ACTOS "DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO". INAPLICABILIDAD DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL 2a./J. 48/2016 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN TRATÁNDOSE DE.
QUEJA 233/2016. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALEJANDRO LÓPEZ BRAVO. SECRETARIA: NOHEMÍ ARIANNA RAZO BOTELLO.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.-Estudio. En principio, conviene precisar que el recurso de queja es promovido por la parte trabajadora y, por ende, es susceptible de suplir la deficiencia de la queja a su favor, en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues ello rige aun ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios en la demanda de amparo, directo o indirecto, o en el recurso correspondiente.
En cuanto a este punto es aplicable, por las razones que la integran, la jurisprudencia 2a./J. 39/95,(5) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS."
Así, se parte de tener en cuenta las consideraciones torales que rigen el sentido de la determinación impugnada, las cuales consisten, esencialmente, en lo siguiente:
• El juzgador precisó que, en el caso, se actualizaba la causal de improcedencia establecida por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la diversa fracción V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo; señalando que el acto reclamado consistía en la dilación procesal materializada en la omisión de acordar la planilla de liquidación que se planteó, y el requerimiento de pago a la autoridad demandada.
• El Juez refirió que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, reiteró la regla general de improcedencia del amparo indirecto cuando se promueve contra violaciones de carácter adjetivo que no tienen una ejecución de imposible reparación, puntualizando -indicó el a quo- como tales, a las afectaciones cometidas dentro de un procedimiento jurisdiccional por la omisión de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando se aleguen violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Invocando el criterio jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.), que surgió de la referida contradicción de tesis 325/2015, cuyos título y subtítulo son: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS."
• Así, en la anterior tesitura, el a quo señaló que el juicio de amparo resultaba improcedente, pues pretendía combatir una afectación cometida en la etapa de ejecución de un procedimiento jurisdiccional en el que el impetrante de amparo es parte actora (por falta de prosecución en los términos de ley), cuando -indicó- ha sido sentado como regla general que ello no produce una afectación de imposible reparación. (foja 63 vuelta del juicio de amparo)
• Que no obstaba para la anterior conclusión que la superioridad solamente se pronunciara en relación con los actos reclamados emitidos dentro de juicio, ya que como lo mencionó, la norma habitual que rige en el sentido de que el amparo indirecto únicamente es procedente contra aquellos actos de imposible reparación (por afectar materialmente derechos sustantivos), es aplicable también, por analogía, para aquellos dictados después de concluido el juicio; por lo que, -señaló- resulta notoria su improcedencia contra la dilación controvertida.
Sin que se concreten -destacó- los casos de excepción para acudir al juicio de garantías en la vía indirecta, consistentes en la existencia de una abierta dilación en el procedimiento y la paralización total del juicio. Ello, dado que si bien la quejosa manifestó que no se ha concretado la ejecución del laudo en los términos de ley, no se observa -indicó- que dicho lapso transcurrido constituya una amplia demora en la prosecución del juicio; como tampoco se advierte una interrupción general del procedimiento de origen, en la medida en que el propio accionante señaló que ya se dictó laudo e inició su ejecución, por lo cual, concluyó que el juicio de origen no se encuentra totalmente inmovilizado.
A criterio de este tribunal, fue incorrecto lo resuelto por el a quo, con base en los siguientes postulados.
En principio, se debe establecer que el acto reclamado versa en la inactividad jurisdiccional en que se dice, ha incurrido la autoridad laboral de origen, relativa a que no ha emitido acuerdo que recaiga a sus escritos presentados con fechas dieciséis y veintidós de junio de dos mil dieciséis, mediante los cuales la actora solicitó se fijará la cantidad líquida de la condena del laudo (planilla de liquidación), sin que la responsable haya acordado dichas promociones. (foja 24, primer párrafo, del juicio de amparo)
En torno a tal acto, como se estableció líneas arriba, el juzgador de distrito indicó que, en el caso, el amparo resultaba improcedente, pues el acto reclamado consistía en una afectación ocurrida en la etapa de ejecución del laudo (falta de prosecución en los términos de ley), cuando ha sido sentado como regla general -señaló- que ello no produce una afectación de ejecución irreparable, sino que constituye una violación adjetiva por no tratarse de una dilación autónoma; apoyando su postura en el criterio jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.).
