NORMAS OFICIALES MEXICANAS. LAS IRREGULARIDADES FORMALES EN LAS SESIONES DE APROBACIÓN DEL PROYECTO Y DE PUBLICACIÓN DE LA NORMA DEFINITIVA, CONSTITUYEN VICIOS QUE PROVOCAN SU INVALIDEZ.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 53/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, CUARTO, SÉPTIMO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO OCTAVO, DÉCIMO NOVENO, VIGÉSIMO Y VIGÉSIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 31 DE AGOSTO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO QUIEN VOTÓ CON SALVEDADES, ASÍ COMO EL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIOS: XARENI QUIROZ REYES Y GUSTAVO RUÍZ CABAÑAS MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
27. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; el considerando quinto del Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; en relación con los diversos numerales 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, y 2o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente.
28. El asunto que nos ocupa se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, de manera que las determinaciones en pugna fueron dictadas dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para homogeneizar criterios.
29. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; ello, puesto que fue formulada por conducto de su representante legal, parte quejosa en el amparo directo DA. 251/2021 del índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
30. TERCERO.—Cuestión previa. Como se señaló en los resultandos de esta resolución, el presidente del entonces Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito al admitir la contradicción de criterios señaló que uno de los criterios contendientes era el amparo directo DA. 583/2020 del índice del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
31. Por su parte, la presidencia de este Pleno Regional, al admitir la presente contradicción y requerir los informes correspondientes, lo hizo también respecto del DA. 583/2020 en comento, y el Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado, al rendir el informe correspondiente manifestó que dicho criterio continuaba vigente.
32. Sin embargo, como se adelantó, dicho criterio no fue materia de la denuncia de contradicción de criterios que nos ocupa; en consecuencia, este Pleno Regional estima que no debe considerarse como uno de los criterios contendientes y, por ende, no debe emitirse pronunciamiento alguno al respecto.
33. CUARTO.—Criterios denunciados. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas, las cuales se enunciarán conforme al sentido adoptado por los órganos contendientes, sintetizándose en primer lugar aquellos en los que tras la revisión se negó la protección constitucional y, posteriormente, aquellos en los que en la revisión se determinó conceder el amparo.
Criterio del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo con número de expediente DA. 251/2021.
34. Juicio de nulidad. La parte actora demandó la nulidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017 denominada "Instrumentos de medición-sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones; métodos de prueba y de verificación".
35. De dicho juicio de nulidad correspondió conocer a la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y seguida la secuela procesal, el cinco de marzo de dos mil veintiuno, dictó sentencia en la que reconoció la validez de los actos impugnados.
36. Juicio de amparo. En desacuerdo con la anterior determinación, la quejosa promovió juicio de amparo, en el que el órgano colegiado determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando que se debía atender a lo dispuesto en los artículos 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los cuales establecían los procedimientos previos a la emisión de las normas oficiales mexicanas (anteproyecto y proyecto), así como el de la expedición del proyecto como tal; los entes interesados en participar en cada etapa y las reglas a las que se encuentra sujeta su elaboración y modificación, de los que se desprendía la participación de las dependencias a las que corresponde la regulación o control del producto, servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia a normalizarse y, por ende, la elaboración de los anteproyectos; que a los comités consultivos nacionales de normalización compete elaborar los proyectos de las normas oficiales mexicanas; los organismos nacionales de normalización que participan en la formación y modificación de dichas normas, así como que todo interesado –personas que podrán presentar a las dependencias, propuestas de normas oficiales mexicanas– puede formular comentarios, los cuales serán analizados por el comité consultivo nacional de normalización correspondiente; esto es, que la propia ley establecía la participación de los interesados en la previa elaboración de las normas como tales.
37. Sin embargo, se señaló que la participación de dichos sectores era con el objeto precisado en la exposición de motivos de dicha legislación, consistente en que la ciudadanía pudiera tener intervención en la elaboración de las normas oficiales, con la finalidad de que existiera una mayor democratización y efectividad de las mismas.
