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Modo: Corpus Pro

RECUSACIÓN DE LOS JUZGADORES DE AMPARO. PUEDE PLANTEARSE AUN DESPUÉS DE QUE EL ASUNTO EN EL QUE SE FORMULE SE HAYA LISTADO PARA SER VISTO EN SESIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 220/2018. · Registro digital (IUS): 28201
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-11-23
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, Pág. 1085.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 220/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 17 DE OCTUBRE DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, además de que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para dirimir el punto jurídico en contienda.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el denunciante Víctor Manuel León Figueroa –quien actuó por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Francisco José Ramírez Verduzco–, fue parte procesal en uno de los asuntos en cuya ejecutoria se emitió uno de los criterios en contienda, a saber, el relativo al recurso de reclamación 12/2018 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Sobre todo si se atiende a que esa calidad de autorizado en términos amplios es suficiente para acreditar la legitimación al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 152/2008 de esta Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, noviembre de dos mil ocho, página doscientos veintisiete, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.—El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

TERCERO.—Tema y criterios contendientes. El denunciante indicó que el problema jurídico a resolver es:

"... si opera la preclusión para formular la recusación con la publicación de la lista en la que se resolverá el asunto de mérito ..."

I. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de reclamación 12/2018, dictó el fallo de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho que, en lo que interesa, establece:

"No le asiste razón jurídica al recurrente.

"Para justificar lo anterior, es necesario en principio, acudir a los artículos 51, 52 y 59 de la Ley de Amparo, que regulan varios aspectos relevantes acerca de las figuras del impedimento y la recusación:

"‘Artículo 51.’ (transcribe)

"‘Artículo 52.’ (transcribe)

"‘Artículo 59.’ (transcribe)

"...

"De las actuaciones reseñadas no se desprende, como erróneamente lo sostiene la parte recurrente, que hubiera operado la figura jurídica de la preclusión para interponer la recusación, por el solo hecho de que el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el recurso de reclamación 4/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se listó para verse en sesión de veintisiete del mismo mes y año.

"En efecto, en relación con la figura de la preclusión procesal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que sus diversas etapas se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, se extingue o consuma la oportunidad para realizar un acto, de modo que éste ya no podrá ejecutarse nuevamente.

"Asimismo, el Alto Tribunal estableció que doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y, c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha); y, que esas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio.

"Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 21/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, Novena Época, página 314, cuyos rubro y texto señalan:

"‘PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.’ (transcribe)

"Se afirma que no quedó evidenciada la existencia de dicha figura extintiva, toda vez que, por una parte, en la Ley de Amparo no se establece un plazo perentorio a cargo de las partes para interponer una recusación y menos aún, establece como sanción procesal la referida preclusión cuando el asunto respectivo se hubiese listado para ser resuelto en sesión por los integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, por lo que tampoco puede inferirse su existencia en un ejercicio interpretativo, pues ello, resultaría excesivo al incorporar una limitante no prevista en la ley y, por ende, carecería de un sustento jurídico válido.

"Ello es así, toda vez que el artículo 59 de la Ley de Amparo, únicamente establece como causas para desechar de plano el escrito de recusación, cuando se produzca el incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos establecidos en dicho precepto, el primero, consistente en manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan y, el segundo, exhibir el billete de depósito por la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada; sin que en dicho precepto se establezca la posibilidad de desechar una recusación sobre la premisa de que el asunto se hubiera listado para ser resuelto en sesión por un Tribunal Colegiado de Circuito.

"En ese sentido, no puede considerarse, como erróneamente lo hace el recurrente, que hubo una preclusión procesal por el hecho de que la recusación presentada en el recurso de reclamación 4/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se presentó cuando ese asunto ya había sido listado para verse en sesión, habida cuenta que el legislador no estableció temporalidad alguna para promover la recusación, de modo que la interpretación que debe efectuarse al artículo 59 de la Ley de Amparo, es en el sentido de que puede plantearse hasta antes de que el asunto sea resuelto, lo que en el caso de los Tribunales Colegiados de Circuito, se materializa con la votación del asunto y la declaración correspondiente en la sesión respectiva, en términos de los artículos 185 y 186 de la Ley de Amparo.