Como se indicó, para quien aquí resuelve, lo resuelto en el proveído ahora recurrido resulta incorrecto pues, en principio, conviene señalar que, contrario a lo argumentado en el auto de desechamiento (fojas 69 a 70 del juicio de amparo), el criterio jurisprudencial 2a./J. 48/2016 (10a.), en el que medularmente se apoya el juzgador para llegar a su conclusión, no resulta aplicable para los actos acontecidos una vez concluido el juicio, como se pasa a evidenciar.
Dicha jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) que establece:
"AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como ‘irreparables’ deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una ‘omisión’ autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente."
El citado criterio, si bien constituye parte del sustento de la determinación impugnada, se considera que en el caso no se realizó una adecuada interpretación a fin de justificar que, en el tópico en estudio, resulte jurídicamente aplicable, conforme se pasa a evidenciar.
A fin de establecer las razones por la cuales se considera que lo resuelto por el juzgador de amparo es jurídicamente incorrecto con base en la aplicación del referido criterio de la Sala del Alto Tribunal, se procede a la cita de la parte conducente de la ejecutoria emitida en la contradicción de tesis 325/2015, que originó tal criterio; las cuales, en lo que aquí interesa, consisten en lo siguiente:
"...Es así que todos los tribunales aquí involucrados resolvieron sendos recursos de queja interpuestos en contra del auto que desechó la demanda de amparo indirecto, promovida por una de las partes en un juicio laboral, en contra de la omisión de acordar promociones o de proseguir con el juicio...
"Es por ello que existe contradicción de criterios sobre un mismo punto jurídico.
"Su materia consiste en determinar si la violación al derecho de petición o prosecución jurisdiccional, reclamada por una de las partes dentro de un procedimiento laboral, actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta suficiente para sustentar el desechamiento de la demanda de amparo promovida en la vía directa...
"Cabe puntualizar que el punto de contradicción así fijado, no comprende el caso en que se reclame en la demanda de amparo la falta de emisión del laudo, debido a que sobre ese punto en concreto, sólo existe un pronunciamiento en el recurso de queja ********** del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de ahí que respecto de este tema no exista oposición que resolver.
"Así, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una ‘omisión’ autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite.
"Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta."
De igual forma, resulta oportuno traer a colación el contenido del artículo 107 de la Ley de Amparo, que regula los casos de procedencia del juicio de amparo indirecto, cuyo contenido es:
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.
"Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:
"a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;
"b) Las leyes federales;
"c) Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
"d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;
"e) Los reglamentos federales;
"f) Los reglamentos locales; y
"g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;
"II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;
"III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:
"a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y
"b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
"IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.
"Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
"En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;
"V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
"VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;
"VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño;
"VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y
"IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
"Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida."
De lo anterior podemos concluir, en primer término, que la propia Ley de Amparo hace una distinción entre actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste (fracción IV); con relación a los diversos actos ocurridos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación (fracción V); es decir, el propio legislador previó que ambas hipótesis eran diversas y estableció reglas diferentes para la procedencia del juicio de amparo biinstancial en cada uno de dichos tipos de actos.
Ello, partiendo de la idea de que el juicio debe ser entendido desde la fecha de la presentación de la demanda hasta el momento en que se dicta la sentencia definitiva que resuelve el asunto, o bien, la emisión de otro tipo de resolución que, sin resolver en lo principal, lo da por concluido.
