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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE VINCULA AL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO A UNA AUTORIDAD NO RESPONSABLE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 141/2023. · Registro digital (IUS): 32103
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-01-26
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo V, Pág.4799.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 141/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ Y EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. PONENTE: MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE. SECRETARIO: JORGE IVÁN ÁVILA RIVERA.

II. COMPETENCIA

6. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del propio Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.

III. LEGITIMACIÓN

7. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

8. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 186/2021, por unanimidad de votos, en sesión de veinte de octubre de dos mil veintidós.

"CUARTO.—Procedencia del recurso y legitimación de la parte recurrente.

"En principio, debe precisarse que quien interpone el presente recurso es el Ayuntamiento Constitucional de Boca del Río, Veracruz, por conducto de su apoderada legal **********, ya que en el acuerdo recurrido se le vinculó al cumplimiento del fallo amparador, a través de su órgano de control interno, como autoridad no responsable.

"Ahora bien, este recurso de queja resulta procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, pues se interpuso contra el proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, en los autos del juicio de amparo indirecto **********, promovido por 1. **********, 2. **********, 3. **********, 4. **********, 5. **********, 6. **********, 7. **********, 8. **********, y 9. **********. Esto es, se trata de un proveído dictado en la etapa de ejecución de una sentencia de amparo; asimismo, se trata de una determinación que puede causar daño o perjuicio a la parte recurrente, no reparable por el propio Juez de Distrito que la emitió ni por los Tribunales Colegiados de Circuito, ni por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de modo tal, que la procedencia del presente recurso encuentra justificación en el derecho fundamental de acceso a la justicia, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal.

"Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 118/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro trece, diciembre de 2014, Tomo I, página 412, aplicable al particular en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que se lee:

"‘RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS DENTRO DE UN INCIDENTE INNOMINADO TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).’ (se transcribe)

"No es óbice a lo determinado con anterioridad, la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 74/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 56, julio de 2018, Tomo I, Materia Común, página 574, de contenido siguiente:

"‘RECURSO DE QUEJA. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA VINCULAR A UNA DIVERSA AUTORIDAD DE LA RESPONSABLE AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO.’ (se transcribe)

"Ello, en tanto que dicho criterio jurídico parte de la base de que el recurso de queja es improcedente cuando existe una negativa por parte del juzgador federal para vincular a una diversa autoridad de la responsable al cumplimiento de la sentencia de amparo; pero, en el caso, en el proveído recurrido ocurrió lo contrario, puesto que el juzgado de origen determinó sujetar al proceso de cumplimiento del fallo amparador, entre otras autoridades no responsables, al Ayuntamiento Constitucional de Boca del Río, Veracruz, ya que en el acuerdo se recurrido (sic) se le vinculó al cumplimiento del fallo amparador como autoridad no responsable, a través de su órgano interno de control, cuyo llamamiento para actuar en consecuencia, se itera (sic), sí puede causar daño o perjuicio a la referida parte recurrente, no reparable por el propio Juez de Distrito, por los Tribunales Colegiados de Circuito, ni por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"De ahí, que el criterio jurisprudencial antes plasmado no sea aplicable en el caso a estudio.

"Ahora, respecto a la legitimación de la autoridad no responsable, aquí recurrente, ésta tiene su fundamento en los artículos 68, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 9 de la Ley de Amparo; y, 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; 4, fracción III, del Reglamento Interno de la Administración del Municipio de Boca del Río, Veracruz, que a la letra, disponen: (se transcriben artículos).

"Asimismo, debe considerarse que la apoderada legal del Ayuntamiento demandado se encuentra legitimada para acudir en representación del Ayuntamiento y su órgano interno de control, en términos de la jurisprudencia VII.2o.T.269 L (10a.) emitida por este órgano jurisdiccional, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 74, enero de 2020, Tomo III, Materia Laboral, página 2483, que se lee:

"‘AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL CABILDO, COMO ÓRGANO MÁXIMO DE AUTORIDAD EN EL MUNICIPIO, ESTÁ FACULTADO PARA OTORGAR PODERES EN FAVOR DE TERCEROS PARA QUE LOS REPRESENTEN EN LOS JUICIOS LABORALES EN QUE SEAN PARTE.’

