DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA CUMPLIDA LA RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 298/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 15 DE ENERO DE 2024. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: ÉRIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 298/2023 entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción. El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo,(1) denunció una posible contradicción de criterios entre el sostenido por la Segunda Sala de este Alto Tribunal al resolver los recursos de inconformidad 2/2020 y 16/2021 y el sostenido por la Primera Sala de este Alto Tribunal al resolver los recursos de inconformidad 8/2023 y 63/2022. Esto en torno a la procedencia del recurso de inconformidad en contra del auto que tuvo por cumplida una resolución por medio de la cual se declaró fundada la denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad.
2. Admisión de la denuncia. Por acuerdo de once de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número 298/2023. En ese mismo proveído fue turnada a la ponencia del Ministro Javier Laynez Potisek. También se solicitó por oficio a la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala de este Alto Tribunal que informara si el criterio sustentado en los recursos de inconformidad 2/2020 y 16/2021 de su índice, se encuentra vigente, para estar en posibilidad de integrar debidamente el expediente.
3. En oficio del nueve de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaría de Acuerdos de la Segunda Sala informó del acuerdo dictado por el Ministro Presidente de la misma Sala Alberto Pérez Dayán, mediante el cual informó que el criterio en cuestión continúa vigente.
4. Integración. En proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el expediente se encontraba debidamente integrado y ordenó su remisión al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
5. El Tribunal Pleno es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) 226, fracción I, de la Ley de Amparo,(3) y 10, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente,(4) en relación con el punto Segundo, fracción V, del Acuerdo General Plenario 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés,(5) en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre criterios sustentados por las Salas de este Alto Tribunal en asuntos terminales de su competencia.
6. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de once votos.
II. LEGITIMACIÓN
7. La denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción I, de la Ley de Amparo,(6) ya que fue formulada por el Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustentó uno de los criterios discrepantes.
8. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de once votos.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
9. Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Recurso de inconformidad 2/2020 previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo.
Antecedentes:
a) El veinticinco de septiembre de dos mil siete, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004, en la que declaró la invalidez, entre otras disposiciones, de la última parte de la fracción II del artículo 737 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
b) El catorce de noviembre de dos mil diecinueve, una persona física interpuso denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad contra los Magistrados integrantes de la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por la aplicación de dicha norma en la sentencia del doce de julio de dos mil diecinueve, dictada en el recurso de apelación.
c) El Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México admitió la denuncia y, seguido el procedimiento, la declaró procedente y fundada y ordenó a la Sala que dejara insubsistente la resolución y emitiera una nueva sin aplicar la norma declarada inconstitucional.
d) Previos oficios exhibidos por la Cuarta Sala denunciada y hecha la vista al denunciante, el Juez de Distrito tuvo por debidamente cumplida la resolución.
e) La denunciante interpuso recurso de inconformidad en contra de esa determinación.
f) En auto del veinticinco de agosto del dos mil veinte, el entonces Presidente de este Alto Tribunal formó y registró el recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo, al considerar que la resolución del Juez de Distrito que concluyó la insubsistencia del acto de incumplimiento era equiparable a la que declara infundada la denuncia.
Resolución:
a) El recurso de inconformidad se declaró improcedente.
b) La Sala sostuvo que la procedencia del recurso de inconformidad contra las resoluciones dictadas en el procedimiento de denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad está acotada a dos supuestos:
• Las resoluciones que el juez declare como infundadas; y,
• Las resoluciones que juzgador declare como improcedentes.
c) En el caso, el recurso se interpuso contra el proveído en que el Juez de Distrito tuvo por cumplida la resolución que declaró fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.
d) El auto recurrido no se ubica en alguna de las hipótesis descritas.
e) El Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 250/2015 estableció que el artículo 201, fracciones I, II y III de la Ley de Amparo no debe ser interpretado de manera literal y estricta para determinar la procedencia del recurso de inconformidad, en virtud de que algunos casos no se encuentran previstos en forma expresa, pero debe de tomarse en cuenta que, si sus efectos jurídicos son similares a los contenidos en sus enunciados, esos asuntos deben admitirse a trámite.
