Corpus
Modo: Corpus Pro

Sin rubro

Tipo de asunto: INCIDENTE DE INEJECUCIÓN 82/2016. · Registro digital (IUS): 80196
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Versión electrónica, Pág. 1.

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 82/2016. **********. 7 DE JULIO DE 2016. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO ADJUNTO: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de julio de dos mil dieciséis, emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

Correspondiente al incidente de inejecución de sentencia 82/2016, derivado del juicio de amparo indirecto 813/2004 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal -hoy Ciudad de México-, cuyo objeto consiste en determinar si deben aplicarse o no las sanciones establecidas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, a las autoridades responsables y a las vinculadas en el juicio constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Juicio de amparo indirecto 813/2004.(1) ********** promovió juicio de amparo indirecto, por conducto de su apoderado legal, mediante escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil cuatro en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:

AUTORIDADES RESPONSABLES

o Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

o Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

o Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;

o Directora General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;

o Director de Reserva Territorial de la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; y,

o Subdirector de Adquisición de Suelo e Inventario Inmobiliario de la Dirección de Reserva Territorial.

ACTOS RECLAMADOS

o La omisión de pagar la indemnización por concepto de expropiación a valor comercial derivado del dictamen a la solicitud de pago emitido en el expediente **********, de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete.

o El "silencio administrativo" consistente en la omisión de dar respuesta al escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil tres.

o Todas las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas, derivadas de los actos reclamados antes precisados. En particular, reclamó la falta de indemnización por la expropiación de los lotes números **********, ubicados en el predio denominado **********, Delegación **********, en esta Ciudad de México, con una superficie total de ********** metros cuadrados (********** m2), afectados por Decreto Expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y siete.

2. La Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal registró el asunto con el número 813/2004 y, previos trámites de ley, dictó sentencia el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, en la cual concedió el amparo en los siguientes términos:

"La parte quejosa aduce que se violan en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no se ha substanciado o resuelto algún procedimiento establecido en la ley u ordenamiento jurídico alguno se ha privado a la parte quejosa (sic) del derecho de gozar del pago de indemnización a valor comercial por la expropiación de diversos lotes de su propiedad, que fueron afectados por el Decreto Expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y siete, no obstante que el Director General Jurídico y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal emitió un dictamen el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, en el que reconoció la procedencia del pago de indemnización.

Para determinar si le asiste la razón a la quejosa, es necesario tomar en consideración las probanzas exhibidas en el expediente en que se actúa.

[...]

De la transcripción anterior, se aprecia que el Director General Jurídico y de Estudios Legislativos emitió un dictamen a favor de la quejosa para que se realizara el pago indemnizatorio por la superficie de ********** metros cuadrados.

En cumplimiento al dictamen que nos ocupa, emitió un oficio el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, dirigido al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda para que girara las instrucciones a quien corresponda para que se procediera al pago de la indemnización correspondiente, en términos de un avalúo previo que emitiera la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, folio **********.

[...]

De la lectura de los preceptos legales antes transcritos se aprecia que los Estados, Distrito Federal y Municipios, podrán:

1.- Adquirir bienes necesarios por causa de utilidad pública para el servicio de la comunidad.

2.- La Secretaría de Estado, departamento administrativo o Gobierno del Distrito Federal según corresponda, tramitará el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio y, en su caso, el Ejecutivo Federal hará la declaratoria en el Decreto respectivo.

3.- Se debe indemnizar al valor comercial que previamente se fije, sin que pueda ser inferior al valor fiscal en el caso de bienes inmuebles.

4.- La indemnización será cubierta por el Estado.

5.- Deberá pagarse dentro del término de un año a partir de la declaratoria de expropiación en moneda nacional, o en su caso el pago será en especie cuando así lo acuerden las partes.

6.- En los casos que se decrete la expropiación de algún bien en favor del Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, señalará la dependencia a la que corresponda tramitar el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio, la que conocerá y resolverá el recurso administrativo de revocación previsto en la Ley de Expropiación.

Aplicando lo anterior al caso en estudio, válidamente se arriba a la conclusión que existe omisión por parte de la autoridad responsable Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal, en llevar a cabo las acciones tendientes a cubrir el pago indemnizatorio que se autorizó en el dictamen de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, en favor de la quejosa por la superficie de ********** metros cuadrados, respecto de los lotes [...], ubicados en el predio denominado '**********', Delegación **********, Distrito Federal.

[...]