"...

"Además de seguirse el criterio del recurrente, se vería menoscabada la intención del legislador de apartar a uno o varios juzgadores del conocimiento de un asunto, cuando concurra alguna de las causas de impedimento a que alude el artículo 51 de la Ley de Amparo, ante la eventual imposibilidad de plantear una recusación en un recurso, cuando éste hubiese sido incluido en la lista publicada para verse en la sesión de un Tribunal Colegiado de Circuito; de ahí lo infundado del agravio en estudio.

"Al respecto, es aplicable a contrario sensu, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto señalan: ‘IMPEDIMENTO. FORMULACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL MISMO.’ (transcribe). ..."

II. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el impedimento 10/2016, dictó la resolución de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis que, en lo que interesa, establece:

"En esa tesitura, resulta claro que la finalidad del impedimento es apartar del conocimiento de un asunto al juzgador cuya imparcialidad corre el riesgo de encontrarse menoscabada, lo cual podría ocurrir únicamente en las hipótesis que prevé el precepto establecido, toda vez que el artículo 52 de la Ley de Amparo, establece que sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que enumera el precepto anterior.

"De acuerdo con el último artículo, las partes en el juicio de amparo tienen derecho a recusar al juzgador que conozca del asunto por la existencia de alguna de las causas de impedimento establecidas anteriormente.

"Sin embargo, el derecho que tienen las partes para recusar al impartidor de justicia no puede ser arbitrario ni ilimitado, pues debe hacerse valer en el momento procesal oportuno con base en hechos que realmente se relacionen con las causas por las cuales el Juez se encuentra impedido, de lo que se sigue que no puede ejercerse de forma indiscriminada con el fin de dilatar el procedimiento, ya que de hacerlo se estaría vulnerando el derecho de impartición de justicia pronta y expedita.

"Al respecto, cabe señalar que la preclusión es una institución jurídica procesal, por medio de la cual se extinguen o consuman los derechos de quienes intervienen en un procedimiento jurisdiccional, si no se ejercen en la oportunidad prevista o resultante de la ley.

"...

"El juicio de amparo se rige por la preclusión, como se puede demostrar con su contenido normativo, en el cual se determina de forma específica la pérdida de los derechos de las partes durante el procedimiento, si no los ejercen en los tiempos o momentos procesales admisibles.

"La Ley de Amparo no establece un plazo dentro del cual las partes promuevan recusación en contra de los Magistrados que integran un Tribunal Colegiado. Sin embargo, de una interpretación funcional y sistemática de la legislación de la materia se puede llegar a determinar que las partes tienen derecho a recusar a dichos juzgadores, debiendo formular todas las causas por las cuales estimen que se encuentran impedidos para conocer del asunto, desde que es admitida la demanda de garantías y hasta antes de que se haya listado por primera vez el asunto para ser discutido en sesión.

"Una vez que se haya realizado dicha actuación judicial, las partes ya no podrán ejercer su derecho a recusar a los Magistrados, ni tampoco cuando ya lo hayan ejercido con anterioridad, salvo cuando exista un hecho superveniente relacionado con las causas de impedimento establecidas por la ley.

"En ese mismo tenor, si existen juicios de amparo relacionados, el promovente deberá ejercer su derecho de recusación en relación con todos los asuntos.

"...

"De la interpretación sistemática y funcional de los anteriores preceptos legales se desprende que las partes pueden formular recusación en contra de los Magistrados para que no sigan conociendo de un asunto, desde que se admite la demanda de amparo, pues a partir de ese momento tienen conocimiento de quienes son los juzgadores a quienes les corresponderá resolver el juicio respectivo, hasta antes de que se liste el asunto por primera vez para ser discutido en sesión pública.

