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Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA LA ADMISIÓN, PREPARACIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, ES APLICABLE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2018. · Registro digital (IUS): 28618
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Pág. 81.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 80/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 9 DE OCTUBRE DE 2018. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del nueve de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS;

Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Mediante oficio presentado el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito denunciaron la posible contradicción, entre el criterio sustentado por dicho tribunal, al resolver el recurso de reclamación 3/2018, y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de reclamación 18/2014.

SEGUNDO.—Por auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar, el expediente de contradicción de tesis, con el número 80/2018 y la admitió a trámite. Asimismo, estimó que toda vez que el problema jurídico que se planteó en la denuncia de mérito se encontraba relacionado con la materia común, la competencia para su conocimiento correspondía al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otro lado, requirió a los presidentes de los tribunales contendientes para que remitieran por conducto del MINTERSCJN versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de las ejecutorias dictadas en los asuntos de sus índices; además, solicitó específicamente a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito que informara si su criterio se encuentra vigente o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado, señalando las razones que sustenten las consideraciones respectivas. Finalmente, turnó los autos al Ministro José Fernando Franco González Salas, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

TERCERO.—En acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo como debidamente integrado el expediente de la contradicción de tesis y ordenó remitir el asunto al Ministro ponente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(2)

TERCERO.—Antecedentes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias, que en síntesis son los siguientes:

1. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito –recurso de reclamación 3/2018–.

- Por escrito presentado, el siete de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Junta Especial Número Once, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Córdoba, Veracruz, Miguel Ángel Serrano Velasco, parte actora en el juicio laboral 99/2015, promovió demanda de amparo directo en contra del laudo dictado en dicho juicio, el doce de julio de dos mil diecisiete.

- El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al que correspondió conocer de la demanda, por conducto de su entonces presidenta, la registró con el número 820/2017 y la admitió a trámite.

- Posteriormente, por escrito presentado, el seis de noviembre de dos mil diecisiete, el tercero interesado José Luis Fernández Fernández,(3) con fundamento en los numerales 119, 122 y 123 de la Ley de Amparo, promovió incidente de objeción de documentos con la finalidad de impugnar la falsedad de la firma o rúbrica al calce de la demanda del juicio de amparo directo, ofreciendo, entre otros medios de convicción, la prueba pericial grafoscópica en términos del artículo 120 del ordenamiento legal citado.

- Por auto de presidencia de siete de noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se ordenó tramitar el incidente de falsedad de firma y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo, el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se acordó, entre otras cosas, desechar la prueba pericial al haber sido ofrecida de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Amparo y no ajustarse a lo previsto en los artículos 145 y 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia.

- Inconforme con la determinación anterior, el tercero interesado –por conducto de su autorizado– interpuso recurso de reclamación, el cual se resolvió por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, mediante resolución de treinta de enero de dos mil dieciocho, declarándolo infundado, bajo las consideraciones sustanciales siguientes:

• El tribunal afirmó que, contrario a lo señalado por el recurrente, la legislación aplicable para regular la admisión y desahogo de pruebas que se ofrezcan dentro de los incidentes previstos en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, dentro de los que se encuentra regulado el incidente de falsedad de firma que se promueva dentro de un juicio de amparo directo, es el Código Federal de Procedimientos Civiles y no la propia Ley de Amparo.

• Ello, pues ante la insuficiente reglamentación en la Ley de Amparo, respecto de los incidentes de falsedad de firma tramitados en los juicios de amparo directo, en términos de lo dispuesto en su artículo 2o., lo conducente es acudir a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con este tema.

• En este sentido, indicó que en el caso no son aplicables los numerales 119 y 120 de la Ley de Amparo para la regulación del ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas en general y, en específico, lo relativo a la prueba pericial ofrecida dentro de un incidente tramitado dentro de un juicio de amparo directo, ya que tales preceptos se encuentran dentro del título segundo, capítulo I, de la propia ley, los cuales regulan la tramitación del juicio de amparo indirecto, es decir, tales disposiciones reglamentan lo relativo a pruebas que se ofrezcan dentro de un juicio de amparo indirecto y no así dentro de los juicios uniinstanciales, por lo que no pueden regir de manera analógica, lo relativo a los medios de convicción aportados dentro de los incidentes establecidos en los diversos artículos 66 y 67 de la propia Ley de Amparo, que sean tramitados dentro de los juicios de amparo directo, como en el caso.

