AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 12 DE AGOSTO DE 2014. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS EDUARDO FRANCISCO NÚÑEZ GAYTÁN, CARLOS MANUEL BAUTISTA SOTO, MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y GUSTAVO ALCARAZ NÚÑEZ. DISIDENTE: VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ. PONENTE: CARLOS MANUEL BAUTISTA SOTO. SECRETARIO: ANTONIO LÓPEZ RENTERÍA.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente al día doce de agosto de dos mil catorce.
VISTOS Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de septiembre del año próximo pasado, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre dicho tribunal y el Segundo de la misma materia y circuito; al efecto, acompañó copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión (improcedencia 54/2013), que contiene el criterio divergente con el sustentado por su homólogo (foja 1 del cuaderno de contradicción).
SEGUNDO. El presidente del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, en su oportunidad, admitió a trámite la aludida denuncia; ordenó registrarla con el número 5/2013 y solicitó a los tribunales contendientes copia certificada de las ejecutorias pronunciadas en los asuntos de los que deriva aquélla, asimismo, que informaran si el criterio sustentado en ellos se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; lo cual fue desahogado por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante oficio 4754, de diecisiete de septiembre de dos mil trece (fojas 98 y 99 ídem).
TERCERO. En resolución de veintitrés siguiente, el presidente del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito tuvo por recibido el referido oficio; copia certificada de las actuaciones del amparo en revisión (improcedencia) 355/2004, de la cual derivó la tesis III.2o.C.9 K, de rubro:
"AMPARO INDIRECTO. RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, YA QUE ELLO CONSTITUYE UNA AFECTACIÓN DIRECTA A LA GARANTÍA INDIVIDUAL O DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO DENOMINADO DERECHO A LA JURISDICCIÓN DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, QUE SE CONSAGRA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA."
Que contiende en la contradicción de tesis, que se resuelve, y requirió nuevamente al presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, para que informara si ese criterio se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado (foja 100); lo que fue atendido mediante oficio 4966, de veinticinco del citado septiembre (foja 102), como así se tuvo en proveído de veintisiete siguiente (foja 103).
CUARTO. Por diverso de siete de octubre posterior, el presidente del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito ordenó turnar los autos al Magistrado Francisco Javier Villegas Hernández, presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
En acuerdo de veintiséis de febrero de la presente anualidad, se returnó el asunto al Magistrado Carlos Manuel Bautista Soto para los efectos señalados.
El asunto se listó el veintiséis de mayo pasado, fijándose el diez de junio para la sesión respectiva; sin embargo, se aplazó para el ocho de julio posterior, donde también se consideró el aplazamiento.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 11/2014, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el treinta de mayo de dos mil trece, toda vez que se trata de una denuncia sobre una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, competencia de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, quien sustentó uno de los criterios contendientes.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado citado, al resolver en sesión de uno de octubre de dos mil cuatro el amparo en revisión (improcedencia) 355/2004, sustentó, en lo conducente, las consideraciones siguientes:
"CUARTO. Son fundados los anteriores agravios, pues en éstos la recurrente sostiene, básicamente, que los motivos expuestos por el Juez Federal para desechar la demanda de amparo que promovió, ninguna adecuación guardan con los preceptos legales que citó ni con las tesis que invocó; dado que, contrariamente a lo afirmado por el citado a quo federal, el acto reclamado sí viola en su perjuicio la garantía establecida a su favor en el artículo 17 constitucional, toda vez que -señala-, los tribunales deben impartir justicia en forma pronta y expedita, y con la resolución reclamada (consistente en la negativa del Juez natural de declarar por perdido el derecho a la demandada a desahogar la prueba testimonial, en virtud de que resultaron falsos los domicilios de los testigos y a dar por concluido el periodo probatorio), se entorpece el curso natural del juicio; de manera tal que lo hace interminable, pues al negarse a declarar por desierta la prueba testimonial ofrecida por la demandada y a cerrar el término probatorio, hace imposible la prosecución del juicio, además, sostiene, esa determinación sí tiene el carácter de acto dictado dentro del procedimiento, cuya realización es de imposible reparación, pues de consentirse tal disposición -señala-, no sería factible restituirla en el goce de la garantía atinente a la impartición de justicia pronta y expedita, dado que jamás podrán retrotraerse los efectos del transcurso del tiempo; asimismo, aduce, la infracción no puede ser subsanada con el pronunciamiento del fallo respectivo, porque para entonces habría transcurrido inexorablemente el término fijado por la autoridad para el desahogo de pruebas. Lo son, aun cuando, para ello, deba suplirse la deficiencia de su queja, en términos de lo establecido en el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que de un estudio integral de la resolución que se revisa, se advierte la existencia de la ley que, de no ser corregida, se traduciría en dejar en estado de indefensión al hoy recurrente. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, que se recoge en el dispositivo 114, fracción IV, de su legislación reglamentaria, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclamen actos dictados dentro del juicio, éste únicamente será procedente cuando esos actos tengan en la persona o en los bienes del quejoso una ejecución de imposible reparación. En la especie, es importante precisar que este Tribunal Colegiado, en las revisiones principales 1134/2000, 1398/2000, 1659/2000, 175/2001, 528/2001, 436/2003 y 556/2003, ha sostenido que un acto de imposible reparación es todo aquel dictado dentro del procedimiento que trasciende a los derechos fundamentales del quejoso, consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como garantías individuales, siempre y cuando tal violación no pueda ser reparada, ni aun mediante el trámite del juicio de amparo directo. La anterior definición de acto de imposible reparación se basó en lo establecido, a su vez, entre otras, en la jurisprudencia 175, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es consultable en el Tomo VI, página 14 (sic), del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo sumario es del tenor siguiente: ‘EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Definición que, por cierto, ha sido compartida por la actual Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se puede apreciar en la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, visible en el Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.’ (se transcribe). Por último, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J. 2/97, visible en el Tomo V, enero de 1997, página 5, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, definió a las garantías individuales, como derechos subjetivos públicos que se traducen en la acción constitucional de amparo. En efecto, la jurisprudencia que se comenta dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe). Del anterior criterio se advierte que si bien las garantías individuales son derechos públicos subjetivos que otorgan a su titular la potestad de ejercer la acción de control constitucional, sin embargo, ello no quiere decir que cualquier violación a tales derechos fundamentales actualice la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues, como se indicó, este último se da cuando los agravios que se causen al quejoso no puedan ser reparados ni por la autoridad responsable, ni de tramitarse el amparo directo. Sentado lo anterior, basta la lectura del auto recurrido para advertir que el Juez de Distrito, en su resolución, estimó que el acto reclamado, no debía considerarse como un acto de imposible reparación, contra el cual, sea procedente el amparo indirecto; dado que tal resolución no conculcaba, en sí misma, derecho sustantivo alguno de la quejosa, ni aun el de la pronta impartición de justicia que tutela el artículo 17 constitucional. En efecto, la garantía denominada derecho a la jurisdicción, que consiste, conforme al texto literal del artículo 17 de la Constitución General de la República, en que (se transcribe); significa que todos los actos que integran los procedimientos jurisdiccionales deben ser dictados en los plazos y términos específicos que para cada caso en concreto fijen las leyes que los rijan. No se desconoce que lo anterior, aparentemente, se refiere a cuestiones meramente procesales o adjetivas. Sin embargo, no debe olvidarse que desde el momento en que el Constituyente las elevó al rango de garantías individuales, adquirieron, además, la característica de derechos públicos subjetivos, por estimarse que ameritaban una tutela especial. Incluso, en la doctrina se les conoce como garantías de procedimientos (Juventino V. Castro) o garantías adjetivas (Efraín Polo Bernal). La citada garantía individual también ha sido definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en el Tomo XV, mayo de 2002, página 299, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, como derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, el cual, a su vez, consagra diversos principios, entre los cuales se encuentra el de justicia pronta que, como se precisó en el párrafo que precede, se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Así, podemos colegir que cualquier afectación directa a la garantía individual o derecho público subjetivo, denominado derecho a la jurisdicción o de acceso a la impartición de justicia, que se consagra en el artículo 17 de la Constitución General de la República; debe considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que su transgresión por parte de la autoridad traerá como resultado el afectar directamente uno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, cuyas consecuencias no podrán ser destruidas ni aun cuando pudiera obtener un amparo directo favorable, en tanto que la consecuencia de la citada transgresión es que se retarde innecesaria e ilegalmente el juicio natural, por no ceñirse la autoridad