"El plazo para formular la recusación es muy amplio, ya que una vez admitida la demanda, cuenta con el plazo de quince días hábiles que es el que se otorga a los terceros interesados para formular amparo adhesivo; además del que tiene el Magistrado relator para formular el proyecto de sentencia respectivo que es de noventa días, que si bien no necesariamente se tiene que agotar todo este periodo, lo cierto es que mientras no se liste el asunto se puede formular.

"Ese plazo se agota una vez que se listó por primera vez el asunto para ser discutido en sesión pública, pues a través de la lista se hace del conocimiento a las partes que en la última se escuchará la resolución que el Tribunal Colegiado habrá de tomar en el juicio de amparo correspondiente.

"De esa manera, si el derecho de formular recusación precluye antes de que se liste por primera vez el asunto para sesión, sin que las partes lo puedan volver a ejercer, salvo que lo hagan con base en hechos supervenientes, se considera que al momento en que ejerzan ese derecho deberán invocar todas las causas por las cuales estiman que los Magistrados se encuentran impedidos para conocer del asunto.

"Si existen varios juicios de amparo directos conexos que se van a resolver simultáneamente en una misma sesión, el promovente debe ejercer su derecho de recusación en cada uno de ellos al mismo tiempo. En caso de que se ejerza ese derecho sólo en un asunto relacionado y no se realice respecto de los otros, se debe entender que precluyó el derecho de la parte promovente para formular recusación respecto de los que no lo hizo, y lo que se resuelva en el primero debe influir en los restantes, ya que atendiendo al principio de economía procesal y al derecho de impartición de justicia pronta y expedita, sería ocioso promover, tramitar y resolver un nuevo impedimento por cada asunto vinculado y derivado de forma directa del expediente respecto del cual se pretende que se declaren impedidos los juzgadores, toda vez que el resultado a que se llegaría, en todo caso, sería el mismo.

"Estimar lo contrario sería tanto como permitir que las partes formulen indiscriminadamente múltiples recusaciones, como causas de impedimento establece la ley, lo que sería contrario al derecho de impartición de justicia pronta y expedita.

"Por su parte, la cosa juzgada encuentra su fundamento en los artículos 14 y 17 constitucionales. Conforme al primero esta figura jurídica se ubica en la sentencia obtenida en un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, dotando a las partes de seguridad y certeza jurídica. De acuerdo con el segundo precepto constitucional, las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

"...

"Por consiguiente, la existencia de la cosa juzgada obliga a cualquier órgano jurisdiccional, a no tramitar un nuevo procedimiento en el que se intente hacer valer las mismas pretensiones, pues ello también llevaría a la posibilidad de que se resuelva dos veces un asunto por la misma razón, o bien, a que se emitan sentencias contradictorias, generando de esta manera inseguridad jurídica.

"...

"No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que las partes pueden formular recusación para que los juzgadores dejen de conocer de determinado asunto, en caso de estimar que se ubican en alguna de las causas de impedimento establecidas en el artículo 51 de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando ya existe un pronunciamiento sobre una cuestión de orden público como es la capacidad subjetiva de los juzgadores, tal determinación se vuelve de interés de las partes a las que afecta y si respecto de la misma ya se agotó la recusación y existe una decisión definitiva e inatacable, es indudable que, por lo que hace al segundo impedimento planteado por la misma parte con base en los mismos hechos, el órgano jurisdiccional al que le corresponda conocer de éste, ya no puede pronunciarse sobre este tema, ni siquiera para examinar los nuevos argumentos que se propongan al respecto que pretendan mejorar lo planteado en el impedimento primigenio, ya que lo resuelto sobre el impedimento de los juzgadores tiene la autoridad de cosa juzgada.

"...