38. Se agregó que conforme a la exposición de motivos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se advierte que se pretendió hacer más transparente la manera como las autoridades administrativas elaboraban el anteproyecto de las normas oficiales mexicanas, y permitir en esta etapa previa, la participación de los diferentes sectores de la sociedad, sea con propuestas de normas oficiales mexicanas, o bien, formulando observaciones o comentarios a los anteproyectos y proyectos, respectivamente; asimismo, que los anteproyectos deben ir acompañados de una manifestación de impacto regulatorio, que incluirá la explicación sucinta de la finalidad de la norma oficial mexicana, la descripción de las medidas propuestas, las alternativas consideradas y las razones por las cuales fueron desechadas, la descripción general de las ventajas y desventajas, los costos y beneficios, el análisis de factibilidad técnica y adicionalmente la existencia de infraestructura.
39. Así, se señaló que se advertía que existía un procedimiento previo para la elaboración de los anteproyectos de las normas oficiales mexicanas, que no crean, modifican o extinguen situaciones que afecten la esfera legal de los gobernados, en razón de que los emiten los órganos que participan en su elaboración preliminar, con el único fin de opinar acerca del anteproyecto, o bien, del proyecto, siendo que, lo que sí puede impactar en la esfera jurídica de los gobernados, es propiamente, la expedición de la norma oficial mexicana.
40. Con base en lo anterior, se desestimaron las inconformidades de la parte quejosa, en el sentido de que se incumplió con las condiciones previstas para las convocatorias, y nombramientos de representantes de cada integrante del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio; así como del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía; que los referidos comités no hayan observado las reglas normativas de operación para su funcionamiento; que no existieran registros, informes, sesiones y actas en que se comprobara la identidad de los integrantes que participaron en la creación del anteproyecto de la norma, o bien, el lapso excesivo que a juicio de la quejosa, demoró la creación de la norma impugnada, pues de ningún modo implica que tales cuestiones impacten de tal forma que conduzcan a su ilegalidad; máxime que tampoco se considera que se trata de cuestiones que trasciendan al contenido de la norma.
41. Citando en apoyo a sus consideraciones la jurisprudencia P./J. 10/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TIEMPO COMPARTIDO. AUN CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-SCFI2010, PRÁCTICAS COMERCIALES-REQUISITOS INFORMATIVOS PARA LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, NO SE OBSERVARON PUNTUALMENTE TODOS LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, ESA CIRCUNSTANCIA NO PROVOCA SU INVALIDEZ."
42. Lo anterior, puesto que determinó que las diversas etapas de creación de los anteproyectos de las normas oficiales mexicanas, como proceso interno, no tenían efectos hacia el exterior, es decir, que no modificaban o afectaban la situación jurídica de los gobernados, por lo que los defectos o anomalías que pudieran presentar no impactaban en sus derechos fundamentales; por lo que las irregularidades que destacaba la quejosa, de ninguna manera trascendían a la constitucionalidad de la norma oficial mexicana, al tratarse de trabajos previos que mientras no se aprueben y publiquen, no podían ocasionar un agravio; de ahí que no trascendía a su esfera jurídica de derechos, el que no se observara puntualmente lo que disponían los artículos que conforman el capítulo V, denominado "De los Comités Consultivos Nacionales de Normalización", que comprende los preceptos 62, 63 y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por lo que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa.
Criterio del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo con número de expediente DA. 87/2020.
43. Juicio de nulidad. La parte actora promovió demanda de nulidad contra la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, "Instrumentos de medición-sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones; métodos de prueba y de verificación".
44. De dicho juicio de nulidad correspondió conocer a la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y seguida la secuela procesal, el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictó sentencia reconociendo la validez del acto impugnado.
45. Juicio de amparo. Inconforme con la determinación anterior, la parte actora, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo directo, del que por razón de turno correspondió conocer al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró bajo el número de expediente DA. 87/2020, y seguida la secuela procesal, en sesión de cuatro de agosto de dos mil veinte, determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa de acuerdo a las siguientes consideraciones.
46. La parte quejosa alegó una omisión de estudio por parte de la Sala del conocimiento respecto del argumento relativo a la ilegalidad en el proceso de creación de la norma oficial mexicana impugnada, en el sentido de que no se reunió el quórum necesario para su aprobación; esta omisión fue calificada como infundada toda vez que se consideró que contrario a ello, la Sala del conocimiento sí atendió los planteamientos de la actora resolviendo el punto sometido a su jurisdicción, declarando infundados sus argumentos, en el sentido de que para aprobar el proyecto de la norma no se conformó el quórum de ley, por lo que carece de validez, así como que, para la creación de la norma oficial mexicana no se cumplió lo previsto en el artículo 5 de las Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, en lo relativo a que los integrantes de dicho comité hayan acreditado tener nivel de director o su equivalente, aunado a que la solicitante del amparo no controvirtió dichas consideraciones de la Sala.
47. De igual forma, se señaló que sobre el tema de fondo planteado por la quejosa, dicho órgano jurisdiccional consideraba que durante el proceso de formación de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, se habían seguido las etapas legales para la emisión, cumpliéndose el fin último buscado con el proceso de creación, es decir, que la norma fue emitida por la autoridad competente y publicada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación; luego, señaló que no comulgaba con el argumento de la quejosa relativo a que las anomalías que señalaba vulneran sus derechos humanos, en tanto que la emisión de la norma reclamada sí se apegaba a los principios constitucionales de legalidad a que se refería el artículo 16 constitucional.
48. Para sustentar su consideración, el Tribunal Colegiado señaló que se debía atender a lo dispuesto en los artículos 43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los cuales establecían:
49. - Los procedimientos previos a la emisión de las normas oficiales mexicanas (anteproyecto y proyecto);
50. - La expedición del proyecto como tal;
51. - Los entes interesados en participar en cada etapa;
52. - Las reglas a las que se encuentra sujeta su elaboración y modificación;
53. - La participación de las dependencias a las que corresponde la regulación o control del producto, servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia a normalizarse;
54. - La elaboración de los anteproyectos; que a los comités consultivos nacionales de normalización compete elaborar los proyectos de las normas oficiales mexicanas;
55. - Los organismos nacionales de normalización que participan en la formación y modificación de dichas normas; y,
56. - Todo interesado –personas que podrán presentar a las dependencias, propuestas de normas oficiales mexicanas– pueden formular comentarios, los cuales serán analizados por el comité consultivo nacional de normalización correspondiente; esto es, que la propia ley establecía la participación de los interesados en la previa elaboración de las normas como tales.
57. Sin embargo, se señaló que la participación de dichos sectores es con el objeto precisado en la exposición de motivos de dicha legislación, consistente en que la ciudadanía pueda tener intervención en la elaboración de las normas oficiales, con la finalidad de que exista una mayor democratización y efectividad de las mismas.
58. Se agregó que conforme a la exposición de motivos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se pretendió hacer más transparente la manera como las autoridades administrativas elaboraban el anteproyecto de las normas oficiales mexicanas, y permitir en esta etapa previa, la participación de los diferentes sectores de la sociedad, sea con propuestas de normas oficiales mexicanas, o bien, formulando observaciones o comentarios a los anteproyectos y proyectos, respectivamente; asimismo, que los anteproyectos deben ir acompañados de una manifestación de impacto regulatorio, que incluirá la explicación sucinta de la finalidad de la norma oficial mexicana, la descripción de las medidas propuestas, las alternativas consideradas y las razones por las cuales fueron desechadas, la descripción general de las ventajas y desventajas, los costos y beneficios, el análisis de factibilidad técnica y adicionalmente la existencia de infraestructura.
59. Así, se señaló que se advertía que existía un procedimiento previo para la elaboración de los anteproyectos de las normas oficiales mexicanas, que no crean, modifican o extinguen situaciones que afecten la esfera legal de los gobernados, en razón de que los emiten los órganos que participan en su elaboración preliminar, con el único fin de opinar acerca del anteproyecto, o bien, del proyecto, siendo que, lo que sí puede impactar en la esfera jurídica de los gobernados, es propiamente, la expedición de la norma oficial mexicana.
60. Con base en lo anterior, se desestimaron las inconformidades de la parte quejosa, en el sentido de que se incumplió con las condiciones previstas para las convocatorias y nombramientos de representantes de cada integrante del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, así como del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía; que los referidos comités no hayan observado las reglas normativas de operación para su funcionamiento; que no existieran registros, informes, sesiones y actas en que se comprobara la identidad de los integrantes que participaron en la creación del anteproyecto de la norma; o bien, el lapso excesivo que, a juicio de la quejosa, demoró la creación de la norma impugnada, pues de ningún modo implica que tales cuestiones impacten de tal forma que conduzcan a su ilegalidad; máxime, que tampoco se considera que se trata de cuestiones que trasciendan al contenido de la norma.
61. Citando en apoyo a sus consideraciones la jurisprudencia P./J. 10/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TIEMPO COMPARTIDO. AUN CUANDO EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-029-SCFI2010, PRÁCTICAS COMERCIALES-REQUISITOS INFORMATIVOS PARA LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, NO SE OBSERVARON PUNTUALMENTE TODOS LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, ESA CIRCUNSTANCIA NO PROVOCA SU INVALIDEZ."
