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Modo: Corpus Pro

IMPEDIMENTO POR PARENTESCO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REVISAR SU ACTUALIZACIÓN CONFORME A LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR QUE LO PLANTEA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 124/2023. · Registro digital (IUS): 32356
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-04-19
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo III, Pág.3057.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 124/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 9 DE NOVIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. DISIDENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIO: GUSTAVO RUIZ CABAÑAS MARTÍNEZ.

Ciudad de México. Sentencia del Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión pública celebrada el nueve de noviembre dos mil veintitrés y transmitida en vivo a través de la plataforma CISCO WEBEX.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción. Mediante oficio presentado vía interconexión el siete de marzo de la presente anualidad, dirigido a este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en el impedimento 4/2022; y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver el diverso 6/2022, ambos del Cuarto Circuito.

2. SEGUNDO.—Radicación, requerimiento y turno provisional, en este Pleno Regional. Por acuerdo de presidencia de ocho de marzo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio de mérito; se radicó el presente expediente en el índice de este órgano colegiado, registrándose como contradicción de criterios 124/2023; se ordenó dar de alta y formar el expediente electrónico en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE).

3. Asimismo, se asignó provisionalmente el asunto a la ponencia del Magistrado Gaspar Paulín Carmona, en términos del artículo 37(1) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, para la formulación del proyecto de resolución, sin perjuicio de que se proveyera sobre la conclusión del trámite y debida integración del expediente en aras de ubicarlo en estado de resolución.

4. De igual manera, se hizo constar que cualquier persona o institución podría formular su opinión respecto de la contradicción de mérito.

5. Además, se requirió a los Tribunales Colegiados contendientes que informaran si los criterios en contradicción continuaban vigentes o no, o en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; así como, que permitieran el acceso al expediente electrónico de los asuntos que forman parte de la presente contradicción de criterios, en términos de lo dispuesto en el numeral 39(2) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente indicado.

6. Finalmente, se estimó necesario solicitar al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informara si existe alguna contradicción de criterios radicada ante ese Máximo Tribunal Constitucional, pendiente de resolución relacionada con el tema relativo a "DETERMINAR SI SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPEDIMENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE AMPARO, PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA OCUPAR EL CARGO DE FISCAL FEDERAL (sic) DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN", materia de la presente contradicción de criterios.

7. TERCERO.—Informe de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio de veintiocho de marzo de la presente anualidad, signado por el Titular de la Dirección General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual comunicó que no existía pendiente de resolución contradicción de criterios alguna en el índice del Alto Tribunal respecto del tópico sobre el que versa la presente contradicción de criterios.

8. Informes sobre la vigencia de los criterios contendientes. Mediante acuerdos de diez de abril y dieciocho de mayo del año que transcurre, este Pleno Regional tuvo por recibidos los informes remitidos por los Magistrados Presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en el sentido de que los criterios materia de la contradicción se encontraban vigentes y no habían sido abandonados o superados.

9. QUINTO.—Confirmación de turno. En proveído de presidencia de veintinueve de junio del presente año, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios en que se actúa; en consecuencia, confirmó el turno del expediente virtual al Magistrado Gaspar Paulín Carmona, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41(3) y para los efectos del diversos 44,(4) ambos del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, esto es, para la formulación del proyecto de resolución a partir del treinta de junio de dos mil veintitrés, conforme a la publicación en la lista oficial de notificaciones, del mencionado proveído.

10. SEXTO.—Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna ante este Pleno Regional, a través de la figura del amicus curiae, hasta el momento en que se incluyó la presente contradicción de criterios en la lista de asuntos con los que se dará cuenta en sesión; y,

CONSIDERANDO:

11. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; considerandos tercero y cuarto del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas, a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en su denominación y texto vigentes a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de catorce de abril de dos mil veintitrés; en relación con los diversos numerales 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1o., fracción I, punto 2, y 2o. del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia y jurisdicción territorial, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente.

12. Lo anterior resulta así, en razón de que el presente asunto se ubica en los supuestos de las normas invocadas, dado que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de manera que las determinaciones en controversia fueron dictadas dentro de la demarcación territorial y respecto de la especialidad sobre las que este Pleno Regional ejerce jurisdicción para unificar criterios.

13. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que fue formulada por la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII,(5) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(6) de la Ley de Amparo.

14. TERCERO.—Transcripción de las ejecutorias contendientes. En el presente asunto, no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo la normativa que rige las ejecutorias que se emitan al resolverse las contradicciones de criterios y las facultades de este Pleno Regional; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación; ya que el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, efectuando un análisis exhaustivo y emitiendo una respuesta a cada uno de ellos.

15. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 164618, cuyos rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(7)

16. CUARTO.—Criterios contendientes. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.

17. En ese sentido, es oportuno mencionar que las consideraciones que sustentan los criterios denunciados, versan sobre idéntico criterio emitido por la misma juzgadora que conoció de los juicios de amparo indirectos 1577/2022 y 1607/2022, en las que las respectivas partes promoventes reclamaron, entre otros actos, la emisión del Acuerdo 254, de doce de octubre de dos mil veintidós, relativo a la Convocatoria y las bases para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León, así como la propuesta emitida por el Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León, atribuido al Congreso del estado de Nuevo León.

18. De igual manera, en ambas demandas los promoventes refirieron bajo protesta de decir verdad, que son candidatos o aspirantes en dicha convocatoria, para ser nombrados al cargo de Fiscal General del Estado de Nuevo León.

19. Luego, en el auto inicial la juzgadora federal indicó que en la página del Congreso del Estado de Nuevo León, se encuentra la relación de ciudadanos inscritos para ocupar el puesto de Fiscal General del Estado de Nuevo León y de la documentación allegada en versión pública se desprende que están publicados los nombres de las personas que se inscribieron para contender, entre los que se encuentra ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** quien es pariente de dicha juez, ya que es hijo de una prima hermana de su papá ********** ********** ********** ********** ********** **********; y atendiendo a las pretensiones de los quejosos consistentes en la designación de Fiscal General del Estado de Nuevo León, el interés personal de la juzgadora podría sobrevenir, lo que actualizaría las causas de impedimento que establecidas la fracciones I y II del numeral 51 de la Ley de Amparo.

20. En tales condiciones, al posiblemente actualizarse las causas de impedimento establecidas en las fracciones I y II del numeral 51 de la Ley de Amparo, y a efecto de no incurrir en responsabilidad, concluyó que no debía conocer del esos juicios de amparo, a fin de que no se verse cuestionada la imparcialidad en los mismo, en términos de lo previsto en los artículos 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cual consideró suficiente para probar la causa objetiva y razonable generadora del impedimento, consistente en el reconocimiento sobre el grado de parentesco colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, con la finalidad de seguir preservando los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial.

21. En consecuencia, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 54, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, ordenó comunicar de inmediato dicha determinación al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en turno, a fin de que calificara los impedimentos planteados, en los respectivos asuntos, determinaciones que generaron la emisión de los criterios contendientes.

22. Impedimento 4/2022 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.(8)

23. Inicialmente, expuso que la Juzgadora se declaró impedida por razón de parentesco con uno de los contendientes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Nuevo León, de nombre ********** ********** ********** **********, pues manifestó que es hijo de la prima hermana de su papá (********** ********** ********** ********** ********** ********** **********); quien si bien en el momento en que recibió la demanda de amparo, dicha persona no tiene el carácter de quejoso, ni de tercero interesado, también resultaba cierto que, al igual que ********** ********** ********** ********** ********** parte quejosa, pretende obtener la designación de Fiscal General del Estado de Nuevo León, por lo que, su interés personal podría sobrevenir y, con ello, dar pie a que se actualizara la causa de impedimento estipulada en las fracciones I y II del artículo 51 de la Ley de Amparo.

24. Para calificar el mecanismo procesal planteado, consideró importante destacar que en el dictado de las resoluciones que al efecto se emiten en todos los juicios que se someten a consideración de los juzgadores, debe imperar, entre otros, el principio de imparcialidad, ya que a través de éste se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, toda vez que es una condición esencial de la legitimidad y eficacia de la justicia, radica precisamente en la independencia e imparcialidad de quienes integran los órganos jurisdiccionales y, en consecuencia, de las resoluciones que al efecto emiten en los controvertidos correspondientes.

