PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO.
PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 219/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA. 20 DE JUNIO DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: DIANA CRISTINA RANGEL LEÓN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Posturas contendientes. Las ejecutorias en que se sostienen los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito, en lo que interesa, dicen lo siguiente:
A) El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, en sesión de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, en la parte que interesa, determinó:
"OCTAVO.—Estudio. A consideración de este órgano constitucional, los agravios expuestos por el recurrente, resultan infundados; sin embargo, previo al análisis de los precitados motivos de disenso, se estima necesario hacer una breve narración de los antecedentes del acuerdo materia de esta queja, mismos que se advierten de las constancias que fueron remitidas por el Juez Federal recurrido, y que, por tratarse de documentales públicas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o., y de las que destaca lo siguiente:
"El aquí recurrente Gonzalo Velasco Orozco promovió juicio de amparo indirecto, contra los actos y autoridades que previamente se transcribieron.
"Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso narra que es arrendatario de un inmueble que señala se ubica en la Avenida Río Nilo s/n, colonia Lomas de la Soledad, en el Municipio de Tonalá, Jalisco (también conocido como el polígono II), y adjuntó el contrato de arrendamiento que así lo ampara.
"Además, ofreció como prueba documental pública, entre otras, la siguiente:
"2. Documental pública. Consistente en copias simples de las diligencias de apeo y deslinde tramitadas ante el H. Juez Cuarto de lo Civil, el C. Armando García Estrada, dentro del expediente **********.
"...
"Con lo anterior se acredita:
"a) Lo señalado en el hecho 5 anterior.
"a. Que las medidas, linderos y colindancias que tiene el inmueble en cuestión, no han sido ni fueron sujetas de disputa por nadie quien se dijera tener un derecho sobre las mismas.
"b. Que TODOS los colindantes son propietarios privados, por lo que el Ejido Barrio de Nuestra Señora del Rosario, no tiene injerencia sobre el inmueble en cuestión ni sobre los inmuebles aledaños.
"c. Que incluso, el señor José Antonio Guzmán Campechano, quien es el representante del Ejido Barrio de Nuestra Señora del Rosario, formó parte de dichas diligencias de apeo y deslinde manifestando su conformidad con la posesión, medidas y colindancias del inmueble objeto del arrendamiento.
"b) Lo procedente de la suspensión.
"Cabe señalar, que las referidas diligencias se ofrecen en copia simple, anexando para tales efectos las solicitudes de copias, para efectos de que ese H. Juez se sirva ordenar su remisión en términos de lo dispuesto por el artículo 121 de la Ley de Amparo.
"Así, de los documentos que adjuntó a su demanda, se advierte que únicamente, referente a la documental descrita, exhibió copias simples de las mismas (fojas 47 a 57 del expediente en el que se actúa), sin haber presentado el acuse del escrito con el que hubiera, en su caso, solicitado al mencionado Juez Civil las copias certificadas a que hizo referencia.
"El cuatro de octubre de dos mil dieciséis, el Juez de Distrito admitió la demanda de amparo.
"Seguido el juicio, el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, el autorizado del quejoso presentó un escrito en el que expuso:
"‘Que por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, solicito se regularice el procedimiento, para el efecto de que ese H. Juez ordene la remisión de constancias, solicitadas en el escrito inicial de demanda, capítulo de pruebas, que para pronta referencia se transcribe a continuación:
"‘Documental pública: Copias certificadas de la diligencia de apeo y deslinde, ante el Juez Cuarto de lo Civil en el Estado de Jalisco, expediente **********.’
"Al respecto, el Juez acordó:
"‘... dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que no exhibió junto a su escrito inicial de demanda, el acuse de recibo correspondiente, con el que se acredite que solicitó las pruebas documentales que indica, lo anterior en términos de lo que establece el artículo 121 de la Ley de Amparo.’
"Derivado de lo anterior, el ocho de marzo de dos mil diecisiete, el apoderado presentó de nueva cuenta un escrito en el que solicitó al Juez de Distrito que regularizara el procedimiento y solicitara al Juez del fuero común, las copias certificadas mencionadas; sin embargo, en esta ocasión agregó lo siguiente:
"‘Para lo anterior, se anexa acuse de recibo en el cual se solicitan copias certificadas al Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco.’
"De esa manera, se advierte que efectivamente anexó un acuse con el que se acredita que el mismo ocho de marzo de dos mil diecisiete, solicitó al Juez Cuarto de lo Civil del Estado de Jalisco, dichas copias certificadas.
"Al respecto, el Juez de Distrito emitió el siguiente acuerdo:
"‘Visto es (sic) escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo (foja 63), mediante el cual solicita se regularice el procedimiento y se requieran copias certificadas del expediente **********, del índice del Juez Cuarto Civil en el Estado de Jalisco, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y al respecto se provee:
"‘Dígasele que no ha lugar a solicitar las copias certificadas del expediente **********, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil en el Estado de Jalisco, toda vez que su derecho para hacerlo ya precluyó, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la ley de la materia.
"‘La razón que da sustento a esta denegación, se hace consistir en el hecho de que esa solicitud no se hizo con la oportunidad a que se refiere el numeral que se invoca –con la anticipación de cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia–, toda vez que operó la figura procesal de la preclusión, en atención a que la promoción se presentó ante este órgano jurisdiccional hasta el ocho de marzo de dos mil diecisiete, cuando la fecha que inicialmente se le hizo del conocimiento a la quejosa para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, fue la fijada para el tres de noviembre de dos mil dieciséis; de ahí que es inconcuso que dicha solicitud fue realizada con posterioridad a la fecha fijada para la celebración de la audiencia que por primera vez tuvo conocimiento la promovente, lo que evidencia que no se acató lo dispuesto en el numeral preinvocado, en relación con la oportunidad del escrito que se acuerda.
"‘Lo anterior, tomando en consideración que lo que pretende demostrar con las copias certificadas del expediente **********, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil en el Estado de Jalisco, no son cuestiones que hayan sobrevenido en el curso del presente juicio de amparo, sino que las mismas eran de su conocimiento desde la presentación del libelo constitucional, motivo por el cual, no ha lugar a acordar favorablemente la presentación del citado medio de convicción.
"‘Asimismo, cabe precisar que, si bien es cierto que acredita haber solicitado las referidas documentales ante dicha autoridad, del acuse de recibo que acompaña se advierte que dicha solicitud la realizó el ocho de marzo en curso, siendo esto el mismo día de la presente solicitud; de lo que se advierte, que no ha trascurrido un lapso razonable, a fin de que la autoridad esté en aptitud de atender su solicitud.
"‘Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis ... con rubro: ...
"‘«PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA DOCUMENTAL PÚBLICA QUE REQUIERA PREPARACIÓN, LE ES APLICABLE EL ARTÍCULO 119, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN CUANTO A QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS I.1o.A.E.7 K (10a.)]. ...».’
"La determinación adoptada por el Juez de Distrito en el proveído recién transcrito, así como en el diverso de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete –en donde únicamente se le indicó que debería estarse a lo acordado en el proveído reproducido–, fueron combatidos por el impetrante Gonzalo Velasco Orozco, por conducto de su autorizado, a través del presente recurso de queja, este último declarado improcedente de manera previa.
"Ahora, la parte inconforme, en su único agravio, afirma, en lo que interesa, que el a quo realizó una indebida interpretación y aplicación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, ya que considera que no resultan aplicables cuando se trata del ofrecimiento de pruebas documentales.
"Lo anterior, dado que, dice, el artículo 119 únicamente es aplicable a las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior o preparación.
"Que el artículo 119 de la Ley de Amparo, no establece como limitante o requisito que la temporalidad de los cinco días previos a la audiencia, aplique exclusivamente respecto de la primera fecha señalada para su celebración.
"Que en el caso de las pruebas documentales, éstas se desahogan al momento de su remisión, atendiendo a su propia naturaleza, motivo por el cual, el legislador nunca tuvo la intención de establecer, en el artículo 121 de la Ley de Amparo, la limitación de no poder ofrecerlas en caso de diferimiento de la audiencia, sino únicamente obliga a solicitarlas cinco días previos a cualquier fecha de audiencia constitucional –sin contar el ofrecimiento ni el de la audiencia–, para que se tenga por legalmente ofrecida y se ordene su remisión.
"Que es ilegal que el Juez de Distrito pretenda imponer una restricción procesal adicional, no establecida por el legislador, que limita la defensa de la parte quejosa, así como la oportunidad de ofrecer las pruebas que considere pertinentes.
"Los argumentos de agravio son infundados, como se expone a continuación:
"En efecto, los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: (se transcriben)
"Del primero de los preceptos legales transcritos se obtiene lo siguiente:
"a. En el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones; los medios convictivos deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que la ley disponga otra cosa, hipótesis que debe relacionarse con el párrafo tercero del precepto legal aludido, esto es, a las pruebas que ameriten desahogo posterior, entre ellas, las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial.