Corrobora lo antes indicado, por los razonamientos que informa, el criterio jurisprudencial 1a./J. 83/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) cuyo contenido refiere al momento en que concluye un juicio, de rubro y texto que informan lo siguiente:
"SENTENCIA. EL AUTO QUE LA DECLARA EJECUTORIADA ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR TRATARSE DE UN ACTO DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO.-Si se toma en consideración que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, un juicio puede terminar ya sea mediante sentencia definitiva, o bien, mediante resolución que le ponga fin, entendiendo por la primera aquella que decide el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por virtud del cual pueda ser modificada o revocada y, por la segunda, aquella que sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes comunes tampoco conceden recurso ordinario alguno, y que contra tales resoluciones procede el juicio de amparo directo, es inconcuso que el auto que declara ejecutoriada una sentencia, al ser un acto que se dicta después de concluido el juicio, no es susceptible de impugnarse a través de dicho medio de defensa extraordinario, sino por la vía de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 114, fracción III, de la ley de la materia que dispone que esta vía procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Lo anterior es así, porque si bien el citado auto dota a la sentencia de su carácter definitivo cuando informa a las partes contendientes que su plazo para interponer los recursos ordinarios de defensa previstos por la ley ha fenecido, no constituye en sí una sentencia definitiva y tampoco puede ser considerado como una resolución que ponga fin al juicio, puesto que en dicho auto no se determina obstáculo alguno que haga imposible pronunciarse en cuanto al fondo del asunto, esto es, se trata de un acto de naturaleza informativa que se dicta después de concluido el juicio, lo que se confirma con el hecho de que la terminación de éste no depende de la declaración de que la sentencia ha causado ejecutoria, sino de la circunstancia de que exista un pronunciamiento de fondo que haya puesto fin al litigio planteado por las partes, o una imposibilidad para ello."
Como también, el diverso criterio 2a./J. 4/90, visible en la página 125, Octava Época, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"JUICIO DE AMPARO. CUÁNDO SE INICIA.-El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda."
En segundo término, conviene destacar que del análisis de la tesis de jurisprudencia invocada por el Juez de Distrito y transcrita líneas arriba, puede advertirse que refiere a "afectaciones cometidas dentro de un procedimiento jurisdiccional" que califica como de carácter intraprocesal; y que del contenido de la ejecutoria de la contradicción de tesis que dio origen al invocado criterio, se observa que la propia Segunda Sala hace énfasis respecto a lo que fue objeto de estudio en dicha contradicción, destacando que lo relativo a la falta de dictado del laudo no fue materia de contradicción y que, en consecuencia, no abordaba el estudio en relación con dicha hipótesis, pues sólo alcanzaba a las omisiones consistentes en la "falta de acordar promociones o de proseguir con el juicio".
Lo anterior, para quien aquí resuelve, implica que la indicada Sala del Alto Tribunal limitó el alcance del criterio que establecía, señalando que el mismo sólo vinculaba a dicho tipo de omisiones ocurridas dentro de juicio (falta de acordar promociones o de proseguir con el juicio), sin implicar pronunciamiento respecto a la falta de emisión del laudo.
Luego, si la propia Sala del Alto Tribunal estableció dicha aclaración expresa, y de la lectura del propio artículo 107 de la Ley de Amparo se advierte la distinción existente entre los diversos tipos de actos en contra de los cuales es procedente el amparo indirecto (en concreto sus fracciones IV y V, relativas a actos fuera de juicio o una vez concluido éste, y los acontecidos dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación); resulta inconcuso que si la tesis de jurisprudencia analizada refiere a los actos acontecidos en el juicio y que califica como intraprocesales, es sólo con relación a estos últimos que cobra aplicación; es decir, no resulta aplicable a los actos acontecidos una vez concluido el juicio.
En consecuencia, si el acto reclamado lo constituye la falta de acuerdo a las dos promociones presentadas en la etapa de ejecución de laudo, dicho acto aconteció después de concluido el juicio (por haberse emitido una vez dictado el laudo y que quedó firme, iniciando el correspondiente procedimiento de ejecución) y así, el multicitado criterio jurisprudencial no le resulta aplicable pues, se insiste, éste refiere a los actos establecidos por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuando lo cierto es que el acto señalado como reclamado en el juicio de amparo indirecto, resulta uno acontecido después de concluido el juicio, es decir, de los establecidos por la diversa fracción IV del mismo artículo de la Ley de Amparo.