"Sin embargo, constituye hecho notorio para este Tribunal Colegiado de Circuito, que en sesión de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se dictó ejecutoria, en la que se declaró infundado el impedimento 2/2016, planteado por la misma promovente respecto de Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para que no conocieran del mismo asunto, juicio de amparo AC. 5/2016 del índice de ese órgano, en el cual se hicieron valer básicamente los mismos argumentos que ahora refiere el incidentista, con la única diferencia que los refirió para actualizar la causa de impedimento contenida en la fracción ‘VII. Si tuviera amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes’, como se puede advertir del siguiente cuadro comparativo: (se transcribe).

"...

"En todo caso, si lo que la promovente pretende es hacer valer la recusación con base en otra causa de impedimento, como lo es la de interés personal, invocada en el presente asunto, y no la de relación de amistad o enemistad, analizada en el anterior impedimento, debe decirse que su derecho a recusar a los Magistrados ha precluido.

"En efecto, como se ha visto en párrafos precedentes, la hoy promovente con anterioridad ya formuló impedimento en contra de los Magistrados integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para que dejaran de conocer el juicio de amparo directo DC. 5/2016, al considerar que se actualizaba la causa de impedimento consistente en que tengan amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, el cual este Tribunal Colegiado en el IMP. 02/2016, lo declaró infundado.

"...

"En consecuencia, se considera que precluyó su derecho de formular nueva recusación con base en los mismos hechos, no obstante que se invoque otra causa de impedimento, la del interés personal del juzgador, ya que la facultad de promoverla se ejerció válidamente en una ocasión con anterioridad, momento en el cual debió manifestar todos los motivos y causas por las cuales consideraba impedidos a los Magistrados para conocer del asunto correspondiente, y en esa medida, ya no lo puede hacer valer en este momento que es posterior.

"Sin que en el caso se advierta que existe un hecho superveniente por el cual se justifique el estudio de sus planteamientos, pues como se ha visto en párrafos que anteceden, básicamente los hechos que expone son una reiteración de los que manifestó en el impedimento primigenio. ..."

Derivado de lo anterior, sostuvo el siguiente criterio:

"RECUSACIÓN. CON LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA PARA RESOLVER UN ASUNTO EN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, OPERA LA PRECLUSIÓN PARA FORMULARLA. La interpretación sistemática y funcional de los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo determina que el derecho para recusar a los Magistrados de Circuito para el conocimiento del juicio de amparo directo o de los recursos de su competencia, se puede ejercer a partir de la admisión de la demanda o del recurso hasta antes de que se liste por primera vez para su resolución, así que sólo puede ejercerse ese derecho una vez, e invocar ahí todas las causas de impedimento que se consideren actualizadas. La limitación alcanza al caso de juicios de amparo relacionados, respecto a que sólo en una ocasión es admisible la recusación y no una para cada asunto. Todo lo anterior encuentra fundamento en la naturaleza y formas de operar la preclusión, pues mediante ésta se extingue el derecho de que se trata, en diversos supuestos: por el ejercicio del derecho, aunque no haya transcurrido completo el plazo para hacerlo; por el transcurso del tiempo sin hacerlo valer, y porque se haya realizado una actividad procesal incompatible con el ejercicio de la otra. Lo anterior deja a salvo, desde luego, el surgimiento de un hecho superveniente con el cual se actualice una causa de impedimento.". (Publicada bajo el número I.4o.C.8 K (10a.) en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Tomo IV, enero de dos mil diecisiete, página dos mil seiscientos cincuenta y cinco)

CUARTO.—Existencia. El objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar criterios discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse a la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página siete, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

También debe observarse la tesis P. XLVII/2009 del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de dos mil nueve, página sesenta y siete, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

Conforme a los criterios aquí reproducidos, para que exista la contradicción de criterios, es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:

A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que, aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica –el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general–, y que, a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.

Así, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularida

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28201-3805b1a2/recusacion-de-los-juzgadores-de-amparo-puede-plantearse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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