PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL JUZGADO DE DISTRITO DEBE REQUERIR AL SERVIDOR PÚBLICO LOS DOCUMENTOS QUE LE FUERON SOLICITADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, OFRECIDOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 5/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y EL TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 5 DE DICIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN:
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 5/2024, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, radica en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si el Juez de Distrito debe requerir a un servidor público los documentos que le fueron solicitados a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ofrecidos como prueba en el juicio de amparo en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, y si la procedencia de dicho requerimiento está supeditada a que haya mediado un plazo determinado entre la fecha de la solicitud y la petición realizada al órgano de amparo.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio J3DMANL/3/2024, presentado el tres de enero de dos mil veinticuatro, en la oficialía de partes del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la Jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, denunció la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver los recursos de queja 242/2023 y 526/2022, respectivamente.
4. Radicación de la contradicción de criterios. En auto de diez de enero de dos mil veinticuatro, la Magistrada Presidenta del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, ordenó formar y registrar el expediente con el número de contradicción de criterios 5/2024; turnó los autos para su estudio a la ponencia respectiva; requirió a los Tribunales contendientes para que informaran si seguían vigentes los criterios que motivaron la contradicción o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; y solicitó informe al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada en este asunto.
5. Modificación de la denominación y competencia del Pleno Regional. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio del cual se modificó la denominación del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, por la del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, así como su competencia.
6. Redistribución del asunto. Por acuerdo de presidencia de dieciocho de enero de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional y se turnó el asunto para la ponencia a cargo de la Magistrada Silvia Cerón Fernández.
7. Vigencia de los criterios contendientes. Por acuerdos de presidencia de diecinueve de enero y veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes de los órganos contendientes en los que informaron que sus criterios continuaban vigentes.
8. Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y confirmación de turno. En auto de presidencia de catorce de marzo de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto. En esa misma actuación, se tuvo por debidamente integrada la contradicción de criterios y, en consecuencia, se confirmó el turno del asunto para la ponencia a cargo de la Magistrada Silvia Cerón Fernández.
9. Amicus curiae. Mediante acuerdo de presidencia de trece de mayo de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio remitido electrónicamente por el Administrador de Amparos e Instancias Judiciales “5” de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual realizó diversas manifestaciones en su calidad de amicus curiae, en el sentido de que:
“(...)
Conforme a lo expuesto, podemos resaltar que la procedencia de la herramienta contemplada en el precepto en comento, establece como requisito la existencia de una relación directa entre el peticionario y el peticionado de la documentación requerida; es decir, establece que, para que el Juez requiera a diverso servidor público las documentales que el quejoso estima necesarias para que el juzgador se allegue de la verdad y pueda emitir una correcta resolución, primero debe existir una petición por parte del oferente de las pruebas y una negativa u omisión a proporcionarlas por parte del servidor público que las tiene en su poder o bajo su resguardo.
En la inteligencia, si bien, el precepto no establece el medio a través del cual, el quejoso deberá solicitar la información al servidor público que la tenga en su poder o bajo resguardo, sí prevé que el medio de la solicitud por parte del gobernado, sea de manera directa al servidor público, persiguiendo la finalidad de recabar las pruebas que éste posee y a su vez que le permitan robustecer o sustentar su acción.
Dicho lo anterior, es evidente que la naturaleza de la solicitud previa, establecida como requisito para que el juzgador intervenga y requiera a la autoridad responsable exhibir información, atiende al tracto procesal del juicio y al principio de plenitud de impartición de justicia.
Por otra parte, la solicitud realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, o cualquier otra hecha de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública u homologa de carácter local tiene como finalidad ser el medio, a través del cual los gobernados pueden ejercer el derecho constitucional contemplado en el artículo 6, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto e inciso A, de la Constitución, es decir, faculta a cualquier ente u órgano que reciba y ejerza recursos públicos, que realice actos de autoridad en cualquier ámbito competencial o que sea considerado un sujeto obligado por la Ley de Transparencia respectiva.