f) Consideró que para determinar la procedencia del recurso debe de analizarse si los efectos jurídicos de la resolución que se recurre son similares a los de aquellas que declaren infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.
g) En la resolución que declara infundada la denuncia, el juez analiza el acto que se denuncia como aplicativo de la norma general declarada inconstitucional, concluyendo que la autoridad no aplicó la norma respectiva, es decir, existe un pronunciamiento sobre el fondo de la litis planteada que tiene como consecuencia la subsistencia del acto denunciado, derivado de que no encontró sustento en una norma declarada inconstitucional.
h) Por su parte, en la resolución que declara improcedente la denuncia, no se examina el acto que se denuncia como aplicativo de la norma general declarada inconstitucional, por advertir algún obstáculo procesal que le impide hacer un pronunciamiento sobre el fondo de la litis planteada, esto es, no hay un pronunciamiento de fondo sobre la aplicación de la norma, lo que tiene como consecuencia la subsistencia del acto denunciado.
i) El proveído que tiene por cumplida la denuncia sólo tiene por objeto hacer patente que la autoridad aplicadora cumplió con los efectos de la resolución que declaró fundada la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, a saber, dejar sin efectos el acto denunciado. Dicho acuerdo se dicta en la etapa de cumplimiento y una vez que ha quedado firme la resolución respectiva.
j) Como se observa, los efectos de dichas resoluciones no son equiparables ni similares y, por ende, no puede ampliarse la procedencia del recurso de inconformidad contra el auto que tiene por cumplida la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.
k) El proveído que tiene por cumplida la denuncia tampoco se ubica en el supuesto del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo pues la misma establece que procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo y, en el caso no se trata de un juicio de amparo sino de una denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad; medios de defensa que tienen notables diferencias y, por ende, no es posible equipararlos.
l) El procedimiento de denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad es un procedimiento sumario que consiste en la acción que formula el agraviado por la eventual inobservancia a una declaratoria general de inconstitucionalidad que repercute en su esfera jurídica, sin que tenga la necesidad de promover un juicio de amparo por vulneración de sus derechos fundamentales.
m) Los efectos de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad se limitan a dejar sin efectos el acto en que se hubiera aplicado la norma declarada inconstitucional.
n) A fin de constatar si la autoridad cumplió o no con su resolución, el juzgador se limita a analizar que se haya dejado sin efectos el acto denunciado, sin analizar su legalidad o regularidad constitucional, al no ser parte de los efectos de este medio de defensa.
o) El análisis de su cumplimento no requiere de un estudio complejo ni acucioso por parte del Juez de Distrito; de ahí que se entienda que el legislador no previera que contra la resolución que declara cumplida la resolución respectiva procediera el recurso de inconformidad. A diferencia de lo que sucede en el juicio de amparo indirecto, en donde el juez tiene amplia libertad para fijar los efectos del amparo, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce de los derechos violados.
p) Derivado de la complicación que puede involucrar el cumplimiento de una sentencia de amparo el legislador previó diversos medios para lograr su efectivo cumplimiento, entre ellos, el cumplimiento sustituto; lo cual, evidentemente, no acontece tratándose de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.
q) No es obstáculo que por auto de Presidencia de este Alto Tribunal se hubiera admitido el recurso de inconformidad, pues tal proveído no causa estado, en virtud de que sólo corresponde a un examen preliminar del asunto y no al definitivo, cuya realización compete, según sea el caso, al Tribunal Pleno o a las Salas de esta Suprema Corte.
Recurso de inconformidad 16/2021 previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo.
Antecedentes:
a) El treinta de septiembre del dos mil diecinueve el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 15/2019 en la que se declaró la invalidez de diversas disposiciones de las leyes de ingresos de distintos municipios del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2019.
b) El quince de diciembre del dos mil veinte, la persona inconforme denunció el incumplimiento de dicha declaratoria general de inconstitucionalidad, atribuyendo los actos de aplicación a las Secretarías de Finanzas Públicas de los Municipios de Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de los Romo y Calvillo, todos del referido Estado, consistentes en el cobro de derechos por alumbrado público, conforme a las disposiciones antes invalidadas.
c) Correspondió conocer de la denuncia al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, quien la declaró fundada, razón por la que requirió el cumplimiento a las autoridades denunciadas.
d) Seguido el procedimiento de cumplimiento, el Juez de Distrito tuvo por cumplida la anterior determinación y ordenó su archivo.
e) En desacuerdo, la denunciante interpuso recurso de inconformidad del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito. Este se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y lo remitió a este Alto Tribunal.
