exigencia de un requisito desde la óptica del principio de legalidad. Esto es, que los operadores jurídicos solamente pueden exigir los requisitos de procedibilidad de juicios, incidentes y recursos que determina la ley.(24)

59. En otros términos, los órganos jurisdiccionales deben tener claras las facultades y atribuciones que delimitan su ámbito o esfera competencial en función de los medios de impugnación cuyo conocimiento les ha sido constitucional y legalmente conferido. Por lo que en casos donde no exista claridad respecto de si debe exigirse un requisito o no, debe preferirse la protección del derecho de acceso a la jurisdicción.

60. Tercero, la institución resulta innecesaria puesto que el análisis del interés que tiene embebido se da por supuesto en el caso del amparo directo. Debe señalarse también que, cuando se concede la suspensión provisional en amparo indirecto, donde debe actualizarse la apariencia del buen derecho, debe existir algún indicio del interés suspensivo de la quejosa o de la existencia de un derecho que será afectado de ejecutarse el acto reclamado, mediante las pruebas que obren en el incidente.(25)

61. Lo anterior resultaría innecesario dentro de la mecánica del amparo directo, en el que, con independencia del carácter que hayan tenido en el juicio natural, al momento de promover el juicio de protección constitucional tienen un interés en juego.

62. En otras palabras, las condiciones existentes en la suspensión provisional de amparo indirecto son diametralmente distintas a las habidas en la suspensión en amparo directo. A diferencia del primero, en el segundo existe sí o sí un interés jurídico, por lo que lo único que resta debatir es el grado de afectación al orden público e interés social y, en todo caso, como se puede proteger a un tercero para el caso en el que se demore la ejecución del acto reclamado.

63. Cuarto, el conocimiento del acto que tiene la autoridad es distinto en cada caso. Es cierto que en uno y otro caso es la primera resolución que se dicta dentro de un cuaderno incidental.

64. Sin embargo, difieren profundamente en cuanto a que, en el primer caso, se dicta en un momento procesal en el que apenas se tienen indicios de la existencia de un interés y de la naturaleza del acto; mientras que, en el segundo, se tiene pleno conocimiento del interés jurídico que puede llegar a tener el quejoso y de la existencia del acto reclamado, ya que fue dictado por la misma autoridad que se pronuncia sobre la medida cautelar. De ahí el conocimiento que tiene la autoridad que dicta en cada caso sea distinto.

65. Por lo anteriormente expuesto, este Tribunal Pleno considera que la apariencia del buen derecho no tiene cabida en la suspensión que se dicta en el amparo directo. Primero, porque la ley no lo autoriza de manera expresa y, segundo, porque contraviene la mecánica de la suspensión en amparo directo.

V. TESIS QUE RESUELVE LA CONTRADICCIÓN

66. Por las razones expresadas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 215, 217 y 225 de la Ley de Amparo, se concluye que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la siguiente tesis:

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a criterios contradictorios en relación con si debe analizarse la apariencia del buen derecho para conceder la suspensión en amparo directo. Mientras que uno consideró que para concederla no se requiere determinar la apariencia del buen derecho de la parte quejosa y su ponderación con otros elementos, el otro concluyó lo contrario.

Criterio jurídico: Los Tribunales Colegiados de Circuito no deben analizar la apariencia del buen derecho para determinar si conceden la suspensión en amparo directo.

Justificación: El artículo 190 de la Ley de Amparo establece cuáles son las reglas

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32882-bf4f7456/suspension-en-amparo-directo-no-es-procedente-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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