INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 699/2012. **********. 16 DE MAYO DE 2013. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: FRANCISCO MIGONI GOSLINGA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciséis de mayo de dos mil trece.
V I S T O S; y
R E S U L T A N D O:
1. PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil cuatro, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y otras autoridades. La quejosa reclamó, entre otros actos, la omisión de pagarle la indemnización con motivo de la expropiación de que fue objeto, según decreto expropiatorio de veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y siete.
2. SEGUNDO. La demanda se radicó ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal con el número **********. Previos los trámites de ley, la titular del referido juzgado federal dictó sentencia en el sentido de sobreseer en el juicio y conceder a la quejosa la protección constitucional solicitada.
3. TERCERO. Inconforme con el fallo constitucional la Directora General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, interpuso recurso de revisión que se radicó ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número **********. Este recurso se resolvió mediante sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil cinco, en el sentido de confirmar el fallo constitucional impugnado.
4. CUARTO. Ante el incumplimiento del fallo constitucional por parte de las autoridades responsables, el titular del mencionado juzgado federal, por acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil doce, abrió el incidente de inejecución de sentencia y ordenó su remisión al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el cual determinó que las autoridades responsables incurrieron en incumplimiento inexcusable del fallo protector y ordenó la remisión del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5. QUINTO. El incidente de inejecución de sentencia se radicó ante este Alto Tribunal con el número 699/2012, según proveído de Presidencia de treinta de abril de dos mil doce. En el mismo auto se turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales.
C O N S I D E R A N D O:
6. PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver este incidente de inejecución con fundamento en el primer párrafo de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, Punto Tercero, fracción V, inciso A), del Acuerdo General Plenario 5/2001; Puntos Cuarto y Quinto, fracción I, del Acuerdo General 12/2009 y Tercero Transitorio del diverso Acuerdo General Plenario 5/2013, toda vez que se trata del incumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, la cual causó estado antes del tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que conforme a la interpretación efectuada al Tercero Transitorio se resolverá conforme al sistema establecido en la Ley de Amparo abrogada.
7. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 91/2013, de rubro, texto y datos siguientes:
Décima Época
Registro: 2003841
Instancia: Segunda Sala
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1
Materia(s): Común
Tesis: 2a./J. 91/2013 (10a.)
Página: 623
"CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciendo dos salvedades. Una por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por un lado, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo dispuesto en la legislación de amparo vigente en aquel momento y, por otro lado, que tanto ese procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas."
8. SEGUNDO. Para una mejor comprensión del asunto y de la determinación que se adoptará en la presente resolución, conviene precisar los siguientes antecedentes:
9. I. Por escrito presentado el veintiuno de julio de dos mil cuatro, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:
10. AUTORIDADES. Jefe de Gobierno; Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; Directora General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; Director de Reserva Territorial de la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; y, Subdirector de Adquisición de Suelo e Inventario Inmobiliario de la Dirección de Reserva Territorial, todas del Gobierno del Distrito Federal.
11. ACTOS RECLAMADOS. a) La omisión de pagar la indemnización por concepto de expropiación a valor comercial derivado del dictamen a la solicitud de pago emitido en el expediente **********, de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete.
12. b) El "silencio administrativo" en que han incurrido al omitir dar contestación al escrito de treinta de septiembre de dos mil tres.
"C). De todas las autoridades responsables, se reclaman todas las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas que se deriven de los actos reclamados en los dos incisos que preceden de este mismo capítulo, haciéndose consistir principalmente en la obstaculización al pago de indemnización a valor comercial por la expropiación de los lotes números ********** y **********, ubicados en el predio denominado San Felipe Terremotes, Delegación Iztapalapa, Distrito Federal, los anteriores predios con una superficie total de 244,850.44 m2 (doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta punto cuarenta y cuatro metros cuadrados), afectados por Decreto Expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y siete y a través del que se declaró de utilidad pública dicha superficie de terreno con motivo de la creación de un núcleo de población al Oriente de Iztapalapa, Distrito Federal, para la constitución del patrimonio de familias capacitadas para ello." (Fojas 1 a 13).