Resolución:
a) La Segunda Sala de este Alto Tribunal determinó la improcedencia del recurso, retomando en los mismos términos las consideraciones sostenidas al resolver el recurso de inconformidad previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo 2/2020, reseñado anteriormente.
10. Criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Recursos de inconformidad 63/2022 y 8/2023, previsto en la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo.
Debe de señalarse que el contexto fáctico del que derivaron ambos recursos, así como la resolución de la Primera Sala que recayó a cada uno, son esencialmente iguales en lo que interesa para la resolución de la presente contradicción de criterios. Por lo tanto, ambos asuntos serán descritos de manera conjunta.
Antecedentes:
a) Al resolver diversos amparos en revisión, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que era inconstitucional el sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas disposiciones de la Ley General de Salud que impedía absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos.
b) La Primera Sala concedió la protección constitucional en los referidos amparos para vincular a la COFEPRIS a otorgar a los quejosos la autorización para realizar las actividades necesarias para el autoconsumo lúdico de marihuana y THC y para que estableciera lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomara todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado.
c) Posteriormente, al resolver la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, el Tribunal Pleno consideró que, a pesar de las reformas a la Ley General de Salud y que el Congreso de la Unión estaba considerando cambios legislativos en la materia, no se había superado el problema de inconstitucionalidad advertido en la jurisprudencia de la Primera Sala.
d) El Pleno puntualizó que, en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legislara al respecto, al emitir las autorizaciones, la COFEPRIS debía precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas, ni realizar, en general, cualquier actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros.
e) En virtud de la declaratoria general de inconstitucionalidad, las personas denunciantes solicitaron a la COFEPRIS el otorgamiento de la autorización sanitaria para el consumo individual con fines lúdicos o recreativos de "cannabis" y "THC". Estas solicitudes se determinaron improcedentes por la COFEPRIS.
f) Derivado de lo anterior, se presentaron las respectivas denuncias por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, a las cuales dio trámite el Juzgado de Distrito correspondiente.
g) En los respectivos informes, la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la COFEPRIS señaló que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, y que los solicitantes no acreditaron de manera fehaciente que ejercerían su derecho con las condiciones precisadas en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad.
h) En cada caso, la persona titular del Juzgado de Distrito determinó que la denuncia era procedente y fundada, ordenó a la autoridad dejar sin efectos el acto denunciado y expedir la correspondiente autorización sanitaria de acuerdo con lo dispuesto en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018.
i) En etapa de cumplimiento la autoridad dejó sin efectos los actos mediante los cuales negó la autorización, otorgando la autorización sanitaria a las promoventes.
j) La persona juzgadora tuvo por cumplida la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, en tanto consideró que la autoridad realizó todo lo que se ordenó mediante resolución.
k) En contra de la determinación se interpuso recurso de inconformidad.
Resolución:
a) En el estudio de procedencia, la Primera Sala estimó que el recurso de inconformidad sí era procedente, conforme a lo siguiente:
b) El artículo 234 de la Ley de Amparo dispone que la jurisprudencia o resolución que dieron origen a la declaratoria general de inconstitucionalidad no podrán ser modificadas, además de que tendrá efectos generales y deberá de establecer la fecha a partir de la cual deba surtir efectos, así como los alcances y condiciones de éstos, los cuales no serán retroactivos, salvo en materia penal.
c) Por otro lado, el artículo 210 de esa Ley prevé el procedimiento de denuncia de la declaratoria general de inconstitucionalidad, en donde se persigue verificar si en actos posteriores a tal declaratoria se han aplicado las normas declaradas inconstitucionales. Así, en caso de que sea fundada la denuncia, se prevé que el titular del Juzgado de Distrito ordenará a la autoridad respectiva que deje sin efectos el acto denunciado y en caso de no hacerlo dentro de tres días, atenderá al procedimiento de cumplimiento y ejecución de sentencia previsto de los numerales 192 a 196 de la citada ley reglamentaria.
d) Asimismo, el referido artículo 210, en relación con el 201 de la Ley de Amparo disponen que las resoluciones que determinen que no hubo aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, o bien, que declaren la improcedencia de la denuncia, serán impugnables mediante el recurso de inconformidad. De igual manera, el último de los numerales mencionados dispone que dicho recurso también procede cuando se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la citada Ley.
e) La Primera Sala advirtió que el auto que tiene por cumplida la denuncia no se ubica en los extremos de la fracción IV del artículo 201 de la Ley de Amparo, y que tampoco podía considerarse que el tener por cumplida la resolución dictada en la denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad tuviera efectos jurídicos similares a los de tenerla por infundada o por improcedente.
f) No obstante, la circunstancia misma de que la autoridad aplicadora deje sin efectos la resolución en donde aplicó la norma declarada inconstitucional es la forma general en que se cumple con la resolución dictada en la denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, pues normalmente en este tipo de procedimientos se impone a las autoridades del país una obligación de abstención, ya que la norma fue expulsada del orden jurídico nacional.
g) Sin embargo, desde la perspectiva de la Primera Sala, pueden existir casos en donde podría ser insuficiente que se dejara sin efectos el acto denunciado, derivado de que esta Suprema Corte hubiera establecido alguna obligación de hacer y que implique seguir determinados lineamientos por parte de las autoridades del país con motivo de haber decretado la inconstitucionalidad de una norma general. h) Esto es, pese a que el artículo 210 de la Ley de Amparo dispone que si el titular del Juzgado de Distrito determina que se aplicó la norma declarada inconstitucional ordenará que la autoridad aplicadora deje sin efectos el acto denunciado, lo cierto es que el diverso 234 de ese ordenamiento permite a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer cuáles serán los alcances y las condiciones de la resolución que recaiga a la declaratoria general de inconstitucionalidad.
i) De una interpretación sistemática entre esos numerales se tiene que la persona juzgadora al analizar el cumplimiento de la resolución que emita en la denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad debe de verificar cuáles fueron los alcances y condiciones que el Alto Tribunal hubiera establecido en la declaratoria general respectiva y si con dejar sin efectos el acto denunciado se satisfacen; o bien, si en dicha declaratoria se establecieron lineamientos a las autoridades, respecto de los cuales deberá de verificarse si fueron atendidos por la autoridad.
j) A partir de esa conclusión, la Primera Sala consideró que la forma en que esta Suprema Corte pueda revisar si, como lo decidió el Juzgado de Distrito, la autoridad respectiva cumplió con lineamientos dados en la declaratoria general de inconstitucionalidad, es a partir del recurso de inconformidad que se interponga en contra del acuerdo que hubiera determinado que la resolución dictada en la denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad se encuentra cumplida.
k) Pese a que ese supuesto no se encuentra previsto entre los establecidos en el artículo 201 de la Ley de Amparo, lo cierto es que sus efectos jurídicos podrían estimarse similares a la hipótesis de la fracción I de ese numeral, es decir, tratándose de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos del numeral 196 del citado ordenamiento.
l) Lo anterior, se debe a que tanto en el juicio de amparo como en la denuncia de cumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, solo en algunos casos la persona juzgadora se limita a verificar si el acto de autoridad fue dejado sin efectos, pues existe la posibilidad de que, además, deba verificar si se atendieron los alcances y condiciones por las que se concedió el amparo o, en su caso, se declaró la inconstitucionalidad de la norma de carácter general. Además, a ambos procedimientos les aplican las reglas de cumplimiento y ejecución previstas en los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo, al juicio de amparo de forma directa y al procedimiento de denuncia de incumplimiento por remisión del diverso 210 de la Ley de Amparo. Sobre todo, porque en ambos procedimientos lo que se busca es que el cumplimiento de la resolución dictada a favor de las personas se presente sin defectos ni excesos.
