VIDEOGRABACIONES. LAS OFRECIDAS POR LAS PARTES COMO PRUEBA EN EL AMPARO INDIRECTO, TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y DEBEN SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 20 DE FEBRERO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: JESÚS ROJAS IBÁÑEZ.
II. Competencia
5. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(4) y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, esta Primera Sala resulta competente para determinar si entre el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados Quinto en Materia Civil del Tercer Circuito por un lado y el Segundo en Materia Penal del Primer Circuito por el otro, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil y penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala, por lo que se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
III. Legitimación
6. La denuncia de contradicción de tesis fue formulada por parte legitimada para ello, de conformidad con la fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo en vigor, al ser realizada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, quien se encuentra facultado para hacer la denuncia, por tratarse de uno de los órganos de control constitucional contendientes.
IV. Criterios de los tribunales contendientes
7. A fin de determinar si la denuncia de contradicción de tesis es existente, así como verificar que el estudio de la misma es procedente, es conveniente hacer alusión a cada uno de los casos que resolvieron los tribunales contendientes.
8. El veintitrés de noviembre de dos mil seis, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declaró infundado el recurso de queja 312/2006, interpuesto por **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, estos últimos de apellidos **********, contra el auto dictado por la Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en el juicio de amparo **********, por el que se desechó una probanza, consistente en las imágenes contenidas en unas cintas videograbadas.
9. Los principales razonamientos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para declarar infundado el recurso de queja fueron los siguientes:
a) Que contrario a lo que había aducido el Juez de Distrito, las videograbaciones resultarían idóneas para constatar que desde hacía más de cinco años existían constantes cateos y saqueos a los comerciantes de Tepito por parte de elementos policiacos al mando de las autoridades responsables, ya que al promover la demanda de garantías, los amparistas reclamaron precisamente los saqueos y cateos y en esos términos fue admitida la demanda por la Juez de amparo, máxime, si lo que se pretendía mostrar en los videos eran precisamente los cateos efectuados en dos mil uno y dos mil tres, por lo que bajo esas condiciones, la prueba debió tenerse por admitida.
b) No obstante lo anterior, se advirtió un diverso motivo de desechamiento. Los quejosos ofrecieron erróneamente las videograbaciones como "documentales públicas", solicitando expresamente la reproducción de las imágenes ahí contenidas en el local del juzgado; sin embargo, tal probanza constituye una inspección, porque para su desahogo es necesaria la observación sensorial por el Juez o por el secretario fedatario, respecto de algo o alguien, así como la descripción que se haga de lo observado en tales videos con el objeto de constatarlo y describirlo en un acta que servirá para establecer en el juicio, la verdad que corresponda a situaciones jurídicas planteadas por el quejoso en el juicio de garantías.
c) El vocablo documento significa el escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo, en tanto que el numeral 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, menciona que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, donde además prescribe tal numeral, que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes, de tal suerte que resulta inconcuso que tales filmaciones no corresponden con lo que se entiende por documento, sino que se trata de una inspección.
d) En cuanto a su admisión como inspección, tenía aplicación la tesis de rubro: "PRUEBA DE INSPECCIÓN OFRECIDA SOBRE UNA GRABACIÓN DE CIRCUITO CERRADO. EL HECHO DE QUE LA JUNTA DETERMINE LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLA Y QUE NO SE DESAHOGUE, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA DEL OFERENTE, PUES NO CONSTITUYE UN DOCUMENTO DE LOS QUE EL PATRÓN TIENE OBLIGACIÓN DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO."
e) Al tratarse de una inspección, se debió cumplir con los requisitos y formalidades para su ofrecimiento, en términos del artículo 151 de Ley de Amparo abrogada, ya que debían anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez observará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. Asimismo, no se admitirán más de tres testigos por cada hecho y deberá ofrecerse con la misma oportunidad que la testimonial y la pericial.
f) Por tanto, la prueba debió anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el de ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, lo que en la especie no se acató, por lo que la prueba hubiera resultado extemporánea y de cualquier manera se habría desechado. Al respecto citó el criterio de rubro: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA."
10. Por otro lado, al analizar la resolución que declaró fundado el recurso de queja **********, en el que ********** y **********, se dolieron del proveído por el que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil con residencia en el Estado de Jalisco desechó una prueba de inspección judicial, en el juicio de amparo indirecto **********, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consideró lo siguiente:
a) Declaró que se está ante un supuesto distinto al de la prueba de inspección judicial, en la medida que no se pretende que el Juez aprecie hechos presentes, sino que tome en cuenta lo que obra en un dispositivo electrónico como dato histórico y representativo de determinado acontecimiento pasado, lo que constituye una constancia audiovisual susceptible de reproducirse o de examinarse con auxilio de aparatos tecnológicos, lo que no se advierte regulado de manera particular en la legislación de la materia, a diferencia de lo que sucede con las diversas pruebas de inspección, pericial y testimonial, entre otras.
b) Es necesario acudir de manera supletoria al Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su numeral 188, prevé la posibilidad de que las partes presenten como pruebas toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; hipótesis en la que se encuadra la "USB", en la que se afirma obra un video, por tratarse de una constancia audiovisual, producida con la utilización de herramientas derivadas del progreso de la ciencia y la tecnología.
c) Por su naturaleza, el medio de convicción no está sujeto a la preparación a que se refiere el artículo 119 de la Ley de Amparo, sino que sus características conducen a asemejarlo a una documental, con un soporte material distinto al del papel, respecto del que, en todo caso podría atenderse a lo que dispone el artículo 189 de la codificación adjetiva civil federal, si acaso el juzgador estimara que se necesitan conocimientos técnicos especiales para su apreciación. En este sentido, se apoyó en la jurisprudencia de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", así como en la tesis de título y subtítulo: "PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VIDEOS CONTENIDOS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA QUE PUEDAN PRODUCIR CONVICCIÓN PLENA."
V. Existencia de la contradicción de tesis
11. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la contradicción denunciada es existente. Para sustentar la anterior consideración, en principio, es importante mencionar que esta Primera Sala ha desarrollado jurisprudencialmente los requisitos para la existencia de una contradicción de tesis,(5) los cuales son:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos, se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
12. El primer requisito mencionado, esto es, ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método sí se cumple, porque, a juicio de esta Primera Sala, los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los recursos de queja que les fueron presentados, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.
13. Esta Primera Sala considera que el segundo requisito quedó debidamente cumplido en el presente caso pues, del estudio de las sentencias que se denunciaron como contradictorias, se advierte que cada uno de los tribunales llegó a una solución diferente en torno al mismo problema: consistente en si una videograbación debe considerarse como una inspección judicial, para efectos de la preparación que esta prueba debe tener, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo (la prueba deberá ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional), o si por el contrario, se trata de una prueba documental, que por su naturaleza no requiere de una preparación especial, como lo sostuvo el órgano colegiado denunciante.
14. Ahora bien, en cuanto al tercer requisito, esta Primera Sala también ha determinado que, una vez que se advierte la existencia de un punto de choque o de contradicción entre los criterios jurídicos sustentados, es necesario que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
15. Así, los criterios sustentados dan lugar a la siguiente interrogante: ¿una videograbación ofrecida como prueba por las partes en el amparo indirecto, contenida en cualquier tipo de soporte, puede considerarse como una inspección judicial y, por tanto, requiere de una preparación en términos del artículo 119, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, o si por el contrario, es una prueba documental, que no necesita de preparación especial alguna?
VI. Estudio de fondo
16. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia considera que el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el que se desarrolla en este apartado de la sentencia.
17. El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles –supletorio de la Ley de Amparo en virtud de lo que establece el artículo 2o.(6)– establece que el objetivo pretendido por el Juez es conocer la verdad, para lo cual, podrá "valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos ...".(7) El mismo numeral establece que no existirán límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que se juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis.
18. El diverso artículo 93 del mismo ordenamiento, señala,(8) que la ley reconoce como medios de prueba la confesión, los documentos públicos, los documentos privados, los dictámenes periciales, el reconocimiento o inspección judicial, los testigos, las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y las presunciones.
19. Con el paso de los años, las pruebas tradicionales se han ido transformando en virtud de los cambios tecnológicos y científicos,(9) lo que lleva a considerar que tanto los legisladores como los Jueces también deben ajustar las leyes y su correspondiente aplicación e interpretación a tales cambios, con el objeto de no dejar a las personas en un estado de indefensión; lo cual, necesariamente se traduce en una nueva forma de concebir el derecho procesal.
20. Muchos de estos cambios tienen que ver con la informática, caracterizada por los soportes técnicos que permiten archivar y reproducir la palabra, el sonido, la imagen y cualquier clase de datos que constituyen hechos controvertidos o que conduzcan a acreditar cualquier circunstancia para la obtención de la verdad procesal. Estos nuevos soportes implican necesariamente, para el ámbito del derecho y para los juzgadores, una mayor flexibilidad,(10) tanto para recibir las pruebas, desahogarlas y posteriormente, valorarlas.
21. Esta flexibilidad conlleva ciertas obligaciones para las autoridades en relación con el principio de progresividad, las cuales pueden entenderse en un sentido positivo y en un sentido negativo. En un sentido positivo, deriva para el legislador (sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos derechos.
22. Mientras que en el sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente.(11)
23. Bajo ese espíritu, esta Primera Sala ha considerado que los cambios científicos y tecnológicos deben incorporarse en el ámbito jurisdiccional, en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia.
24. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 455/2012,(12) esta Sala reconoció que, en el caso de los juicios orales, la estrategia de videograbación de las audiencias para efectos de su preservación y posterior consulta y valoración (mediante la creación de un expediente electrónico), se convertirá en un importante mecanismo para garantizar una impartición de justicia más pronta, expedita y de excelencia, respetuosa de los diversos derechos fundamentales de las partes involucradas.
25. Se estableció además, la importancia de incorporar los avances tecnológicos para una mejor impartición de justicia, ya que durante años, el principal método de almacenamiento y preservación de los expedientes ha sido el papel, derivado de su fácil manipulación. Sin embargo, actualmente existen nuevos mecanismos para el intercambio de información a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta vertiginosidad de los avances científicos y tecnológicos, ha generado en diversas materias (tales como la administrativa, la fiscal o la mercantil, por citar algunos ejemplos), la necesidad de complementar inicialmente y, posteriormente sustituir definitivamente el soporte material del papel, con otros medios como el digital.
26. También se dijo en esa resolución, que con los avances de la tecnología, el concepto tradicional del documento fijo en papel ha sido superado, ya que en la actualidad se habla de "documento electrónico", entendido como un documento, cuyo soporte material es de tipo electrónico o magnético, cuyo contenido está encriptado mediante algún tipo de código digital que puede ser leído, interpretado o incluso reproducido, mediante el auxilio de detectores de magnetización.
27. En esa contradicción de tesis se aportó una definición de documento electrónico desarrollada por la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, que señala que en un sentido amplio, son todos aquellos documentos "que se producen con la intervención de una computadora", de lo que se desprende que todos los avances científicos e informáticos plantean a la ciencia jurídica un desafío, el cual, debe ser respondido con energía e ingenio, ya que esta moderna civilización tecnológica en la que vivimos, es profundamente revolucionaria, misma que permanentemente modifica la realidad en la que vivimos.
28. Para abonar a las ideas plasmadas en esa resolución, se puede mencionar que si el documento tradicional se caracteriza por: a) ser un objeto contenido en un soporte material; b) Que puede representar la existencia de alguna cosa o situación (carácter representativo); c) Puede evidenciar la manifestación de voluntad de un sujeto de derecho (carácter declarativo); d) debe contener unos mínimos de seguridad que permitan garantizar su integridad y autenticidad.(13) Entonces, el documento electrónico podría concebirse también como "un objeto a través del cual, se manifiesta la declaración de voluntad de un sujeto de derecho o se representa la idea del pensamiento, dicha manifestación o representación debe estar siempre contenida en un soporte tangible. No obstante, dicho soporte no necesariamente tiene que ser escrito, como tradicionalmente se ha entendido".(14)
29. El documento electrónico podría definirse también como la representación en lenguaje digital, descodificable, referido a hechos o actos con relevancia jurídica, en soporte electrónico con aptitud para su consulta, comunicación o transmisión. Su soporte alberga códigos digitalizados y, la creación, visualización o reproducción ha de hacerse por medios electrónicos.(15) Así, la caracterización del documento tradicional se ha visto modificada y dada su importancia práctica, se ha adaptado a los nuevos hechos tecnológicos.
30. Por tanto, tal como se mencionó en la contradicción de tesis 455/2012 previamente citada, hoy en día resulta inevitable que las instituciones públicas, especialmente las que ejercen funciones jurisdiccionales, hagan conciencia en torno al perjuicio que pueden ocasionar a las sociedades a las que sirven, para el caso de negarse a postergar injustificadamente la adopción de las nuevas estrategias o herramientas derivadas del progreso de la ciencia y la tecnología.
31. De una interpretación amplia de los conceptos constitucionales de excelencia y profesionalismo en el desempeño de sus funciones judiciales, estos se encuentran obligados a implementar, dentro de sus posibilidades, un nuevo marco de actuación ágil y diligente que permita la utilización cotidiana de medios tecnológicos. Además, de que debe tomarse en cuenta que resulta poco probable que los órganos jurisdiccionales del país, en la actualidad no cuenten con los medios tecnológicos para la reproducción, lectura y valoración de los documentos electrónicos.
32. En ese contexto, es dable afirmar que el documento electrónico se debe apreciar dentro de un proceso judicial bajo los lineamientos de la prueba documental, sin que importe que para el momento histórico en el cual se redactaron los códigos procesales no se hubiera incluido de manera expresa el documento electrónico dentro de la categoría de prueba documental, lo cual no es óbice para darle un tratamiento distinto.(16)
33. En la legislación, es posible encontrar algunas referencias al documento electrónico, que resulta de utilidad traer a colación.
34. Por ejemplo, el artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, contempla la posibilidad de que las partes puedan presentar fotografías, escritos, notas taquigráficas y en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila. Este precepto puede interpretarse vinculado a lo que establece el artículo 189, que refiere que en caso de que se necesiten conocimientos técnicos especiales para la apreciación de los medios de prueba, se podrá oír el parecer de un perito nombrado por el Juez, cuando las partes lo pidan o él lo juzgue conveniente.
35. El artículo 210-A del mismo ordenamiento, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. En ese mismo numeral se consigna que para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que hubiera sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si era posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta.
36. Asimismo, establece que cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta.
37. En el Código Civil Federal se hace referencia a que una de las formas de manifestación de la voluntad, puede hacerse expresamente, de manera verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos.
38. El Código de Comercio es quizá el ordenamiento que mejor se ha adaptado a los cambios tecnológicos, al contemplar aspectos como la firma electrónica, el comercio electrónico, entre otras nociones, como las que se mencionan en el artículo 89, en el que se dispone que las actividades que se regulan en ese título se someterán en su interpretación y aplicación a los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos en relación con la información documentada en medios no electrónicos y de la firma electrónica en relación con la firma autógrafa.
39. De la misma manera, la Ley Federal de Protección al Consumidor establece en su artículo 76-Bis, las reglas bajo las cuales deberá sujetarse el comercio electrónico.
40. Finalmente, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, contempla algunas nociones en relación al tema, tales como las que se encuentran en el artículo 1-A, que establece que, archivo electrónico es toda información contenida en texto, imagen, audio o video generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del expediente electrónico; que el documento electrónico o digital, es todo mensaje de datos que contiene texto o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que forma parte del expediente electrónico; y, al expediente electrónico, que lo define como el conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un juicio contencioso administrativo federal, independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un número específico.
41. Ahora bien, una videograbación, que es el supuesto que ocupa este estudio, puede considerarse como la grabación de imágenes y sonido en un disco o en cintas, la cual, debe considerarse como una prueba documental. Si bien en los códigos procesales no se ha contemplado esta posibilidad de manera expresa, tanto la doctrina como el derecho comparado nos dan la pauta para considerarlo de esta manera. Por ejemplo, en la Ley del Enjuiciamiento Civil Español se contempla la prueba por medios audiovisuales, en la que el medio de prueba no lo constituye el soporte tecnológico, sino la información en ellos contenida, siempre y cuando sea susceptible de ser conocida y examinada por el Juez.(17)
42. En particular, el artículo 382 de ese ordenamiento, hace referencia a los instrumentos de filmación, grabación y semejantes, en el que se señala que las partes podrán proponer como medio de prueba la reproducción ante el tribunal de palabras, imágenes y sonidos captados mediante instrumentos de filmación, grabación y otros semejantes. Al proponer esta prueba, la parte deberá acompañar, en su caso, transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate y que resulten relevantes para el caso.
43. Por otro lado, ese artículo también dispone que la parte que proponga este medio de prueba podrá aportar los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes. También las otras partes podrán aportar dictámenes y medios de prueba cuando cuestionen la autenticidad y exactitud de lo reproducido y el tribunal valorará las reproducciones a que se refiere el apartado 1 de ese artículo según las reglas de la sana crítica.
44. Por tanto, esto resulta ilustrativo para insistir en que, pese a que en la legislación procesal mexicana no se contemplan a las videograbaciones como una posibilidad de la prueba documental, tanto la doctrina como las legislaciones de otros países, nos dan la pauta para considerar que sí debe dársele ese tratamiento. Además, de lo resuelto en la mencionada contradicción de tesis 455/2012, se desprende que las videograbaciones de las audiencias celebradas en procedimientos penales de corte acusatorio y oral, contenidas en archivos informáticos, adquieren la naturaleza de una prueba documental pública y, por tanto, deben tenerse por desahogadas sin necesidad de una audiencia especial.
45. Este criterio quedó plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.),(18) de contenido siguiente:
"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del ‘expediente electrónico’, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal se
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28702-60459923/videograbaciones-las-ofrecidas-por-las-partes-como-prueba · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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