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Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. NO ES NECESARIA SU APERTURA CUANDO SE ORDENA OFICIOSAMENTE EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA GRAFOSCÓPICA Y, POR ENDE, EL OTORGAMIENTO DE LA VISTA A QUE ALUDE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 218/2020. · Registro digital (IUS): 30108
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-09-24
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y DÉCIMO SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Pág. 2069.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 218/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y DÉCIMO SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 7 DE JULIO DE 2021. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTES: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

11. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala es competente conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, pues se refiere a la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de diversos Circuitos y dado que el asunto se ubica en los supuestos previstos en el punto segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General en cita, se estima innecesaria la intervención del Pleno.

12. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el cual emitió las ejecutorias relativas a los amparos directos 235/2018, 759/2018, 99/2019, 373/2019, 406/2019 y 469/2019, las cuales contienen uno de los criterios que contienden en la presente contradicción de tesis.

13. TERCERO.—Criterios contendientes. Con el propósito de dar claridad sobre los criterios sustentados por los órganos colegiados contendientes, se procede a relatar los antecedentes y las consideraciones sustanciales en que apoyaron sus respectivas resoluciones.

14. I. Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito –amparos directos 235/2018, 759/2018, 99/2019, 373/2019, 406/2019 y 469/2019–.(2)

Amparo directo 235/2018

15. Una persona fue condenada, entre otras sanciones, a una pena privativa de libertad por el delito de violación con complementación típica y punibilidad autónoma –por ser víctima una persona menor de edad–, mediante sentencia de primera instancia de diez de mayo de dos mil diecisiete, emitida por la Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México en la causa penal **********.

16. En contra de lo anterior, el sentenciado interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México bajo el expediente **********. Posteriormente, el tribunal del conocimiento emitió sentencia el siete de agosto de dos mil diecisiete en la que modificó la resolución recurrida.

17. Inconforme con la sentencia de segunda instancia, el recurrente promovió demanda de amparo directo que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo Magistrado presidente ordenó registrarla con el número 235/2018 y reservó proveer sobre su procedencia y admisión al advertir que la firma que calzaba el escrito de demanda difería de la que obraba en los autos del toca de apelación. En consecuencia, requirió al quejoso para que ante la presencia del actuario judicial de la adscripción reconociera la firma de la demanda, apercibiéndolo que de no hacerlo así se tendría por no presentada.

18. Lo anterior fue notificado personalmente al quejoso, quien en presencia del actuario judicial ratificó la firma plasmada en la demanda de amparo. Así, el Magistrado presidente admitió a trámite la demanda y advirtió que las firmas dubitables eran discrepantes entre sí, por lo que solicitó a la Procuraduría General de la República –actual Fiscalía General de la República– la designación de un perito a fin de que rindiera el dictamen correspondiente en su materia.

19. Previos trámites procesales, el órgano colegiado designó al perito oficial en materia de documentoscopía y grafoscopía, quien aceptó y protestó el cargo conferido y solicitó se recabara la muestra de escritura y firma del quejoso.

20. Una vez que se recabó la muestra antes señalada, el perito oficial presentó y ratificó su dictamen en el que concluyó que la firma que calzaba la demanda de amparo no correspondía, por su ejecución, a la del quejoso. Dicho dictamen se tuvo por admitido y se dio vista al quejoso para que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que expresara consideraciones al respecto.

21. Finalizado el trámite del juicio de amparo, el asunto fue listado inicialmente para su resolución el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, pero en la sesión respectiva el Pleno del Tribunal Colegiado del conocimiento advirtió de oficio la actualización de una causal de improcedencia no alegada por las partes, por lo que determinó dejar en lista el asunto a fin de dar vista a las partes con la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5o., fracción I, y 6o., todos de la Ley de Amparo, ello al no haberse reunido uno de los principios básicos que rigen el juicio constitucional, concretamente el de instancia de parte agraviada.

22. Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente dio vista para que dentro del plazo de tres días las partes manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de la posible actualización de la causal de improcedencia referida, sin que realizaran manifestación alguna al respecto.

23. Posteriormente, el órgano colegiado emitió sentencia el catorce de marzo de dos mil diecinueve en el sentido de sobreseer en el juicio al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5o., fracción I y 6o., todos de la Ley de Amparo.

