PRUEBA DOCUMENTAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 26 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ENRIQUE EDEN WYNTER GARCÍA, RAQUEL FLORES GARCÍA Y RAFAEL MARTÍN OCAMPO PIZANO. PONENTE: JORGE ENRIQUE EDEN WYNTER GARCÍA. SECRETARIO: LUIS ARMANDO COAÑA Y POLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia: Este Pleno del Decimocuarto Circuito tiene legal competencia para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 2, fracción XVI, y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre un Tribunal Colegiado de este Circuito y un Tribunal Colegiado Auxiliar que apoyó a aquél, siendo que éste se considera que pertenece al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado, razón por la que se estima necesaria la intervención de este Pleno de Circuito.
Además, de conformidad con los artículos 2 y 9 del mencionado Acuerdo General 8/2015, se desprende claramente que este Pleno del Decimocuarto Circuito, conformado por integrantes de tribunales semiespecializados, es un Pleno sin especialización, es decir, que tiene competencia en todas las materias.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes 13 de febrero de 2015 «a las 9:00 horas y» en la página 1656, Libro 15, Tomo II, febrero de dos mil quince, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.—Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante:
Los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo establecen que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron.
En el caso concreto, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los preceptos legales invocados y los numerales 5, fracción III, inciso b), y 12 de la Ley de Amparo, ya que la formuló **********, como autorizado –en términos amplios del citado numeral 12– del tercero interesado **********, en el juicio de amparo indirecto 629/2016, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, del que se desprendió el recurso de revisión 57/2017, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, que motiva la presente contienda.
TERCERO.—Posturas contendientes:
A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, resulta conveniente traer a colación las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito, a través de las ejecutorias respectivas.
I. Criterio del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de revisión número 212/2014.
a) Antecedentes:
1. ********** demandó en la vía extraordinaria hipotecaria, de ********** y de la sucesión de **********, a través de su representante legal **********, como interventor de dicha sucesión, el pago de la suerte principal, intereses moratorios y los gastos y costas respectivos.
2. De la demanda correspondió conocer a la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, quien una vez que la admitió a trámite, ordenó emplazar a los demandados y decretó el secuestro del predio materia del juicio del cual ordenó su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
3. Seguido el procedimiento en todas sus etapas y una vez integrada la litis procesal, la Juez del conocimiento dictó sentencia definitiva en la que se condenó a los demandados al pago de las prestaciones exigidas; fallo en contra del cual, se interpuso recurso de apelación que se declaró infundado mediante resolución del catorce de diciembre de dos mil once.
4. En el procedimiento de ejecución respectivo, se declaró fincado a favor del actor el remate en pública subasta y primera almoneda del predio secuestrado.
Juicio de amparo indirecto 97/2014:
5. **********, quien se ostentó tercero extraño al juicio extraordinario hipotecario de que se trata, promovió demanda de amparo indirecto, señalando que había celebrado un contrato de promesa de compraventa a su favor sobre el bien inmueble en conflicto y, para demostrarlo, ofreció como prueba el testimonio de una escritura pública que contenía el acto jurídico mencionado.
6. Por razón de turno, tocó conocer del juicio de amparo indirecto (97/2014), al Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán.
7. Dentro del desahogo del juicio, la parte tercero interesada, en cuanto al documento que anexó el quejoso a su escrito de demanda inicial, dijo: "lo objeto y lo tacho de toda falsedad", exponiendo las razones de ello, y además, entre otras probanzas, ofreció la pericial documentoscópica y grafoscópica a cargo de un perito, cuyo nombre indicó, así como diversas documentales para tratar de demostrar su falsedad.
8. Por acuerdo del diecinueve de febrero de dos mil catorce, el Juez de Distrito tuvo por formulados los alegatos contenidos en ese escrito para ser considerados en la audiencia constitucional correspondiente, reservando acordar las pruebas hasta en tanto estuviera integrada la litis, sin precisar si se tenía o no por promovido el incidente de falsedad de documentos.
9. Posteriormente, una vez que se requirió en dos ocasiones al tercero interesado respecto de la idoneidad de las pruebas que ofreció, por acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil catorce se requirió al quejoso ********** para que exhibiera el contrato de promesa de compraventa que celebró con ********** o **********.
10. Mediante auto de dos de abril de dos mil catorce, se tuvo por no admitida la pericial en materia documentoscópica y grafoscópica ofrecida por el tercero interesado, ya que para su desahogo era menester que el quejoso exhibiera el original del contrato de promesa de compraventa, sin que lo hubiera hecho.
Importa destacar que en contra del referido acuerdo, no se interpuso recurso de queja, que era procedente conforme al artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, pues se trata de un proveído dictado durante la tramitación del juicio de amparo, que no admite expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave podría causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; en tal virtud, el comentado acuerdo adquirió firmeza.
11. En la audiencia constitucional de ese juicio, en el periodo de pruebas, se tuvieron por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales ofertadas por la parte quejosa, dictándose sentencia en la que se concedió la protección constitucional que se instó en contra del secuestro y orden de remate decretados sobre el bien inmueble materia de la litis del juicio extraordinario hipotecario de origen, para el efecto de que el Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán dejara insubsistente el secuestro trabado sobre el referido predio y ordenara la cancelación de la toma de razón del embargo, así como sus demás consecuencias y efectos.
12. Inconforme con la anterior resolución, **********, tercero interesado en ese asunto, interpuso el recurso de revisión, que por razón de materia, tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, que lo radicó en el toca número 212/2014 y, en sesión celebrada el veinte de agosto de dos mil catorce, resolvió dejar intocado y, por ende, firme, el sobreseimiento decretado en la sentencia impugnada, y en lo que fue materia de la revisión, confirmó el fallo recurrido y concedió la protección constitucional al quejoso **********.
b) Consideraciones del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito:
En el recurso de revisión número 212/2014, fallado en sesión de veinte de agosto del año dos mil catorce, en torno al tema materia de la presente contradicción, en lo que aquí interesa, se sostuvo lo siguiente:
"SÉPTIMO.—Estudio. Los agravios esgrimidos por la parte tercero interesada discrepante en esta alzada, ameritan el análisis siguiente:
"En principio, a manera de antecedente debe recordarse que el impetrante promovió el presente juicio de amparo, a fin de controvertir el gravamen que pesa sobre el predio ********** (**********) letra ********** de la calle ********** (**********) de la colonia **********, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, ordenado en los autos del juicio extraordinario hipotecario **********, promovido por el tercero interesado aquí recurrente, en contra de ********** y la sucesión intestada de **********; aduciendo que dicho inmueble es de su propiedad y que no es parte en el juicio de origen.
"De igual forma, debe recordarse que el Juez de amparo consideró que el documento mediante el cual el quejoso pretendió acreditar la propiedad del inmueble que defiende, resultó ser de fecha cierta, además de que contiene una operación de compraventa respecto del bien afecto, celebrada entre el quejoso y **********, con anterioridad al gravamen impugnado; razón por la cual, concedió al impetrante la protección constitucional que solicitó.
"Ahora bien, antes de proceder al estudio de los agravios que se hacen valer en el presente recurso, es pertinente señalar que, por razón de método, serán analizados en orden diverso al que se proponen.
"En efecto, en su cuarto motivo de disenso, el disidente hace valer una violación de carácter procesal, consistente en que no obstante que el Juez Federal emisor de la sentencia reclamada, tenía pleno conocimiento de la objeción que realizó sobre la firma que se atribuye a la parte vendedora del contrato de compraventa mediante el cual el quejoso acreditó su interés jurídico en este asunto; dicho resolutor, omitió decretar la apertura del incidente de falsedad establecido en el artículo 122 de la nueva Ley de Amparo, pues, en su opinión, con el incidente en cuestión, tiene nueva oportunidad de ofrecer pruebas, no sobre la firma que obra en el contrato original en cuestión, sino sobre la copia de éste exhibida al presentar la demanda.
"A juicio de este tribunal revisor, en el caso no se actualiza la omisión procedimental que se atribuye al Juez de amparo, de ahí que los argumentos condignos son infundados.
"Y para mejor entendimiento de lo anterior, es pertinente la transcripción del texto del numeral 122 en comento, el cual es de la literalidad siguiente:
"‘Artículo 122. Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia.’
"De la reproducción que precede, se desprende, en lo conducente, que si durante la instrucción de un juicio de amparo, una de las partes presenta un documento y la otra lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional suspenderá dicha audiencia para continuarla dentro de los diez (10) días siguientes; y que al reanudarse ésta, se presentarán las pruebas vinculadas con la autenticidad de dicho documento.
"De lo cual se colige, que es requisito de procedencia para la apertura del incidente relativo, que la objeción condigna se realice precisamente en la audiencia constitucional.
"Por tanto, y como de la lectura de la audiencia constitucional celebrada en el presente juicio de amparo, no se advierte por parte del recurrente la existencia de objeción alguna, es claro que en el caso no se actualiza el supuesto de procedencia de la apertura incidental en comento; y, por ello, es claro que el Juez Federal del conocimiento, no tenía obligación procesal alguna en relación con el incidente en cuestión.
"Así las cosas y dado lo anterior, es patente que el Juez de amparo no incurrió en la omisión que se le atribuye y, por ello, es dable reiterar el carácter infundado del agravio relativo.
"Superada la cuestión procesal que se hace valer en el escrito de agravios, procede a continuación el análisis de fondo que se plantea en el presente recurso de revisión."
II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, al fallar el recurso de revisión 57/2017, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, relativo al juicio de amparo indirecto número 629/2016, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán.
a) Antecedentes del juicio de amparo indirecto 629/2016, de acuerdo a la ejecutoria respectiva:
1. ********** promovió diligencias de jurisdicción voluntaria, a fin de que se decretaran alimentos provisionales tanto a ella como a su hijo ********** –en aquel entonces menor de edad– y a su menor hija **********, las que una vez tramitadas por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, dictó sentencia y, en lo que interesa, decretó una pensión de cincuenta y tres mil pesos mensuales ($53,000.00), a cargo de ********** y a favor de la promovente del juicio, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad.
2. El demandado ********** interpuso recurso de apelación en contra de ese fallo, que fue resuelto por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, en el sentido de modificar la sentencia recurrida para el efecto de que la cantidad mensual a pagar por concepto de pensión provisional, sea la de treinta y cuatro mil ochocientos un pesos con veinte centavos ($34,801.20).
3. En contra de la resolución de segunda grado, ********** (promovente de las diligencias de jurisdicción voluntaria) instó demanda de amparo indirecto que fue admitido a trámite por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán en el expediente número 629/2016.
4. En el desahogo del juicio de amparo, por escrito recibido el doce de julio de dos mil dieciséis, el tercero interesado ********** promovió incidente de falsedad respecto de la firma de la quejosa **********, que obra en el escrito que contiene la demanda de amparo.
5. Por acuerdo de trece de julio de dos mil dieciséis, el Juez Federal se reservó acordar lo relativo al citado incidente, en tanto se levantaba la suspensión del procedimiento que se ordenó con motivo de la interposición de un recurso de queja en contra de un diverso acuerdo emitido en ese juicio.
6. Posteriormente, el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez Federal reanudó el procedimiento y ordenó hacer del conocimiento al tercero interesado que la objeción de falsedad de documento que promovió respecto del escrito de demanda de amparo, sería tramitado al celebrarse la audiencia constitucional en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo.
7. El ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia constitucional, sin que se hiciera alusión al incidente de falsedad de documento intentado por el tercero interesado; por lo que se dictó sentencia definitiva en la que se concedió la protección constitucional.
8. Inconformes con esa determinación, ********** (tercero interesado) y ********** (quejosa), por medio de sus respectivos autorizados, interpusieron sendos recursos de revisión que, por razón de su materia, tocó conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, que los radicó bajo el amparo en revisión número 57/2017, y que fue resuelto en sesión celebrada el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, en auxilio de aquel órgano jurisdiccional, en el sentido de revocar la sentencia recurrida, y ordenar al Juez de Distrito que repusiera el procedimiento para el efecto, entre otros, de que al momento de celebrarse la audiencia constitucional, tuviera por formulado el incidente de falsedad de firma y suspendiera su celebración con el propósito de desahogar, en términos de lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de Amparo, la objeción de documentos formulada por el tercero interesado y, en su oportunidad, resolviera lo que en derecho corresponda.
b) Consideraciones del «Segundo» Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región:
En el recurso de revisión 57/2017, fallado en sesión de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, en relación con el tema materia de la presente contradicción, en lo que aquí interesa, se sostuvo lo siguiente:
"QUINTO.—Resulta innecesario examinar los agravios esgrimidos por las partes recurrentes, así como las consideraciones de la resolución recurrida, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte violaciones al procedimiento en el juicio de amparo que ameritan su reposición, tal como se verá a continuación:
"Ante todo, debe indicarse que acorde con el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciere demostrada una acción u omisión que dé lugar a la vulneración de las reglas fundamentales que norman el juicio constitucional, y ello trascienda al resultado del fallo, entonces, se deberá ordenar la reposición del procedimiento.
"Cabe señalar que las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo son aquellas que deben acatar los órganos de control constitucional, por disposición expresa o implícita de las distintas leyes que regulan a ese juicio, para integrar exactamente el procedimiento, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado o con la persona que solicitó la protección de amparo; esto es, son la totalidad de las obligaciones que se encuentran sistematizadas en los cuerpos normativos que rigen al juicio constitucional.
"En efecto, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 629/2016, se advierte que se incurrió en las siguientes violaciones al procedimiento:
"I. ...
"II. ...
"III. Indebidamente se abstuvo de tramitar el incidente de falsedad de firma intentado por el tercero interesado **********, respecto del escrito de demanda de garantías.
"Lo anterior, tal como a continuación se verá:
"...
"III. Omisión de tramitar el incidente de falsedad de firma intentado por el tercero interesado **********, respecto del escrito de demanda de garantías.
"De las constancias que integran el juicio de amparo indirecto 629/2016, en lo que interesa, se advierte que por escrito presentado el doce de julio de dos mil dieciséis, el tercero interesado ********** interpuso incidente de falsedad de firma (fojas de la cincuenta y seis a la cincuenta y nueve ídem).
"Por acuerdo de trece de julio de dos mil dieciséis, el Juez Federal se reservó acordar lo relativo al citado incidente, en tanto se levantaba la suspensión del procedimiento que se ordenó, con motivo de la interposición de un recurso de queja en contra de un diverso acuerdo (fojas sesenta y sesenta y uno ídem).
"Más adelante, el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, el Juez Federal reanudó el procedimiento y ordenó hacer del conocimiento al tercero interesado que la objeción de falsedad de documento que promovió, respecto del escrito de demanda de amparo, sería tramitado al celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo (foja ochenta y siete ídem).
"El ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia constitucional, sin que se advierta de la misma, que se hiciera alusión al incidente de falsedad de documento intentado por el tercero interesado (foja ciento ocho ídem).
"Finalmente, en la sentencia autorizada de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, se advierte que éste determinó que el incidente no había sido promovido en el momento procesal oportuno, ya que no se había promovido durante la audiencia constitucional.
"Ahora bien, tal proceder no se ajusta a lo establecido en el numeral 122 de la Ley de Amparo, ya que la pretensión plasmada por el tercero interesado en el escrito que presentó el doce de julio de dos mil dieciséis, bastaba para que se le tuviera por (sic) promoviendo incidente de falsedad de firmas, decretara la suspensión de la audiencia constitucional y procediera conforme a lo previsto en el dispositivo antes invocado.
"Son aplicables al caso a estudio, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, las siguientes jurisprudencias:
"– Jurisprudencia 1a./J. 12/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. ES SUFICIENTE PARA QUE EL JUEZ SUSPENDA LA AUDIENCIA RESPECTIVA.—De conformidad con la tesis de jurisprudencia 1a./J. 86/2006 sustentada por esta Primera Sala, de rubro: «OBJECIÓN DE DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL INCIDENTE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE SUSPENDER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, YA SEA QUE AQUÉLLA SE FORMULE ANTES O EN EL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN.», la única interpretación que admite el artículo 153 de la Ley de Amparo es la literal. De conformidad con esta interpretación, basta con que una de las partes objete de falso un documento para que el Juez Federal suspenda la audiencia, y la continúe dentro de los diez días siguientes, a efecto de que presenten las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento cuestionado. Ello, dada la obligación que tiene el Juez de Distrito de suspender la audiencia constitucional, independientemente del momento de la presentación de la objeción de falsedad de documentos, acorde al artículo 153 de la Ley de Amparo.’
"– Jurisprudencia 1a./J. 86/2006, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice:
"‘OBJECIÓN DE DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL INCIDENTE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE SUSPENDER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, YA SEA QUE AQUÉLLA SE FORMULE ANTES O EN EL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN. Del análisis de los artículos 151, 153 y 155 de la Ley de Amparo, así como de lo sustentado por el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 15/98, que originó la tesis P./J. 22/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 24, con el rubro: «DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.», se advierte que la objeción de documentos prevista en el segundo de los preceptos citados, puede formularse antes o en el momento de la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, en ambos casos el Juez de Distrito invariablemente debe relacionar la prueba documental y su objeción y de ser procedente, la audiencia debe ser suspendida para recibir las pruebas y contrapruebas relativas a la falsedad o autenticidad del documento objetado, por así establecerlo expresamente el mencionado artículo 153, el cual no admite más interpretación que la literal, ya que es claro en el sentido de que la audiencia constitucional deberá suspenderse ante la formulación del incidente de objeción de falsedad de documentos.’
"Es de mencionar que el artículo 122 de la Ley de Amparo establece que en los casos en que se ataque u objete de falso un documento, se debe suspender la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes y en audiencia se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento; entonces, es posible que en el lapso incidental las partes, entre ellos, el tercero interesado ofrezcan pruebas y contrapruebas, ya que ese dispositivo previene que, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de la ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia.
"Recapitulando, el ofrecimiento de pruebas puede realizarse con posterioridad a la formulación de la objeción de falsedad correspondiente, incluso de no ameritar su desahogo preparación alguna, como sucede en el caso de las pruebas documentales, pueden presentarse en el mismo día señalado para la continuación de la audiencia constitucional.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:
"‘PRUEBA PERICIAL O TESTIMONIAL EN EL AMPARO. SU ANUNCIO, CUANDO SE IMPUGNA DE FALSEDAD UN DOCUMENTO. De acuerdo con el artículo 153 de la Ley de Amparo, en los casos que se ataque de falso un documento, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes y en esta audiencia se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento. Ahora bien, si una de las partes estima necesaria la recepción de una prueba pericial o testimonial, debe anunciarla con los días de anticipación que ordena el segundo párrafo del artículo 151 de la citada ley, y no esperar hasta que llegue el día de la continuación de la audiencia, para hacer el ofrecimiento de la prueba, ya que esto desnaturalizaría la brevedad y concreción que el legislador determinó en el artículo 153.’
"Atendiendo a lo antes relacionado, este Tribunal Colegiado considera que el Juez de Distrito debió tener por realizada la objeción de falsedad de firma a que aludió el tercero interesado en su escrito presentado el doce de julio de dos mil dieciséis, conforme a lo previsto en el artículo 122 de la Ley de Amparo.
"Sin embargo, al no proceder en esos términos, es inconcuso que infringió el ordenamiento legal invocado y, por ende, las reglas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio biinstancial, dado que el Juez de Distrito debió suspender la audiencia constitucional y fijar un término para que las partes –no sólo el tercero interesado– aportaran pruebas sobre la autenticidad o falsedad de la firma, en términos de lo establecido por el artículo 122 de la Ley de Amparo.
"A esa conclusión se arriba, en virt
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27877-fc02fd87/prueba-documental-en-el-juicio-de-amparo-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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