• Destacó que el incidente de falsedad de firma de la demanda de amparo, materia de la reclamación, se encuentra regulado por los aludidos numerales 66 y 67 y no debe confundirse con el diverso incidente de objeción de documentos, al que se refiere el artículo 122 de la Ley de Amparo, pues este último se promueve dentro de los juicios de amparo indirectos, caso en el que sí son aplicables en su tramitación los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo.

• Por tanto, el actor incidentista y recurrente, al haber objetado de falsa la firma de la demanda de amparo directo, debió ofrecer la prueba pericial grafoscópica, en cuestión designando un perito de su parte, y al hacerlo en los términos siguientes: "... A) La pericial grafoscópica.—Misma que deberá correr a cargo de perito especializado en la materia, adscrito a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad de Xalapa, Ver., y que se encargará de efectuar dictamen pericial en grafoscopía, prueba que en términos del numeral 120 de la Ley de Amparo en vigor se ofrece de nuestra parte...", resulta evidente que contravino con lo que para ese ofrecimiento prevé el supletorio código adjetivo federal, en específico, los artículos 145 y 146, por lo que al no hacerlo así, resulta correcto el desechamiento de tal probanza.(4)

2. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito –recurso de reclamación 18/2014–.

- Por escrito presentado el dieciocho de marzo del dos mil catorce, ante la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa-Enríquez, Carla Paulina Guzmán Lanzagorta, parte demandada en el juicio ordinario civil 664/2011, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia de diecinueve de febrero del año dos mil catorce, emitida por la autoridad responsable aludida en primer término.

- El presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al cual le correspondió conocer de la demanda, la registró con el número 235/2014 y la admitió a trámite.

- Posteriormente, mediante escrito de quince de abril del año en cita, el tercero interesado Jorge Alberto Álvarez Bigurra interpuso incidente de falsedad, respecto de la firma que calza la demanda de amparo promovida por Carla Paulina Guzmán Lanzagorta, mismo que por auto de veintidós de abril de dos mil catorce, se admitió a trámite, reservándose acordar lo procedente, respecto de las pruebas ofrecidas por el recurrente incidentista hasta el momento procesal oportuno.

- Mediante escrito presentado el seis de mayo dos mil catorce, la demandada dio contestación a los hechos en el incidente referido, opuso excepciones y defensas, y objetó pruebas de su contraparte.

A dicho escrito le recayó, el proveído de doce de mayo siguiente, en el que se acordó, entre otras cosas, abrir una dilación probatoria por el término de diez días, con fundamento en el artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, admitiendo como medios de convicción de su parte, entre otros, la prueba pericial en caligrafía ofrecida por el actor incidentista, ordenando en términos del artículo 120 de la Ley de Amparo, girar oficio al director general de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, para que dentro del término de ley proporcionara el nombre de un perito en grafoscopía, a fin de que fungiera con tal carácter.

- Inconforme la parte quejosa con la determinación anterior, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por el Pleno del Tribunal Colegiado del conocimiento, por resolución de tres de junio de dos mil catorce, en la que lo declaró, por una parte, infundado y, por la otra, fundado, bajo las consideraciones substanciales siguientes:

• En principio, declaró infundado el segundo agravio esgrimido por la recurrente, en el que señaló, esencialmente, que al prepararse la prueba pericial se le privó del derecho a designar perito de su parte, al no concederle plazo para hacerlo en términos del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

• Ello, se dijo, en virtud que de la interpretación sistemática de los artículos 66, 67, 119 y 120 de la Ley de Amparo, se advertía que, la citada ley prevé cómo se tramitan los incidentes y cómo deben prepararse y desahogarse las pruebas, por lo que debía estarse a esas disposiciones.