24. Para llegar a tal determinación, el órgano colegiado primeramente determinó que en términos de la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.),(3) fue correcto que el Magistrado presidente ordenara el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía con la finalidad de descartar o confirmar de manera fehaciente la improcedencia del presente juicio de amparo, pues advirtió, a simple vista, notorias diferencias entre las firmas que calzaban el escrito de demanda y la trazada en la diligencia de ratificación.

25. Ello, aunque la jurisprudencia referida hiciera alusión al Juez de Distrito para realizar dicha facultad, pues lo que se pretende con ese criterio es que se verifique si la promoción del juicio de amparo se realizó por instancia de parte agraviada, lo cual constituye uno de los principios básicos que rigen en el juicio de amparo, tanto en la vía indirecta como directa.

26. Ello, aunado a que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente al del fondo del asunto y, por tanto, los órganos jurisdiccionales de amparo deben indagar sobre la posible actualización de dichas causales cuando advierten indicios al respecto, para lo cual deben allegarse de las pruebas pertinentes cuando lo estimen necesario, por lo que dicha facultad también es inherente a los Tribunales Colegiados.

27. Por otro lado, consideró que tal y como lo indica la jurisprudencia mencionada, para determinar en un procedimiento judicial si la firma autógrafa impugnada de falsa es o no es original de una persona, no basta que el juzgador realice la simple comparación con otra atribuida a la misma mano, sino que es necesario llevar a cabo la constatación de su falsedad o autenticidad mediante prueba pericial en grafología y documentoscopía, pues esa prueba es idónea para comprobar la veracidad de esa firma.

28. Seguidamente, el órgano colegiado procedió a valorar el dictamen emitido por el perito oficial, al cual le atribuyó eficacia demostrativa plena para arribar a la conclusión de que la firma contenida en el escrito de demanda de amparo no correspondía al puño y letra del quejoso.

29. Ello, al considerar que el perito oficial precisó los puntos de referencia intrínsecos de las firmas, tanto de las dubitables como de las indubitables, esto es, los gestos o signos gráficos esenciales inherentes a ambas firmas, lo cual se demostró con las muestras fotográficas, en tanto que de las diferencias entre los signos gráficos comparados existieron notables diferencias en todos los elementos en cada una de las firmas comparadas.

30. Finalmente, con base en dicha prueba pericial, el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó sobreseer en el juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, al estimar incumplido el principio de instancia de parte agraviada, pues no se externó la voluntad del quejoso.

31. Lo anterior, pues la falta de ese signo gráfico se traduce en la inexistencia del documento en sí, puesto que la firma es un símbolo inequívoco que representan las personas para poner de manifiesto la voluntad, en este caso, de promover demanda de amparo directo.

32. Asimismo, el órgano colegiado añadió que no era óbice que el quejoso hubiera reconocido y ratificado la firma del escrito de demanda de amparo, toda vez que el reconocimiento de firmas no es una diligencia que tenga el alcance de convalidar un acto nulo ni de permitir que la parte quejosa se haga cargo del contenido de un escrito no firmado por ella, pues sus efectos se agotan, por lo general, en otorgar certeza sobre una voluntad, una obligación o un documento y, en el caso analizado, se limitan a confirmar o negar, la autenticidad de la firma objeto de cuestionamiento.

33. Por tanto, estimó que la diligencia de reconocimiento de firma como la propia demanda carecen de toda eficacia, por lo que jurídicamente no podía estimarse que el solicitante de amparo haya manifestado su voluntad de acudir al juicio constitucional.

34. Dicho criterio fue reiterado por el Tribunal Colegiado de Circuito en los amparos directos 759/2018,(4) 99/2019,(5) 373/2019,(6) 406/2019(7) y 469/2019,(8) en los cuales los quejosos también fueron sentenciados por diversos delitos que se tramitaron bajo el sistema procesal penal acusatorio.

35. Asimismo, en dichos asuntos se requirió a la parte quejosa para que reconociera la firma plasmada en la demanda de amparo y, con motivo del reconocimiento respectivo, se admitió a trámite y se designó a un perito oficial en materia de grafoscopía al advertirse por el presidente del Tribunal Colegiado notorias diferencias entre la firma signada en la demanda y la recabada en la diligencia de reconocimiento, todo lo anterior sin que se diera apertura al incidente correspondiente.

36. De igual manera, se dio vista a las partes sobre la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5o., fracción I, y 6o., todos de la Ley de Amparo, al incumplirse fundamentalmente con el principio de instancia de parte agraviada.

37. Por último, al emitir las sentencias respectivas, el órgano colegiado otorgó pleno valor probatorio al dictamen elaborado por el perito oficial en el que concluyó que la firma de la demanda de amparo no correspondió por su ejecución al puño y letra de la parte quejosa y, con base en dicha prueba, determinó el sobreseimiento del juicio en términos de la causa de improcedencia antes señalada, sin que para ello fuera obstáculo el reconocimiento de firma de la parte quejosa, pues dicha diligencia al igual que la demanda de amparo carecían de eficacia jurídica.

38. Cabe destacar que en el amparo directo 373/2019, el órgano colegiado adicionalmente señaló que de la diversa contradicción de tesis 338/2016 –de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.)– se asume lo siguiente:

a) La facultad del órgano jurisdiccional de recabar de oficio la prueba pericial,

b) Lo anterior sin establecerse la necesidad de otorgar trámite especial a dicha actuación; y,

c) Sin que se advierta la necesidad de que el desahogo de la probanza de referencia se lleve a cabo de manera colegiada.

39. Asimismo, el órgano colegiado también refirió que de la contradicción de tesis 80/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –en relación con el trámite que se debe otorgar al incidente de objeción de documento falso respecto del escrito de demanda de amparo– se advertían distinciones legales y jurisprudenciales respecto de los supuestos atinentes a:

a) La tramitación de un incidente de objeción de documento falso –demanda de amparo directo o indirecto, o bien, en los recursos que surjan durante su tramitación–; y,

b) El curso otorgado a la hipótesis en que el órgano de control constitucional –sin la intervención de las partes– advierta distinción entre las firmas que calzan la demanda de amparo o cualquiera de los recursos previstos en la Ley de Amparo, con aquellas que hayan sido expuestas en la diligencia en que se ordena su ratificación.

40. Circunstancias que el órgano colegiado sostuvo que se advirtieron en cuanto al trámite otorgado respecto del supuesto contenido en el inciso b).

41. Hasta aquí los antecedentes y consideraciones esenciales que dieron origen al criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito.

42. Por último, no se soslaya que existen aspectos accidentales en los amparos directos antes reseñados como el tipo de delito al que fueron condenados los quejosos, que en algunos asuntos la parte quejosa haya formulado manifestaciones respecto a la vista del dictamen emitido por el perito oficial (amparos directos 99/2019 y 406/2019) o las manifestaciones expresadas con motivo de la vista otorgada sobre la actualización de la causa de improcedencia no alegada por las partes (amparo directo 373/2019), o bien, que en el amparo directo 759/2018 la parte quejosa haya presentado y ratificado su desistimiento en el juicio.

43. Dichos aspectos no impactaron en el criterio del órgano colegiado, pues de la lectura de las sentencias se advierte que las manifestaciones realizadas por los quejosos no incidieron en la forma en que tramitó el desahogo de la prueba pericial ni en el sobreseimiento del juicio, por el contrario, tales manifestaciones fueron desestimadas.

44. Además, el referido desistimiento del quejoso en el juicio de amparo directo 759/2018 también fue desestimado en función de la falsedad de la firma plasmada en el escrito inicial de demanda en virtud de la valoración que se realizó de la prueba pericial en materia de grafoscopía.

45. II. Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito –amparo directo 424/2018–.

46. En este caso dos personas físicas demandaron del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el pago por concepto de indemnización constitucional por el despido injustificado, así como el pago de salarios vencidos, vacaciones, prima vacacional, entre otras prestaciones accesorias.

47. De la demanda conoció la Junta Especial Número Catorce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, bajo el expediente laboral 232/2010, la cual, previos trámites procesales, emitió el laudo de dos de marzo de dos mil diecisiete en el que condenó al instituto demandado al pago de determinadas cantidades de dinero y lo absolvió respecto de otras prestaciones.

48. Inconforme con dicha resolución, el instituto demandado presentó demanda de amparo directo que tocó conocer al Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo Magistrado presidente ordenó registrarla con el número 424/2018 y requirió a la parte promovente para que en el plazo de tres días acreditara su personalidad.

49. Previo desahogo del requerimiento anterior, se admitió a trámite la demanda de amparo y posteriormente se turnó el asunto al Magistrado ponente.

50. Derivado de que se advirtió una irregularidad en el expediente, el órgano colegiado requirió a la Junta responsable para que remitiera los originales de diversas constancias del juicio laboral.

