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Modo: Corpus Pro

RECUSACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO FORMAL DE LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" DE LOS HECHOS QUE LA FUNDAMENTAN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE AMPARO, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO Y NO A LA PREVENCIÓN AL FORMULANTE PARA QUE SE SUBSANE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2019. · Registro digital (IUS): 29310
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-02-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, Pág. 1560.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE DICIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, ELISEO PUGA CERVANTES, FORTUNATA FLORENTINA SILVA VÁSQUEZ, ROBERTO RAMÍREZ RUIZ, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, Y ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ. AUSENTE: MANUEL ERNESTO SALOMA VERA. DISIDENTES: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ Y JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN. PONENTE: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO. SECRETARIA: CINTHIA MONSERRAT ORTEGA MONDRAGÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una contradicción de criterios en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegiados de este Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, constitucional, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la denuncia fue formulada por el Magistrado presidente del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que resolvió el recurso de reclamación RR. 32/2019-13, criterio que contiende con lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su recurso de reclamación RR. 14/2013, y que es materia de la presente contradicción.

TERCERO.—Posturas contendientes de los Tribunales Colegiados Segundo y Décimo Tercero en Materia Civil del Primer Circuito.

I. Postura del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación RR. 14/2013.

Primeramente, se observa la postura del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que conoció del recurso de reclamación RR. 14/2013, interpuesto por los recurrentes ********** y **********, contra el proveído dictado por la presidencia de dicho órgano colegiado, de veintitrés de septiembre de dos mil trece, pronunciado en el impedimento civil 3/2013, formulado de igual manera por los mismos recurrentes, en el juicio de amparo directo DC. 489/2013.

En lo que concierne a la presente contradicción, las determinaciones de dicho órgano colegiado, son del orden siguiente:

"Efectivamente, el acuerdo de veintitrés de septiembre del dos mil trece, que ahora se impugna, determinó desechar, por notoriamente improcedente, la recusación planteada por la quejosa, con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Amparo, el cual, textualmente, dispone:

"‘Artículo 59. En el escrito de recusación deberán manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan y exhibirse en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada. De no cumplirse estos requisitos, la recusación se desechará de plano, salvo que, por lo que hace al último de ellos, se alegue insolvencia. En este caso, el órgano jurisdiccional la calificará y podrá exigir garantía por el importe del mínimo de la multa o exentar de su exhibición.’

"Como se aprecia de la norma que se ha reproducido, la falta de cumplimiento en alguno de los requisitos consistentes en la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos en que se funda la recusación y la exhibición mediante billete de depósito de la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada; trae como consecuencia, el desechamiento de plano del impedimento promovido, por disposición expresa del citado precepto legal.

"En este sentido, la satisfacción del requisito formal relativo a la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o antecedentes en que se funda la recusación, debe ser realizado al momento de presentar la recusación y la falta del mismo da lugar al desechamiento de plano; lo que tiene razón de ser en que la finalidad del impedimento es apartar del conocimiento de un asunto al juzgador, con base en que su imparcialidad se encuentra menoscabada, y ello implica el retardo en el análisis y, por ende, resolución del asunto correspondiente, por lo que se hace necesaria la protesta de decir verdad de los hechos en que se apoya, para crear certeza sobre la seriedad del planteamiento y, por ende, su expresión no constituye un mero formulismo sacramental, sino que entraña una responsabilidad directa de quien la formula.

"Lo anterior, se confirma ante lo preceptuado por el artículo 250 de la Ley de Amparo, que a la letra establece:

"‘Artículo 250. Cuando el órgano jurisdiccional que deseche o desestime una recusación advierta que existan elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, se impondrá multa de treinta a trescientos días de salario.’

"La disposición legal citada prevé la imposición de la multa que refiere, al promovente de una recusación, cuando ésta se deseche o desestime y existan elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento respectivo.