13. II. La demanda de amparo se radicó ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, con el número **********. Previos los trámites de ley, la titular del referido órgano jurisdiccional dictó sentencia en el sentido de sobreseer y conceder a la quejosa la protección constitucional solicitada. Dada la importancia que la referida sentencia tiene para el presente asunto, resulta necesario transcribirla en lo conducente:
"(...)
La parte quejosa aduce que se violan en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no se ha substanciado o resuelto algún procedimiento establecido en la ley u ordenamiento jurídico alguno se ha privado a la parte quejosa (sic) del derecho de gozar del pago de indemnización a valor comercial por la expropiación de diversos lotes de su propiedad, que fueron afectados por el Decreto Expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de enero de mil novecientos sesenta y siete, no obstante que el Director General Jurídico y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal emitió un dictamen el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, en el que reconoció la procedencia del pago de indemnización.
Para determinar si le asiste la razón a la quejosa, es necesario tomar en consideración las probanzas exhibidas en el expediente en que se actúa.
(...)
De la transcripción anterior, se aprecia que el Director General Jurídico y de Estudios Legislativos emitió un dictamen a favor de la quejosa para que se realizara el pago indemnizatorio por la superficie de 244,850.44 metros cuadrados.
En cumplimiento al dictamen que nos ocupa, emitió un oficio el veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, dirigido al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda para que girara las instrucciones a quien corresponda para que se procediera al pago de la indemnización correspondiente, en términos de un avalúo previo que emitiera la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, folio 34.
(...)
De la lectura de los preceptos legales antes transcritos se aprecia que los Estados, Distrito Federal y Municipios, podrán:
1. Adquirir bienes necesarios por causa de utilidad pública para el servicio de la comunidad.
2. La Secretaría de Estado, departamento administrativo o Gobierno del Distrito Federal según corresponda, tramitará el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio y, en su caso, el Ejecutivo Federal hará la declaratoria en el Decreto respectivo.
3. Se debe indemnizar al valor comercial que previamente se fije, sin que pueda ser inferior al valor fiscal en el caso de bienes inmuebles.
4. La indemnización será cubierta por el Estado.
5. Deberá pagarse dentro del término de un año a partir de la declaratoria de expropiación en moneda nacional, o en su caso el pago será en especie cuando así lo acuerden las partes.
6. En los casos que se decrete la expropiación de algún bien en favor del Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, señalará la dependencia a la que corresponda tramitar el expediente de expropiación, de ocupación temporal o de limitación de dominio, la que conocerá y resolverá el recurso administrativo de revocación previsto en la Ley de Expropiación.
Aplicando lo anterior al caso en estudio, válidamente se arriba a la conclusión que existe omisión por parte de la autoridad responsable Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal, en llevar a cabo las acciones tendientes a cubrir el pago indemnizatorio que se autorizó en el dictamen de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, en favor de la quejosa por la superficie de 244,850.44 metros cuadrados, respecto de los lotes números ********** y **********, ubicados en el predio denominado ‘San Felipe Terremotes’, Delegación Iztapalapa, Distrito Federal.
(...)
Luego, como quedó demostrado en las líneas que anteceden, si a las responsables de mérito les correspondió realizar el trámite del procedimiento de expropiación y el pago determinado a favor de la quejosa mediante dictamen de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete; lo cierto es que, a la fecha de la presentación de la demanda de garantías así como de la celebración de la audiencia constitucional, no demostraron con constancia fehaciente tales extremos. Ello conlleva a concluir que han sido omisas sin causa justificada en emitir una determinación debidamente fundada y motivada en el procedimiento administrativo respectivo.
En esa tesitura, se colige que las autoridades responsables Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos y Directora General de Administración Urbana, ambas del Gobierno del Distrito Federal, han incumplido con la obligación que les impone el artículo 17 constitucional en el procedimiento administrativo expropiatorio de que se trata, como lo es, impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial y en los plazos y términos fijados por la ley, además, el retraso injustificado del trámite de dicho procedimiento, crea incertidumbre en la quejosa infringiendo también el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Ley Suprema, máxime que ha transcurrido en exceso el plazo de un año que refiere la Ley de Expropiación para realizar el pago indemnizatorio.