Luego, como quedó demostrado en las líneas que anteceden, si a las responsables de mérito les correspondió realizar el trámite del procedimiento de expropiación y el pago determinado a favor de la quejosa mediante dictamen de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete; lo cierto es que, a la fecha de la presentación de la demanda de garantías así como de la celebración de la audiencia constitucional, no demostraron con constancia fehaciente tales extremos. Ello conlleva a concluir que han sido omisas sin causa justificada en emitir una determinación debidamente fundada y motivada en el procedimiento administrativo respectivo.

En esa tesitura, se colige que las autoridades responsables Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos y Directora General de Administración Urbana, ambas del Gobierno del Distrito Federal, han incumplido con la obligación que les impone el artículo 17 constitucional en el procedimiento administrativo expropiatorio de que se trata, como lo es, impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial y en los plazos y términos fijados por la ley, además, el retraso injustificado del trámite de dicho procedimiento, crea incertidumbre en la quejosa infringiendo también el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Ley Suprema, máxime que ha transcurrido en exceso el plazo de un año que refiere la Ley de Expropiación para realizar el pago indemnizatorio.

Consecuentemente, la que suscribe estima que en la especie, debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las autoridades en comento, en el ámbito de sus competencias realicen las gestiones necesarias en el procedimiento de expropiación a fin de que determine la cantidad que se deba pagar a la quejosa por los lotes que han resultado expropiados y materialice el pago de los mismos.

[...]."

3. Amparo en revisión 58/2005. La Directora General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que por sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil cinco, confirmó la sentencia recurrida.

4. El doce de abril de dos mil cinco, la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal requirió a la Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos, así como a la Directora General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano, ambas del Gobierno del Distrito Federal, para que en el plazo de veinticuatro horas informaran sobre el cumplimiento que debía darse a la sentencia de amparo. La juez sostuvo que dichas autoridades debían realizar las gestiones necesarias para determinar la cantidad líquida que debía pagarse a la quejosa por los lotes expropiados.

5. Dado que las autoridades responsables fueron omisas en informar sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, la juez, el nueve de mayo de dos mil cinco, les requirió nuevamente, así como a sus superiores jerárquicos -Jefe de Gobierno y Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, ambos del Distrito Federal-. Este requerimiento se reiteró mediante proveídos de dos y diecisiete de junio de dos mil cinco.

6. Incidente de inejecución de sentencia 28/2005. Al estimar que las acciones de la autoridad para dar cumplimiento al fallo protector resultaban insuficientes, por auto de veinticuatro de junio de dos mil cinco, la juez abrió el incidente de inejecución de sentencia correspondiente, el cual fue radicado ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y registrado con el número 28/2005. El veinticinco de octubre de dos mil cinco, el Tribunal Colegiado declaró improcedente el incidente en los términos siguientes:

"Así pues, de acuerdo con el fallo protector el pago que por concepto de indemnización constitucional fue autorizado a favor de la parte quejosa mediante dictamen de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, se dice que debe efectuarse previo avalúo que emita la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, y de las constancias que han quedado precisadas se advierte que de acuerdo con el artículo 100, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal le corresponde a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario realizar los avalúos en los casos de expropiación y determinar la base para fijar el monto de la indemnización, además de que para emitirse dicho avalúo es necesario que el Director de Política Catastral y Padrón Territorial de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus atribuciones ratifique el valor fiscal o catastral del suelo en la zona de **********, Delegación **********, Distrito Federal, o bien, proporcione el valor correspondiente.

[...]

Luego entonces, este Tribunal Colegiado concluye que lo conducente es estimar improcedente el presente incidente de inejecución de sentencia y devolver los autos a la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para el efecto de que agote el procedimiento contemplado por el artículo 105 de la Ley de Amparo, en relación con la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, así como respecto del Director de Política Catastral y Padrón Territorial de la Secretaría de Finanzas, todos del Distrito Federal, mismas que como se advierte de las consideraciones expuestas en párrafos precedentes se encuentran relacionadas con el cumplimiento de la sentencia dictada el día treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro en el juicio de amparo indirecto número 813/2004, confirmada mediante ejecutoria dictada en sesión de fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco en el recurso de revisión número R. A. 58/2005. [...]."