"De tal suerte, es factible concluir que la narrativa bajo protesta de decir verdad de los hechos en que se apoye el impedimento, responsabiliza a quien lo formula respecto de la falsedad en que se pueda incurrir en los hechos en que se funda la misma y, concretamente, en el caso en que se demuestre que se haya dirigido a entorpecer o dilatar el juicio respectivo, caso en que el precepto legal invocado dispone la imposición de una multa de treinta a trescientos días de salario.

"En este orden de ideas, es erróneo el argumento de la parte recurrente en cuanto hace valer que la falta de la protesta legal de decir verdad en los hechos en que se funda la recusación es insuficiente para desechar la misma y que se trata de un simple requisito de forma, porque, como se ha establecido, constituye un requisito esencial para la valoración del impedimento y las consecuencias legales que corresponden a quien la plantea.

"De igual manera, carece de sustento alguno la afirmación de la parte inconforme, en el sentido de que la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos en que se sustenta la recusación, resulta innecesaria, porque se cuenta con las constancias del juicio de amparo directo DC. 489/2013, en razón de que éstas se refieren a los elementos para apreciar la constitucionalidad del acto reclamado y no así para valorar las circunstancias narradas en el escrito de recusación, las cuales se orientan a hacer valer la afectación de la imparcialidad de uno de los Magistrados integrantes de este órgano colegiado.

"Por lo que respecta al planteamiento relativo a lo innecesario de la protesta legal de decir verdad, derivado de que la Magistrada conoce los hechos que se le atribuyen manifestados en el escrito de recusación, resulta igualmente carente de sustento alguno, en virtud de que ese argumento parte de la premisa de que aquéllos resultan ciertos, lo cual es materia de demostración en el fondo del impedimento y no puede servir de base para establecer el cumplimiento de los requisitos legales previstos para su formulación.

"Asimismo, resulta infundada la afirmación consistente en que la protesta legal de decir verdad se encuentra en el escrito respectivo de forma tácita, por haber exhibido los promoventes la garantía por la cantidad que correspondiera a la multa máxima, a la que podrían hacerse acreedores; pues dicha protesta legal y la exhibición del billete de depósito son requisitos distintos, de modo que el cumplimiento de uno de ellos de ninguna manera puede implicar la satisfacción del otro, pues de lo contrario la ley sólo establecería cualquiera de ellos y no ambos.

"Por lo que se refiere a la tesis invocada por los recurrentes, de rubro siguiente: ‘PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES INNECESARIO EXIGIRLA SI EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A LA VISTA LOS AUTOS DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO.’, cabe establecer que resulta inaplicable al caso concreto, ya que su contenido se refiere a la protesta de decir verdad de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado en la demanda de amparo indirecto, mención que tiene como propósito proporcionar al Juez de amparo la información completa para que pueda proveer sobre la admisión de la demanda, y de este modo el citado criterio sostiene que es innecesario exigir dicha protesta, si ya se cuenta con los autos del procedimiento del que deriva el acto reclamado, pero dicho criterio no versa sobre la protesta legal de decir verdad de los hechos en que se basa la recusación, la cual no guarda relación directa con las actuaciones del juicio natural."

De la transcripción preinserta, se aprecia que el citado Tribunal Colegiado, por acuerdo plenario de diez de octubre de dos mil trece, firmado el dieciséis de octubre de dos mil trece, por unanimidad de votos, medularmente consideró que la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos consistentes en la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de los hechos en que se funda la recusación, y la exhibición mediante billete de depósito de la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada, trae como consecuencia el desechamiento de plano del impedimento promovido, por disposición expresa del citado precepto legal.

De la misma forma, consideró que la satisfacción del requisito relativo a la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o antecedentes en que se funda la recusación, debe ser realizado al momento de presentar la recusación y la falta del mismo tiene como consecuencia que se deseche de plano el impedimento.