• Añadió, que con independencia de que los dos últimos preceptos legales citados (119 y 120), se encontraran en el título segundo, denominado: "De los procedimientos de amparo", capítulo I, referente a "El amparo indirecto", los mismos debían aplicarse analógicamente en la preparación y desahogo de las pruebas en los casos en que se ofrezcan en el amparo directo, pues al ser la norma especial de la materia, era innecesario acudir a la aplicación supletoria del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al estar, como se dijo, contenida en la propia Ley de Amparo, la forma de preparación y desahogo de las pruebas, como lo es la pericial grafoscópica.

• Argumentó también, que en atención a lo establecido en los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo vigente, no se desprendía la obligación del órgano jurisdiccional de prevenir a las partes y concederles un término para que nombraran perito, tan era así, que el último dispositivo en mención señalaba textualmente: "sin perjuicio de que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado ..."; por lo que era incontrovertible que incumbía a dichas partes la carga procesal de nombrar un experto, para los citados efectos, esto es, para que se asociara al nombrado por el órgano jurisdiccional o emitiera el peritaje por separado.

• De ahí que, se insistía, en el caso, resultaba aplicable el artículo 119, último párrafo, de la ley reglamentaria en consulta, parte normativa que preveía que el órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario (para los peritos).

• Finalmente, precisó que como de constancias de autos, se advertía que, se encontraban en controversia derechos de menores de edad, procedía suplir la queja deficiente, porque atento al contenido del artículo 119, en su último párrafo, de la Ley de Amparo, así como del auto impugnado, se advertía que, a la recurrente se le privó la oportunidad de ampliar el cuestionario exhibido por su contrario, a fin de integrar la prueba pericial, lo que ameritaba reparación, tal y como era que se le otorgara la vista a la parte recurrente para que estuviera en aptitud de ampliar el cuestionario; de ahí lo parcialmente fundado de sus agravios.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Ahora, procede determinar si existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por los tribunales contendientes y para tal propósito, importa destacar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar en la jurisprudencia P./J. 72/2010 los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, estableció que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.(5)

La citada jurisprudencia establece lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)

De la jurisprudencia transcrita, se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea, porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse, al resolver la contradicción de tesis –mediante aclaraciones–, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

Precisado lo anterior, de los aspectos relevantes que se desprenden de las ejecutorias que dieron origen a los criterios que se consideran discrepantes, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que, sí existe la contradicción de tesis denunciada, debido a que ambos Tribunales Colegiados examinaron una misma cuestión jurídica, pero arribaron a conclusiones encontradas.

Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito señaló que la legislación aplicable para regular la admisión y desahogo de pruebas que se ofrezcan dentro de los incidentes previstos en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, dentro de los que se encuentra regulado el incidente de falsedad de firma que se promueva dentro de un juicio de amparo directo, es el Código Federal de Procedimientos Civiles, en específico, conforme a sus artículos 145 y 146 y no la propia Ley de Amparo.

Ello, pues no son aplicables los numerales 119 y 120 de la Ley de Amparo para regular el ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba pericial grafoscópica ofrecida dentro de un incidente tramitado en un juicio de amparo directo, ya que tales preceptos regulan lo relativo a las pruebas en la tramitación del juicio de amparo indirecto y no el juicio uniinstancial.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito determinó que de la interpretación sistemática de los artículos 66, 67, 119 y 120 de la Ley de Amparo, se advierte que, éstos prevén cómo se tramitan los incidentes y cómo deben prepararse y desahogarse las pruebas, por lo que debe estarse a esas disposiciones, ya que al ser la norma especial de la materia, resulta innecesario acudir a la aplicación supletoria del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para la preparación y desahogo de la prueba pericial grafoscópica.

En ese sentido, señaló que con independencia de que los numerales 119 y 120 de la Ley de Amparo aludidos, se encuentran en el capítulo referente al amparo indirecto, los mismos deben aplicarse analógicamente en la preparación y desahogo de las pruebas en los casos en que se ofrezcan en el amparo directo.