7. El ocho de noviembre siguiente, la juez federal requirió al Director General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para que en el plazo de veinticuatro horas informaran sobre el avalúo de la expropiación que sufrió la quejosa y determinara la base para fijar el monto de la indemnización que correspondía pagarle. Además, requirió al Director de Política Catastral y Padrón Territorial de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para que, dentro del mismo plazo, ratificara o proporcionara el valor fiscal o catastral del suelo en la zona de **********, Delegación **********. El requerimiento fue reiterado mediante proveídos de quince y veintidós de noviembre de dos mil cinco.

8. El veinticinco de noviembre de dos mil cinco, la juez tuvo por recibido un oficio suscrito por la Directora General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano, al que adjuntó un diverso oficio del Director de Política Catastral de la misma dependencia, en el cual informaba que si bien en sus archivos documentales se ubicó el predio, no se localizaron antecedentes de publicaciones oficiales ni documentos que sustentaran su valor catastral.

9. Incidente de inejecución de sentencia 17/2006. Una vez efectuados diversos requerimientos a las autoridades responsables, la juez abrió un nuevo incidente de inejecución de sentencia el dieciséis de marzo de dos mil seis, ante el incumplimiento de aquéllas.

10. Con independencia de lo anterior, la juzgadora federal requirió, mediante acuerdo de veinticuatro de abril de dos mil seis, al Director de Política Catastral de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, para el efecto de que informara "si existe imposibilidad jurídica para realizar la indemnización correspondiente conforme a los valores catastrales de los lotes que componen la porción de terreno cuya indemnización debe pagarse a la quejosa". En relación a este último requerimiento, el Director de Política Catastral manifestó lo siguiente:

"En atención a su oficio [...] mediante el cual solicita se le ratifique el valor fiscal o catastral de los lotes números [...] que se ubican en el predio denominado **********, Delegación **********, Distrito Federal, los cuales dan una superficie total de ********** metros cuadrados, que fueron afectados por el Decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1977 (sic), le comento que de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos de la Subsecretaría de Catastro y Padrón Territorial, se observó lo siguiente:

o En la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal de los años 1977, 1976, 1975, 1974 y 1973, no se localizaron valores publicados.

o En la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal de los ejercicios fiscales 1977, 1976, 1975, 1974 y 1973, tampoco se localizaron valores catastrales.

o En los documentos oficiales registrados en los archivos de esta Subtesorería no se encontraron antecedentes de dichos valores.

Por lo anterior, le informo que no es posible atender su petición, ya que no existen antecedentes oficiales de la publicación de dichos valores; sin embargo, se continuará consultando en publicaciones oficiales de años anteriores."

11. El incidente de inejecución de sentencia al que se aludió en el apartado anterior se radicó ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número 17/2006. Este incidente fue declarado improcedente mediante sentencia de veintiocho de abril de dos mil seis. El fallo, en lo que interesa, dice:

"Así pues, de acuerdo con el fallo protector el pago que por concepto de indemnización constitucional fue autorizado a favor de la parte quejosa mediante dictamen de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, se dice que debe efectuarse previo avalúo que emita la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, y de las constancias que han quedado precisadas se advierte que la autoridad responsable Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal, mediante oficio **********, manifestó que de acuerdo con el artículo 100, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal le corresponde a la Dirección General de Avalúos de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, realizar los avalúos en los casos de expropiación y determinar la base para fijar el monto de la indemnización y, que la materialización del pago, conforme al artículo 50, fracción XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, le corresponde a la Dirección de Administración Urbana, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal.

[...]

Luego entonces, este Tribunal Colegiado concluye que lo conducente es estimar improcedente el presente incidente de inejecución de sentencia y devolver los autos a la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para el efecto de que agote el procedimiento contemplado por el artículo 105 de la Ley de Amparo, en relación con la Dirección de Avalúos de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, así como respecto de la Dirección de Administración Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, mismas que como se advierte de las consideraciones expresadas en párrafos precedentes se encuentran relacionadas con el cumplimiento de la sentencia dictada el día treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, en el juicio de amparo indirecto número 813/2004, confirmada mediante ejecutoria dictada en sesión de fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco en el recurso de revisión número R.A. 58/2005, adjuntándole para tal efecto copia certificada de las constancias que obran a fojas dieciocho a veinticuatro de este toca.

No obsta para concluir lo anterior el que las mencionadas autoridades no hayan sido señaladas como autoridades responsables en el juicio de amparo, pues para dar cumplimiento a las sentencias de amparo no se encuentran obligadas como responsables en el juicio de garantías, sino todas aquellas que se encuentren vinculadas para intervenir en el cumplimiento de la ejecutoria correspondiente.

[...]".

12. El quince de mayo de dos mil seis, la juez tuvo por recibida la sentencia dictada en el mencionado incidente de inejecución de sentencia y sostuvo:

"[...] requiérase al Director de Avalúos de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y al Director de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de la legal notificación del presente auto, acrediten con copia certificada de las constancias que estimen pertinentes el cumplimiento que hayan dado a la sentencia de mérito, en la inteligencia de que la primera de las autoridades referidas deberá realizar el avalúo de la expropiación que fue objeto el inmueble de la quejosa, así como determinar la base de la indemnización con motivo de la expropiación, y en relación con la segunda autoridad, ésta deberá realizar el pago de la indemnización correspondiente [...]."

13. El requerimiento se reiteró en proveídos de diez y veintiocho de julio, diez y veinticinco de agosto, todos de dos mil seis.

14. La juez tuvo por recibida copia certificada del avalúo catastral elaborado por la Dirección de Avalúos, perteneciente a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, así como el billete de depósito que se exhibió para cubrir el valor contenido en aquél. Ello mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil seis. El avalúo de que se trata establece:

"1. El valor catastral al momento de la expropiación, mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de enero de 1967 en pesos corrientes, es la cantidad de **********.

[...]

2. De conformidad con lo estipulado en la circular 1.2006 emitida por la Oficialía Mayor y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 28 de abril de 2006, numeral 10.12.3, el presente dictamen tiene una vigencia de un año, a partir de la fecha de su expedición.

Los datos contenidos en el presente Dictamen son resultado de los estudios realizados por un perito valuador debidamente registrado ante la Dirección General del Patrimonio Inmobiliario, designado por el Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, A.C., con quien el Gobierno del Distrito Federal tiene celebrado un contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 25 de mayo de 2006; mismo que fue aprobado por el H. Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal. La documentación soporte se encuentra en los archivos de la misma.

El valor catastral al momento de la expropiación, mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de enero de 1967 en pesos corrientes asciende a la cantidad de: **********."

15. En relación al avalúo antes citado, la juzgadora federal ordenó lo siguiente:

"Ahora bien, en obvio de mayores dilaciones [...] por medio de notificación personal que se le realice con copia del presente auto, del oficio de cuenta y sus anexos, notifíquese a la quejosa el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, y requiérasele para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, por escrito manifieste lo que a sus intereses legales convenga en relación con el citado cumplimiento y se presente a recoger el multicitado billete de depósito, apercibido que de no hacerlo así se resolverá lo procedente sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en las documentales que obran en el expediente."

16. Por escrito presentado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el diecinueve de septiembre de dos mil seis, el apoderado de la quejosa interpuso "incidente innominado" en contra del proveído a que se alude en el apartado anterior. Al respecto, manifestó, entre otras cuestiones, que el avalúo con el que se le dio vista carecía de los documentos que sustenten la metodología que se empleó, además de que se elaboró con base en documentos e informes que no obraban en autos. La juez desechó el incidente de plano por considerarlo notoriamente improcedente, por acuerdo de tres de octubre de dos mil seis.

17. Queja 112/2006. Inconforme con el auto de desechamiento, el apoderado de la quejosa interpuso recurso de queja, del cual tocó conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Dicho asunto fue registrado con el número 112/2006 y resuelto por sentencia de treinta de noviembre de dos mil seis, en el sentido de declararlo fundado. El fallo de que se trata en lo que interesa dice:

"QUINTO. Son fundados los agravios que se hacen valer como a continuación se pondrá de manifiesto.

[...]

Lo que como se argumenta se estima incorrecto ya que del escrito presentado en primer término, así como del en que se contiene el desahogo de la prevención se advierte que la intención de la quejosa es que se precise en forma clara y concreta el alcance de la ejecutoria que concedió el amparo; así como los conceptos y la forma en que debe efectuarse el pago de la indemnización que le corresponde, pues señala que a su consideración el pago debe realizarse en forma actualizada y no pagarse el predio al valor que tenía al momento en que fue expropiado.

En ese contexto, se estima que el incidente innominado que se propone sí es el medio idóneo para dilucidar lo anterior, ya que a través de ese incidente se debe establecer la forma en que se dará cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo, toda vez que en el mismo es posible que se aporten todos los elementos necesarios para determinar la materia de la restitución de los derechos que se hayan transgredido en perjuicio de la parte quejosa, para lo cual podrán valorarse los elementos probatorios allegados por las partes para tal efecto e inclusive determinando la recepción de pruebas para mejor proveer y la realización de todos los actos tendientes a establecer cuál es la cantidad que realmente corresponde pagar por la expropiación, en términos de los artículos 79, 80 y 358 a 364 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo.

Esto pues si en el caso no se encuentra determinado el monto que debe entregarse a la quejosa en cantidad líquida, es mediante el incidente innominado en el que podrán aportarse y recabarse las pruebas respecto a la cuantía de lo que se le debe cubrir, es decir, que en ese incidente podrán precisarse los elementos económicos necesarios para determinar el pago de la indemnización que le corresponde por la expropiación de su inmueble.

Igualmente debe decirse que el incidente innominado que propone la quejosa es procedente, pues a través del mismo puede darse claridad en la forma y términos en que debe quedar cumplida la sentencia de amparo y por lo tanto, en ese incidente puede determinarse la medida en que cada una de las autoridades responsables deben participar para cumplir con la sentencia protectora, sea por razón de su competencia o por cualquier otra circunstancia que implique su intervención en la ejecución de la sentencia de amparo.

De modo que al no estar plenamente determinada la cantidad que debe pagarse a la quejosa resulta preciso que la Juez de Distrito realice los siguientes actos:

1. Tramite el incidente innominado en el que oiga a las partes y éstas prueben y aleguen lo que a su derecho corresponda respecto al monto de las cantidades que se le deben cubrir a la quejosa.

2. Determine mediante resolución la cantidad líquida que se le debe pagar correspondiente como indemnización por la expropiación y la forma y a partir de cuándo debe cuantificarse el adeudo, es decir, deberá establecerse si resulta procedente la actualización que propone la peticionaria de dicha cantidad por el periodo a que alude.

3. En la propia resolución que emita, el juzgador deberá determinar la medida en que cada una de las autoridades responsables debe participar para cumplir con la sentencia protectora, sea por razón de su competencia o por cualquier otra circunstancia que implique su intervención en la ejecución de la sentencia de amparo.

4. Hecho lo anterior, requerir a las autoridades responsables la realización de los actos específicos que deben efectuar."

18. Una vez que la Juez de Distrito recibió copia certificada de la sentencia antes citada, ordenó, en proveído de quince de diciembre de dos mil seis, lo siguiente:

"Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la presente resolución, con fundamento en los artículos 105, último párrafo y 111 de la Ley de Amparo, 143 al 160, 359 y 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme lo dispuesto en el numeral 2º de la propia ley, SE ABRE A TRÁMITE EL INCIDENTE INNOMINADO, por lo que, se tiene por admitida la prueba pericial en materia de valuación, y como cuestionario para desahogar la prueba en cita, el siguiente:

1.- ¿Que determinen los peritos, cuál es el valor catastral de los predios expropiados a la quejosa con base en el padrón numérico y sus correspondientes libros, de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal vigente en mil novecientos sesenta y siete (año en que se publicó el decreto expropiatorio)?

2.- ¿Determinando lo anterior, que digan los peritos, cuál es la cantidad que las autoridades responsables deben pagar a la impetrante de garantías por concepto de indemnización por la expropiación de los lotes números **********, con motivo del Decreto Expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y siete, por causa de utilidad pública, ubicados en el predio **********, Delegación **********, Distrito Federal, con una superficie de ********** metros cuadrados, tomando como base lo establecido por el artículo 10 de la Ley de Expropiación vigente en mil novecientos sesenta y siete?

[...]".

19. El secretario encargado del despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por autos de veintisiete y veintiocho de diciembre de dos mil seis, tuvo por recibido el oficio suscrito por el Director General de Patrimonio Inmobiliario mediante el cual amplió el cuestionario de los peritos. Asimismo, tuvo por designado el perito valuador de la quejosa y por ampliado el cuestionario que ésta había formulado.

20. En atención al escrito formulado por el perito valuador de la parte quejosa, la titular del juzgado federal determinó en proveído de veintinueve de enero de dos mil siete, lo siguiente:

"[...] manifiesta que para poder contestar la pregunta número uno del cuestionario que este Juzgado formuló mediante auto de quince de diciembre de dos mil seis, es necesario contar con el padrón numérico de los predios expropiados y sus correspondientes libros, de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal vigente en mil novecientos sesenta y siete, mismos que al realizar su búsqueda en las oficinas de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, le informaron que dichos libros son inexistentes, por lo que, solicita se requiera a las autoridades responsables para que le proporcionen los libr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80196-86485059/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.