"b. Las pruebas aludidas requieren de preparación previa, por lo que el legislador precisó que deberán ofrecerse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; este plazo no podrá ampliarse (sic) con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que traten de probarse o desvirtuarse hechos que las partes no hayan podido conocer con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento.
"En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.
"En la porción normativa examinada se advierte que se encuentra inmerso el principio de expeditez procesal, pues de no colmarse la exigencia mencionada precluirá el derecho del oferente de ofrecer con posterioridad cualesquiera de las probanzas aludidas.
"c. Para el ofrecimiento de las pruebas que ameriten preparación, deberá exhibirse original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y, en su caso, el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.
"d. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba.
"e. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia.
"Por su parte, en el artículo 121 de la Ley de Amparo, se advierte que:
"a. Con el objeto de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir de manera oportuna, las copias o documentos que aquéllos les hubieren solicitado.
"b. Cuando las autoridades no cumplan con lo anterior, la parte interesada, una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional requerirlas y diferirá la audiencia, lo que se acordará a condición de que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia.
"c. El órgano jurisdiccional formulará el requerimiento respectivo con el objeto de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días. Si no se envían oportunamente los documentos o copias solicitadas, a petición de parte, podrá diferirse la audiencia hasta en tanto se envíe y se harán uso de los medios de apremio. Si persiste el incumplimiento se denunciarán los hechos al Ministerio Público de la Federación.
"De los preceptos legales examinados se advierte, entre otras cuestiones, el manejo que debe observarse tratándose del ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, puesto que el interesado tendrá que efectuarlo a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; plazo que no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de dicha audiencia, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas inimputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento de amparo.
"La regla precisada permite advertir que cuando se pretenda ofrecer cualquier medio convictivo que amerite desahogo posterior, el oferente tendrá que realizarlo con la oportunidad señalada en el párrafo precedente.
"De una interpretación sistemática y funcional de los preceptos legales examinados, resulta válido establecer que cuando se pretenda ofrecer cualquier prueba que requiera de una preparación específica para su desahogo; por ejemplo, tratándose de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial, deberán cumplirse con las exigencias previstas en el párrafo cuarto del artículo 119 de la Ley de Amparo, supuesto en el cual se encuentra la petición de requerir la expedición de copias o documentos, en razón de que debe tenerse en cuenta que la situación que se presenta cuando una parte en el juicio de amparo tiene interés en que se tome en cuenta una documental pública de la cual no dispone, pero que ha solicitado a la autoridad correspondiente, refleja un esquema de preparación para su desahogo, y éste consiste en que el Juez sea quien requiera a la autoridad la remisión del documento.
"Se trata de una situación clara de preparación del medio de prueba, porque, si bien, como lo expone la parte recurrente, las documentales se desahogan por su naturaleza, con su sola presentación, en ese supuesto, el oferente no las tiene a su disposición para presentarlas.
"Por tanto, la regla prevista en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el plazo no podrá ampliase con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional respecto de las pruebas testimonial, pericial, de inspección judicial o de cualquiera otra que amerite desahogo posterior, se conserva también a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de la autoridad a la que se le hubiere solicitado previamente contenida en el numeral 121 del ordenamiento legal aludido, en razón de que en estos casos su desahogo requiere preparación, pues el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas.
"No es válido considerar que por el hecho de que expresamente en el artículo 121 de la Ley de Amparo, no se consigna como requisito para acordar favorablemente la petición de requerir la expedición de copias o documentos, debe efectuarse sólo con la primera fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, y no con posteriores, el legislador de manera implícita permitió a los oferentes de esos medios convictivos inobservar la regla consistente en que tratándose de las pruebas que ameriten un desahogo posterior no podrá ampliarse el plazo con motivo del diferimiento de la audiencia de derecho.
"De adoptarse una interpretación literal del precepto legal aludido y no sistemática en relación con la prescripción contenida en el párrafo cuarto del artículo 119 de la Ley de Amparo, se violarían diversos principios que rigen en el juicio de amparo.
"Entre otros principios fundamentales que rigen a dicho juicio, se encuentran los de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que determinan su naturaleza sumaria, de acuerdo con los cuales se busca lograr en el menor tiempo posible la sustanciación, lo que implica que en una sola audiencia se reciban pruebas y alegatos, y se dicte sentencia. En concordancia con ello, se señalan plazos breves para la presentación de la demanda, para la rendición de los informes y para la preparación de los elementos de prueba que, por regla general, deben desahogarse en la audiencia.
"De manera puntual se prevé un esquema en que opera la preclusión como sanción para las partes si no actúan o se manifiestan dentro de los plazos legales, con la pérdida del derecho procesal respectivo. No anunciar oportunamente una prueba da lugar a que no pueda prepararse ni recibirse, porque ello generaría una dilación injustificada.
"Sin lugar a duda rige el principio de defensa para las partes, lo que significa que éstas se encuentran facultadas para aportar las pruebas que estimen convenientes, empero, tienen la carga de desahogarlas, y de no estar a su alcance o de precisar la preparación, deben anunciarlas con oportunidad.
"El legislador de manera puntual precisó que, tratándose de las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, plazo que no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional.
"Por tanto, en razón de que la petición de requerir la expedición de copias o documentos que obran en poder de determinada autoridad amerita un desahogo posterior, es indudable que la mencionada solicitud tendrá que formularse oportunamente, sin que pueda ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, pues, de lo contrario, además de que se inobservarían los principios mencionados, se dejaría a un lado la figura jurídica de la preclusión, que opera como una sanción para las partes en el juicio cuando no actúan o se manifiestan dentro de los plazos legales, con la pérdida del derecho procesal respectivo, en razón de que la consecuencia de no anunciar con oportunidad una prueba da lugar a que no pueda prepararse ni recibirse, porque ello generaría una dilación injustificada.
"Lo expuesto permite concluir que el hecho de que en el artículo 121 de la ley de la materia, no se hubiera precisado que el plazo, tratándose de la solicitud de copias o documentos, no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, no conduce a desprender una voluntad implícita del legislador en sentido opuesto, es decir, a considerar que válidamente podrá formularse la petición al juzgador de requerir la expedición de copias o documentos previamente solicitados por el interesado aun cuando dicha petición no se hubiera formulado con motivo de la primera fecha fijada para la audiencia de derecho.
"La regla consignada en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en donde se prevé que el plazo de ofrecimiento para las pruebas que amerite desahogo posterior no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, es aplicable a la solicitud de copias o documentos prevista en el numeral 121 del mismo ordenamiento legal, puesto que el diferimiento no da pauta para considerar que se reabre la oportunidad de que la prueba se obtenga con la intermediación del Juez, de manera que si no se solicitó con la oportunidad indicada precluye ese derecho, como correctamente lo estableció el Juez de Distrito. Es decir, que el diferimiento no da una nueva posibilidad de que el interesado solicite al Juez el requerimiento, con tal de que ello ocurra cinco días antes de la nueva fecha de audiencia.
"En el amparo rige el principio de máxima apertura en materia de pruebas, lo que significa que deben admitirse todas aquellas que, de acuerdo con la ley y la moral, las partes aporten para la demostración de los enunciados en que sustentan su demanda; empero, ello no permite que se pasen por alto las reglas relativas a la temporalidad con que deben anunciarse, ofrecerse o desahogarse, y que forman parte del debido proceso y garantizan la legalidad del procedimiento, así como el cumplimiento de diversas condiciones que determinan la observancia de los principios rectores, tales como la equidad procesal, la inmediación y la publicidad.
"Así, debe tenerse en cuenta que la situación que se presenta cuando una parte en el juicio de amparo tiene interés en que se tome en cuenta una documental pública de la cual no dispone, pero que ha solicitado a la autoridad correspondiente, refleja una hipótesis en la cual debe estimarse actualizado el supuesto del artículo 119 de la Ley de Amparo, que alude a un esquema de preparación para su desahogo, y éste consiste en que el Juez sea quien requiera a la autoridad la remisión del documento.
"Lo anterior no limita la posibilidad de defensa del interesado cuando se trata de un hecho que conoce con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, en cuyo caso, el evento que genere su conocimiento será el referente del inicio del periodo dentro del cual puede solicitar a la autoridad la expedición del documento o de la copia de éste, referirlo al juzgador, y solicitar su intervención para que le sea remitido.
"Ello concuerda con el contenido de la jurisprudencia P./J. 7/96, con registro «digital:» 200200, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo III, febrero de 1996, Novena Época del Semanaria Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: ‘PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA.’ (se transcribe)
"De la jurisprudencia transcrita puede advertirse lo siguiente:
"I. La oportunidad para anunciarse las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular; la parte interesada, atendiendo a los principios de expeditez del procedimiento de amparo y del respeto al derecho de defensa, debía ofrecer tales probanzas, no sólo en el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para su celebración, sino, además, que ello tenía que ser referido a la audiencia inicial o a partir de la fecha en que el oferente tuviera conocimiento del hecho que tratara de probarse o desvirtuarse.
"II. Cuando la parte oferente tuviera conocimiento del hecho o situación cuya certeza tratara de probar o desvirtuar, con tiempo anterior al término establecido en la Ley de Amparo, debía tomarse como referencia la fecha inicial señalada para que se llevara a cabo la audiencia constitucional, pues en el caso de que ésta se difiriera, dicho oferente ya no podría válidamente ofrecerlas al haber precluido su derecho para ello; en cambio, si éste no había conocido el hecho con la oportunidad legal suficiente, como sucedía, por ejemplo, cuando se enterara de él, con motivo del informe con justificación rendido poco antes de la audiencia, entonces sí podían proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando los términos del precepto aludido, sólo que tomando como indicador la fecha de la segunda audiencia.
"III. Carecía de importancia el hecho de que la audiencia se hubiera diferido de oficio o a petición de parte.
"En el criterio precedente se precisó con una visión garantista que cuando el oferente en el juicio de amparo no conociera el hecho con la oportunidad legal suficiente, el plazo para ofrecer las pruebas relacionadas con él no podía computarse en función de la primera fecha de la audiencia de derecho, sino de aquella en la cual tuvo conocimiento de ese hecho, ello con el objeto de que no se dejara en estado de indefensión por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento, aspectos que fueron incorporados por el legislador de manera expresa en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor.
"Asimismo, este Tribunal Colegiado considera que la decisión adoptada no se opone a la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuó respecto del artículo 152 de la anterior Ley de Amparo, cuyo contenido es similar al 121 de la ley vigente, al sustentar la jurisprudencia 7/94, de rubro: ‘AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DIFERIMIENTO DE LA. OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR COPIAS O DOCUMENTOS PARA EL AMPARO.’(3)
"En la jurisprudencia aludida, el Pleno del Alto Tribunal: a) analizó con qué anticipación a la audiencia, debían pedirse los documentos para poder solicitar al Juez que aplicara el artículo 152 de la Ley de Amparo –entonces vigente–, con el propósito de requerir a la autoridad su remisión; b) precisó que, conforme al precepto legal examinado, si las autoridades tenían el deber de expedir a las partes con toda oportunidad las copias o documentos que se les solicitaran, entonces, también éstas debían solicitarlas oportunamente, pues ello quedaba implícito en la norma; y, c) advirtió que al no precisarse cuál era la oportunidad con la que debían solicitarse los documentos, por lo que acudió a lo dispuesto en el artículo 151 de la anterior ley, y señaló que el plazo ahí fijado (cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para su celebración), era apenas adecuado para pedir y obtener los documentos.
"Asimismo, la decisión adoptada no es contradictoria a la jurisprudencia 2a./J. 135/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COPIAS O DOCUMENTOS SOLICITADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO EXIGIR AL OFERENTE QUE DEMUESTRE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD A EXPEDIRLOS.’, pues en dicho criterio el Alto Tribunal, al examinar lo previsto en el artículo 152 de la anterior Ley de Amparo, precisó que si el quejoso cumple con el requisito consistente en que, previo a acudir ante el Juzgado de Distrito, presenta las solicitudes en las dependencias u órganos correspondientes, exhibiendo los acuses que demuestran esa circunstancia por lo menos cinco días hábiles antes de la audiencia, el juzgador deberá emitir el requerimiento correspondiente, sin que deba mediar un lapso determinado para inferir que existe negativa en la expedición de las copias o documentos solicitados.
"Lo expuesto pone de manifiesto que en la jurisprudencia mencionada no se analizó si la solicitud de copias o documentos debe efectuarse dentro del plazo legal con motivo de la primera fecha fijada para la audiencia constitucional, en razón que la litis se constriñó en determinar si debe o no el oferente de una prueba documental demostrar que la autoridad, a quien se le solicitó esa prueba, se negó a expedirla y, en su caso, si debe o no existir un plazo para que el Juzgado de Distrito requiera a la autoridad omisa para que expida las documentales solicitadas para inferir que se ha negado a su expedición; de ahí que la decisión adoptada no se contrapongo (sic) con los criterios jurisprudenciales señalados con antelación.
"... Acorde con lo expuesto, se consideran infundados los planteam
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27975-a027ce45/pruebas-en-el-amparo-indirecto-a-la-solicitud · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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