Pues bien, como se obtiene de la anterior narrativa, ambos Tribunales Colegiados examinaron una misma cuestión jurídica, consistente en determinar –en esencia– cuál es la legislación bajo la que debe regirse el ofrecimiento, preparación y desahogo de la prueba pericial grafoscópica dentro de un incidente de falsedad de firma de la demanda de amparo directo, pero arribaron a criterios que resultan discordantes, pues mientras el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito resolvió que la legislación aplicable para regular la admisión y desahogo de prueba pericial grafoscópica en el incidente de falsedad de firma que se promueva dentro de un juicio de amparo directo, es el Código Federal de Procedimientos Civiles, en específico, los artículos 145 y 146, y no los numerales 119 y 120 de la Ley de Amparo, ya que tales preceptos regulan lo relativo a las pruebas en la tramitación del juicio de amparo indirecto y no el juicio uniinstancial.

En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito estableció que en los artículos 66, 67, 119 y 120 de la Ley de Amparo, se prevé cómo se tramitan los incidentes y cómo deben prepararse y desahogarse las pruebas y, por ende, es innecesario acudir a la aplicación supletoria del artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para la preparación y desahogo de la prueba pericial grafoscópica, pues con independencia de que los numerales 119 y 120 de la Ley de Amparo, se encuentran en el capítulo referente al amparo indirecto, los mismos deben aplicarse analógicamente en la preparación y desahogo de las pruebas en los casos en que se ofrezcan en el amparo directo.

En ese sentido, es posible concluir que en el caso existe la contradicción de tesis y que la interrogante a dilucidar en ella es la relativa a determinar: ¿En el incidente de falsedad de firma de la demanda de amparo directo, para la admisión, preparación y desahogo de la prueba pericial grafoscópica, es aplicable la Ley de Amparo o bien el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2o. de la ley de la materia?

QUINTO.—Estudio. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para resolver el problema jurídico suscitado en la presente contradicción de tesis, es necesario destacar, en principio, que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 15/1997, determinó que la demanda de amparo, al ser un documento de carácter privado, era susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en términos de lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de Amparo abrogada.(7)

Al respecto, se afirmó que la doctrina ha establecido que en un documento se debe distinguir el contenido y el continente, es decir, la declaración expresada en el documento y el documento mismo, pudiendo resultar falso lo uno y verdadero lo otro o viceversa, ya que la finalidad del documento es probar la existencia de la declaración, no su eficacia.

Por tanto, la objeción de falsedad de un documento puede estar referida bien a lo manifestado en él, o bien a su autenticidad, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de forma que el mismo debe contener, entre los que se encuentran, la firma del suscriptor, de ahí que para determinar si la demanda puede impugnarse en términos del artículo en comento, se debe partir de la naturaleza de dicho documento distinguiendo para ello el contenido y el continente, en virtud de tratarse de la exteriorización de la voluntad de quien lo suscribe.

Con base en ello, el Pleno de este Alto Tribunal consideró que si bien en ningún precepto de la anterior Ley de Amparo se establecía qué debía entenderse por documento privado, aplicando supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el que se hacía la diferenciación entre documentos públicos(8) y los documentos privados,(9) se colegía que el escrito inicial de demanda de amparo participaba de las características de un documento privado, porque provenía de un particular y en él aparecía la firma o signo que reflejaba la voluntad de su suscriptor.

Y como tal, el escrito de demanda de amparo podía ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad (continente), mediante el incidente previsto en el artículo 153 de la ley de la materia abrogada, no así en cuanto a su contenido, ya que en esta última hipótesis lo que se pretendía demostrar era la falsedad de las declaraciones hechas por el promovente del juicio, lo que constituía la materia del juicio de amparo, al decidirlo en lo principal.

Máxime que, si bien el artículo 153 de la Ley de Amparo abrogada, no se refería a pruebas específicamente, sino a documentos, sin hacer distinción alguna de éstos; si la ley no distinguía, el juzgador no tenía por qué hacerlo, por lo que bastaba que alguna de las partes objetara de falso en cuanto a su autenticidad alguno de los documentos presentados por las partes, para que el juzgador procediera en los términos señalados por el numeral en cita.

