PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DE LA VIDEOGRABACIÓN AL INTERIOR DE ALGUNAS ÁREAS DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO CINCO ORIENTE, EN VILLA ALDAMA, VERACRUZ, QUE SE OFREZCA PARA DEMOSTRAR POSIBLES ACTOS DE TORTURA, INCOMUNICACIÓN, VIOLACIÓN A LA DIGNIDAD, MALOS TRATOS, CASTIGOS INUSITADOS Y TRASCENDENTALES, ASÍ COMO AQUELLOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, DEBE ADMITIRSE, SIN QUE PARA ELLO PUEDAN ADUCIRSE RESTRICCIONES RELACIONADAS CON LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA O SEGURIDAD DE DICHO CENTRO, PUES SERÁ EL JUEZ DE DISTRITO QUIEN DEBERÁ PONDERAR DICHA INFORMACIÓN Y, EN SU CASO, SALVAGUARDAR LA INFORMACIÓN QUE DERIVE CONFIDENCIAL O RESERVADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 5 DE DICIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ANTONIO SOTO MARTÍNEZ (PONENTE), JOSÉ SATURNINO SUERO ALVA, MARTÍN SOTO ORTIZ Y MAGISTRADA MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER. DISIDENTES: MAGISTRADOS VICENTE MARICHE DE LA GARZA (PRESIDENTE) Y SALVADOR CASTILLO GARRIDO, QUIENES SE RESERVAN SU DERECHO DE FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANTONIO SOTO MARTÍNEZ. SECRETARIO: JAVIER JULIO DÍAZ.
Boca del Río, Veracruz. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de cinco de diciembre de dos mil veintidós.
VISTOS; para resolver, los autos del expediente de contradicción de tesis 2/2022 y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de contradicción. Mediante oficio recibido el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes del Pleno Especializado (sic) en Materia Penal del Séptimo Circuito, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal del Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, denunció la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por el Primer Tribunal en Materia Penal del aludido Circuito, al resolver los recursos de queja 165/2021 y 171/2021, frente a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de ese mismo Circuito, al resolver el recurso de queja 19/2022.
SEGUNDO.—Admisión y trámite en el Pleno de Circuito. Por acuerdo de once de abril del año que transcurre, el Magistrado presidente de este Pleno de Circuito, entre otras cuestiones, registró la aludida denuncia con el expediente 2/2022, y se reservó proveer sobre su admisión hasta tanto los presidentes de los órganos contendientes informaran si los criterios sustentados en los asuntos relacionados con la aludida denuncia siguen vigentes o, en su caso, si han sido superados o abandonados.
Por oficio 8/2022, de veinte de abril del presente año, el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, en cumplimiento a lo solicitado, informó a este Pleno de Circuito que el criterio sustentado, al resolver el recurso de queja 19/2022 de su índice, no había sido superado o abandonado.
Por su parte, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo Circuito, a través del oficio 15/2022, de veinte de abril del mismo año, comunicó al presidente de este Pleno que el criterio sustentado, al resolver los recursos de queja 165/2021 y 171/2021, no había sido superado o abandonado.
Asimismo, por oficio DGCCST/X/302/08/2022, signado por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México, se informó a este Pleno de Circuito, que durante los últimos seis meses no se había radicado en ese Alto Tribunal, contradicción de tesis alguna en donde el tema a dilucidar guardara relación con la admisión o desechamiento de pruebas de videograbación de cámaras de seguridad del centro penitenciario que se ofrezcan para demostrar un posible acto de tortura.
TERCERO.—Turno. En acuerdo de veintinueve de agosto de este año, se ordenó turnar los presentes autos al suscrito Magistrado relator, Antonio Soto Martínez, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en lo previsto en los numerales 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 41 y 42, fracción I, de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de conformidad con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en razón de que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción fueron del conocimiento del Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, ambos con residencia en Boca del Río, Veracruz, esto es, de órganos jurisdiccionales del mismo Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo y atentos al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 74/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, página 609, registro digital: 2003518, Décima Época, materia común, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE UN MISMO CIRCUITO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA DENUNCIARLA ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", al ser formulada por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal del Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama.
TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe contradicción de tesis, es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las posturas de los dos cuerpos colegiados.
I. Recurso de queja 165/2021, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, resuelto, por unanimidad de votos, el dos de septiembre de dos mil veintiuno, en los siguientes términos:
"... Los agravios son fundados.
"De las constancias remitidas para la sustanciación de este recurso, en lo que interesa, se advierte que:
"i. Por escrito presentado el catorce de junio de dos mil veintiuno, vía electrónica, ante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, remitido en esa misma fecha al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, **********, en representación de **********, promovió demanda de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben:
"‘... a) Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de (sic) Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad.
"‘b) Titular de la Dirección del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco, con residencia en Villa Aldama, Veracruz ...
"‘... Orden de actos de incomunicación y/o tortura psicológica o física y/o violaciones a la dignidad humana y/o traslado y/o reubicación y/o desaparición forzada y/o extradición de **********, quien se encuentra privado de su libertad en el centro penitenciario citado ...’
"ii. En proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, el titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, radicó la demanda como juicio de amparo indirecto 149/2021 y previno al quejoso para que ratificara la demanda promovida en su nombre y representación; apercibiéndole que, de no hacerlo dentro del plazo de tres días, se tendría por no presentada.
"El acuerdo de prevención antes referido fue notificado de manera personal al quejoso, en diligencia que tuvo lugar el catorce de junio de dos mil veintiuno; en la cual, ante la presencia del actuario adscrito al Juzgado de Distrito, manifestó que sí ratificaba tal ocurso.
"iii. Por acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, el Juez de Distrito tuvo por cumplida la prevención, luego, desechó parcialmente la demanda de amparo en lo que se refiere a los actos reclamados en el traslado y reubicación del quejoso; y la admitió a trámite sólo por los diversos actos relativos a ‘... incomunicación, desaparición forzada, extradición, tortura física y psicológica y violación a la dignidad ...’; asimismo, mandó requerir los informes justificados a las autoridades responsables, mandó dar la intervención que compete al agente del Ministerio Público de su adscripción y, por último, señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional.
"iv. Mediante oficio 20128/2021, el encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, rindió informe justificado en el que negó la existencia de los actos reclamados, con lo que se dio vista al quejoso mediante acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno.
"v. Por oficio 0841/2021 rindió informe justificado el titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en Ciudad de México, quien también negó los actos reclamados; lo cual se puso a vista del quejoso por acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno.
"vi. En diligencia de notificación efectuada el doce de julio de dos mil veintiuno, el quejoso manifestó ante el actuario judicial, en lo que al caso importa, lo siguiente:
"‘... Fui notificado del proveído y en consecuencia le hago saber, bajo protesta de decir verdad, que la autoridad penitenciaria no a (sic), del acto del juicio constitucional que nos ocupa, así como lo expuso en el oficio PRS/UALHDH02C.10/00007598/2021, de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en el cual niega los actos reclamados y manifiesta que acatan la medida suspensional concedida, ya que la autoridad penitenciaria sigue cometiendo a mi persona malos tratos, abusos y tortura, así como tormento psicológico, dado que en fecha diez de julio del dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las veintitrés horas fui víctima de estos actos, llegaron los oficiales de la segunda compañía, el cual al mando lo llevaba el denominado C1 y C3, es decir, los encargados de dicha compañía y con alrededor de 7 o 9 oficiales más, ingresaron a mi celda, sacándome junto con mis compañeros para ordenarnos de forma prepotente que nos quitáramos toda la ropa, todo esto pasó delante de personal femenino, el cual al vernos desnudos se burlaban de nuestras partes íntimas, mientras los oficiales que se encontraban gritándonos nos amenazaban y decían que siguiéramos metiendo demandas, que a ellos eso no les importaba y que no se les hace nada, pues su jefe los protege, después se nos esposó con las manos hacia atrás con las esposas muy apretadas, causándome que se me pusieran moradas las manos y se me adormecieran lo cual