Consecuentemente, la que suscribe estima que en la especie, debe concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que las autoridades en comento, en el ámbito de sus competencias realicen las gestiones necesarias en el procedimiento de expropiación a fin de que determine la cantidad que se deba pagar a la quejosa por los lotes que han resultado expropiados y materialice el pago de los mismos.
(...)" (Foja 97 a 112).
14. III. Inconforme con el citado fallo constitucional, la Directora General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, interpuso recurso de revisión que se radicó ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número **********. Este recurso se resolvió mediante sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil cinco, en el sentido de confirmar al fallo constitucional impugnado. (Foja 180 a 200).
15. IV. Mediante proveído de doce de abril de dos mil cinco, la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada por el mencionado tribunal colegiado. En el mismo auto requirió a la Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos y a la Directora General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano, ambas del Gobierno del Distrito Federal, para que en el plazo de veinticuatro horas informaran sobre el cumplimiento que debía darse a la sentencia de amparo. Este auto en lo que interesa dice:
"En la inteligencia de que la concesión del amparo y protección de la justicia federal al quejoso (sic), es para el efecto de que las autoridades en comento, en el ámbito de sus competencias realicen las gestiones necesarias en el procedimiento de expropiación a fin de que se determine la cantidad que se deba pagar a la quejosa por los lotes que han resultado expropiados y materialicen el pago de los mismos. (...)" (Foja 201).
16. V. Dado que las autoridades responsables fueron omisas en informar sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, la titular del mencionado juzgado federal, mediante proveído de nueve de mayo de dos mil cinco, requirió a las mencionadas autoridades así como a sus superiores jerárquicos, a saber, Jefe de Gobierno y Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, ambos del Distrito Federal. Este requerimiento se reiteró mediante proveídos de dos y diecisiete de junio de dos mil cinco. (Fojas 214, 222 y 237).
17. VI. En auto de veinticuatro de junio de dos mil cinco, la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal abrió el incidente de inejecución de sentencia correspondiente. Después de ordenar la apertura de dicho incidente, la juzgadora federal sostuvo lo siguiente:
"Finalmente, agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, por medio del cual informa las acciones que está llevando a cabo para dar cumplimiento a la sentencia de mérito; en tal virtud, es de hacer notar que para este Juzgado no pasan inadvertidos los informes que ha realizado la autoridad de referencia, sin embargo, como se determinó en auto de diecisiete del mes y año en curso, dichas acciones son insuficientes para dar cumplimiento a la sentencia de mérito, ya que no abordan el fondo del cumplimiento que se debe dar a la ejecutoria de mérito en virtud de que de ningún modo han determinado la cantidad que se debe pagar a la quejosa por los lotes que le han sido expropiados y mucho menos que hayan realizado dicho pago de los mismos (sic), por lo que, deberá estarse a lo ordenado en líneas precedentes." (Foja 246).
18. VII. El incidente de inejecución de sentencia se radicó ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número **********. Dicho órgano jurisdiccional resolvió el incidente de que se trata mediante sentencia de veinticinco de octubre de dos mil cinco, en el sentido de declararlo improcedente. La referida sentencia en lo conducente dice:
"Así pues, de acuerdo con el fallo protector el pago que por concepto de indemnización constitucional fue autorizado a favor de la parte quejosa mediante dictamen de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, se dice que debe efectuarse previo avalúo que emita la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, y de las constancias que han quedado precisadas se advierte que de acuerdo con el artículo 100, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal le corresponde a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario realizar los avalúos en los casos de expropiación y determinar la base para fijar el monto de la indemnización, además de que para emitirse dicho avalúo es necesario que el Director de Política Catastral y Padrón Territorial de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en el marco de sus atribuciones ratifique el valor fiscal o catastral del suelo en la zona de San Felipe Terremotes, Delegación Iztapalapa, Distrito Federal, o bien, proporcione el valor correspondiente.
(...)