De tal criterio derivó la siguiente tesis de jurisprudencia:

"DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO.—Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos ‘los documentos’ que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado."(10)

Como se puede observar, el criterio jurisprudencial del Tribunal Pleno fue claro en establecer que el escrito relativo a la demanda de amparo, al revestir el carácter de documento privado, es susceptible de ser objetado de falso en términos de lo que disponía el anterior artículo 153 de la Ley de Amparo abrogada.

Cabe destacar que aun cuando dicho criterio se emitió por el Pleno de esta Suprema Corte en una Época y con una integración distinta a la actual, y se refiere a la legislación de la materia abrogada; el mismo sigue siendo aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, en tanto su numeral 122, en su primera parte, es análogo al diverso 153 de la ley abrogada en cita.(11)

Ahora bien, precisado como quedó que la demanda de amparo, al ser un documento privado –cuya concepción en la actualidad no ha cambiado–, es susceptible jurídicamente de ser objetado de falso; corresponde despejar ahora la interrogante que integra el punto de divergencia en esta contradicción, consistente en determinar si en el incidente de falsedad de firma de la demanda de amparo directo, para la admisión, preparación y desahogo de la prueba pericial grafoscópica, es aplicable la Ley de Amparo o bien, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en términos del numeral 2o. de la ley de materia, dado que existen diferencias sustanciales en dichas legislaciones tanto para su ofrecimiento, preparación y desahogo, como en las formalidades relativas a su admisión y tramitación.

Para ello, es necesario diferenciar, en principio, los procedimientos de desahogo de la prueba pericial contenidos tanto en la Ley de Amparo, como en el mencionado ordenamiento procesal civil, de la siguiente manera:

Ver cuadro

Del anterior cuadro se advierte, que la prueba pericial en los juicios en que se aplica el Código Federal de Procedimientos Civiles, se desarrolla de manera diferente en relación con lo previsto específicamente, para los juicios constitucionales regidos por la Ley de Amparo.

En efecto, en aquellos juicios, la prueba pericial es de índole colegiada, pues cada una de las partes debe nombrar perito, y la figura del perito tercero es para dilucidar las divergencias que, previsiblemente, pudieran existir en los dictámenes, por estar vinculados con la posición de la parte por la cual fueron nombrados.

En cambio, en el juicio de amparo, la prueba pericial no es de índole colegiada y así ha sido sustentado en diversos criterios emitidos por esta Suprema Corte, en los que se ha señalado que el único perito cuyo dictamen es indispensable para su debida integración y desahogo es el nombrado por el Juzgado, ya que ni en el artículo 151 de la Ley de Amparo abrogada –ni en el actual 119 de la Ley de Amparo– se hace referencia a la figura del perito "tercero en discordia", sino que se privilegia el desahogo de la prueba pericial a la designación de un solo perito, o de los que se estimen convenientes para la práctica de la diligencia respectiva, sin perjuicio ni obstáculo alguno para que cada parte que intervienen en el juicio constitucional –quejoso(s), autoridad(es) responsable(s), tercero interesado(s) o ministerio público– puedan designar también un perito que se asocie al nombrado por el Juez, o bien, rinda su dictamen por separado.

Al respecto, se precisó que fue intención del legislador que en el juicio constitucional el criterio del juzgador se considere suficientemente ilustrado con la sola existencia del peritaje oficial, el cual, al no estar vinculado a la posición de alguna de las partes, debe estimarse imparcial y desprovisto de cualquier ventaja o inferioridad tendente a favorecer o a perjudicar a las partes.

Aunado a que se consideró que la Ley de Amparo era expresa al señalar la manera cómo debía rendirse la prueba pericial, que no era la fijada por el Código Federal de Procedimientos Civiles, ni cabía aplicar dicho código adjetivo, a fin de que el Juez estuviera obligado, necesariamente, a nombrar a un tercer perito cuando existiera discordancia entre el dictamen oficial y el de los demás, pues de hacerlo se desconocería la naturaleza de la prueba pericial en el amparo, al convertirla en colegiada, lo que sería incongruente con los principios y bases que rigen este medio de control consti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28618-c9781873/incidente-de-falsedad-de-firma-de-la-demanda · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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