"Además, la aptitud legal para interponer este recurso deriva precisamente del hecho de haber sido vinculada por el A quo para el cumplimiento del fallo protector; en ese sentido, resulta conveniente citar el artículo 197 de la Ley de Amparo, que establece: (se transcribe)

"Dicho precepto prevé que toda autoridad que deba intervenir en el cumplimiento de una sentencia está obligada a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para el eficaz cumplimiento del fallo protector, a fin de que se garantice su vigencia real y eficacia práctica; de ahí que, la autoridad ahora recurrente, se encuentra en aptitud de interponer el recurso de queja, en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, pues aun cuando no haya participado en el juicio como autoridad responsable, lo cierto es que tal determinación afecta directamente su esfera jurídica.

"Máxime que la legitimación de las autoridades no responsables que son vinculadas por los Jueces de amparo para coadyuvar al cumplimiento de las sentencias de amparo deriva del supuesto que en caso de oposición a la ejecución, se hacen acreedoras a cualquiera de las sanciones que establece el artículo 192 de la Ley de Amparo; incluso, los titulares podrían ser separados del puesto o cometer un hecho delictivo de los tipificados por el numeral 262, fracción V, del aludido ordenamiento legal.

"QUINTO.—Estudio del recurso de queja. Este órgano jurisdiccional estima que los agravios expuestos por la parte recurrente son ineficaces.

"Cabe precisar que el análisis de tales inconformidades se hará en sus justos alcances, sin ir más allá de lo que en ellas se plantea, pues quien interpone el recurso de queja se le atribuyó el carácter de autoridad no responsable vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, serán estudiados bajo el principio de estricto derecho, ya que, en el caso, no se actualiza ninguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo, para que opere la figura de la suplencia de la queja deficiente en su favor.

"Previo al estudio de los argumentos planteados, se estima pertinente, en aras de una mejor comprensión del presente asunto, destacar algunos de los aspectos de mayor relevancia que se advierten tanto de las constancias que integran las actuaciones remitidas por el Juez federal, como de los datos que se obtienen de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el módulo que corresponde al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Boca del Río, Veracruz, lo que se cita como hecho notorio, conforme a lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2.

"Al respecto cobra aplicación, por su sentido y alcance, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, junio de dos mil dieciocho, Tomo I, página diez, del tenor literal siguiente:

"‘HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).’

"a) 1. **********, 2. **********, 3. **********, 4. **********, 5. **********, 6. **********, 7. **********, 8. **********, y 9. **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de **********, con sede en esta ciudad, así como del Ayuntamiento Constitucional de **********, Veracruz, presidente municipal, síndica única, regidores primero a décima segunda, todos del citado municipio, de quienes esencialmente reclamaron la omisión de dar cumplimiento al laudo de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete dictado en el expediente laboral número **********del índice del referido tribunal.

"b) El referido juicio fue radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, bajo el número ********** de su índice, en el que se dictó sentencia el diez de septiembre dos mil veinte, en la que se concedió el amparo solicitado para los siguientes efectos: (se transcribe)

"c) Mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, el Juez de Distrito declaró que el fallo amparador había causado ejecutoria, por ende, requirió a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días justificara haber dado cumplimiento al mismo, o bien, comunicara las medidas tendentes a ello, apercibida que, de no hacerlo, se daría trámite al procedimiento establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo.

"d) Después de diversos requerimientos al tribunal responsable e informes de medidas tendentes a lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el siete de julio de dos mil veintiuno el Juez federal determinó vincular al cumplimiento de la sentencia al Congreso, Secretaría de Finanzas y Planeación y titular del Órgano Interno de Fiscalización Superiores, todas del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, y al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento Constitucional de Boca del Río, Veracruz, a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y las requirió, para que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación del citado proveído, remitieran a ese órgano jurisdiccional en copias certificadas íntegras y legibles, las constancias que acreditaran el cumplimiento dado a la misma.

"Determinación que constituye la materia del presente recurso; con la precisión de que este órgano de control constitucional no emitirá pronunciamiento alguno en torno a vincular al cumplimiento del fallo protector a diversas autoridades distintas de la aquí inconforme (Congreso del Estado, Secretaría de Finanzas y Planeación, titular del Órgano Interno de Fiscalización Superiores, todas del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad), por no acudir como recurrentes en la presente queja.