Luego entonces, este Tribunal Colegiado concluye que lo conducente es estimar improcedente el presente incidente de inejecución de sentencia y devolver los autos a la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para el efecto de que agote el procedimiento contemplado por el artículo 105 de la Ley de Amparo, en relación con la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, así como respecto del Director de Política Catastral y Padrón Territorial de la Secretaría de Finanzas, todos del Distrito Federal, mismas que como se advierte de las consideraciones expuestas en párrafos precedentes se encuentran relacionadas con el cumplimiento de la sentencia dictada el día treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro en el juicio de amparo indirecto número **********, confirmada mediante ejecutoria dictada en sesión de fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco en el recurso de revisión número ********** (...)" (Foja 361 a 376).
19. VIII. Mediante proveído de ocho de noviembre de dos mil cinco, la titular del mencionado juzgado federal tuvo por recibido testimonio de la sentencia pronunciada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y requirió al Director General de Patrimonio Inmobiliario y al Director de Política Catastral y Padrón Territorial de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal en los siguientes términos:
"(...) para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, acrediten con copia certificada de los documentos que estimen pertinentes, el cumplimiento que hayan dado o estén dando a la sentencia de mérito, en el entendido de que la primera autoridad de referencia deberá realizar el avalúo de la expropiación que sufrió la quejosa y determinar la base para fijar el monto de la indemnización que conforme a derecho corresponda pagarle a la impetrante de garantías, mientras que la segunda autoridad citada, debe de ratificar el valor fiscal o catastral del suelo en la zona de San Felipe Terremotes, Delegación Iztapalapa, Distrito Federal, o bien, proporcionar el valor correspondiente (...)" (Foja 379).
20. El requerimiento de que se trata se reiteró mediante proveídos de quince y veintidós de noviembre de dos mil cinco. (Fojas 386 y 390).
21. IX. En auto de veinticinco de noviembre de dos mil cinco, la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal tuvo por recibido un oficio suscrito por la Directora General de Administración Urbana al que adjuntó un diverso oficio del Director de Política Catastral, que dice:
"En atención a su similar (...) mediante la cual solicita se le ratifique o rectifique el valor unitario de suelo catastral (...) referente al precio ubicado en San Felipe Terremotes, Delegación Iztapalapa, mismo que fue expropiado mediante decreto de fecha 24 de enero de 1967, le informo lo siguiente:
Con base en la información proporcionada por usted a la registrada en los archivos documentales de esta Subtesorería, se ubicó dicho predio; sin embargo, no se localizaron antecedentes de publicaciones oficiales ni documentos que sustenten dicho valor, por lo que no es posible ratificar el mismo. (...)" (Fojas 396 y 397).
22. X. Previo diversos requerimientos a las autoridades responsables, la titular del mencionado juzgado federal, en auto de dieciséis de marzo de dos mil seis, ante el incumplimiento de aquéllas, abrió el incidente de inejecución de sentencia. Con independencia de lo anterior, la juzgadora federal, mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil seis, requirió al Director de Política Catastral de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, para el efecto de que informara "si existe imposibilidad jurídica para realizar la indemnización correspondiente conforme a los valores catastrales de los lotes que componen la porción de terreno cuya indemnización debe pagarse a la quejosa." En relación con este requerimiento, el Director de Política Catastral, mediante oficio número 7 2200/900/2005, manifestó lo siguiente:
"En atención a su oficio (...) mediante el cual solicita se le ratifique el valor fiscal o catastral de los lotes números (...) que se ubican en el predio denominado San Felipe Terremotes, Delegación Iztapalapa, Distrito Federal, los cuales dan una superficie total de 244,850.44 metros cuadrados, que fueron afectados por el Decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1977 (sic), le comento que de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos de la Subsecretaría de Catastro y Padrón Territorial, se observó lo siguiente:
• En la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal de los años 1977, 1976, 1975, 1974 y 1973, no se localizaron valores publicados.
• En la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal de los ejercicios fiscales 1977, 1976, 1975, 1974 y 1973, tampoco se localizaron valores catastrales.
• En los documentos oficiales registrados en los archivos de esta Subtesorería no se encontraron antecedentes de dichos valores.