Ahora bien, se estima que no fue correcta la conclusión del Juzgado de Distrito en el sentido de que, en el caso, no se advierte una "abierta dilación" en la tramitación del procedimiento de ejecución, pues contrario a ello, se estima que sí se actualiza dicho caso de excepción establecido por la propia jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), pues si bien es cierto que (como lo indica el juzgador a quo) dicho criterio señala que "por regla general", el amparo indirecto será improcedente cuando un particular se duela exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Federal, los actos reclamados no pueden considerarse de imposible reparación, sino como violaciones adjetivas, al no tratarse de "omisiones autónomas al procedimiento", sino que se presentan dentro de éste; empero, el mismo criterio establece dos hipótesis de excepción a dicha regla general, siendo éstos cuando el juzgador advierta una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, caso en el cual (de conformidad con el citado criterio), sí debe estimarse que el acto reclamado deviene de imposible reparación, y así hace procedente la vía de amparo indirecta para combatir, en forma inmediata, la correspondiente dilación.
Así, se estima que en el caso sí se actualiza una abierta dilación que torna procedente la vía biinstancial en contra de la omisión y dilación aquí combatidas, pues la omisión de dictar el correspondiente proveído a las promociones presentadas por la parte actora se ha de estimar como de ejecución irreparable, cuando se ha retardado de tal forma que se ha dilatado durante un plazo superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, a partir del principio del "plazo razonable", de motivación contenida en el artículo 17 constitucional, que implica tomar en cuenta la complejidad que represente el asunto, ya sea técnica, jurídica o material; la actividad que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta; o, los actos que la propia autoridad llevó a cabo para agilizar la pronta respuesta a la petición, así como sus cargas de trabajo.
Sobre el particular se cita la tesis 2a. CV/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 635, tesis aislada (constitucional), que refiere:
"DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES.-El citado artículo 8o., numeral 1, al disponer que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, resulta concordante con los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que llegue al extremo de ampliar las prerrogativas de audiencia y acceso a la justicia en ellos contenidas, porque la prerrogativa de que ‘toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías’, está establecida en el segundo párrafo del indicado artículo 14, que prevé la garantía de audiencia en favor del gobernado mediante un juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y la referencia de que la garantía judicial en comento debe otorgarse ‘dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial’, está en consonancia con el mencionado artículo 11, en lo concerniente a la tutela jurisdiccional de manera pronta, completa e imparcial, que previene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes." (Lo destacado es propio)
Así es, sobre ese aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo eco en lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales (o jurisdiccionales); y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.
Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", que consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no.
Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, es útil atender el caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto, se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por ende, el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto.
Lo anterior se sostiene en las tesis siguientes, cuyo criterio se comparte.
"PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.-En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el ‘análisis global del procedimiento’, y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el ‘plazo razonable’ en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27183-37f6ba11/actos-despues-de-concluido-el-juicio-inaplicabilidad-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.)]. (QUEJA)
- DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONLLEVA PARA LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MEDIOS DE DEFENSA, PARA EVITAR DILACIONES EN SU RESOLU (QUEJA)
- RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DECLARADAS EJECUTORIADAS, SALVO QUE LA DECLARACIÓN RELATIVA SE REALICE CON POSTERIORIDAD A LA INTERPOSICIÓN OPORTUNA DE AQUÉL (SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE JURISPRUDENCIA)
- DILACIÓN PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS "ABIERTA DILACIÓN DEL PROCEDIMIENTO" O "PARALIZACIÓN TOTAL DEL PROCEDIMIENTO", COMO EXCEPCIÓN A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO IND (QUEJA)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO. (XVII.1o.C.T.15 K (10a.))
- DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. CONLLEVA PARA LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LOS MEDIOS DE DEFENSA, PARA EVITAR DILACIONES EN SU RESOLU (III.1o.A. J/4 CS (11a.))
- DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS (XVI.1o.A.T.5 K (10a.))
- TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL. (III.4o.(III Región) 6 K (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis