PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA DOCUMENTAL PÚBLICA QUE REQUIERA PREPARACIÓN, LE ES APLICABLE EL ARTÍCULO 119, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN CUANTO A QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS I.1o.A.E.7 K (10a.)].
QUEJA 60/2016. DELTA AIR LINES, INC. 8 DE DICIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON. PONENTE: PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ. SECRETARIO: CARLOS LUIS GUILLÉN NÚÑEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-El recurso de queja es infundado, de acuerdo a lo siguiente.
Para una mejor comprensión del asunto, se refieren a continuación los antecedentes que interesan al caso, según se advierte de las manifestaciones vertidas por la peticionaria de amparo, así como de las constancias de autos.
6.1. Antecedentes.
6.1.1. Aerovías de México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo Aerovías) y Delta Air Lines, Inc., presentaron ante la Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante COFECE), la notificación de concentración en términos de lo previsto en los artículos 86 a 90 de la Ley Federal de Competencia Económica (en adelante LFCE), la cual quedó registrada con el número de expediente CNT-050-2015, del índice de esa autoridad.
6.1.2. El dieciocho de diciembre de dos mil quince, el director general de Concentraciones de la COFECE, mediante oficio DGC-CFCE-2015-100, de dieciocho de diciembre de dos mil quince, requirió a las empresas aludidas para que presentaran diversa información, y las apercibió de que, en caso de no dar debido cumplimiento al requerimiento, se harían acreedoras a una multa.
6.1.3. Mediante escrito de doce de enero de dos mil dieciséis, Delta Air Lines, Inc., dio respuesta al requerimiento anterior.
6.1.4. Por acuerdo de reiteramiento de veinte de enero de dos mil dieciséis, el director general de Concentraciones de la COFECE tuvo por presentado el escrito anterior, e insistió en requerir que se presentaran la información y documentación solicitadas.
6.1.5. El veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el apoderado de Delta Air Lines, Inc., presentó escrito con el cual pretendió desahogar el acuerdo mencionado.
6.1.6. Mediante acuerdo de diez de febrero de dos mil dieciséis, la autoridad de competencia hizo efectivo el apercibimiento decretado, e indicó a las empresas mencionadas que para efectos de la imposición de la multa, se computaría cada día que había transcurrido desde el veintiocho de enero de dos mil dieciséis.
6.1.7. El treinta de marzo de dos mil dieciséis, el apoderado de Delta Air Lines, Inc., presentó ante la oficialía de partes de la COFECE un escrito mediante el cual dio cumplimiento al oficio de requerimiento.
6.1.8. En sesión de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el Pleno de la COFECE resolvió la notificación de concentración radicada bajo el expediente CNT-050-2015, en los términos siguientes:
"Primero. Se objeta la concentración notificada por Aerovías de México, S.A. de C.V. y Delta Air Lines, Inc., relativa al expediente en que se actúa, en los términos en los cuales fue planteada en el escrito de notificación y los demás escritos, documentos e información presentados por las partes.
"Segundo. Se sujeta la autorización de la operación al cumplimiento de las condiciones impuestas en la décima quinta consideración de derecho de la presente resolución, de conformidad con el artículo 90, fracción V, párrafo tercero, de la LFCE."
6.1.8. Mediante acuerdo de quince de julio de dos mil dieciséis, el secretario técnico de la COFECE impuso a Delta Air Lines, Inc., una multa como medida de apremio por la cantidad de $2'702,480.00 (dos millones setecientos dos mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.).
6.1.9. Inconformes con lo anterior, mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Delta Air Lines, Inc., por conducto de su representante, interpuso demanda de amparo.
6.1.10. La demanda se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, donde por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, su titular ordenó registrarla con el número 119/2016, la admitió a trámite respecto a la emisión y notificación del acuerdo de quince de julio de dos mil dieciséis, por medio del cual se cuantificó la multa impuesta a la quejosa como medida de apremio, y señaló que la audiencia constitucional se llevaría a cabo el veintidós de septiembre de la misma anualidad.
6.1.11. Mediante escrito presentado el doce de octubre de dos mil dieciséis, Delta Air Lines, Inc., solicitó a la Dirección General de Concentraciones de la COFECE la expedición de copias certificadas del dictamen formulado, así como del proyecto de resolución en el expediente CNT-050-2015.
6.1.12. El trece de octubre de dos mil dieciséis, la quejosa solicitó al juzgado del conocimiento que requiriera a la COFECE para que exhibiera las constancias solicitadas, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo.
6.1.13. Por acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, la Jueza del conocimiento determinó no acordar de manera favorable la solicitud formulada por Delta Air Lines, Inc., al considerar que no fue realizada dentro del plazo de cinco días hábiles de anticipación, sin contar el de ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la primera audiencia constitucional.