Por lo anterior, le informo que no es posible atender su petición, ya que no existen antecedentes oficiales de la publicación de dichos valores; sin embargo, se continuará consultando en publicaciones oficiales de años anteriores." (Fojas 471, 488 y 493).
23. XI. El incidente de inejecución de sentencia al que se aludió en el apartado anterior se radicó ante el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número **********. Este incidente se resolvió mediante sentencia de veintiocho de abril de dos mil seis, en el sentido de declararlo improcedente. Este fallo en lo que interesa dice:
"(...)
Así pues, de acuerdo con el fallo protector el pago que por concepto de indemnización constitucional fue autorizado a favor de la parte quejosa mediante dictamen de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y siete, se dice que debe efectuarse previo avalúo que emita la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, y de las constancias que han quedado precisadas se advierte que la autoridad responsable Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal, mediante oficio DGJEL/DLTI/STI/2447/2006, manifestó que de acuerdo con el artículo 100, fracción XXVI, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal le corresponde a la Dirección General de Avalúos de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, realizar los avalúos en los casos de expropiación y determinar la base para fijar el monto de la indemnización y, que la materialización del pago, conforme al artículo 50, fracción XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, le corresponde a la Dirección de Administración Urbana, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal.
(...)
Luego entonces, este Tribunal Colegiado concluye que lo conducente es estimar improcedente el presente incidente de inejecución de sentencia y devolver los autos a la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para el efecto de que agote el procedimiento contemplado por el artículo 105 de la Ley de Amparo, en relación con la Dirección de Avalúos de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, así como respecto de la Dirección de Administración Urbana, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, mismas que como se advierte de las consideraciones expresadas en párrafos precedentes se encuentran relacionadas con el cumplimiento de la sentencia dictada el día treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, en el juicio de amparo indirecto número **********, confirmada mediante ejecutoria dictada en sesión de fecha treinta y uno de marzo de dos mil cinco en el recurso de revisión número **********, adjuntándole para tal efecto copia certificada de las constancias que obran a fojas dieciocho a veinticuatro de este toca.
No obsta para concluir lo anterior el que las mencionadas autoridades no hayan sido señaladas como autoridades responsables en el juicio de amparo, pues para dar cumplimiento a las sentencias de amparo no se encuentran obligadas como responsables en el juicio de garantías, sino todas aquellas que se encuentren vinculadas para intervenir en el cumplimiento de la ejecutoria correspondiente.
(...)". (Foja 509 a 526).
24. XII. En proveído de quince de mayo de dos mil seis, la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, tuvo por recibida la sentencia dictada en el mencionado incidente de inejecución de sentencia. En el mismo auto sostuvo lo siguiente:
"(...) requiérase al Director de Avalúos de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y al Director de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de la legal notificación del presente auto, acrediten con copia certificada de las constancias que estimen pertinentes el cumplimiento que hayan dado a la sentencia de mérito, en la inteligencia de que la primera de las autoridades referidas deberá realizar el avalúo de la expropiación que fue objeto el inmueble de la quejosa, así como determinar la base de la indemnización con motivo de la expropiación, y en relación con la segunda autoridad, ésta deberá realizar el pago de la indemnización correspondiente (...)"
25. El requerimiento de que se trata se reiteró en proveídos de diez y veintiocho de julio y diez y veinticinco de agosto, todos de dos mil seis. (Fojas 527, 684, 706 y 725).
26. XIII. Mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil seis, la titular del referido juzgado federal tuvo por recibida copia certificada del avalúo catastral elaborado por la Dirección de Avalúos, perteneciente a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal, así como el billete de depósito que se exhibió para cubrir el valor contenido en aquél. El avalúo de que se trata en lo conducente dice:
"1. El valor catastral al momento de la expropiación, mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de enero de 1967 en pesos corrientes, es la cantidad de $2,448.50 (...)
2. De conformidad con lo estipulado en la circular 1.2006 emitida por la Oficialía Mayor y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 28 de abril de 2006, numeral 10.12.3, el presente dictamen tiene u
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80082-cb11a67c/incidente-de-inejecucion-de-sentencia-699-2012-16 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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