m) No pasa inadvertido que en el juicio de amparo es la persona juzgadora quien establece los efectos en la concesión del amparo y sobre ellos versa la etapa de ejecución y cumplimiento, pues aun cuando tratándose de la denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad la orden que aquélla da a la autoridad es que deje sin efectos el acto denunciado, lo cierto es que, como se dijo en líneas anteriores, la obligación del Juzgado de Distrito también comprende verificar si los alcances y condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad han quedado totalmente satisfechos.
n) Sin duda, la declaratoria general de inconstitucionalidad es un procedimiento diverso del juicio de amparo, pero lo cierto es que mediante ambos se busca hacer prevalecer el orden constitucional. La cuestión es que mediante el primero ya se decidió ex ante que existe una norma de carácter general que ya fue declarada inconstitucional y que el Pleno de esta Suprema Corte ordenó expulsarla del orden jurídico nacional. Mientras que, en el juicio de amparo y tratándose de ese tipo de asuntos, la persona juzgadora hará la declaratoria mediante su sentencia, lo cual no implica, incluso, que no fueran casos en donde ya exista jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad de una norma de carácter general.
o) En ese sentido, las diferencias entre ambos procedimientos no son justificación suficiente para declarar como improcedente este medio de impugnación,
11. Estas consideraciones son vinculantes al haberse aprobado por unanimidad de once votos.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
12. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a las personas juzgadores y las personas justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Tribunal Pleno ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista o no identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
13. Sirven de sustento a lo anterior los criterios del Tribunal Pleno de rubro siguiente:
CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.(7)
CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.(8)
CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.(9)
14. Si la finalidad de la contradicción de criterios es unificarlos y el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces como lo han sostenido tanto la Primera Sala(10) como el Tribunal Pleno,(11) es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, entre otros; y
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
15. En atención a lo anterior se procederá a analizar si en este caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
IV.1 Primer requisito: Resolución de una cuestión litigiosa mediante el empleo del arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo.
16. Sí se acredita el primer requisito. La cuestión litigiosa resuelta por ambas Salas se enfocó en decidir sobre la procedencia del recurso de inconformidad en contra del auto en el que las personas juzgadoras de distrito tienen por cumplida su resolución dictada en un expediente de denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.
17. Así las cosas, las dos Salas realizaron un ejercicio interpretativo, respecto del contenido del artículo 201 de la Ley de Amparo para decidir sobre la procedencia del recurso de inconformidad, en relación con supuestos no previstos en las hipótesis de ese precepto.
18. El ejercicio interpretativo de ambas Salas en especificó se concentró en decidir si los casos que se sometieron a su resolución son equiparables a las hipótesis de procedencia del recurso de inconformidad, reguladas en las fracciones I y IV del artículo 201 de la Ley de Amparo.
19. Además, las Salas recurrieron a su arbitrio judicial para emitir sus resoluciones, derivado de lo cual, la Primera Sala determinó que los recursos de inconformidad interpuestos en contra del auto que tuvo por cumplida una resolución que declaró fundada la denuncia de incumplimiento de una declaración de inconformidad, no se ubican en los supuestos del artículo 201, fracción IV, de la Ley de Amparo y que tampoco puede considerarse que al tener por cumplida aquella resolución tuviera efectos similares a los de tener por infundada o por improcedente tal denuncia. Sin embargo, estimó que la forma en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede revisar si, como lo decidió la persona juzgadora de distrito, la autoridad responsable cumplió con los lineamientos dictados en la declaratoria general de inconstitucionalidad, es a partir del recurso de inconformidad en contra del acuerdo que declare cumplida la resolución de la denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad.
20. La Primera Sala precisó que ese supuesto de procedencia no se encuentra en el artículo 201 de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto la única hipótesis relacionada con la declaratoria general de inconstitucionalidad es el referente a los casos en que se declara infundada o improcedente la denuncia respectiva, que corresponde a la fracción IV de ese numeral. Pero, la Sala indicó que los efectos jurídicos del auto en el que la persona juzgadora de distrito declara cumplida su resolución, que consideró fundada la denuncia del incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad son similares a los efectos de la resolución que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo (en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo). Por lo que procede el recurso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32593-4d5dda3f/declaratoria-general-de-inconstitucionalidad-procede-el-recurso-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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