25. En ese contexto, mencionó que todo impedimento conlleva una especie de imposibilidad subjetiva del funcionario judicial para conocer y resolver de determinado asunto, con la consecuente separación para conocer del mismo, lo cual representa una garantía de imparcialidad, atributo éste que es indispensable para que la sociedad tenga confianza en los jueces ante los cuales se someten los asuntos; máxime que el principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 Constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas.

26. Al respecto, invocó la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL."

27. Enseguida, señaló que el artículo 51 de la Ley de Amparo, con la finalidad de garantizar la imparcialidad en la función jurisdiccional, establece las causas de impedimento que pueden actualizarse, como una circunstancia que inhabilita a los juzgadores para conocer de los asuntos sometidos a su consideración.

28. Luego, destacó las contempladas, en las fracciones l y II del artículo citado, en las que refirió el legislador que cuando la persona juzgadora sea cónyuge o pariente consanguíneo o por afinidad de alguna de las partes, de sus abogados o representantes; así como si aquélla, su cónyuge o sus parientes tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado, están obligados a dejar de conocer dicho asunto, a fin de salvaguardar la imparcialidad.

29. A partir de lo anterior, señaló que las fracciones I a VII prevén la existencia de elementos objetivos que afectan de forma directa e inmediata la imparcialidad con la que debe conducirse el juzgador, a saber: cuando tiene el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus abogados; si tiene interés personal en el asunto o lo tiene su cónyuge o parientes en los grados ahí especificados; si ha intervenido en el asunto en diverso carácter o intervino como asesor; si forma parte de un juicio de amparo similar al de su conocimiento; y si tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes.

30. En esas condiciones, refirió que si la Juzgadora se declaró impedida por tener un parentesco por consanguinidad en cuarto grado en línea colateral con ********** ********** ********** **********, quien de acuerdo con la consulta efectuada por la propia juzgadora, al sitio de Internet del Congreso del Estado de Nuevo León https://www.hcnl.gob.mx/acuerdo-254-expedientes, es un aspirante al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado, aunado a que, en el juicio de origen, la parte quejosa reclamó, entre otros actos, el acuerdo que contiene la convocatoria y las bases para ocupar el referido puesto, resultaba inconcuso que la Jueza estaba impedida para conocer del juicio de amparo, puesto que se surtía la hipótesis legal contemplada en el artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo.

31. Lo anterior, porque bastaba la manifestación de la Juez de Distrito, para tener por cierta la relación de parentesco, como se establece en la jurisprudencia 2a./J. 145/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 73/2017, de rubro: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE RELACIÓN CONYUGAL O PARENTESCO. PARA CALIFICARLO DE LEGAL BASTA LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN ESE SUPUESTO (LEYES DE AMPARO ABROGADA Y VIGENTE)."

32. Por tanto, determinó que al acreditarse un elemento subjetivo que puede afectar la imparcialidad de la juzgadora, como lo es la relación de parentesco consanguínea en cuarto grado con ********** ********** ********** **********, aspirante al cargo de Fiscal General de Justicia del Estado, aunado a que, en el juicio de amparo de origen, la parte promovente reclamó, entre otros, el acuerdo que contiene la convocatoria y las bases para ocupar el cargo en comento, se concluía que se actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 51, fracción I, de la Ley de Amparo, para calificar de legal el impedimento planteado por la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León.

33. En consecuencia, declaró fundada la excusa planteada ante la presunción de la posición personal externada por la juzgadora.

34. Impedimento 6/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.(9)

35. En principio, señaló que debe tomarse en consideración que la actividad primordial de los juzgadores es impartir justicia, de manera que ningún funcionario de los señalados en el artículo 51, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, puede excusarse de conocer de un determinado asunto, sino en los casos en que, de manera excepcional, la propia legislación estima que puede verse afectada su imparcialidad.

36. Luego, expuso que en caso de que se actualice algún supuesto legal de los contemplados en el artículo 51 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe excusarse de conocer del asunto, a fin de garantizar la imparcialidad en el proceso, lo anterior, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso, y para ello basta que el servidor público impedido invoque o acepte las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales correspondientes. 37. Acto seguido, mencionó que para hacer posible calificar un impedimento es necesario tener presentes los siguientes requisitos:

38. A) La existencia de una explícita consideración del funcionario judicial o de la parte que promueve su recusación, en el sentido de que se ubica en el supuesto de impedimento respectivo, que conlleva la valoración de que se encuentra afectado en su ánimo interno para resolver el asunto.