En dicho tenor, sostuvo que lo anterior se debía a que la finalidad del impedimento es apartar del conocimiento de un asunto al juzgador, con base en que su imparcialidad se encuentra menoscabada, y ello implica el retardo en el análisis y, por ende, resolución del asunto correspondiente, por lo que se hace necesaria la protesta de decir verdad de los hechos en que se apoya, para crear certeza sobre la seriedad del planteamiento, por lo cual, dicha expresión no constituye una fórmula sacramental, sino que entraña una responsabilidad directa de quien la formula.

Ante tales circunstancias, consideró erróneo el argumento de la parte recurrente, referente a que la falta de la protesta legal de decir verdad en los hechos en que se funda la recusación es insuficiente para desechar la misma y que se trata de un simple requisito de forma, dado que, contrario a ello, constituye un requisito esencial para la valoración del impedimento y las consecuencias legales que corresponden a quien lo plantea.

II. Postura del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de reclamación RR. 32/2019-13.

A continuación, se observa la postura del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que conoció del recurso de reclamación RR. 32/2019-13, interpuesto por la recurrente **********, a través de su apoderada **********, contra el proveído dictado por la presidencia de dicho órgano colegiado, de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, pronunciado en el expediente de impedimento IMP. 7/2019-13, que versa respecto de la recusación contra los Magistrados ********** y **********, integrantes del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, para conocer de los recursos de revisión RC. 317/2018, RC. 129/2019, RC. 76/2019, RC. 2/2019, RC. 131/2019 y RC. 136/2019, así como del recurso de queja QC. 49/2019, todos del índice de este último.

En lo que ocupa a la presente contradicción, las determinaciones de dicho órgano colegiado, son del orden siguiente:

"Debe tenerse en cuenta que nuestro Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 119/2018 (10a.), sustentó que la recusación de los juzgadores de amparo puede plantearse aun después de que el asunto en el que se formule se haya listado para ser visto en sesión, porque el legislador no previó un límite temporal para plantear las recusaciones, lo que significa que pugnó para que las partes, en cualquier etapa procesal del juicio, cuando adviertan en el juzgador alguna condición personal que lo motive a actuar o resolver en determinado sentido, puedan manifestarlo y, en su caso, obtener una decisión que lo inhiba de conocer del asunto.

"Consideró que el derecho de las partes para recusar no se agota con el listado para sesión del asunto en el que se alegue la configuración del impedimento, en atención a que la intención es garantizar que, incluso, hasta el último momento previo a la toma de la decisión respectiva, sea viable apartar del conocimiento del asunto al juzgador que incurra en alguna causa de impedimento para que lo haga otro, tomando en cuenta que el derecho a la justicia imparcial constituye una condición esencial de la función jurisdiccional.

"Dicho criterio está publicado en la página «1114» del Libro 60, Tomo II, noviembre de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"‘RECUSACIÓN DE LOS JUZGADORES DE AMPARO. PUEDE PLANTEARSE AUN DESPUÉS DE QUE EL ASUNTO EN EL QUE SE FORMULE SE HAYA LISTADO PARA SER VISTO EN SESIÓN. El artículo 51 de la Ley de Amparo establece diversas causas de impedimento por las cuales los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, pueden ser recusados por las partes para conocer de los asuntos puestos a su consideración, conforme al artículo 52, párrafo segundo, del mismo ordenamiento. Al respecto, el legislador no previó un límite temporal para plantear las recusaciones, de lo que se infiere que pugnó para que las partes, en cualquier etapa procesal del juicio, cuando adviertan en el juzgador alguna condición personal que lo motive a actuar o resolver en determinado sentido, puedan manifestarlo y, en su caso, obtener una decisión que lo inhiba de conocer del asunto. Por tanto, el derecho de las partes para recusar no se agota con el listado para sesión del asunto en el que se alegue la configuración del impedimento, sobre todo porque se advierte que la intención es garantizar que, incluso, hasta el último momento previo a la toma de la decisión respectiva, sea viable apartar del conocimiento del asunto al juzgador que incurra en alguna causa de impedimento para que lo haga otro, tomando en cuenta que el derecho a la justicia imparcial constituye una condición esencial de la función jurisdiccional.’