"En contra de dicho proveído que vinculó al cumplimiento a la parte aquí recurrente, ésta esgrime los siguientes agravios:

"I. Que el Juez federal la vinculó al cumplimiento de la sentencia de amparo, con lo cual está revocando sus propias determinaciones, ya que mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte se ordenó al tribunal responsable requerir al cabildo del Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, para que celebrara una audiencia ordinaria o extraordinaria o incluso acudiera ante el Congreso del Estado, a fin de declarar como deuda pública el adeudo del juicio laboral, lo que ya sucedió en la 78a. sesión de cabildo, contenida en el acta 147 de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, que fue aportada como prueba en el juicio constitucional.

"II. Por tanto, con la referida vinculación, se afirma, el Juez federal está revocando su determinación de seis de octubre de dos mil veinte, con la finalidad de que otras autoridades ejerzan medidas de apremio en contra del citado Ayuntamiento, lo que se considera excesivo y contrario a derecho, pues no ha existido inactividad, pasividad o evasivas por parte del tribunal responsable ni del Ayuntamiento para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

"III. Asimismo, estima que se han tomado diversas medidas tendentes a dar cumplimiento a la sentencia amparadora; de ahí que si el Juez federal determina vincular a diversas autoridades no debe ser para apremiar o iniciar procedimientos sancionadores en contra del Ayuntamiento o sus ediles, sino para coadyuvar en proporcionar recursos económicos para lograr el pago del laudo laboral.

"IV. Agrega que el Ayuntamiento no desconoce ni pretende incumplir con el pago del laudo, ya que ha tomado las medidas necesarias para acatarlo, sin embargo, no lo ha realizado por falta de recursos. Por ello, en la referida acta 147, el cabildo acordó incluir tales obligaciones económicas para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en términos del artículo 307 del Código Hacendario para el Municipio de Boca del Río, Veracruz. De ahí que estime improcedente que ahora se pretenda vincular a distintas autoridades a fin de implementar medidas coercitivas y sancionadoras, pues su cumplimiento debe correr a cargo, en todo caso, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, ya que ésta debe aprobar modificaciones presupuestales para que el Ayuntamiento cuente con los recursos para cumplir con el laudo en comento.

"V. Luego, insiste, el Juez de Distrito se encuentra revocando sus propias determinaciones, ya que en su momento ordenó mediante acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte que se requiriera al cabildo del Ayuntamiento para que declarara el pago del laudo como deuda pública, lo que así realizó.

"Los resumidos argumentos resultan ineficaces.

"Lo anterior, pues en el acuerdo recurrido se vinculó a la parte recurrente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo al considerarse que se encontraba facultada para tomar las medidas necesarias a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se le requirió para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación (sic) de ese acuerdo, remitiera las constancias que acreditaran el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin repetir, ni incurrir en exceso o defecto en el cumplimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondría una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitiría el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación.

"Es decir, del análisis del acuerdo recurrido se colige que, contrariamente a lo alegado por la parte recurrente, no se estableció que debía iniciarse procedimiento sancionador alguno en su contra o sus ediles. En cambio, el Juez federal acudió, implícitamente, a lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, el cual establece que todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento.

"Y si bien apercibió a la autoridad vinculada con la imposición de una multa o la remisión del expediente al tribunal colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, lo cierto es que ello fue a raíz del requerimiento propio de la vinculación a la sentencia amparadora, propio de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, en la inteligencia que su imposición dependerá de la conducta que llegue a asumir el requerido de cumplir voluntariamente con la prevención formulada.

"Por tanto, como el recurrente parte de una premisa errónea al plantear que se inició o iniciará un procedimiento sancionador en su contra, el agravio relativo resulta inoperante.

"En apoyo de lo anterior se cita, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1326, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.’ (se transcribe)

"Además, contrariamente a lo estimado por la parte recurrente, el Juez de Distrito no se encuentra revocando sus propias determinaciones, ya que en el aludido acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, no se negó a vincular a diversas autoridades al cumplimiento de la sentencia de amparo; sino que requirió al tribunal responsable para que en el término de tres días justificara haber dado cumplimiento a la propia ejecutoria de amparo; luego, si ante el incumplimiento de esta última, ahora sí consideró pertinente vincular a diversas autoridades no responsables a su acatamiento; ello de ninguna manera implica revocar sus propias determinaciones, sino, por el contrario, agotar las medidas a su alcance para lograr el cumplimiento de la respectiva sentencia amparadora, lo que constituye una cuestión de orden público.

"En las relatadas condiciones, al resultar ineficaces los agravios aquí analizados, lo procedente es, en lo que fue materia de examen, declarar infundado el presente recurso de queja.

"Finalmente, en relación con el escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintidós en la Oficialía de partes común de los Tribunales Colegiados de Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual la parte quejosa hace valer diversas manifestaciones en torno a la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto ********** del que proviene el acuerdo recurrido, no existe obligación de abordar su examen en esta sentencia, ya que la figura de los alegatos no está expresamente regulada en la Ley de Amparo para el trámite del recurso de queja. "Lo anterior, en términos de la tesis VII.2o.T.63 K (10a.) de este órgano colegiado, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, noviembre de 2019, Tomo III, Materia Común, página 2176, que se lee:

"‘ALEGATOS EN EL RECURSO DE QUEJA. AL NO ESTAR EXPRESAMENTE REGULADOS EN LA LEY DE AMPARO, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE ABORDAR SU EXAMEN.’ (se transcribe)

"Por lo expuesto y fundado, se;

"RESUELVE:

"ÚNICO.—En su parte impugnada, se declara INFUNDADO el recurso de queja de que se trata."

9. De las reproducciones que antecede se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito sostuvo –en lo que interesa– las posturas jurídicas siguientes:

• Que el recurso de queja (186/2021) fue interpuesto por una persona moral oficial (Ayuntamiento Constitucional de Boca del Río, Veracruz), contra la determinación del Juez de Distrito, en la que le vinculó al cumplimiento de una sentencia de amparo, sin tener la calidad de autoridad responsable.

• Que dicho recurso fue procedente con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, porque fue interpuesto contra un proveído dictado en la etapa de ejecución de sentencia, el cual podría causar daño o perjuicio a la parte recurrente, no reparable por el Juez de Distrito que lo emitió, ni por los Tribunales Colegiados de Circuito, ni por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Que, por ello, la procedencia de ese medio de impugnación tenía su justificación en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional; así como en la jurisprudencia 2a./J. 118/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS DENTRO DE UN INCIDENTE INNOMINADO TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)."

• Que, no era obstáculo para la procedencia del recurso, la diversa jurisprudencia 2a./J. 74/2018 (10a.), también emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "RECURSO DE QUEJA ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA VINCULAR A UNA DIVERSA AUTORIDAD DE LA RESPONSABLE AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO.", porque a diferencia de ese criterio, en el caso sometido a su jurisdicción se trataba de un supuesto contrario, esto es, el relativo a la vinculación del cumplimiento de una sentencia de amparo, por parte de una autoridad no responsable.

• Que la parte recurrente estaba legitimada para interponer el recurso de queja, de conformidad con los artículos 68, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 9 de la Ley de Amparo; 37, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Veracruz; 4, fracción III, del Reglamento Interno de la Administración del Municipio de Boca del Río; así como con la tesis aislada VII.2o.T.269 L (10a.); emitida por el propio Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de rubro: "AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL CABILDO, COMO ÓRGANO MÁXIMO DE AUTORIDAD EN EL MUNICIPIO, ESTÁ FACULTADO PARA OTORGAR PODERES EN FAVOR DE TERCEROS PARA QUE LOS REPRESENTEN EN LOS JUICIOS LABORALES EN QUE SEAN PARTE."; ello aunado a que la aptitud legal para interponer ese medio de impugnación derivaba de haber sido vinculada por el Juez de Distrito al cumplimiento del fallo protector.

• Que, aun cuando la autoridad recurrente no intervino en el juicio de amparo con la calidad de autoridad responsable; lo cierto es que, sí se encontraba en aptitud de interponer ese recurso de queja, porque la determinación combatida le afecta directamente su esfera jurídica.

• Que la legitimación de las autoridades no responsables que son vinculadas para cumplimentar la sentencia de amparo, deriva de la circunstancia que en caso de oposición a la ejecución, se harán acreedoras a cualquiera de las sanciones que establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, esto es, separación del cargo y/o comisión de alguno de los delitos previstos en el artículo 262, fracción V, de la propia legislación.