fue por un tiempo de casi dos horas, les pedí que me quitaran o se me aflojaran un poco, a lo cual no se me hizo caso, se nos tiró todas nuestras pertenencias y demás ropa la tiraron al piso y la pisaban, me dijeron que seguirían visitándome hasta que dejara de meter demandas y ayer once de julio de dos mil veintiuno, nuevamente fueron los oficiales de la 3 compañía, los cuales el C1 encargado de dicha compañía, me amenazó con volver a revisar y tirarme todo y darme una calentadita, señor Juez, ¿qué más pruebas necesita? que me golpeen y me maten a golpes para que usted pueda darse cuenta de todo lo que está sucediendo y que a pesar de que rinden su informe que se acata la medida a estas personas no les importa y para acreditar la improcedencia del incumplimiento de la suspensión decretada ofrezco como medio de prueba los videos de las cámaras del modelo II nivel b, de veintidós horas a dos horas del día diez de julio del dos mil veintiuno, donde se observa lo antes relatado, por lo tanto, no recibe (sic) negativas de la autoridad penitenciaria de no contar con los videos, dado que es reciente y no hay manera que éstos hayan sido borrados y si no los presentan lo hacen para cubrir sus abusos de tortura a mi persona y por lo ...’. Lo subrayado es propio.
"vii. En proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, atento a lo manifestado por el quejoso, el Juez de Distrito proveyó, en lo conducente:
"‘... de la manifestación vertida por el quejoso **********, se advierte que ofrece como medio de prueba los videos de seguridad de las cámaras del módulo II, nivel «B», específicamente del horario comprendido de las veintidós horas del diez de julio a las dos horas del once de julio de dos mil veintiuno, por los motivos que expone.
"‘En ese sentido, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se admite la documental pública ofrecida por la defensa (sic); por tanto, requiérase a la directora general del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco «Oriente», con sede en esta localidad, para que, en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita los videos de seguridad antes mencionados.
"‘Apercibida que, de no cumplir con lo ordenado o no expresar motivadamente (sic) el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente al día de hoy en la República Mexicana, como medida de apremio autorizada en el artículo 237, fracción I, en relación con 259 (sic), ambos de la Ley de Amparo.
"‘Finalmente, por cuanto hace a la petición de dar vista a la agente del Ministerio Público adscrito por los actos de tortura que refiere es objeto, dígasele al quejoso **********, que mediante proveído de veintiuno de junio del año en curso se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, para que se iniciara la investigación correspondiente; además, mediante proveído de veinticuatro de junio de la presente anualidad, el representante social de referencia hizo del conocimiento de esta potestad federal que instó al fiscal en jefe del Equipo de Investigación y Litigación EIL II en Xalapa, Veracruz, para que iniciara la investigación de los actos de tortura ...’. Énfasis añadido.
"El auto antes reseñado fue notificado a la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, mediante oficio 7560, vía correo electrónico, que recibió el propio doce de julio de dos mil veintiuno.
"viii. Por oficio 20810/2021, presentado ante el Juzgado de Distrito el catorce de julio de dos mil veintiuno, el encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en atención al requerimiento que le fue hecho para exhibir los videos de seguridad ofrecidos por el quejoso como prueba, concretamente manifestó:
"‘... por cuanto hace a los videos de seguridad solicitados, no es posible remitirlos toda vez que este centro federal alberga personas privadas de su libertad, clasificadas como de alta peligrosidad, por lo que resulta esencial la confidencialidad de la información relativa al funcionamiento, dispositivos de seguridad y ubicación de la población interna, por lo tanto, su exposición afecta los valores de esta institución relativos al secreto de servicio, que involucra el interés social, lo que implica que determinada información no puede ser difundida, pues se podría facilitar la vulnerabilidad de la seguridad, orden y manejo de este centro, e incluso, exponer integridad de otros internos y del personal ...’
"ix. En auto de quince de julio de dos mil veintiuno, en lo conducente, el a quo proveyó:
"‘... la autoridad penitenciaria informa la imposibilidad que aduce tener para remitir los videos de seguridad solicitados por los motivos que expone en el oficio que se provee; sin embargo, dígasele al encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco «Oriente», que de conformidad a (sic) lo que dispone el artículo 75 de la Ley de Amparo, las videograbaciones son necesarias para la resolución del presente asunto.