Asimismo, las solicitudes que se presenten de acuerdo a la legislación de transparencia y acceso a la información aplicable, se entenderán pro interpuestas ante la Unidad de Transparencia u homologa de los sujetos obligados, es decir cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos o cualquier ente que realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, más no así a un servidor público en específico.
En conclusión, la Plataforma Nacional de Transparencia no es más que un medio para que se presente una solicitud de información a los entes públicos de ámbito federal estatal o municipal, a través de su unidad de Transparencia, con la finalidad de que, la ciudadanía pueda acceder a información de carácter pública que le permita hacerse conocedora del actuar de las autoridades y de la gestión y empleo del erario público, más no la de robustecer o sustentar su acción en algún medio de defensa de carácter ordinario o extraordinario.
Consecuentemente, se torna evidente que la solicitud hecha de conformidad con la legislación aplicable de acceso a la información disiente con la prevista en el artículo 121 de la Ley de Amparo, pues la naturaleza que ambas es distinta, por lo que, deberá solicitarse la información de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Amparo, al considerarse que la solicitud hecha por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia o de alguna localidad, no puede equipararse, al ser un medio para garantizar el acceso a la información.
(...)”
10. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto del año en curso y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre pasado, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de la anualidad que transcurre, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
11. Nueva integración del Pleno. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformada por las Magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
II. COMPETENCIA
12. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6, fracción I, 7 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del propio Consejo, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales, en su texto vigente a partir de la reforma ordenada en el artículo 3 del Acuerdo General 38/2023, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre dos tribunales colegiados especializados en materia administrativa que pertenecen a un circuito que corresponde a esta región (cuarto circuito).
III. LEGITIMACIÓN
13. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la Jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
14. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlos.
A) Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 242/2023, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos.
15. Demanda de amparo. Una persona moral, por conducto de su representante legal, promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes:
“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES
Tienen el carácter de ordenadoras y ejecutoras las siguientes autoridades del Municipio de Pesquería Nuevo León:
a) El Republicano Ayuntamiento del Municipio de Pesquería Nuevo León.
b) El C. Presidente Municipal de Pesquería Nuevo León.
c) El C. Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Pesquería, Nuevo León.
d) El C. Secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente del Municipio de Pesquería, Nuevo León.
IV. ACTOS RECLAMADOS
De las autoridades señaladas como responsables en los incisos a), b), c) y d) se reclaman los siguientes actos:
i) La omisión de concluir el procedimiento de modificación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pesquería, Nuevo León, en los términos aprobados en acta número 30 de Sesión Extraordinaria, de fecha 27-veintisiete de enero de 2021-dos mil veintiuno, el Ayuntamiento del Municipio de Pesquería Nuevo León, hasta su publicación y/o entrada en vigor.
ii) La omisión de ordenar y/o de ejecutar la publicación de la modificación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pesquería, Nuevo León, en los términos aprobados en acta número 30 de Sesión Extraordinaria, de fecha 27-veintisiete de enero de 2021-dos mil veintiuno, el Ayuntamiento del Municipio de Pesquería Nuevo León.
iii) La violación a los artículos transitorios Cuarto y Quinto de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, ante la omisión de concluir el proceso de modificación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Pesquería, Nuevo León, en los términos aprobados en acta número 30 de Sesión Extraordinaria, de fecha 27-veintisiete de enero de 2021- dos mil veintiuno, el Ayuntamiento del Municipio de Pesquería Nuevo León.
iv) El procedimiento de creación así como la inminente aprobación del nuevo Programa Municipal de Desarrollo Urbano Pesquería, Nuevo León 2022-2042.
v) La duplicidad de procedimientos de creación o modificación de planes o programas de desarrollo urbano municipal, para el municipio de Pesquería, Nuevo León.”
(...)”
16. Admisión de la demanda. La demanda fue turnada al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, cuya titular, en el auto de trece de enero de dos mil veintitrés, la admitió a trámite con el número de expediente 31/2023.
17. Ofrecimiento de pruebas. Mediante escrito presentado electrónicamente el ocho de febrero de dos mil veintitrés, el autorizado en amplios términos de la persona moral quejosa, ofreció como pruebas de su parte diversas documentales, manifestando que éstas fueron solicitadas a una de las autoridades responsables a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, sin que se las hayan proporcionado, motivo por el cual, pidió que fueran requeridas en términos de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Amparo.
18. Se niega solicitud. Por acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, la jueza de Distrito señaló que no era el caso proceder en los términos planteados por la parte quejosa, debido a que formuló su solicitud de documentos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual implicaba un trámite y procedimiento distinto al previsto artículo 121 de la Ley de Amparo, cuenta habida de que no había mediado un plazo prudente para que le fueran expedidas dichas constancias.
19. Recurso de queja. Inconforme con lo anterior, el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el que por auto de presidencia de diez de abril de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite con el número de expediente 242/2023, y en sesión de veintidós de septiembre siguiente, sus Magistrados Integrantes, por unanimidad de votos, lo declararon fundado, con base en las siguientes consideraciones:
“(...)
SÉPTIMO. Estudio de los agravios. Son fundados los motivos de agravio esgrimidos por el recurrente, según se verá enseguida.
En principio, resulta conveniente precisar que en la controversia que aquí se plantea, versa respecto a determinar si la decisión de la jueza de Distrito de negar requerir las constancias solicitadas a la autoridad responsable, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo, fue correcta o no, y para ello, previo dar respuesta a sus motivos de agravio, es necesario precisar los requisitos y alcances del referido precepto normativo.
Marco teórico.
Así, debe destacarse el contenido del artículo 121 de la Ley de Amparo, que a la letra dispone:
(...)
Del contenido de dicho precepto se desprende la obligación que tiene toda persona que ejerza una función pública de expedir en favor de los interesados las copias o documentos que le sean solicitados, con la finalidad de ofrecerlos como prueba en los juicios de amparo y, en caso de que ello no ocurra, la parte agraviada estará en posibilidad de pedir al órgano judicial requiera la documentación a las autoridades omisas, previa acreditación de que la parte quejosa los solicitó con anterioridad.
Ello, con la condicionante de que la solicitud ante el servidor público ocurra cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el de la petición ni el señalado para la propia audiencia. Luego, el órgano de control constitucional requerirá a dichos servidores públicos para que le envíen directamente los documentos o copias en un término que no será mayor de diez días.
En ese sentido, la obligación del juez de Distrito de requerir a otras autoridades la remisión de documentos ofrecidos como pruebas por las partes en el juicio de amparo indirecto se actualiza en dos supuestos: (i) cuando estén bajo el resguardo de algún servidor público, ante la eventualidad de que su expedición o entrega no se lleve a cabo a pesar de haber sido requeridos oportunamente; y (ii) se trate de actuaciones concluidas originales, a petición de cualquiera de las partes.
Asimismo, dentro de lo dispuesto en ese precepto deben distinguirse tres relaciones jurídicas: (A) una relación jurídico procesal, entre el oferente de la prueba (que puede ser el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado o el Ministerio Público) y el órgano jurisdiccional de amparo; (B) una relación entre el oferente de la prueba y el servidor público que la tiene en su poder; y, (C) una relación entre el órgano jurisdiccional de amparo y el servidor público que tiene en su poder la prueba ofrecida.
Por tanto, es claro que el artículo 121 contempla, no una prueba en sí misma, sino una herramienta que permite a los quejosos garantizar que se rindan las pruebas documentales que estimen pertinentes; pues de no existir esta figura, podría suceder que no se desahogara una prueba ofrecida conforme a derecho, y que se retardara la impartición de justicia o ésta no fuera completa por faltar elementos para conocer la verdad; incumpliendo así, con el principio de plenitud en la impartición de justicia.
Marco factico.
En esa tesitura, en el caso en concreto, se tiene que la quejosa-recurrente, ocurre a la instancia constitucional a demandar vía amparo indirecto los siguientes actos: (...)
Luego, a fin de demostrar su dicho, el autorizado de la quejosa, por escrito presentado vía electrónica el ocho de febrero de dos mil veintitrés, solicitó al Juzgado de Distrito, requerir la siguiente información conforme al artículo 121 de la Ley de Amparo:
(...)