"Bajo esa línea argumentativa, se considera que cualquier requisito formal para acceder al estudio de fondo del impedimento, de ser subsanable, puede ser materia de prevención, y sólo en caso de incumplimiento se puede desechar la petición, pues de cualquier forma ésta puede realizarse en cualquier momento, satisfaciendo los requisitos formales incumplidos en una ocasión.

"Ahora bien, el artículo 59 de la Ley de Amparo dispone:

"‘Artículo 59. En el escrito de recusación deberán manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan y exhibirse en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiera imponerse en caso de declararse infundada. De no cumplirse estos requisitos la recusación se desechará de plano, salvo que, por lo que hace al último de ellos, se alegue insolvencia. En este caso, el órgano jurisdiccional la calificará y podrá exigir garantía por el importe del mínimo de la multa o exentar de su exhibición.’

"De dicho precepto legal, se advierte que los requisitos formales que debe contener el escrito de recusación, consisten en:

"I. Manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos que lo fundamentan; y,

"II. Exhibir en billete de depósito la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiere imponerse en caso de declararse infundada la recusación.

"De lo anterior se colige que, como lo refiere la quejosa, tales requisitos por ser estrictamente formales, pueden ser subsanables mediante prevención, pues no obstante que el numeral 59 de la Ley de Amparo señala que de no cumplirse alguno, la recusación se desechará de plano, pues el precepto no impide que previamente a la determinación que deba adoptar el presidente del tribunal, pueda prevenir su cumplimiento, a efecto de garantizar la expeditez de la justicia y la economía procesal.

"Ciertamente, porque ni el numeral 59 citado, ni alguno otro dentro del título primero, ‘Reglas generales’, capítulo VI, ‘Impedimentos, excusas y recusaciones’, prohíbe de forma expresa que ante la falta de tales requisitos, el juzgador no pudiera prevenir al quejoso su cumplimiento; luego, debe estarse al principio de interpretación jurídica que dice: ‘que donde la ley no distingue no debemos distinguir’.

"Además, porque debe tenerse en cuenta, que el fin primordial del planteamiento de una recusación, es apartar del conocimiento al juzgador que incurra en alguna causa de impedimento, para que lo haga otro, sobre la base esencial de que (sic) que el derecho a la justicia imparcial constituye una condición esencial de la función jurisdiccional.

"Más aún, si se tiene en cuenta que si la recusación formulada deriva precisamente de un juicio de amparo y/o recursos previstos en la ley de la materia, en los que la legislación sí prevé su prevención a falta de requisitos formales previamente al desechamiento; en consecuencia, la misma regla debe regir tratándose de las recusaciones, pues, se insiste, no existe precepto legal que lo impida.

"En consecuencia, si conforme a la jurisprudencia previamente invocada, la recusación puede ser planteada en cualquier momento hasta antes de que se resuelva en sesión –incluso, de ser desechada, puede plantearse nuevamente–; entonces, atendiendo al principio de expeditez de justicia, y a que no existe precepto legal que lo prohíba de forma expresa, en el caso, previo el desechamiento de la recusación por falta de los requisitos formales previstos en el artículo 59 de la Ley de Amparo, el presidente del tribunal debió prevenir a la parte inconforme para que en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, subsane la omisión de aquéllos, bajo apercibimiento que de no hacerlo la recusación será desechada."

