PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL CUESTIONARIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).
PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL CUESTIONARIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO) Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 15 DE MAYO DE 2018. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.
El tres de marzo de dos mil diecisiete los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito denunciaron la posible contradicción entre el criterio sustentado por dicho tribunal, al resolver el recurso de queja 7/2017, y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver la queja 26/2014. El primero de los tribunales sostuvo que es indispensable la exhibición del cuestionario original sobre el cual versará la prueba pericial; de lo contrario, es válido su desechamiento. En cambio, el segundo de los tribunales sostuvo que en caso de omitir presentar el cuestionario respectivo, deberá requerirse al oferente de la prueba pericial para que subsane esa omisión, y sólo en caso de no cumplir tal requerimiento, se tendría por no ofrecida.
Cuestionario
¿Cómo debe proceder la autoridad de control de regularidad constitucional en los juicios de amparo indirecto cuando, al ofrecer la prueba pericial, el oferente no exhibe el cuestionario para los peritos sobre el cual versará la prueba?
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día quince de mayo de dos mil dieciocho, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la cual se resuelven los autos de la contradicción de tesis 82/2017, relativos a la denuncia planteada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito.
I. Antecedentes
1. Los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunciaron la posible contradicción entre el criterio sustentado por el tribunal que integran, al resolver el recurso de queja 7/2017, y el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver la queja 26/2014, de la que surgió la tesis aislada, de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL CUESTIONARIO RELATIVO CUANDO LA OFRECIDA FUE ANUNCIADA DENTRO DEL PLAZO LEGAL, DA LUGAR A QUE SE REQUIERA AL OFERENTE SU PRESENTACIÓN."
2. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis por auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, donde se dijo que la aparente contradicción se genera porque el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, al resolver la queja 7/2017, sostuvo que es indispensable la exhibición del original del cuestionario sobre el cual versará la prueba pericial, al momento de su ofrecimiento, ya que es un requisito contemplado en el artículo 119 de la Ley de Amparo, por lo que, de no exhibirse, es válido su desechamiento. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver la queja 26/2014, de la que derivó la tesis I.2o.A.E.3 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 8, Tomo II, julio de 2014, página 1232, con número de registro digital: 2007040, de título y subtítulo: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL CUESTIONARIO RELATIVO CUANDO LA OFRECIDA FUE ANUNCIADA DENTRO DEL PLAZO LEGAL, DA LUGAR A QUE SE REQUIERA AL OFERENTE SU PRESENTACIÓN.", en la que sostuvo que la regla prevista en el párrafo sexto del artículo 119 de la Ley de Amparo, de que deberá requerirse al oferente de la prueba pericial la presentación de las copias del cuestionario relativo cuando no las exhiba total o parcialmente, debe observarse también ante la falta de exhibición del cuestionario, cuando la prueba ofrecida fue anunciada dentro del plazo legal, y no desecharla; pues esta interpretación resulta acorde con los principios pro persona –porque favorece el pleno ejercicio del derecho al debido proceso legal– y de progresividad, porque hace extensiva a este supuesto una regla más favorable.
3. Asimismo, se solicitó al segundo de los tribunales contendientes la versión digitalizada o la copia certificada de las ejecutorias en que sostuvo su criterio, así como el informe de si éste se encuentra vigente o las causas para tenerlo por superado o abandonado. Por otra parte, considerando que el punto de contradicción está relacionado con la materia de la contradicción de tesis 428/2016, de la competencia del Tribunal Pleno, cuyo conocimiento comprendió al Ministro José Ramón Cossío Díaz, se ordenó turnarla al propio Ministro.
4. Una vez que el tribunal federal requerido remitió la versión digital de la resolución involucrada en la denuncia de contradicción, por proveído de tres de abril de dos mil diecisiete el presidente de este Alto Tribunal tuvo por integrado el expediente y ordenó el envío de los autos al Ministro designado para la elaboración del proyecto respectivo.
II. Competencia
5. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos.
III. Legitimación
6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, porque fue formulada por los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito.
IV. Existencia
7. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, consistentes en que:(2)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
8. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Alto Tribunal, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:
9. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito resolvió la queja 7/2017, cuyo asunto tiene las siguientes características:
10. El dos de diciembre de dos mil dieciséis, Ana Luisa Ontiveros López, por propio derecho y en representación de otros, presentó demanda de amparo, señalando como autoridad responsable a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, asimismo, señaló como actos reclamados: a) La falta de llamamiento a juicio en el juicio laboral 3957/2015-1C, promovido por Arón Rodríguez Félix contra Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, Sociedad Anónima de Capital Variable y de Casas Beta del Noreste, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; b) El embargo y remate de los inmuebles propiedad de la quejosa; y, c) El acuerdo por el cual se ordenó desposeer a la quejosa de los bienes de su propiedad.
11. Dentro de la demanda de amparo, la quejosa señaló que los lotes de terreno embargados son parte de una fracción de terreno mayor, materia de un convenio de compraventa que llevó a cabo con Casas Beta del Noreste, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, materia también del contrato de reconocimiento de adeudo contra la misma empresa. Asimismo, la quejosa en la demanda de amparo ofreció la prueba pericial, bajo el argumento de que ello demostraría fehacientemente que la fracciones de terreno materia de la litis del expediente laboral 3957/2015-1C son y se derivan del convenio de compraventa.
12. El cinco de diciembre de dos mil dieciséis, el Juez de Distrito proveyó lo conducente a la admisión de la demanda y, entre otras cosas, se pronunció respecto a la prueba pericial ofrecida, indicando que tal prueba pericial no cumplía con el principio de idoneidad; ello al no tener relación inmediata con los hechos controvertidos en la demanda de amparo.
13. En contra de tal determinación, la quejosa interpuso el recurso de queja 7/2017, misma que fue resuelta por el Tribunal Colegiado el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, resolviendo fundado pero inoperante el único agravio de la recurrente, en razón de las siguientes consideraciones:
• Acorde a lo indicado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 41/2001, el Juez de Distrito debe tener cuidado al decidir la no admisión de un elemento probatorio, a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse sólo cuando es claro, patente y sin lugar a dudas que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia. En ese contexto, declaró fundado el agravio de la recurrente, pues en el caso, la quejosa presentó la pericial en materia de topografía con el objetivo de acreditar su interés jurídico, en función de que los predios que aduce le pretenden desposeer son de su propiedad y se encuentran inmersos en un predio mayor.
• No obstante lo anterior, se torna inoperante el agravio, en razón de que la prueba pericial no podía ser admitida en los términos ofrecidos, pues la oferente omitió exhibir el cuestionario que se requiere para su desahogo, conforme el artículo 119 de la Ley de Amparo. En tales circunstancias, al no satisfacerse los requisitos previstos en el artículo 119 de la Ley de Amparo, fue correcto el desechamiento de la prueba pericial, citando al efecto la tesis 2a. XXXIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "PRUEBA PERICIAL. LA FACULTAD DE REQUERIR LAS COPIAS PARA CORRER TRASLADO A LAS PARTES, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE HACERSE EXTENSIVA AL CUESTIONARIO ORIGINAL."
14. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, resolvió la queja 26/2014, con las siguientes características:
15. La recurrente promovió juicio de amparo indirecto, reclamando de diversas autoridades del Gobierno del Distrito Federal, entre otros actos, la expedición y aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito Federal "Polanco" del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta de septiembre de dos mil ocho.
16. En el escrito de demanda, la quejosa anunció la prueba pericial en materia de telecomunicaciones.
17. Mediante auto de veintidós de noviembre de dos mil trece, la Juez de Distrito admitió la demanda de amparo y, entre otras cosas, se reservó acordar la procedencia de la prueba pericial en materia de telecomunicaciones, hasta en tanto obraran los informes justificados rendidos.
18. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil catorce, la quejosa solicitó a la juzgadora proveer sobre la admisión de la prueba pericial.
19. Mediante acuerdo de veintidós de enero de dos mil catorce, la Juez de Distrito señaló que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuviera únicamente por anunciada la prueba pericial en materia de telecomunicaciones, pues la quejosa no exhibió el cuestionario al tenor del cual habrá de desahogarse dicha prueba, en términos del párrafo quinto del artículo 119 de la Ley de Amparo.
20. Por auto de catorce de febrero de dos mil catorce, la Juez de Distrito desechó la prueba pericial, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, toda vez que el oferente no satisfizo el requisito de exhibir original y copia del cuestionario respectivo; de ahí que, al ser una condición de eficacia el ofrecimiento de la prueba pericial, estimó que lo conducente era desechar la prueba pericial, sin prevenir al oferente, pues el juzgador no está en posibilidad de apercibir para que se colme tal requisito, al no existir precepto legal que permita o le ordene requerir a la parte omisa y, si así lo hiciera, rompería el equilibrio procesal que debe existir entre las partes.
21. En contra de tal determinación, la quejosa interpuso el recurso de queja 26/2014, misma que fue resuelta por el Tribunal Colegiado el quince de mayo de dos mil catorce, resolviendo fundados los agravios de la recurrente, en razón de las siguientes consideraciones:
• Que de una interpretación literal del artículo 119 de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, se sigue que: a) En el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios y/o cuestionarios, correspondientes; b) En caso de que en el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, no se exhiban total o parcialmente las copias del interrogatorio y/o del cuestionario, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días.
• Que ni en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ni en los artículos 143 al 160 de la legislación supletoria (Código Federal de Procedimientos Civiles) se establece una regla específica para el caso de que no se exhiba el cuestionario sobre el cual versará la pericial.
• La jurisprudencia sí ha establecido criterios orientadores(3) (aunque referidos a otras materias), en el sentido de que aun cuando no se haya exhibido el cuestionario para los peritos no debe desecharse la prueba, sino requerir al oferente para que subsane dicha omisión, en respeto de los principios de debido proceso, sin que se vulneren las garantías de seguridad jurídica y legalidad.
• Con el objetivo de colmar el vacío legal considerando que se trata de un tema íntimamente relacionado al debido proceso legal, como la aptitud de las partes para ofrecer pruebas, el tribunal consideró que debía atender a los principios pro persona y de progresividad.
• Que tales principios obligan al operador de la ley a garantizar el derecho al debido proceso, de acuerdo con la interpretación constante y progresiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(4) Asimismo, que este Alto Tribunal ha establecido las garantías del debido proceso,(5) entre las que destaca en referencia al presente caso, "la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa", interpretación del Máximo Tribunal que fue hecha considerando los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los cuales se deriva que los órganos jurisdiccionales no pueden imponer condiciones de trámite y de aspecto meramente formal que impliquen una denegación del derecho a la tutela jurisdiccional.
• El reconocimiento de la garantía de defensa en materia de prueba, se ha traducido en el otorgamiento de una serie de facultades en favor de los gobernados, entre las que destaca "que los medios de prueba debidamente propuestos sean admitidos".
• Con base en todo lo anterior, el Tribunal Colegiado consideró que la regla establecida en el artículo 119 de la Ley de Amparo admite dos interpretaciones: a) Que el requerir a la parte sólo procede cuando se omitió anexar las copias del cuestionario, excluyendo cualquier otro caso, pues donde la ley no distingue, el aplicador de la ley no debe distinguir; b) Si bien el legislador sólo previo requerir por falta de copias, ello derivó de la incorporación al texto legal de la jurisprudencia de la Suprema Corte, pero ello no implica un pronunciamiento sobre el supuesto distinto, como en materias distintas, como es el requerimiento ante la falta de exhibición del cuestionario, por lo que tal laguna legal debe ser colmada por el intérprete de la norma.
• El Tribunal Colegiado comparte la segunda visión, pues resulta acorde a los principios pro persona (porque favorece el pleno ejercicio del derecho al debido proceso legal) y de progresividad (por que hace extensiva a este supuesto una regla más favorable), además de resultar afín a los criterios emitidos por este Máximo Tribunal en otras materias, no como suplencia de la queja, ni como falta al equilibrio procesal, porque la prueba fue ofrecida por la propia quejosa y tal ofrecimiento se hizo oportunamente, por lo que no se estaría sustituyendo una carga procesal de la quejosa, sino que en respeto a los principios que rigen el procedimiento, se estaría cumpliendo una tutela judicial efectiva, en atención a un mayor y mejor ejercicio del derecho humano al debido proceso
22. Conforme a dicho criterio, el Tribunal Colegiado emitió la siguiente tesis aislada:
"PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL CUESTIONARIO RELATIVO CUANDO LA OFRECIDA FUE ANUNCIADA DENTRO DEL PLAZO LEGAL, DA LUGAR A QUE SE REQUIERA AL OFERENTE SU PRESENTACIÓN. La regla prevista en el párrafo sexto del artículo 119 de la Ley de Amparo, de que deberá requerirse al oferente de la prueba pericial la presentación de las copias del cuestionario relativo cuando no las exhiba total o parcialmente, debe observarse también ante la falta de exhibición del cuestionario, cuando la prueba ofrecida fue anunciada dentro del plazo legal, y no desecharla, pues esta interpretación resulta acorde con los principios pro persona –porque favorece el pleno ejercicio del derecho al debido proceso legal– y de progresividad –porque hace extensiva a este supuesto una regla más favorable, análoga a la propuesta para otro caso–, así como con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en otras materias, en los cuales, a través de la prevención o el requerimiento, se permite que las partes subsanen una deficiencia formal de sus promociones."(6)
23. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Tribunal Pleno considera que el segundo requisito queda cumplido en el presente caso, ya que en los ejercicios interpretativos realizados por los tribunales contendientes hay un punto de disenso respecto a la cuestión jurídica analizada.
24. En efecto, mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito consideró que, acorde al requisito establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, la omisión de la presentación del cuestionario original en el ofrecimiento de la prueba pericial en el amparo, da lugar a que se deseche la prueba; el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones consideró lo contrario, sobre la base de que el artículo 119 de la Ley de Amparo no regula expresamente cuál es el procedimiento que debe seguirse cuando no se cumple el requisito de presentar el cuestionario original, por tanto, debe interpretase que la omisión de presentar el cuestionario original debe dar lugar a que se requiera al oferente para que subsane la omisión.
25. Para sostener sus respectivas posturas, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito indicó que el artículo 119 de la Ley de Amparo establece claramente como requisito para el ofrecimiento de la prueba pericial, la presentación del cuestionario original y sólo contempla la posibilidad de prevenir al oferente de la prueba en el caso de omitir presentar las copias del cuestionario, por tanto, la omisión de presentar el cuestionario original da lugar a desechar la prueba pericial.
26. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones fundó su decisión en el hecho de que ni el artículo 119 de la Ley de Amparo, ni el marco regulatorio supletorio de la Ley de Amparo regulan el procedimiento a seguir ante la omisión de la presentación del cuestionario original en la prueba pericial, por tanto, debe hacerse una interpretación de la norma a la luz de los principios pro persona y de progresividad, llegando a la conclusión de que la omisión de presentar el cuestionario original debe dar lugar a que se requiera al oferente para que subsane la omisión, sin que ello pueda considerarse suplencia de la queja o que se atente contra la igualdad de las partes.
27. Lo anterior demuestra la divergencia de los criterios asumidos por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito ante el mismo problema jurídico, referente a qué procede ante la omisión de la presentación del cuestionario original en la prueba pericial, si debe desecharse la prueba pericial o, por el contrario, si debe requerirse a la parte para que subsane la omisión.
28. En este sentido, el punto de contradicción radica en resolver qué procede ante la omisión de la presentación del cuestionario original de la prueba pericial, si debe desecharse o debe prevenirse a la oferente para que subsane la omisión.
Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito también se cumple, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes y la materia que debe resolverse en esta contradicción, cabe formular la siguiente interrogante: ¿Cómo debe proceder la autoridad de control de regularidad constitucional en los juicios de amparo indirecto cuando, al ofrecer la prueba pericial, el oferente no exhibe el cuestionario para los peritos sobre el cual versará la prueba?
V. Estudio
29. Como ha quedado dicho, en la presente contradicción de tesis el tema a dilucidar consiste en determinar si, en los juicios de amparo, conforme a los párrafos quinto y sexto del artículo 119 de la Ley de Amparo vigente, ante la falta de exhibición del cuestionario, al tenor del cual se desahogará la prueba pericial al momento de ofrecerla, el Juez del conocimiento debe tenerla por no anunciada, debe desecharla o si debe requerir al oferente para que lo exhiba junto con las copias correspondientes dentro de los tres días siguientes a que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo, con el apercibimiento que, de no hacerlo, la prueba se tendrá por no ofrecida.
30. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el criterio adoptado en la presente ejecutoria, coincidente con el que sostiene el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, es el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, al tenor de las consideraciones que enseguida se exponen y que se retoman de lo resuelto por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el recurso de queja 215/2014, bajo la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas:
31. Para la resolución de fondo de este asunto conviene explicar, en primer orden, algunos aspectos generales sobre la institución de la prueba judicial.
32. En este análisis se parte de la base de que la acción de "probar" no es exclusiva del terreno jurídico y menos aún de los procesos judiciales, la noción de prueba trasciende al campo general del derecho y se extiende a la totalidad de las ciencias que integran el saber humano (de lo que da cuenta la existencia de un método científico) e, incluso, a todas las manifestaciones de la vida humana, nadie escapa a la necesidad de probar, si acaso pretende que sus afirmaciones (de cualquier índole) se tengan por ciertas. Es por ello que una noción técnica de lo que se entiende por "prueba" debe estar relacionada con la materia a la que se aplica, es decir, su significado adquiere un sentido propio sólo cuando se le concibe en función de cierta ciencia, disciplina o experiencia a la que se encuentra vinculada. Así, en el terreno del derecho procesal, probar es aportar al proceso, por los medios y procedimientos aceptados en la ley, los motivos o las razones que produzcan el convencimiento o la certeza del Juez sobre los hechos. En ese tenor, consideradas desde el punto de vista de su aportación al proceso, las pruebas son actos jurídicos procesales, porque en ellos interviene la voluntad humana, sea por virtud de la actividad del Juez o por la aplicación de las partes interesadas en ver estimadas sus pretensiones.(7)
33. Como acto jurídico procesal, la actividad probatoria se rige bajo ciertos principios de entre los que ahora se destacan, por ser útiles para la resolución de este asunto, los principios de la carga de la prueba y de la autorresponsabilidad de las partes.
34. En relación con dichos principios, si bien se parte de la base de la igualdad de oportunidades en materia de pruebas, ello no impide afirmar que siempre resulta a cargo de una de las partes la necesidad de suministrar la prueba de ciertos hechos, sea porque los invoca a su favor, o porque de ellos se deduce lo que se pide, o porque el opuesto goza de presunción o de notoriedad, o bien, porque es una negación indefinida.(8) De esa exigencia lógica resulta el principio de la carga de la prueba que conlleva una regla de conducta para el juzgador, en virtud de la cual, puede fallar de fondo cuando falta la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar. En ese tenor, el principio de carga de la prueba se encuentra íntimamente vinculado con el principio de autorresponsabilidad de las partes por su conducta en el proceso, al disponer de libertad para llevar al juicio, o no, la prueba de los hechos que la benefician y la contraprueba de los que, comprobados por el contrario, pueden perjudicarle; y es que a las partes les es posible colocarse en una total o parcial inactividad probatoria, por su cuenta y riesgo; de manera que las partes soportan las consecuencias de su inactividad, de su negligencia e, incluso, de sus errores cuando éstos no son subsanables.
35. Para determinar si son subsanables, o no, los errores cometidos por las partes en el ofrecimiento de sus pruebas, debe analizarse si la deficiencia apuntada corresponde a un elemento esencial de la prueba, cuya falta impida su desahogo, aunque, en todo caso, habrá de atenderse a las reglas legales aplicables en cada caso.
36. Es el legislador democrático el encargado de constituir las normas que regulan la prueba judicial, como una de las formalidades esenciales del procedimiento, en términos del artículo 14 constitucional, cuyas pautas, en el caso del juicio de amparo indirecto, se encuentran dadas en los artículos 119 a 123 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en el entendido de que es supletorio, en lo conducente, el Código Federal de Procedimientos Civiles. En relación con el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, el artículo 119 de la Ley de Amparo dice:
"Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa.
"La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.
"Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28031-973f779e/prueba-pericial-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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