"‘Asimismo, cabe destacar que los artículos 117, fracción III y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen las excepciones para solicitar el consentimiento del titular de la información confidencial y los lineamientos de las versiones públicas, es decir, la autoridad penitenciaria es la obligada para llevar a cabo u ordenar en su escala de jerarquía a quien corresponda, el resguardo en términos de ley de la información clasificada como confidencial o reservada que pueda contenerse.
"‘Máxime que si el juicio de amparo indirecto es un procedimiento de impugnación autónomo donde se reclaman actos de autoridad, es claro que, en él, éstos están sometidos al análisis de su constitucionalidad en equilibrio y contradicción al derecho de los quejosos para debatir este aspecto en cuanto a lo que éstos perjudique. Por tanto, la autoridad responsable no puede condicionar el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas del propio juicio constitucional, ni la actuación de la autoridad de amparo, para complementar o compensar sus actos.
"‘Además, esta potestad federal adoptará todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto, para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información, con miras a resolver el problema planteado; además, si este órgano jurisdiccional permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio.
"‘Por tanto, requiérase al encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco «Oriente», con sede en esta localidad, para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, remita los videos de seguridad de las cámaras del módulo II, nivel «B», específicamente del horario comprendido de las veintidós horas del diez de julio a las dos horas del once de julio de dos mil veintiuno, significándole que subsiste el apercibimiento decretado mediante proveído de doce de julio del año en curso.
"‘Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro: 2009916, de rubro y texto siguientes:
"‘«INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO, EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA.»’
"Inconforme con el proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, el encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, mediante ocurso que aparece recibido el dieciséis de julio del mismo año (que motivó la formación de este expediente de queja), donde en esencia reiteró los argumentos que adujo previamente ante el Juez de Distrito respecto de la imposibilidad que tiene para remitir la videograbación que le fue solicitada, pues se vulneraría la confidencialidad de la información relativa al funcionamiento de dicho centro carcelario, la cual es esencial, dado que en esa institución se encuentran internos reos considerados de alta peligrosidad; de manera que se alteraría el funcionamiento de los dispositivos de seguridad con que se cuenta y la ubicación de la población; además indicó que la divulgación de la información requerida podría desequilibrar el orden y la seguridad del centro de reclusión a su cargo.
"Agregó que, conforme al artículo 74, fracción IV, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, está prohibida la toma de ‘... fotografías, videos y grabaciones del interior del centro federal y en su área perimetral. ...’
"Por ello, concluyó que lo solicitado es contrario al interés social y, por tanto, el a quo: ‘... no debió admitir dicha probanza, toda vez que un manejo no responsable de esa información podría facilitar el resquebrajamiento del orden y seguridad, incluso podría exponer la integridad de otros internos y del personal que labora en este centro federal ...’ (Lo subrayado es propio) "Invocó la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, consultable en la foja 1987 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 2005, Novena Época, de rubro y texto:
"‘PRUEBAS EN EL AMPARO. RESULTA INADMISIBLE LA INSPECCIÓN OCULAR CUANDO SU DESAHOGO SE PROPONE EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD PORQUE AFECTA EL INTERÉS SOCIAL. La inadmisibilidad de una prueba es una excepción que puede referirse al conflicto entre el valor por verdad y otros valores. Ya que a pesar de la gran relevancia que en el sistema jurídico mexicano le concede al derecho a probar, este no es ilimitado, porque en ocasiones puede entrar en conflicto con el interés social y cuando ello sucede, en supuestos específicamente determinados por la ley, el derecho individual a probar puede ser desplazado en beneficio del interés colectivo. Así, en el artículo 150 de la Ley de amparo, el legislador ponderó los valores en conflicto –derecho a probar, y los diversos valores que los elementos de convicción pueden afectar, algunos de ellos de interés social– y determinó que deben prevalecer estos últimos. Ahora bien, entre las pruebas inadmisibles en razón de su licitud, es decir, las que van contra el derecho, se encuentran las que afectan los valores de las instituciones, y entre tantos valores institucionales están los relativos al secreto del servicio, que generalmente involucran al interés social e implican que bajo ciertas condiciones, determinada información puede ser difundida. Por tanto, se estima que la prueba de inspección ocular, cuyo desahogo deba realizarse en un centro de reclusión de máxima seguridad, en el que se encuentran internos clasificados como de alta peligrosidad, para el que resulta esencial confidencialidad de la información relativa a su funcionamiento, dispositivos de seguridad, y ubicación de la población, iría contra el derecho, ya que un manejo no responsable de esa información podría facilitar el resquebrajamiento de su orden y seguridad, e incluso podría exponer la integridad de otros internos y del personal de custodia.’
"Cabe aquí apuntar, de constancias se aprecia que la autoridad recurrente también impugnó el acuerdo de quince de julio de dos mil veintiuno, por el que el Juez de Distrito le requirió por segunda ocasión la videograbación de las cámaras de seguridad; sin embargo, esto será motivo de diversa resolución, pues con motivo de tal impugnación se formó el expediente de queja 171/2021 de la estadística de este propio órgano jurisdiccional.
"Luego, a juicio de este Tribunal Colegiado, los motivos expuestos por la autoridad responsable para sustentar su imposibilidad de desahogar la prueba ofrecida por el quejoso y admitida por el Juez de Distrito, consistente en la remisión de videograbaciones hechas por las cámaras de seguridad instaladas en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente, concretamente en el módulo II, nivel B, correspondientes al lapso comprendido de las veintidós horas del diez de julio a las dos horas del once de julio de dos mil veintiuno son suficientes para declarar fundada la queja.
"En efecto, al margen de que tal probanza se refiere a hechos acontecidos el diez y once de julio de dos mil veintiuno y, por tanto, no guardan relación directa con los actos reclamados en la demanda de amparo, que fue presentada desde el catorce de junio de dos mil veintiuno; como lo asevera la autoridad inconforme, es de interés para la sociedad preservar la seguridad interna de los centros federales de readaptación social, así como de las personas que ahí se encuentran recluidas, máxime si, como se aduce, entre la población se encuentran reos de alta peligrosidad; por ello, se conviene en que divulgar la información generada al interior del centro penitenciario de que se trata podría poner en riesgo tanto a los internos como al personal que ahí labora; lo cual, se insiste, contraría el interés de la sociedad.
"Con relación a esto, los artículos 1 y 56 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social disponen:
"‘Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular la organización, operación y administración de los centros federales de readaptación social, en condiciones de seguridad, disciplina y orden. Sus disposiciones son de orden público e interés social y se sustentan en los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que rigen la función de seguridad pública.’
"‘Artículo 56. En el centro federal deberán mantenerse el orden, la seguridad y la disciplina, aplicando estrictamente y sin distinción alguna el reglamento y demás disposiciones aplicables.’
"Además, el numeral 67 del Manual de Seguridad de los Centros Federales establece que el personal del centro federal debe abstenerse de: ‘Revelar información relativa al centro federal, su funcionamiento, dispositivos de seguridad, ubicación de los internos, consignas para eventos especiales, armamento, así como la identidad propia y de otros servidores públicos en los casos en que deba guardarse el anonimato de los mismos y, en general, de todo aquel que pueda alterar la seguridad.’
"De donde se colige que la autoridad penitenciaria federal tiene entre sus funciones principales la de organizar la administración y operación de los centros federales, en tanto unidades administrativas, así como supervisar las instalaciones e información para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, tanto de las personas privadas de la libertad, como del personal y de los visitantes.
"En ese sentido, acorde con la legislación antes citada, las autoridades penitenciarias federales tienen la obligación legal de proteger y preservar en todo momento la seguridad que caracteriza a este centro federal.
"De ahí que, aun considerando que la responsable inconforme, al formar parte de la administración pública de la Federación, está sujeta al régimen de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; cabe precisar que, a juicio de este tribunal, en el caso, dada la entidad de los valores que resguarda, el mandato legal que tiene de preservar la seguridad interior de los centros federales de readaptación social debe prevalecer por sobre el derecho de acceso a la información, máxime que éste no es absoluto, atento a lo que establece el artículo 6o. constitucional.
"En el citado precepto la Carta Magna enuncia los principios y bases fundamentales que operan en materia de acceso a la información, así como las excepciones, las cuales dan lugar a que la información pueda reservarse o considerarse confidencial en ciertos supuestos y con ello limitar el acceso; tal como se ve del apartado A, fracción I, del artículo 6o. constitucional, que prevé la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información, entre otras causas, por motivos de seguridad nacional, defensa nacional o, como acontece en el particular, la seguridad pública.
"Apoya lo anterior, la tesis 1a. VIII/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, página 656, Décima Época, registro digital: 2000234, de rubro y texto:
"‘INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL). Las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que el derecho de acceso a la información puede limitarse en virtud del interés público y de la vida privada y los datos personales. Dichas fracciones sólo enuncian los fines constitucionalmente válidos o legítimos para establecer limitaciones al citado derecho, sin embargo, ambas remiten a la legislación secundaria para el desarrollo de los supuestos específicos en que procedan las excepciones que busquen proteger los bienes constitucionales enunciados como límites al derecho de acceso a la información. Así, en cumplimiento al mandato constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece dos criterios bajo los cuales la información podrá clasificarse y, con ello, limitar el acceso de los particulares a la misma: el de información confidencial y el de información reservada. En lo que respecta al límite previsto en la Constitución, referente a la protección del interés público, los artículos 13 y 14 de la ley establecieron como criterio de clasificación el de información reservada. El primero de los artículos citados establece un catálogo genérico de lineamientos bajo los cuales deberá reservarse la información, lo cual procederá cuando la difusión de la información pueda: 1) comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional; 2) menoscabar negociaciones o relaciones internacionales; 3) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país; 4) poner en riesgo la vida, seguridad o salud de alguna persona; o 5) causar perjuicio al cumplimiento de las leyes, prevención o verificación de delitos, impartición de justicia, recaudación de contribuciones, control migratorio o a las estrategias procesales en procedimientos jurisdiccionales, mientras las resoluciones no causen estado. Por otro lado, con un enfoque más preciso que descriptivo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental contiene un catálogo ya no genérico, sino específico, de supuestos en los cuales la información también se considerará reservada: 1) la que expresamente se clasifique como confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental reservada; 2) secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros; 3) averiguaciones previas; 4) expedientes jurisdiccionales que no hayan causado estado; 5) procedimientos de responsabilidad administrativa sin resolución definitiva; o 6) la que contenga opiniones, recomendaciones o puntos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31342-d387b34d/pruebas-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-tratandose · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL PROVEÍDO DICTADO EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE REQUIERE AL QUEJOSO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SEPARACIÓN DE JUICIOS EN AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DE LA RADICACIÓN DE LA DEMANDA, ES IMPROCEDENTE DECRETARLA DE PLANO CUANDO DOS O MÁS QUEJOSOS LA PROMUEVAN DE MANERA CONJUNTA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DE LA VIDEOGRABACIÓN AL INTERIOR DE ALGUNAS ÁREAS DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO (PC.VII.P. J/5 P (11a.))
- PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EL QUEJOSO ADUCE QUE FUE OBJETO DE ACTOS DE TORTURA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO, Y PARA ACREDITARLOS OFRECE (XXIV.1o.6 P (11a.))
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. SI SE DESCONOCEN LAS RAZONES EXACTAS POR LAS CUALES SE DECRETÓ EN PERJUICIO DEL QUEJOSO ESA ME (XXII.P.A.3 P (11a.))
- PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DE LAS QUE SE OFREZCAN PARA DEMOSTRAR POSIBLES ACTOS DE TORTURA, NO ES EXIGIBLE OBSERVAR LAS FORMALIDADES PROCESALES PREVISTAS (VIII.1o.P.A.1 P (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis