I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA TAL EFECTO (OFICIOS 351-A-DGPA-196 Y 351-A-DGPA-206 EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE Y DOCE DE OCTUBRE, AMBOS DE DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL OFICIO IMPUGNADO POR EL QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO NEGÓ LA SOLICITUD SOBRE LA AFECTACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN A LA ENTIDAD FEDERATIVA Y EL PAGO DIRECTO DE LAS APORTACIONES FEDERALES RETENIDAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y DE LOS INTERESES GENERADOS, CONSTITUYE UNA POTENCIAL AFECTACIÓN AL MUNICIPIO ACTOR QUE IMPLICA UN TEMA GENUINO DE CONSTITUCIONALIDAD PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA (OFICIO 351-A-DGPA-196 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL (OFICIO 351-A-DGPA-206 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EL DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE). IX. SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO. ES RESPONSABILIDAD DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ORGANIZAR Y CONDUCIR EL DESARROLLO NACIONAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA CENTRALIZADA. X. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS ACCIONES DE GOBIERNO MEDIANTE LA FIJACIÓN DE OBJETIVOS NACIONALES PARA LA REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DEL PAÍS A PARTIR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DISPONIBLES, POR LO QUE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEBEN CUMPLIR OBLIGATORIAMENTE CON AQUÉL. XI. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. PARA SU EJECUCIÓN, ASÍ COMO PARA LA DE LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL MISMO, SE REQUIERE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, QUE ES EL INSTRUMENTO JURÍDICO QUE CONTIENE EL CATÁLOGO Y PROGRAMACIÓN DE LAS CANTIDADES NECESARIAS PARA CUBRIR LOS GASTOS PÚBLICOS. XII. COORDINACIÓN FISCAL. ES FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXPEDIR LA LEY RELATIVA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIONES VII Y XXX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XIII. APORTACIONES FEDERALES. SU ORIGEN Y RÉGIMEN LEGAL. XIV. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XV. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. SUS DIFERENCIAS. XVI. HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. XVII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE EJERCICIO DIRECTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL IMPLICA QUE LOS MUNICIPIOS A TRAVÉS DE SU ÓRGANO DE GOBIERNO SEAN LOS ÚNICOS QUE VÁLIDAMENTE DISPONGAN DE AQUELLAS QUE EL ESTADO DEBA TRANSFERIRLES. XVIII. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS FEDERALES DESTINADOS A LOS MUNICIPIOS, IMPLICA EL DERECHO DE ÉSTOS A LA RECEPCIÓN PUNTUAL, EFECTIVA Y COMPLETA DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES AL AYUNTAMIENTO GENERA INTERESES. XIX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES. XX. APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. ANTE EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE ENTREGAR OPORTUNAMENTE AQUÉLLAS A LOS MUNICIPIOS, ÉSTOS PUEDEN ACUDIR ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE, PREVIA OPINIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES, SE LES HAGA ENTREGA DIRECTA DE LOS RECURSOS FEDERALES RETENIDOS, DESCONTÁNDOLOS DEL MONTO QUE CORRESPONDA AL ESTADO EN TÉRMINOS D
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 179/2020. MUNICIPIO DE CHUMATLÁN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. 18 DE AGOSTO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 179/2020 promovida por el Municipio de Chumatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra de los actos y autoridades siguientes:(1)
a) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Los Oficios No. 351-A-DGPA-196 y 351-A-DGPA-206, de veinticinco de septiembre y doce de octubre de dos mil veinte,(2) respectivamente, en los cuales se niega aplicar analógicamente lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal y afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz, para efectos de que la Federación pague directamente las aportaciones federales omitidas de ministrar al Municipio de Chumatlán, Veracruz, por parte del Gobierno del Estado, provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (en lo sucesivo "FISMDF") del año dos mil dieciséis.
b) Del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz:(3)
La omisión de entrega de las aportaciones federales que le corresponden al Municipio de Chumatlán, Veracruz, por concepto del FISMDF del año dos mil dieciséis.
I. ANTECEDENTES
1. De las constancias de autos se advierten como antecedentes de este medio de regularidad constitucional los siguientes:
2. El presidente del Municipio de Chumatlán, Veracruz, presentó un oficio ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que solicitó la afectación de las participaciones federales del Estado de Veracruz, para que la Federación pague directamente las aportaciones federales omitidas de ministrar al Municipio referido durante el año dos mil dieciséis, correspondientes al FISMDF.
3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el Oficio Número 351-A-DGPA-196, del tenor siguiente:
"C. Edgar Espinoza Salazar
"Presidente municipal
"Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz
"Presente
"Hago referencia a su oficio sin número, recibido el 31 de agosto de 2020, mediante el cual solicita ‘... la afectación de las participaciones federales del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para efectos de que la Federación pague directamente las aportaciones federales omitidas de ministrar al Municipio de Chumatlán, Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el año 2016 ...’ (sic) ‘... se afecten las participaciones que corresponden al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por el incumplimiento en la entrega del: a) Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM) del año 2016, por el total de $1''''201,291.61 (un millón doscientos un mil doscientos noventa y un pesos 61/100 M.N.) ...’ (sic), ‘De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., 20 y 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, se solicita se requiera la opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales sobre el particular.’. (sic) ‘... determinar la tasa de recargo que corresponde aplicar al caso concreto, dado que la autoridad debe pagar los intereses en términos del artículo 6o., párrafo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal.’ (sic) y ‘... dictar resolución que conforme a derecho corresponda, que privilegie el legítimo derecho del Municipio a que le sean entregadas las aportaciones federales que no le han sido transferidas.’ (sic)
"Al respecto, y con base en las atribuciones de esta unidad administrativa en materia de participaciones federales a que se refieren los artículos 56 y 57 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito comentarle lo siguiente:
"El Ramo General 28 denominado ‘Participaciones a Entidades Federativas y Municipios’, se refiere a los recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los Municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, así como de conformidad con los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos. Dichos recursos tienen la particularidad de ser de libre disposición, es decir, no tienen un destino de gasto específico, a diferencia de las aportaciones federales las cuales constituyen recursos etiquetados en virtud de que su gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos establecidos en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.
"Ahora bien, el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) señala que ‘Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones, incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las Legislaturas Locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.
"‘La Federación entregará las participaciones a los Municipios por conducto de los Estados dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba, el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones, en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales’.
"En virtud de lo anterior, se hace de su conocimiento que los recursos solicitados al tener el carácter de aportaciones federales, o de otra naturaleza, distintos de las participaciones federales, no se circunscriben dentro de los supuestos contemplados en el artículo citado.
"Aunado a lo anterior es importante mencionar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó las participaciones federales que corresponden a las entidades federativas en tiempo y forma de conformidad con el ‘Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para ministración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios’, publicado a través del Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2015.
"Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
"Atentamente
"El director general adjunto."
4. Conceptos de invalidez. En su primer concepto de invalidez manifestó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al emitir el Oficio 351-A-DGPA-196, se abstiene de determinar si la omisión del Gobierno del Estado de Veracruz de entregar de forma oportuna y completa las aportaciones correspondientes al FISMDF resulta justificada o si por el contrario es procedente realizar el descuento planteado, limitándose a manifestar que los fondos de aportaciones no se circunscriben a los supuestos previstos en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
5. En ese sentido, la Ley de Coordinación Fiscal es clara al establecer una serie de atribuciones a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que permiten concluir que es la instancia a la cual pueden acudir los Municipios en caso de incumplimiento por parte de los Gobiernos Estatales. Así, de los artículos 32 y 49 de la citada ley se desprenden una serie de supuestos que, de no cumplirse, otorgan la posibilidad de que los Municipios lo hagan del conocimiento de la Secretaría de Hacienda con la finalidad de recuperar los recursos que forman parte de su hacienda y que el artículo 115, fracción IV, garantiza que debe ejercer de forma directa.
6. La circunstancia de que la Ley de Coordinación Fiscal no establezca expresamente que en caso de incumplimiento por parte de los Gobiernos Estatales, los Municipios puedan solicitar la entrega directa de las aportaciones a la Secretaría de Hacienda, no debe ser un impedimento para efectuarlo, toda vez que se trata de recursos que forman parte de la hacienda municipal y, por analogía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe observar lo dispuesto en el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
7. Al no haberlo hecho así violenta el principio de integridad de los recursos municipales y el principio de ejercicio directo de dichos recursos, ya que el artículo 115, fracción IV, establece que las participaciones federales deben cubrirse a los Municipios con arreglo a las bases, los montos y plazos que anualmente determinen las Legislaturas de los Estados y la Ley de Coordinación Fiscal señala que debe ser de forma ágil y directa.
8. La Secretaría de Hacienda no sólo debe realizar el cálculo, distribución y liquidación de las cantidades que correspondan a las entidades federativas y los Municipios del Ramo 33 Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, sino que debe realizar actividades de vigilancia y de cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que prevén que los Municipios cuenten con una hacienda municipal autónoma. Dicha autoridad sí tiene facultades para afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz conforme al artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, aplicado supletoriamente, de ahí que se deba declarar la invalidez del oficio impugnado, dado que afecta la competencia del Municipio al no poder recibir los recursos que le corresponden, pero además limita la instancia a que se puede acudir a reclamar.
9. En el segundo concepto de invalidez se aduce que el Gobierno Estatal, sin fundamento alguno, ha sido omiso en entregar los recursos del FISMDF, recursos que forman parte de la hacienda del actor, lo que impide que el Municipio esté en condiciones de cumplir con las funciones y servicios que tiene encomendados constitucional y legalmente y constituye una violación al principio de integridad de los recursos.
10. La intervención del Estado es de simple mediación administrativa, pero no de disposición, suspensión o retención. Es importante destacar que, en criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de integridad de recursos municipales consagrado en el artículo 115 de la Constitución Federal, ampara tanto a las aportaciones y participaciones federales, como a los recursos transferidos por la Federación a los Municipios a través de las entidades federativas.
11. Por ello, el Gobierno Estatal no tiene facultades para suspender el entero de los fondos correspondientes, violándose así el principio de reserva de fuentes de ingresos a los Municipios, el cual establece que éstos tendrán asegurados los recursos necesarios para atender al cumplimiento de sus necesidades y responsabilidades públicas. Más aún, en virtud de las omisiones se violenta la autonomía municipal, así como el Sistema Federal de Coordinación Fiscal.
12. En el tercer concepto de invalidez argumenta que la negativa de las autoridades demandadas por entregar los recursos que forman parte de la hacienda municipal trasciende al ámbito de competencia del actor, impidiendo que el mismo ejecute directamente los recursos que le fueron autorizados por la Legislatura del Estado.
13. Más grave resulta el hecho de que quien se beneficia es el Gobierno Estatal, ya que, de forma contraria a la Constitución Federal, se apropia de recursos que no le pertenecen, cuando el único papel que se le encomienda es el de mediación. Manifiesta que resultan aplicables las consideraciones de la controversia constitucional 156/2017.
14. Los artículos constitucionales que el Municipio actor señala que fueron violados son los artículos 14, 16, 40, 41, 49, 115 y 124 de la Constitución Federal.
II. TRÁMITE
15. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el número 179/2020 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.
16. El Ministro instructor desechó la demanda de controversia por lo que se refiere a los actos impugnados al Poder Ejecutivo Local (la omisión de pago del FISMDF de dos mil dieciséis). Por otra parte, admitió parcialmente la demanda de controversia constitucional respecto a los actos impugnados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, tuvo por presentada, únicamente, a la síndica como representante del Municipio; como demandado al Poder Ejecutivo Federal (pero no así a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al tratarse de una autoridad subordinada al mencionado Poder) a quien emplazó para que formulara su contestación; y dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
17. Contestación del Poder Ejecutivo Federal. Este Poder en su contestación señaló que se actualizaba la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda, pues si bien los actos impugnados los hizo consistir en la invalidez, orden o instrucción por la cual, mediante los oficios impugnados, no se aplicó el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal; el acto que en realidad se impugna es la falta de pago de las aportaciones que le adeuda la entidad federativa, proveniente del FISMDF de dos mil dieciséis. Acto respecto del cual debió tener conocimiento en la referida anualidad, a partir de la publicación de los acuerdos de distribución y de los calendarios de entrega que emite anualmente la entidad federativa, por lo que el plazo de treinta días transcurrió en exceso, más cuando no son omisiones, sino retención de recursos, es decir, actos de naturaleza positiva.
18. Asimismo, manifiesta que se actualiza la causa de improcedencia consistente en la falta de interés legítimo del actor para promover la presente controversia. A partir de lo resuelto en los recursos de reclamación 150/2019-CA, 151/2019-CA y 158/2019-CA, se adoptó el criterio en el sentido de que se actualizará la causal de improcedencia en comento cuando en el escrito de demanda únicamente se planteen cuestiones de mera legalidad.
19. Por tanto, la controversia constitucional es improcedente, por falta de interés legítimo, ante estos escenarios: (a) cuando no se plantea la posible invasión a la esfera competencial constitucional del actor, (b) cuando se formulan cuestiones de mera legalidad, o bien, (c) cuando se argumentan posibles violaciones a cláusulas constitucionales sustantivas, distintas a aquellas en las que se determinan las facultades y atribuciones de los poderes, entidades u órganos originarios del Estado Mexicano.
20. En la controversia que nos ocupa, de la simple lectura de la demanda de controversia constitucional, se advierte que el Municipio actor únicamente planteó aspectos de mera legalidad para ser resueltos en la vía de la controversia constitucional. En efecto, el Municipio actor alega la supuesta retención u omisión de ministración de aportaciones, participaciones o recursos federales, en específico, pretende que este Alto Tribunal se pronuncie sobre los plazos para la entrega de las aportaciones federales, mediante la interpretación y aplicación de normas secundarias o legales, a saber, la Ley de Coordinación Fiscal. Así, la pretensión del Municipio actor es que se resuelva si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actuó de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, planteando de entrada una controversia de mera legalidad.
21. Ello sin soslayar que se invocan como cláusulas sustantivas violadas los principios de integridad de los recursos municipales y de ejercicio directo de dichos recursos, que el promovente desprende del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal; sin embargo, pretende vincular dichos principios con el incumplimiento de las bases, modo y tiempos de entrega que, al final de cuentas, se encuentran regulados en la citada Ley de Coordinación Fiscal.
22. Por otra parte refiere que, por lo que hace al Oficio 351-A-DGPA-206 de doce de octubre de dos mil veinte, no le puede causar perjuicio al Municipio actor de Chumatlán, porque va dirigido al Ayuntamiento de Xoxocotla, por lo que carece de interés para controvertirlo y se debe sobreseer la controversia.
23. De igual manera, aduce que se actualiza la causal de sobreseimiento ante la inexistencia del acto materia de la controversia constitucional. El acto que en realidad impugna el Municipio actor del Poder Ejecutivo Federal es la falta de pago de las aportaciones que le adeudan, así el acto omisivo que se le atribuye es inexistente toda vez que dicho Poder no se encuentra facultado para hacer la distribución ni la entrega de las aportaciones federales correspondientes al FISMDF directamente a los Municipios, siendo que para que exista una omisión debe existir un deber que el orden normativo exija a una autoridad y que éste no se haya cumplido y, en el caso, son las entidades federativas las obligadas a entregar las aportaciones federales a los Municipios.
24. Al contestar los conceptos de invalidez, refiere que el Poder Ejecutivo Federal, al emitir los oficios impugnados, aplicó correctamente la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que no se viola el principio de autonomía hacendaria municipal.
25. Al respecto, reitera que el acto que realmente se impugna es la falta de pago de las aportaciones que le adeudan, provenientes del FISMDF de dos mil dieciséis. El Municipio actor parte de una premisa errónea al confundir las participaciones federales con las aportaciones federales. Las participaciones federales se encuentran previstas en el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, en el cual se consagra el principio de libertad hacendaria municipal. Las aportaciones federales no forman parte de la libertad hacendaria municipal, en virtud de que se trata de recursos fijados por la Ley de Coordinación Fiscal destinados a fines específicos. En términos de esta ley, las entidades federativas tienen la atribución de distribuir entre sus Municipios las aportaciones federales del FISMDF. La Federación únicamente tiene la obligación de entregar los recursos que derivan de los fondos de aportaciones federales al Estado de Veracruz.
26. El Ejecutivo Federal cumplió las atribuciones legales que le corresponden, realizando la transferencia de aportaciones federales a la entidad federativa conforme lo establece la Ley de Coordinación Fiscal.
27. Sin que se pueda aplicar por analogía el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Los recursos transferidos por aportaciones están condicionados o etiquetados para su ejercicio, en el entendido de que los Gobiernos Estatales y municipales sólo administran unos recursos con los que se pretenden atender prioridades y objetivos nacionales, en todo caso, las etiquetas de gasto están debidamente señaladas en la Ley de Coordinación Fiscal para cada uno de los fondos que integran las aportaciones. Las aportaciones se entregan a la entidad federativa y ésta es la encargada de la distribución de los fondos a los Municipios, con fundamento en sus leyes locales que establecen los lineamientos y procedimientos. Las aportaciones tienen distinta naturaleza y regulación a las participaciones federales. En ese sentido, resulta evidente que el Ejecutivo Federal no realiza el pago de aportaciones federales directamente a los Municipios, sino que la entidad federativa tiene la responsabilidad de distribuir las aportaciones entre sus Municipios. El Ejecutivo Federal cumplió su obligación de transferir efectivamente las aportaciones federales al Estado de Veracruz. 28. Por tanto, al no existir obligación legal de transferir los recursos, de manera directa, al Municipio, la omisión impugnada es igualmente inexistente.
29. Las participaciones federales, a diferencia de las aportaciones, son recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas y que los Estados y Municipios ejercen libremente, mientras que las aportaciones federales son recursos etiquetados o condicionados, porque la Federación determina en qué se debe gastar. La Federación es la encargada de la ministración de las participaciones del Estado, pero no tiene la obligación legal de transferirlos a los Municipios, sino que la entidad que reciba las participaciones tendrá que distribuir a los Municipios dichas participaciones.
30. En la respuesta a la petición del Municipio actor se manifestó esta distinción entre participaciones y aportaciones federales, por lo que dicha respuesta no le afecta en modo alguno, ya que la autoridad se limitó en atender la petición formulada, sin que ello se traduzca en una violación al principio de integridad de los recursos municipales. Ello, porque el Ejecutivo Federal no puede ir más allá de lo que la ley permite, por lo que, si la ley no prevé que en caso de incumplimiento la Federación hará entrega directa a los Municipios descontando dicho monto al Estado, entonces no se puede proceder en esos términos aplicando por analogía un precepto que no resulta aplicable a las aportaciones federales, máxime que de proceder en los términos planteados se estaría afectando al Gobierno Estatal y a los demás Municipios.
31. Se considera que lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal aplicable a las participaciones federales no puede aplicarse a las aportaciones federales, ya que (a) no podría ser factible que la Federación retenga recursos pertenecientes al Fondo General de Participaciones Federales para cubrir el pago de aportaciones federales, cuyo origen y naturaleza es distinto; y, (b) la propia Ley de Coordinación Fiscal establece el mecanismo de fiscalización de estos fondos de aportaciones el cual debe ser agotado en primera instancia.
32. La tesis de rubro: "APORTACIONES FEDERALES. SU ENTREGA EXTEMPORÁNEA DA LUGAR AL PAGO DE INTERESES.", es un criterio que se refiere a los intereses, mas no así a la entrega directa por parte de la Federación de dichos recursos.
33. Opinión de la Fiscalía General de la República. Este servidor público no rindió opinión.
34. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, se relacionaron los alegatos ofrecidos por el Poder Ejecutivo Federal y se puso el expediente en estado de resolución.
35. Radicación en la Sala. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución.
III. COMPETENCIA
36. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional en la que se estima resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno porque no se analizará una norma de carácter general.
IV. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
37. De conformidad con los artículos 39 y 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(5) procede ahora precisar los actos impugnados que serán motivo de análisis en la presente controversia constitucional.
38. En primer lugar, es importante recordar aquí que el Ministro instructor sólo admitió la demanda de controversia respecto de los actos impugnados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda y sus anexos, esta Primera Sala advierte que los actos impugnados en el presente juicio constitucional son los siguientes:
a) El Oficio Número 351-A-DGPA-196 de veinticinco de septiembre de dos mil veinte.
b) El Oficio Número 351-A-DGPA-206 de doce de octubre de dos mil veinte.
V. OPORTUNIDAD
39. Conforme al artículo 21, fracción I, en relación con el diverso numeral 3o., ambos de la ley reglamentaria de la materia,(6) el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional en contra de actos es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efectos su notificación, se haya tenido conocimiento de ellos o su ejecución, o el actor se haya ostentado como sabedor de los mismos.
40. El Municipio actor manifestó, bajo protesta de decir verdad, que los oficios impugnados 351-A-DGPA-196 y 351-A-DGPA-206 le fueron notificados el viernes dieciséis de octubre de dos mil veinte.(7)
41. Al respecto, es importante señalar que en términos de lo resuelto en el recurso de reclamación 3/2021-CA,(8) esta Primera Sala determinó que el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional transcurrió del veinte de octubre al tres de diciembre de dos mil veinte.(9) En ese sentido, dado que la demanda de controversia constitucional fue presentada el cuatro de noviembre de dos mil veinte, debe concluirse que fue promovida en forma oportuna.
VI. LEGITIMACIÓN ACTIVA
42. El Municipio actor cuenta con legitimación activa para acudir a esta vía al ser uno de los entes facultados para ello en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
43. En cuanto a la representación, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(10) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para hacerlo. En ese sentido, de conformidad con el artículo 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,(11) las síndicas están facultadas para representar legalmente al Ayuntamiento.
44. En el presente asunto, suscribió la demanda María Victoria Sánchez Juárez, ostentándose como síndica del Municipio de Chumatlán, cargo que acreditó con copia certificada de la constancia de mayoría y validez de la elección de Ayuntamiento y sindicatura única, en donde consta que se le otorgó el cargo de síndica propietaria. Por lo tanto, la síndica que suscribe la demanda cuenta con la representación del Municipio actor.
VII. LEGITIMACIÓN PASIVA
45. En auto de once de diciembre de dos mil veinte, el Ministro instructor reconoció el carácter de autoridad demandada en esta controversia sólo al Poder Ejecutivo Federal.
46. Este Poder cuenta con legitimación pasiva en la controversia constitucional, puesto que se le atribuye el oficio impugnado (por conducto de uno de sus órganos subordinados). Además, el Municipio actor está facultado para promover la controversia constitucional en contra de éste, conforme al artículo 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Federal.
47. Comparece en representación de este Poder, Julio Scherer Ibarra, ostentándose como consejero jurídico del Ejecutivo Federal, cargo que acredita con copia certificada de su nombramiento.
48. En términos del artículo 11, tercer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(12) en relación con el punto único del acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno(13) y el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,(14) el consejero jurídico del Ejecutivo Federal cuenta con facultades para representar al Poder Ejecutivo Federal en la presente controversia constitucional.
VIII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
49. El Poder Ejecutivo Federal señala que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda, pues si bien los actos impugnados los hizo consistir en la invalidez de los oficios impugnados al no aplicar el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal; el acto que en realidad se impugna es la falta de pago de las aportaciones que le adeuda la entidad federativa, proveniente del FISMDF de dos mil dieciséis. Acto respecto del cual debió tener conocimiento en la referida anualidad, a partir de la publicación de los acuerdos de distribución y calendarios de entrega que emite anualmente la entidad federativa, por lo que el plazo de treinta días transcurrió en exceso.
50. Se desestima dicho planteamiento. Al respecto, debe señalarse que, como ya quedó demostrado en el apartado correspondiente, la presentación de la demanda es oportuna. Sin que sea posible tomar como fecha de inicio para el cómputo del plazo respectivo la fecha marcada en los acuerdos de distribución y calendario de entregas de los recursos del FISMDF, como lo pretende el Poder demandado. Ello, porque si bien los oficios impugnados fueron girados en atención a las solicitudes del Municipio actor con relación a los recursos adeudados del FISMDF de dos mil dieciséis, lo contundente es que, para efectos de la controversia, no pueden tomarse en cuenta los hechos que dieron origen a los actos impugnados, sino únicamente la fecha en que se tuvo conocimiento de los actos en sí mismos.(15)
51. Por otra parte, se aduce que se actualiza la causa de improcedencia consistente en la falta de interés legítimo del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30576-29b30b92/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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