a los términos y plazos plasmados por la legislación que rige su actuar; lapso que no podrá ser restituido al gobernado. Ahora bien, el Juez de Distrito parte de la base de que la recurrente no se dolió del hecho de que en el acto reclamado no se hubiere respetado algún término específico señalado en la legislación, sino que estimó que la quejosa consideró afectada la citada garantía por el simple transcurso del tiempo en el que tendrá que resolverse el juicio natural con motivo de no tenerse por concluido el periodo probatorio, al no haberse declarado por perdido el derecho de la parte demandada a desahogar la prueba testimonial que ofreció. Con lo anterior, -desde esa óptica- claro resulta que ello no constituye circunstancia alguna que transgreda la garantía invocada, en razón de que la resolución de un juicio civil no está legalmente limitado a un determinado lapso como para estimar que, en el caso de que el mismo fuere rebasado, no pudiera ser reparado el tiempo que de dicho término se excediera y, por ende, además, no se cumpliera con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Pues el posible retardo en el procedimiento judicial, en sí mismo considerado, no puede estimarse como un acto de imposible reparación, ya que, al ser tal procedimiento judicial el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente, deben someterse al mismo las partes en conflicto, aun cuando no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen para sostener el pleito, ni de subsanarles las afectaciones que el juicio genere. Además, menester es precisarlo, para estimar que el retardo en la resolución de un juicio afecta de manera directa la garantía de acceso a la jurisdicción establecida en el precepto constitucional que se analiza, debe ser motivado por la falta de observancia de los términos y plazos expresamente señalados en la ley, pues es esta hipótesis la elevada a rango constitucional de garantía individual y no el generado por otra cuestión, que sea propia del proceso. Sin embargo, de una acuciosa lectura de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo puede advertirse que la recurrente afirma que reclamó el auto de veintiuno de junio de dos mil cuatro, entre otras cuestiones, por considerar que con su dictado, el Juez natural transgredió el contenido de los artículos 1328 y 1401 del Código de Comercio, al negarse a cerrar el periodo probatorio, no obstante que ya había transcurrido, en exceso, el término fijado en el segundo de los preceptos mencionados, para efecto de que desahogaran las pruebas admitidas a las partes. En efecto, en el concepto de violación que se comenta, la quejosa señaló: ‘El acto reclamado es ilegal, en virtud de que el auto de 6 de abril del año en curso, la reo se fundó en el numeral 363 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y tienen por admitidas las pruebas ofrecidas por las partes, abrió el término probatorio por 15 días y ninguna de las partes solicitó la revocación, quedó firme el auto, esto es, no se modificó el término de 15 días a que se refiere el artículo 1401 del Código de Comercio; de tal manera que al negarse la reo a cerrar el término de desahogo de pruebas, quebranta las formalidades esenciales del procedimiento, aplaza, dilata y niega resolver las cuestiones sometidas a su potestad, en contravención a lo dispuesto por el arábigo 1328 del Código de Comercio, que establece que no podrán, bajo ningún pretexto, los Jueces ni los tribunales aplazar, dilatar, omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito. Por otra parte, los términos son fatales y el periodo probatorio feneció hace más de tres meses. ...’. Así, es inconcuso que, al expresarse en los conceptos de violación que la materia del amparo versa, entre otras cuestiones, sobre el hecho de que el Juez natural se negó a dar por concluido el periodo probatorio, no obstante haberse satisfecho, en exceso, el término específico que para tal efecto prevé el Código de Comercio; nítido resulta que la quejosa estimó conculcada su garantía individual denominada derecho a la jurisdicción o de acceso efectivo a la justicia, en tanto que se cuestiona el hecho de que la autoridad responsable con su actuar, retarde innecesariamente el procedimiento, al no sujetarse a los términos expresamente establecidos en la legislación mercantil, para cada fase del procedimiento; como en este caso lo es el previsto en el artículo 1401 del Código de Comercio. Con lo cual, de ser cierta la citada violación, sí se afectaría de modo directo e inmediato uno de los derechos fundamentales del hombre tutelados como garantías individuales por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos efectos no podrán ser reparados ni aunque llegare a obtener sentencia definitiva favorable; lo que hace de suyo que, a primera vista, el acto reclamado tenga una ejecución de imposible reparación, al tenor de las jurisprudencias supra transcritas, y por lo cual, hace que no pueda estimarse que se actualice de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada para desechar la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XV, mayo de 2002, página 299, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.’ (se transcribe). Igualmente, cobra aplicación al caso, por analogía, la jurisprudencia 932, publicada en el Tomo V, página 802, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación en consulta, que dice: ‘LAUDO. CUANDO NO SE DICTA CON OPORTUNIDAD, SE CAUSA AGRAVIO QUE PUEDE REPARARSE EN LA VÍA DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). No es óbice a lo anterior el hecho de que en la demanda de amparo, cuyo desechamiento se revisa, se advierta que la recurrente también mencionó que la materia del recurso del que deriva el acto reclamado, también versa sobre la solicitud que realizó a la autoridad responsable, para que declarara desierto el derecho de su contraparte procesal, para desahogar una prueba testimonial; acto que, por sí mismo, no podría ser considerado como uno que tenga una ejecución de imposible reparación, en tanto que ello, en sí mismo considerado, solamente incidiría en una cuestión de legalidad y, por lo cual, el agravio que con ello se pudiera generar puede ser subsanado en la definitiva. Sin embargo, ese solo dato no puede traer como consecuencia el que se actualice la facultad concedida al juzgador federal de amparo en el artículo 145 de la Ley de Amparo, dadas las afirmaciones expuestas en la demanda de garantías, en relación con el hecho de que el Juez responsable no observó los términos expresamente establecidos en la legislación mercantil, para la fase del procedimiento en que se dictó el acto reclamado. Afirmaciones estas últimas que, por cierto, fueron las que motivaron el hecho de que no pudiera estimarse manifiesta ni indudable la causal de improcedencia invocada por el Juez Federal, mismas que deberán ser apreciadas en su exacta dimensión, cuando se tengan los datos suficientes para poderlas analizar a la luz de la litis planteada en el recurso del que deriva el acto reclamado, pues solamente así el Juez de Distrito contará con las pruebas suficientes que le permitirán realizar una valoración y apreciación más amplia, de lo afirmado por la quejosa en su demanda y lo realmente alegado y sucedido en el juicio de origen. Luego, dado que, en la especie, no puede colegirse que se actualice de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada por el Juez Federal, lo procedente es revocar el auto impugnado y ordenar se admita la demanda de garantías interpuesta, a no ser que existan otros motivos de improcedencia, diversos del analizado." (Fojas 43 a 75 del cuaderno de contradicción)
Las consideraciones anteriores dieron origen a la tesis aislada III.2o.C.9 K, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, página 1333, de rubro y texto siguientes:
"AMPARO INDIRECTO. RESULTA PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, YA QUE ELLO CONSTITUYE UNA AFECTACIÓN DIRECTA A LA GARANTÍA INDIVIDUAL O DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO DENOMINADO DERECHO A LA JURISDICCIÓN O DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, QUE SE CONSAGRA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, que se recoge en el dispositivo 114, fracción IV, de su legislación reglamentaria, la procedencia del amparo indirecto respecto de actos dictados dentro del juicio, se encuentra reservada a aquellos que tengan en la persona o los bienes del quejoso una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por tales, los que afectan directamente sus derechos fundamentales consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como garantías individuales, siempre y cuando tal violación no pueda ser reparada, ni aun mediante el trámite del juicio de amparo directo. Así, es claro que cualquier afectación directa a la garantía individual o derecho de impartición de justicia que se consagra en el artículo 17 de la Constitución General de la República, como en su caso lo es que un acto jurisdiccional no se dicte en el plazo y término específico, que para el caso en concreto fije la ley respectiva, éste debe considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que su transgresión por parte de la autoridad traerá como resultado el afectar directamente uno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales y cuyas consecuencias no podrán ser destruidas ni aun cuando pudiera obtener un amparo directo favorable, por lo cual, si en una demanda de amparo se reclama el auto que niega cerrar el periodo probatorio, no obstante que ya había transcurrido en exceso el término específico que para la conclusión de tal fase del procedimiento prevé la ley, el amparo que contra ese acto se promueva debe estimarse procedente, en tanto que la consecuencia de la citada transgresión es que se retarde innecesaria e ilegalmente el juicio natural, por no ceñirse la autoridad a los términos y plazos plasmados por la legislación que rige su actuar, lo que constituye una violación directa a uno de los derechos fundamentales del hombre tutelados como garantías individuales por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuyas consecuencias no podrán ser destruidas ni aun cuando pudiera obtener un amparo directo favorable. Sin embargo, debe precisarse que para estimar que el retardo en la resolución de un juicio afecta de manera directa la garantía de acceso a la jurisdicción establecida en el artículo 17 de la Constitución General de la República, éste debe ser motivado por la omisión de la autoridad de observar los términos y plazos expresamente señalados en la ley, pues es esta hipótesis la elevada al rango constitucional de garantía individual y no el generado por otra cuestión que sea propia del proceso y sobre el cual no establezca un término preciso para su realización."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Tercer Circuito, al resolver, en sesión de catorce de febrero de dos mil trece, el amparo en revisión (improcedencia) 54/2013, en lo que interesa, determinó lo siguiente:
"IV. Los agravios son infundados. En efecto, de las actuaciones que remitió el Juez de Distrito para sustanciar el recurso de revisión a estudio, las que tienen valor probatorio pleno, en términos de los dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que el a quo federal desechó la demanda de garantías, porque consideró que el acto reclamado, consistente en el acuerdo que confirmó la negativa a declarar concluido el periodo de desahogo de pruebas en un juicio civil sumario hipotecario, no causa a la impetrante de garantías perjuicios de imposible reparación. Por su parte, la ahora recurrente afirma que el acuerdo señalado como acto reclamado transgrede su derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Federal; la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley, de acuerdo con la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 226 del Tomo XIX, febrero de 2004, materia laboral, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el sumario siguiente: ‘LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. ...’. Ahora bien, el tema que se resolvió en la contradicción de tesis que invocó la recurrente fue el de determinar si la omisión del dictado de un laudo en el plazo previsto por la Ley Federal del Trabajo es un acto de imposible reparación, por afectar de manera directa e inmediata el derecho sustantivo a la impartición de justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución General, implicando así que la violación procesal sea de tal magnitud que su impugnación deba ser a través del amparo indirecto, pues aun cuando la sentencia que se dictase en el fondo del asunto pueda ser favorable al particular, ya no podría ser reparada; ello como una excepción a la regla general destacada. En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia en comento, los Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron que, una vez cerrada la instrucción, el plazo general para la emisión del laudo es de veinte días hábiles, si no hubiere solicitud por alguno de los miembros de la Junta para la práctica de las diligencias que se estimen necesarias; pues, de lo contrario, tal plazo dependerá del tiempo que conlleve el desahogo de las diligencias ordenadas; por tanto, es este evento el lapso para la emisión del laudo dependerá de que aquellas diligencias se ejecuten y que la omisión de dictar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo general señalado por la ley adjetiva, es un acto dentro del juicio, cuya ejecución es de imposible reparación en virtud de que produce, de manera directa e inmediata, una afectación al derecho sustantivo fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, relativo a la impartición de justicia pronta y expedita, por lo que la vía para su impugnación es la indirecta, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que aun con la emisión de un laudo favorable a los intereses del particular, tal violación no podría repararse ante la imposibilidad de retrotraer el tiempo; en cambio, en virtud del efecto vinculatorio de la concesión del amparo, que en su caso se llegara a emitir, se obligará a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo de inmediato el laudo relativo. Bajo ese contexto, se debe concluir que el acto de imposible reparación, al que se refiere la ejecutoria, consiste en la omisión de resolver en definitiva el asunto a pesar de que ya no existe trámite alguno pendiente de desahogar, lo cual, desde luego, transgrede el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia pronta y expedita; sin embargo, en el caso a estudio no se está en ese mismo supuesto, ya que mediante el acto reclamado la autoridad responsable se negó a cerrar el periodo de desahogo de pruebas, por considerar que aun cuando ha transcurrido en exceso el término que la ley procesal civil contempla para desahogar pruebas, éstas no se han recibido por causas ajenas a su oferente, por lo que debe continuarse con el procedimiento, a fin de recabar dichos medios de convicción, lo cual evidencia que no se paralizó el procedimiento, ni se dejó de resolver la contienda por la omisión de la autoridad, aun cuando ya no existe impedimento alguno para ello. Además, debe considerarse que en caso de que se accediese a la solicitud de la quejosa de declarar concluido el periodo de desahogo de pruebas, implicaría declarar perdido el derecho de su contraparte a desahogar ciertos medios de convicción que le fueron admitidos en el juicio y, en ese sentido, de considerar procedente el amparo indirecto contra la resolución que niega cerrar el periodo probatorio, se autorizaría la interposición del amparo biinstancial contra el auto que niega declarar perdido el derecho de una de las partes a desahogar pruebas; de ahí que se considere que el acto reclamado no es impugnable en el amparo indirecto. Como apoyo a lo considerado se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J. 5/2001, visible a foja 250, T
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25355-7d6dc7e6/auto-que-niega-dar-por-concluido-el-periodo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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