• Que, en el fondo del asunto, los agravios resultaron ineficaces, en esencia, porque a través del acuerdo recurrido se vinculó a la recurrente al cumplimiento del fallo protector y se le requirió que remitiera las constancias que acreditaran el exacto cumplimiento a aquél, ello bajo los apercibimientos que de no cumplir con esos imperativos, se le impondría una multa de cien a mil días, de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; así como que se enviaría el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la sustanciación del incidente de inejecución correspondiente. Empero, que en el proveído impugnado no se inició procedimiento sancionador alguno, y que la imposición de la multa o la remisión del expediente para la sustanciación del incidente de inejecución dependería de la conducta que se llegare a asumir.

10. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 195/2023, por mayoría de votos, en sesión de cinco de septiembre de dos mil veintitrés.

"TERCERO.—Legitimación del promovente. El recurso de queja fue interpuesto por **********, quien se ostenta como directora general Jurídica del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, toda vez que el Juez de Distrito le reconoció el carácter de representante, aunado a que la determinación impugnada es adversa a los intereses de su autorizante.

"CUARTO.—Improcedencia del recurso. En el presente asunto no se analizarán los agravios expuestos por la recurrente, pues la queja resulta improcedente por las razones siguientes:

"En principio, debemos tener en cuenta que el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo es del tenor literal siguiente: (se transcribe).

"Del inciso y fracción de la disposición en consulta deriva que, para las resoluciones que no se encuentren expresamente contempladas en los casos de procedencia del recurso de queja, podrá interponerse el medio de defensa tanto antes de concluido el juicio de amparo como después de dictada la sentencia, condicionado a que, por la naturaleza trascendental y grave de la determinación, se cause perjuicio irreparable al recurrente.

"La condicionante de irreparabilidad implica necesariamente que el efecto que se produzca en el ámbito de los derechos de la parte afectada sea inmediata y/o definitiva, de tal forma que no pueda restituirse a un estado anterior a la resolución como consecuencia de una revisión posterior, mediante algún recurso o medio de revisión legalmente establecido que pudiera tener el efecto de modificar, revocar o anular la determinación que se intenta controvertir a través del recurso de queja.

"En el caso, la resolución recurrida es el acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés, por el cual se determinó vincular y requerir de cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto ********** a diversas autoridades, entre ellas, los integrantes del Ayuntamiento de Guadalajara; presidente municipal, tesorero y Oficina de la Hacienda Municipal, todos del Ayuntamiento de Guadalajara, bajo apercibimiento de multa y de continuar con el trámite del incidente de inejecución de sentencia en caso de incumplir con lo requerido.

"Ahora bien, de la interpretación literal y sistemática de los artículos 192 y 197 (se transcribe) de la Ley de Amparo se desprende que los juzgadores de amparo están obligados a procurar el debido cumplimiento de las sentencias protectoras y, para ello, cuentan con diferentes medios para procurar que las autoridades responsables o las vinculadas al cumplimiento, las acaten. Concretamente, la imposición de multas y la remisión del expediente al órgano superior que corresponda para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

"En ese sentido, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, cuando el juzgador de amparo advierta la probable participación de autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia protectora, está facultado para requerirlas a efecto de que, en el ámbito de su competencia, lleven a cabo los actos necesarios para la eficaz observancia de esa sentencia y, en dicho requerimiento, desde luego, también está facultado para hacerles conocer, vía apercibimiento, de las probables consecuencias de desacatar lo ordenado, es decir, de la imposición de las sanciones que correspondan.

"No obstante, en tanto que el apercibimiento correspondiente es un acto previo a la imposición de la sanción, la simple vinculación al cumplimiento de la sentencia de amparo carece de efectos irreparables en contra de aquella que se consideró autoridad vinculada, pues éste en realidad es el acto mediante el cual se les requiere para que la observen, por lo que, en principio dependerá de la postura que adopte ésta frente al requerimiento y solamente en el caso de decidir incumplir, y por ello, que el juzgador se vea en la necesidad de hacer efectivos los apercibimientos, podría resentir afectación objetiva en sus derechos.

"De esta forma, la determinación de vincular a una autoridad al cumplimiento de la sentencia de amparo, solamente es una vía que permite al juzgador procurar su cumplimiento a través de quien considera que, en el ámbito de su competencia debe partic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32103-e7d92804/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-97 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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