62. Lo anterior, puesto que determinó que las diversas etapas de creación de los anteproyectos de las normas oficiales mexicanas, como proceso interno, no tenían efectos hacia el exterior; es decir, que no modificaban o afectaban la situación jurídica de los gobernados, por lo que los defectos o anomalías que pudieran presentar no impactaban en sus derechos fundamentales; por lo que las irregularidades que destacaba la quejosa, de ninguna manera trascendían a la constitucionalidad de la norma oficial mexicana impugnada, al tratarse de trabajos previos, que mientras no se aprueben y publiquen, no podían ocasionar un agravio; de ahí que no trascendía a su esfera jurídica de derechos, el que no se observara puntualmente lo que disponían los artículos que conforman el capítulo V, denominado "De los Comités Consultivos Nacionales de Normalización", que comprende los preceptos 62, 63 y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por lo que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo con número de expediente DA. 36/2020.
63. Juicio de nulidad. La parte quejosa demandó la nulidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017 denominada "Instrumentos de medición-sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250L/min–especificaciones, métodos de prueba y verificación".
64. De dicho juicio de nulidad correspondió conocer a la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y seguida la secuela procesal, el veinte de noviembre de dos mil diecinueve dictó sentencia en la cual determinó reconocer la validez de la norma oficial impugnada.
65. Juicio de amparo. Inconforme con la determinación anterior, la quejosa promovió juicio de amparo directo, del que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien registró la demanda bajo el número de expediente DA. 36/2020, y en sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con apoyo en las siguientes consideraciones.
66. Se estimó fundado el motivo de disenso en el cual la promovente del amparo alegaba una omisión de estudio por parte de la Sala del conocimiento en relación con el argumento planteado por la actora en el sentido de que el quórum requerido para llevar a cabo tanto la primera sesión extraordinaria, así como la quinta sesión ordinaria, no fue legalmente conformado, derivado de la falta de facultades para votar por parte de los asistentes a dichas sesiones por no tener el cargo correspondiente.
67. Ello fue así, toda vez que dicho órgano colegiado determinó que efectivamente la responsable no analizó dicho planteamiento, ya que se limitó a sostener que los argumentos relativos a las irregularidades en el procedimiento de creación de la norma oficial mexicana combatida, eran infundados por insuficientes al no haber acreditado que esas infracciones afectaron el derecho de defensa e influyeron en el sentido de la norma impugnada; determinación que se estimó incorrecta, porque era claro que la parte actora planteó el vicio en el procedimiento de creación de la norma, a efecto de demostrar que se encontraba viciada desde su creación y, por tanto, que no le podía ser exigible, por lo que resultaba incongruente que la Sala exigiera la formulación de argumentos específicos relacionados con la forma en que esas violaciones afectaron a su defensa e influyeron en el sentido de la norma.
68. Por lo que era insuficiente que la Sala se hubiere limitado a la valoración del contenido de las actas de sesión respectivas, en las que se asentó que sí existía el quórum necesario y legal para sesionar válidamente; toda vez que, atendiendo a la pretensión de la parte quejosa, era precisamente ese señalamiento el que buscaba desvirtuar a través de los medios de convicción y los argumentos planteados no analizados.
Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo con número de expediente DA. 51/2020.
69. Juicio de nulidad. La parte actora demandó la nulidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, denominada "Instrumentos de Medición-Sistema para Medición y Despacho de Gasolina y otros Combustibles Líquidos con un Gasto Máximo de 250 L/min-Especificaciones, Métodos de Prueba y de Verificación".
70. De dicho juicio de nulidad correspondió conocer a la Sala especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y seguida la secuela procesal, el doce de diciembre de dos mil diecinueve dictó sentencia en la cual determinó reconocer la validez del acto impugnado.
71. Juicio de amparo. Inconforme con la determinación anterior, la parte actora, por conducto de su representante legal, promovió juicio de amparo directo del que por razón de turno correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien registró la demanda bajo el número de expediente 51/2020, y en sentencia de once de agosto de dos mil veinte, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa.