De la transcripción que antecede, se advierte que el mencionado órgano colegiado contendiente, al resolver el recurso de reclamación RR. 32/2019-13, en sesión de ocho de agosto de dos mil diecinueve, por mayoría de votos, de la Magistrada María Concepción Alonso y del Magistrado José Rigoberto Dueñas Calderón Flores, con el voto en contra del Magistrado presidente Daniel Horacio Escudero Contreras, determinó que eran fundados los agravios hechos valer por la parte recurrente, bajo el argumento toral de que en la jurisprudencia 2a./J. 119/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos título y subtítulo son: ‘RECUSACIÓN DE LOS JUZGADORES DE AMPARO. PUEDE PLANTEARSE AUN DESPUÉS DE QUE EL ASUNTO EN EL QUE SE FORMULE SE HAYA LISTADO PARA SER VISTO EN SESIÓN.’,(1) determinó que la recusación de los juzgadores de amparo puede plantearse aun después de que el asunto en el que se formule se haya listado para ser visto en sesión, dado que el legislador no previó un límite temporal para plantear las recusaciones, por lo que en cualquier etapa procesal del juicio, las partes pueden manifestar sus razones por las cuales los juzgadores deben inhibirse de conocer del juicio puesto a su potestad.

Ante tales circunstancias, consideró que cualquier requisito formal para acceder al estudio de fondo del impedimento, debe ser subsanable, por lo que puede ser materia de prevención, y sólo en caso de incumplimiento, es posible desechar de plano la petición, pues ésta puede realizarse en todo momento, satisfaciendo los requisitos formales en una ocasión.

Asimismo, hizo notar que en esa tesitura, los requisitos formales contenidos en el artículo 59 de la Ley de Amparo, son dos: 1) la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos que fundamentan su petición; y, 2) la exhibición en billete de depósito de la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudiere imponerse en caso de declararse infundada la recusación.

De tal forma que los requisitos, al ser estrictamente formales, pueden subsanarse mediante la prevención, dado que el numeral 59 de la Ley de Amparo señala que de no cumplirse alguno, la recusación se desechará de plano, pues el precepto no impide que previamente a la determinación que deba adoptar el presidente del tribunal, se pueda prevenir su cumplimiento, a efecto de garantizar la expeditez de la justicia y la economía procesal.

Esto bajo el entendido de que ni el numeral 59 antes referido, ni alguno otro del título primero, reglas generales, capítulo VI, "Impedimentos, excusas y recusaciones", prohíbe de forma expresa que ante la falta de tales requisitos del juzgador, no pudiera prevenir al quejoso su cumplimiento, por lo que debe estarse al principio jurídico que señala: "que dónde la ley no distingue, no debemos distinguir".

Por ello, también consideró que debe tenerse en cuenta que el fin primordial del planteamiento de una recusación es apartar del conocimiento al juzgador que incurra en alguna causa de impedimento, para que lo haga otro, a partir de la base esencial que el derecho a la justicia imparcial constituye una condición primordial de la función jurisdiccional.

Lo anterior fue así, porque tomando en cuenta que si la recusación formulada deriva precisamente de un juicio de amparo y/o recursos previstos en la ley de la materia, en los que la legislación sí considera la prevención a falta de requisitos formales previamente al desechamiento, es que la misma regla puede regir tratándose de recusaciones, pues no hay precepto legal que lo impida.

Así, estimó el Tribunal Colegiado que, si conforme a la jurisprudencia previamente citada, la recusación puede ser planteada en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva en sesión, e incluso de ser desechada, puede plantearse nuevamente, se entiende que en atención al principio de justicia expedita y a que no existe precepto legal que lo prohíba de forma expresa, previo al desechamiento de la recusación por falta de los requisitos formales previstos en el artículo 59 de la Ley de Amparo, el presidente del tribunal debe prevenir a la parte inconforme, para que, en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se subsane la omisión, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, dicha recusación será desechada.

CUARTO.—Estudio sobre la existencia de la contradicción de tesis.

Sentados los criterios contendientes en la presente contradicción de tesis, debe precisarse que el objeto de la resolución radica en unificar dichos criterios, a fin de generar seguridad jurídica. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los elementos que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis, como se destaca a continuación:

1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas.

Sirve de sustento la jurisprudencia 1697, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, Novena Época, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte – SCJN, Décima Cuarta Sección - Jurisprudencia, materia común, página 1925, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Así como la tesis aislada P. XLVII/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, materia común, página 67, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29310-f38bc9d4/recusacion-en-el-juicio-de-amparo-la-falta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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