51. En cumplimiento a lo anterior, la Junta responsable remitió el cuadernillo de amparo, del cual el órgano colegiado advirtió que no obraban las constancias originales solicitadas, por lo que ordenó abrir incidente de falsedad de firma y suspendió el juicio de amparo hasta en tanto concluyera el procedimiento incidental.

52. Seguido el procedimiento incidental en sus fases legales, el órgano colegiado ordenó la continuación del procedimiento y emitió sentencia el veintitrés de enero de dos mil diecinueve en la que primeramente resolvió la cuestión incidental y posteriormente sobreseyó en el juicio conforme a las siguientes consideraciones.

53. En relación con el incidente de falsedad de la firma de la demanda de amparo, sostuvo que para determinar en un procedimiento judicial si la firma autógrafa impugnada de falsa es o no original de una persona, en la generalidad de los casos no basta la simple comparación que realice el juzgador con otra firma atribuida a la misma persona, sino que ordinariamente es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o autenticidad mediante la prueba pericial idónea que se aporte al sumario, pues aunque la diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación superficial con cierto grado de especialidad –dada la experiencia de los juzgadores en la apreciación de firmas debido a sus funciones– es mediante la prueba señalada como se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta.

54. En atención a lo anterior, el referido órgano jurisdiccional indicó que la materia de ese incidente consistió en determinar la autenticidad de la firma plasmada en el escrito de demanda que presentó la persona que se ostentó como director general de Asuntos Jurídicos del Instituto quejoso.

55. Al respecto, precisó que la duda de la autenticidad de la firma se advirtió por dicho tribunal, lo cual motivó la apertura oficiosa del incidente respectivo.

56. Lo anterior porque se apreció que el escrito de demanda era una copia en cuya última hoja se encontraba sobrepuesta la firma dubitable, lo cual se corroboró con el informe rendido por el perito designado, en el que señaló que la firma cuestionada no era una firma original ni autógrafa; motivo por el que no se podía considerar como base de cotejo ni como una firma indubitable, ya que era producto de una reproducción.

57. Asimismo, el Tribunal Colegiado destacó que al rendir su dictamen, el perito oficial concluyó que la firma plasmada en la demanda de amparo no correspondió al puño y letra del promovente, para lo cual, al dar contestación al cuestionario propuesto, dicho perito refirió que tal firma no tenía la misma velocidad ni soltura que las firmas indubitables; así como que las firmas analizadas presentaban diferencias gráficas.

58. En consecuencia, el órgano colegiado confirió pleno valor al dictamen pericial de mérito, por lo que declaró fundado el incidente de falsedad de firma y determinó que la firma contenida en el escrito de demanda de amparo directo resultó falsa.

59. Derivado de lo anterior, el órgano colegiado consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los artículos 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo, toda vez que la firma plasmada en el escrito de demanda de amparo fue falsa por no corresponder al puño y letra de quien se ostentó como representante del instituto quejoso, incumpliendo con ello el requisito de instancia de parte agraviada.

60. Finalmente, precisó que en el caso no resultaba conducente otorgar la vista a que se refiere el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que la tramitación del incidente de falsedad de la firma que calza la demanda de amparo –el cual fue conocido por las partes– no persigue otra finalidad que se declare la nulidad de dicho escrito y que, por ende, se sobresea en el amparo ante la falta de expresión de la voluntad del quejoso para obtener la tutela o protección jurídica de sus derechos.

61. De esa manera, indicó que en modo alguno puede considerarse que al quejoso se deje inaudito o se le prive de su derecho de defensa al decretarse el sobreseimiento del juicio de amparo sin antes dársele la vista señalada, pues el derecho de defensa es tutelado al dársele oportunidad de argumentar y probar en el incidente de falsedad.

62. Máxime que lo que se pudiera manifestar la parte quejosa no haría cambiar el sentido de la ejecutoria dado el resultado del incidente de falsedad, por lo que sólo se retrasaría la solución del juicio en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional.