39. B) El señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de justificar esa circunstancia, para que el tribunal que haya de resolver el impedimento esté en aptitud de decidir si las características en que se ha producido la causal, hacen posible llegar a la conclusión de que se ha actualizado el impedimento respectivo.

40. Bajo ese marco normativo, especificó que para calificar como legal un impedimento, no sólo es preciso que la causa por la que se solicita se adecue exactamente a alguna de las hipótesis normativas que se contienen en el artículo 51 de la Ley de Amparo, sino que, además, se debe probar plenamente, ya que únicamente de ese modo se logran satisfacer las exigencias del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

41. En ese sentido, consideró que en el caso en particular la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, se excusó de conocer del juicio de amparo 1607/2022, al invocar como actualizadas las causas de impedimento previstas en el artículo 51, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, debido al parentesco colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado que guardaba con uno de los terceros interesados en el juicio, de nombre ********** ********** ********** **********, del cual, señaló, que era hijo de una prima hermana de su papá.

42. Asimismo, por su importancia mencionó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, los terceros interesados efectivamente son parte en el juicio de amparo.

43. Por otro lado, insertó los numerales 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299 y 300 del Código Civil Federal, señalando que en estos el legislador reconoció el parentesco por consanguinidad, que es aquel que existe entre personas que descienden del mismo progenitor; de tal manera, que cada generación forma un grado y la serie de grados constituye la línea de parentesco.

44. Describió que la línea de parentesco puede ser recta o transversal; la primera, se compone de una serie de grados entre personas que descienden unas de otras; en tanto que la segunda, se compone de la serie de grados entre personas que sin descender unas de otras, proceden de un progenitor o tronco común.

45. Precisó que en esta última, los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra; o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, excluyendo el del progenitor o tronco común.

46. Bajo esas condiciones, afirmó que entre la Jueza de Distrito y el hijo de la prima hermana de su papá, existe un parentesco por consanguinidad transversal o colateral del quinto grado; al considerar que el tronco común lo constituye el bisabuelo de la juzgadora; por lo que el padre de ésta es el primer grado; el abuelo el segundo grado; el tío abuelo el tercer grado; la tía de la juzgadora, es decir, la prima hermana del papá de ésta, es el cuarto grado y el hijo de aquella constituye el quinto grado, para ejemplificar lo sustentado insertó el esquema siguiente:

Ver esquema

47. Así, explicó que si en la línea transversal, los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas y descendiendo por la otra; o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, excluyendo el del tronco común, por ende era evidente que entre la jueza de Distrito y el tercero interesado ********** ********** ********** **********, existe una relación de parentesco por consanguinidad en línea transversal o colateral de quinto grado.

48. En consecuencia, calificó de incorrecta la apreciación de la Juez de Distrito, en cuanto a la actualización de las causas de impedimento previstas en el artículo 51, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, porque estas se refieren al parentesco línea colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado con alguna de las partes; y en el caso, según lo manifestado por la juzgadora, su parentesco con el tercero interesado es por consanguinidad en línea transversal o colateral de quinto grado.

49. Adicionalmente, sostuvo que la juzgadora no expuso alguna razón objetiva que pueda poner en riesgo su imparcialidad, como puede ser su amistad estrecha o enemistad manifiesta con el tercero interesado; ya que sustentó su impedimento única y exclusivamente en la relación del parentesco.

50. Precisó que no era óbice a lo anterior, que la titular en cuestión invocara la fracción II del mencionado numeral, la cual se refiere a que él, su cónyuge o pariente consanguíneo en línea colateral dentro del cuarto grado, tuvieran interés personal en el asunto, porque no expuso consideración alguna y menos aún cómo afectaría su imparcialidad al momento de resolver el asunto planteado.

51. Finalmente, señaló que no pasaba inadvertido el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J 145/2017 (10a.), de rubro: "IMPEDIMENTO POR CAUSA DE RELACIÓN CONYUGAL O PARENTESCO. PARA CALIFICARLO DE LEGAL BASTA LA MANIFESTACIÓN DEL JUZGADOR EN EL SENTIDO DE UBICARSE EN ESE SUPUESTO (LEYES DE AMPARO ABROGADA Y VIGENTE).", porque si bien resultaba cierto que para calificar de legal el impedimento por causa de parentesco, bastaba con la manifestación del juzgador, ello se refería a la eficacia probatoria plena que tiene esa sola manifestación, derivada de la presunción de veracidad de que goza el funcionario judicial; sin embargo, no eximía la obligación de acreditar alguno de los supuestos de impedimento por parentesco previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, como lo era el grado de consanguinidad exigido por la norma.

52. QUINTO.—Ratio decidendi de los criterios sintetizados. Ahora, por cuestión de metodología y atendiendo a que en el presente caso se resuelve una contradicción de criterios es de ponerse de relieve que en toda ejecutoria existen razonamientos que constituyen el criterio que rige el sentido del fallo y consideraciones que sirven de apoyo, a estas instituciones del derecho se les define en la doctrina como argumentos que constituyen la ratio decidendi de la sentencia y consideraciones obiter dictum.

53. Como se menciona, si en el presente asunto se resuelve una contradicción de criterios cuya finalidad es unificar los criterios dispares y fijar la postura que debe prevalecer, conviene tener plenamente identificada la ratio decidendi de cada una de las sentencias previamente sintetizadas que se encuentran en contienda, con la finalidad de advertir de manera concreta la litis resuelta por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

54. En ese orden, previo a indicar la postura fundamental que rigió el sentido de cada ejecutoria, es oportuno abundar en el concepto de la ratio decidendi, el cual ha cobrado mayor relevancia en la cultura jurídica actual como a continuación se expone.

55. "En la doctrina del stare decisis, el sistema de precedentes o sentencias (en el derecho anglosajón –Common Law–) se compone de dos elementos: la ratio decidendi y el obiter dictum. El elemento vinculante y obligatorio del ‘precedente judicial’ en la doctrina inglesa es el ratio decidendi (en sentido literal ‘la razón para la decisión’). Previo a la elucidación de lo que constituye la ratio decidendi en la doctrina del precedente judicial inglés, es necesario establecer la importancia del mismo. El término precedente judicial puede ser entendido como el proceso o medio por el cual los juzgadores resuelven, siguiendo las decisiones tomadas en casos previos.

56. "En el derecho inglés, la doctrina del precedente judicial implica la aplicación del principio del stare decisis, es decir, el principio de ‘adherirse a los casos resueltos’. En la práctica, esta es una característica de obligatoriedad, lo que significa que los juzgados de igual rango deberán aplicar y seguir sus decisiones previas, y cualquier corte inferior está vinculado a seguir el principio del stare decisis. El juzgador, al emitir su fallo, enuncia los hechos que han sido probados durante el procedimiento, para después aplicar el principio normativo sobre los hechos probados para pronunciar el razonamiento jurídico de la resolución judicial (ratio decidendi). La ratio decidendi es el razonamiento normativo aplicado al caso concreto por el cual el juzgador fundamenta su resolución al caso concreto. La ratio decidendi es el único elemento de la decisión judicial que cobra autoridad en un precedente, puesto que es el principio normativo subyacente a la controversia resuelta, es decir, la razón en la cual se basa la decisión judicial del caso. Por tanto, la ratio decidendi es el principio normativo obligatorio para casos posteriores planteados ante la misma jurisdicción, puesto que cobra fuerza vinculante, y deberá ser aplicada por las cortes del mismo rango o de jerarquía inferior.

57. "Debido a que el principio normativo contenido en el caso resuelto es la ratio decidendi, siendo el elemento obligatorio y vinculante, se sigue que los casos no son vinculantes en relación a los hechos, sino solamente en relación al razonamiento judicial, con base en el cual el juzgador se apoyó para resolver la controversia. En un caso, la distinción entre los hechos y el principio normativo subyacente, la ratio decidendi es compleja y resulta crucial para los propios

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32356-ac66bd42/impedimento-por-parentesco-previsto-en-el-articulo-51 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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