72. Para sostener su decisión, el Tribunal Colegiado en esencia determinó que era fundado el concepto de violación relativo a que existía una omisión de estudio por parte de la Sala del conocimiento en relación al argumento planteado por la actora en el sentido de que el quórum requerido para llevar a cabo tanto la primera sesión extraordinaria, así como la quinta sesión ordinaria, no fue legalmente conformado, derivado de la falta de facultades para votar por parte de los asistentes a dichas sesiones por no tener el cargo correspondiente, sin que fueran valoradas las pruebas ofrecidas para acreditar su alegato.
73. Se determinó lo anterior, toda vez que se advirtió que la responsable no analizó dicho planteamiento, ya que se limitó a sostener que los argumentos relativos a las irregularidades en el procedimiento de creación de la norma oficial mexicana combatida, eran infundados por insuficientes al no haber acreditado que esas infracciones afectaron el derecho de defensa e influyeron en el sentido de la norma impugnada; determinación que se estimó incorrecta, porque era claro que la parte actora planteó la irregularidad en el procedimiento de creación de la norma, a efecto de demostrar que se encontraba viciada desde su creación y, por tanto, que no le podía ser exigible, por lo que resultaba incongruente que la Sala exigiera la formulación de argumentos específicos relacionados con la forma en que esas violaciones afectaron a su defensa e influyeron en el sentido de la norma.
74. Por lo que era insuficiente que la Sala se hubiere limitado a la valoración del contenido de las actas de sesión respectivas, en las que se asentó que sí existía el quórum necesario y legal para sesionar válidamente; toda vez que, atendiendo a la pretensión de la parte quejosa, era precisamente ese señalamiento el que buscaba desvirtuar a través de los medios de convicción y los argumentos planteados no analizados.
Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo con número de expedientes DA. 45/2020, 67/2020, 255/2020 y 302/2021.
75. Se sintetizan las consideraciones que sustentan dichos criterios de manera conjunta, toda vez que tanto la autoridad responsable, al resolver los juicios de nulidad, como el Tribunal Colegiado al pronunciarse respecto del juicio de amparo, lo llevaron a cabo de la misma forma.
76. Juicios de nulidad. Las partes actoras **********, en los respectivos juicios de nulidad demandaron la nulidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, denominada "Instrumentos de medición-sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-Especificaciones; métodos de prueba y de verificación".
77. De los juicios de nulidad correspondió conocer a la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y seguida la secuela procesal, se dictaron las sentencias respectivas en las cuales se determinó reconocer la validez de la norma oficial mexicana controvertida.
78. Juicio de amparo. En contra de las sentencias dictadas por la Sala responsable, las actoras promovieron su respectivo juicio de amparo directo; de todos ellos por razón de turno y previo conocimiento correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien en sentencias pronunciadas el cuatro de junio, trece de agosto, diecinueve de noviembre de dos mil veinte y diez de marzo de dos mil veintidós, respectivamente, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a las partes quejosas, bajo los siguientes argumentos:
79. Dicho órgano jurisdiccional determinó que le asistía la razón a las quejosas, en relación con la omisión de estudio planteada en todos los juicios de amparo, relativa a que la Sala del conocimiento no se pronunció respecto a que la norma oficial mexicana impugnada se aprobó y publicó por participantes de las sesiones sin nombramiento, sin el nivel jerárquico de director o equivalente y sin acreditar ser integrantes del comité, por lo que no se integró el quórum necesario de por lo menos la mitad más uno de los integrantes del Comité Consultivo Nacional de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, para la debida instalación de las quintas sesiones ordinaria y extraordinaria; aunado a que la Sala tuvo por acreditada la existencia del quórum necesario para la instalación de las sesiones únicamente con las actas relativas; sin embargo, no valoró la totalidad de las pruebas contenidas en el expediente administrativo para acreditar que en realidad dicho quórum no se reunió.
80. Se estimó así, toda vez que el Tribunal Colegiado determinó que efectivamente la Sala no había resuelto la pretensión de las actoras, ni había valorado los medios de convicción ofrecidos en los juicios de origen para acreditar sus planteamientos, puesto que de la sentencia sólo se advertía que la Sala tuvo por acreditado el hecho de que sí se reunió el quórum legal para instalar las sesiones de aprobación y publicación de la norma controvertida, porque de las actas relativas así se hizo constar; sin embargo, nada dijo de la afirmación de la quejosa de que la norma oficial mexicana se aprobó y publicó
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32015-c2f8b939/normas-oficiales-mexicanas-las-irregularidades-formales-en-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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