Para ello, adjuntó el acuse de la solicitud realizada al Presidente Municipal de Pesquería, Nuevo León, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, presentada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés.
Dicho eso, se determina que fue incorrecta la decisión de la jueza de Distrito de negar la petición de la quejosa, pues colmó los tres requisitos necesarios para la actualización de su petición, conforme el citado precepto 121 de la ley de la materia, a saber:
a) Que solicitó determinados documentos o copias a una autoridad;
b) Ante la omisión de la autoridad, solicitó a la jueza de Distrito que la requiera; y,
c) Que tal solicitud fue realizada con más de cinco días hábiles antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional - trece de abril de dos mil veintitrés-.
Lo anterior, sin que sea pretexto que dicha solicitud fue elevada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ni que de la fecha de su solicitud a la petición de requerimiento al órgano jurisdiccional, haya mediado un plazo prudente, ya que no importa de qué manera se realizó la solicitud de documentos, en razón de que el artículo 121 de la Ley de Amparo no precisa la forma en que debe formularse tal solicitud, por lo que cuando la norma no distingue no hay motivo para hacerlo.
Por lo que, si el interesado satisfizo las condiciones y los presupuestos legales, la jueza de Distrito debe requerirlos coactivamente, al no poder subordinar la continuidad del juicio de amparo y el propósito ágil y expedito de su obtención, pues, de hacerlo así, retardaría la prosecución del juicio, y por ende, infringiría el principio de celeridad, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, que de la constatación del acto reclamado con los documentos que fueron solicitados por la quejosa, se aprecia la íntima relación entre ellos, por lo que, a fin de dar claridad a la litis, resultaban necesarias su obtención.
Se comparte el criterio tomado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, plasmado en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Tomo IV, pagina 2890, con número de registro digital 2012573, de rubro y texto:
‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI UNA DE LAS PARTES OFRECE COPIAS O DOCUMENTOS EN PODER DE UNA AUTORIDAD, LOS CUALES SOLICITÓ SIN QUE SE EXPIDIERAN, EL JUEZ DE DISTRITO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE REQUERÍRSELOS, AUN CUANDO LA PETICIÓN A ESA AUTORIDAD SE HAYA EFECTUADO A TRAVÉS DE SU UNIDAD DE ENLACE O DE TRANSPARENCIA, EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
(...)’
En consecuencia, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar el auto recurrido, y ordenar a la jueza de Distrito, que con base en el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, requiera al Presidente Municipal de Pesquería, Nuevo León, para que remita las constancias que le fueron solicitadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en un plazo que no exceda de diez días.
(...)”
B) Criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 526/2022, en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos.
20. Demanda de amparo. Una persona moral, por conducto de su apoderado legal, promovió demanda de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos siguientes:
“III.- AUTORIDADES RESPONSABLES:
-H. Congreso del Estado de Nuevo León.
-C. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León.
-C. Director General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.
-C. Director Jurídico del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León
-C. Director de Inspección y Seguridad Vial del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León
-C. Secretario de Seguridad Pública del Estado León
-C. Comisario General de la Fuerza Civil de Nuevo León
-C. Secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León
-C. Inspector comisionado de la Dirección de Inspección y Seguridad Vial del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.
IV.- ACTOS RECLAMADOS:
1. Del H. Congreso y C. Gobernador ambos del Estado de Nuevo León en sus respectivos ámbitos de competencia, reclamo la discusión, aprobación, sanción y promulgación de la LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, particularmente los artículos 194 a 206, inclusive, relativos a la requisa, con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio de mi mandante.
2. De los C.C. Gobernador del Estado y Director General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad ambos de Nuevo León, reclamo también:
a) La requisa de los bienes, servicios y derechos de ********** ordenada en el artículo PRIMERO, inciso g) del ACUERDO que determina la requisa de los bienes y derechos que la empresa ********** afectó al servicio de la Ruta *********** publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el día 01 de julio de 2022 y sus consecuencias mediatas e inmediatas consistentes en:
b) La desposesión de la empresa, bienes y servicios que mi mandante destina a su objeto social.
c) La toma del control administrativo y operativo de los bienes y derechos de mi mandante.
d) El nombramiento de un administrador para intervenir en la operación de mi mandante con facultades para actuar en nombre de mi mandante.
e) El uso de la fuerza pública para desposeer a mi mandante de sus bienes y derechos, así como ingresar a su domicilio sin orden judicial de cateo.
3. De los C.C. Gobernador del Estado, Director General del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Director Jurídico del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Director de Inspección y Seguridad Vial del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Inspector comisionado de la Dirección de Inspección y Seguridad Vial del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Secretario de Seguridad Pública, Comisario General de la Fuerza Civil y Secretario de Movilidad y Planeación Urbana todos de Nuevo León, reclamo también:
a) Los actos de ejecución de la requisa, incluyendo la desposesión de sus bienes, el uso de la fuerza pública y la intervención de la empresa e introducción en su domicilio sin orden judicial.
b) La falta de emplazamiento, notificación y todo el procedimiento administrativo que tuvo como consecuencia y resultado el ACUERDO que determina la requisa de los bienes y derechos que la empresa ********** afectó al servicio de la Ruta **********, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el día 01 de julio de 2022 seguido a espaldas de mi mandante y sin las formalidades esenciales del procedimiento.
c) Cualquier impedimento o acto tendiente a obstaculizar la operación y la prestación del servicio de recaudo de peaje electrónico prestado por mi mandante en las unidades de transporte urbano de ruta fija o de cualquier otra modalidad en el área metropolitana de Monterrey y poblaciones conurbadas.
d) Cualquier acto, acuerdo, determinación, orden u órdenes tendientes a revocar, cancelar, requisar, terminar, suspender o modificar los derechos concedidos a mi mandante en el Acuerdo que establece las Bases de Operación de un Sistema de Peajes Electrónicos en las Unidades de Transporte Urbano de Ruta Fija o de Cualquier otra Modalidad en el Área Metropolitana de Monterrey y Poblaciones Conurbadas publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de junio de 2009.
e) La confiscación, decomiso, desposesión y privación de las llaves del sistema de peaje electrónico y las llaves del sistema y mapa de estructura de las tarjetas inteligentes que utilizan la ********** para prestar el servicio de recaudo de peaje electrónico.
f) La privación de los bienes y derechos adquiridos de mi mandante sin pago de indemnización alguna.
g) La omisión de respetar la garantía de audiencia de mi mandante antes de afectar su concesión para OPERAR UN SISTEMA DE PEAJES ELECTRÓNICOS EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO DE RUTA FIJA O DE CUALQUIER OTRA MODALIDAD EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY Y POBLACIONES CONURBADAS mediante la requisa ordenada.
h) Cualquier impedimento o acto tendiente a menoscabar, obstaculizar o reducir el servicio de recaudo de peaje electrónico en las unidades de transporte urbano de ruta fija o de cualquier otra modalidad en el área metropolitana de Monterrey y poblaciones conurbadas que explota mi mandante conforme a la concesión que le fue otorgada.
i) Cualquier acto, acuerdo, determinación, orden u órdenes tendientes a revocar, cancelar, terminar, suspender o modificar los derechos concedidos a mi mandante en el Acuerdo que establece las Bases de Operación de un Sistema de Peajes Electrónicos en las Unidades de Transporte Urbano de Ruta Fija o de Cualquier otra Modalidad en el Área Metropolitana de Monterrey y Poblaciones Conurbadas publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de junio de 2009 y los contratos de prestación de servicio de recaudo de peaje electrónico que tiene celebrados con los prestadores del servicio de transporte, sin respetar su derecho de audiencia.
j) La confiscación, decomiso, desposesión y privación de las llaves del sistema de peaje electrónico y las llaves del sistema y mapa de estructura de las tarjetas inteligentes que utilizan la **********y **********para prestar el servicio de recaudo de peaje electrónico.
k) La privación de los bienes y derechos adquiridos de mi mandante sin pago de indemnización alguna.
l) Las consecuencias mediatas e inmediatas de todos los actos reclamados.”
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32992-27a9613e/pruebas-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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