63. De la anterior ejecutoria derivó la tesis aislada I.16o.T.18 K (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:

"SOBRESEIMIENTO. ES INNECESARIO DAR LA VISTA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO DERIVA DE LA TRAMITACIÓN OFICIOSA DE UN INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Cuando la causa de improcedencia resulta de lo fundado del incidente de falsedad de firma que calza la demanda de amparo, aperturado de manera oficiosa por el órgano de amparo, no se actualiza el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para otorgar vista previa a la parte quejosa, puesto que el sobreseimiento se decreta como una consecuencia de tal incidente, lo cual es del conocimiento de las partes, quienes tuvieron oportunidad de manifestarse en torno a ello dentro de la incidencia aludida; por lo que en modo alguno puede considerarse que se le deje inaudita o se le prive de su derecho de defensa; máxime que lo que se pudiera manifestar, no haría cambiar el sentido de la decisión, y sólo retrasaría la solución del juicio, en contravención a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional."(9)

64. CUARTO.—Consideración previa. Ahora bien, antes de determinar la existencia o inexistencia de la contradicción de tesis, resulta importante destacar que la circunstancia de que a la fecha en que se presentó la denuncia correspondiente (veintidós de octubre de dos mil veinte) ninguno de los criterios contendientes constituya propiamente jurisprudencia no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la presente denuncia, pues a fin de determinar su existencia basta que se adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.

65. Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno y 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales continúan en vigor en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente al no oponerse al contenido de la propia ley de la materia. Dichos son del rubro siguiente:

66. "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(10)

67. "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."(11)

68. QUINTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Ahora, procede determinar si existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes y para tal propósito importa destacar que el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, al interpretar en la jurisprudencia P./J. 72/2010 los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, estableció que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.(12)

69. La citada jurisprudencia establece lo siguiente:

70. "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(13)

71. De la jurisprudencia transcrita, se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

72. En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis –mediante aclaraciones–, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

73. Asimismo, el Tribunal Pleno ha sostenido que la contradicción de tesis puede configurarse implícitamente siempre y cuando el criterio respectivo pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares de cada caso, esto es, deben existir los elementos suficientes –los cuales no pueden ser accidentales o meramente secundarios– para establecer que en relación con el tema a dilucidar, un órgano colegiado fijó un criterio contrario al otro concerniente a la sustancia de un mismo problema jurídico.

74. Es decir, aun cuando los órganos contendientes no hayan sustentado un criterio expreso sino uno implícito pero indubitable, entendiéndose como tal el que pueda deducirse de manera clara e inobjetable de las circunstancias particulares del caso, a fin de impedir la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios de los órganos jurisdiccionales terminales al resolver un mismo tema jurídico, resulta necesaria la sustentación de una tesis jurisprudencial que decida o supere la discrepancia de las tesis relativas, uniformando el criterio conforme al cual habrán de resolverse asuntos jurídicos iguales o semejantes, pues de estimarse que en ese supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, se seguirían resolviendo de forma diferente, sin justificación legal alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales.

75. Tal criterio quedó plasmado en la tesis P./J. 93/2006, cuyo rubro es el siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(14)

76. Precisado lo anterior, de los aspectos relevantes que se desprenden de las ejecutorias que dieron origen a los criterios que se consideran discrepantes, esta Segunda Sala advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, debido a que los órganos colegiados arribaron a conclusiones diferenciadas al examinar una misma cuestión jurídica, la cual está relacionada con la manera de tramitar el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía rendida por el perito designado por el tribunal, cuyo fin es dilucidar si la firma plasmada en la demanda de amparo corresponde o no a la parte quejosa.

77. En efecto, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver los amparos directos 235/2018, 759/2018, 99/2019, 373/2019, 406/2019 y 469/2019, determinó sobreseer en el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto por los ordinales 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, por no reunirse los principios básicos que rigen el juicio constitucional, concretamente el de instancia de parte y agravio personal y directo.

78. Lo anterior bajo la consideración de que el presidente del Tribunal Colegiado está facultado para ordenar el desahogo de la prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía a fin de verificar si en el caso se actualiza o no una causa de improcedencia por advertirse, a simple vista, que la firma de la parte quejosa era distinta a la estampada en el escrito de demanda de amparo.

79. De modo que para determinar en un procedimiento judicial si la firma autógrafa impugnada no es original de una persona, no basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano que realice el juzgador, sino que es necesario llevar a cabo la constatación de su falsedad o autenticidad mediante prueba pericial en grafoscopía y caligrafía que se aporte al sumario a efecto de verificar la autenticidad de la firma que calza la demanda de amparo por ser notoriamente diferente a otra que exista en autos, sin que para ello se necesite la apertura del incidente concerniente.

80. En cambio, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo directo 424/2018, sostuvo que para resolver un incidente de f

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30108-882f6432/incidente-de-falsedad-de-firma-de-la-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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