6.2. Acuerdo recurrido.
En el acuerdo recurrido se determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
1. La Jueza de Distrito precisó, con base en el artículo 121 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia P./J. 7/96, de rubro: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA." (aplicada por analogía), que no había lugar a acordar favorablemente la petición de la quejosa, a fin de que se le requiriera a diversas autoridades adscritas a la COFECE la exhibición de determinadas documentales, en tanto que la solicitud se había realizado de manera extemporánea, pues no fue anunciada dentro del plazo que para tal efecto establece el referido numeral; esto es, con cinco días de anticipación, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la primera audiencia, pues fue hasta el trece de octubre de dos mil dieciséis cuando se solicitó, no obstante que en proveído de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, se había señalado como fecha para la celebración de la audiencia constitucional, el veintidós de septiembre de esa misma anualidad y, al efecto, agregó:
a) Que no pasaba inadvertido para la Jueza, que la solicitud de constancias formulada por la quejosa ante la propia responsable, se hubiere presentado el doce de octubre de dos mil dieciséis, pues ello también fue con posterioridad al señalamiento de la audiencia constitucional efectuado en el auto admisorio.
b) Que tampoco era obstáculo para su determinación, el que mediante acuerdo de veintidós de septiembre del año en curso, se hubiere diferido la audiencia constitucional y programado la próxima para el veinte de octubre siguiente, puesto que el motivo de la postergación obedeció a circunstancias ajenas a la solicitud formulada por la quejosa y, por ende, las pruebas documentales que se pretendían ofrecer no eran relativas a situaciones novedosas y/o desconocidas por ella, sino a actuaciones que ocurrieron antes de la presentación de la demanda, como son diversas las documentales relativas al dictamen formulado por la Dirección General de Concentraciones de la COFECE.
c) Que a la quejosa no se le dejaba en estado de indefensión, toda vez que mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo de las autoridades responsables, dependientes de la COFECE, por rendidas las documentales relativas al expediente administrativo CNT-050-2015, que sirvieron de base para la emisión del acuerdo reclamado en el juicio de amparo de origen.
2. Toda vez que la solicitud ante el Juzgado de Distrito de diversa documentación se efectuó de forma extemporánea, en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, no ha lugar a acordar de conformidad con la petición formulada por la quejosa.
6.3. Conceptos de agravios.
La quejosa y recurrente aduce que se contravienen los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, por lo siguiente:
1. Del segundo de los numerales mencionados se aprecia que: a) los servidores públicos expedirán las copias que les sean solicitadas, siempre que el quejoso lo haga de manera oportuna; b) se otorga un plazo razonable a la autoridad para la expedición de las copias solicitadas; y, c) el órgano jurisdiccional otorgará un plazo adicional de diez días con el objeto de que se esté en oportunidad de rendir las copias mencionadas.
2. En el precepto legal aludido se advierte que la obligación a cargo de los servidores públicos de expedir las copias solicitadas, deriva de la solicitud de los particulares y no del requerimiento que, en su caso, emita el órgano jurisdiccional, lo que se corrobora de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Sexto en Materia del Trabajo y Tercero en Materia Civil, ambos del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja 169/2014 y 16/2014, respectivamente.
3. La interpretación que ha hecho el Poder Judicial de la Federación del artículo 152 de la anterior Ley de Amparo, cuyo contenido es similar al 121 de la ley vigente, ha sido en el sentido de que es innecesario exigir al oferente que demuestre la negativa de la autoridad de expedir las copias o documentos solicitados, lo que se corrobora de la jurisprudencia 2a./J. 135/2010,(2) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4. La Jueza consideró que la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 121 de la Ley de Amparo, debe limitarse a la que se hubiere precisado en el auto admisorio, sin que pueda ampliarse con motivo del diferimiento de dicha audiencia.
Empero, tal determinación es ilegal, porque en el artículo 121 de la ley de la materia no se consigna esa restricción, que sólo es aplicable en las hipótesis contenidas en el numeral 119 de ese mismo ordenamiento legal; esto es, para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial, de inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior; de ahí que para la solicitud de copias o documentos prevista en el primero de los numerales mencionados, es inaplicable la condición temporal consignada en el diverso 119, de esa misma disposición jurídica para el ofrecimientos de pruebas, de conformidad con la tesis I.1o.A.E.7 K (10a.),(3) sustentada por este Tribunal Colegiado.
5. Es inaplicable la jurisprudencia invocada por la Jueza al dictar el acuerdo recurrido, porque las prescripciones precisadas en el artículo 151 de la abrogada Ley de Amparo, antecedente del 119 de la ley vigente, son diversas a las contenidas en el numeral 121 del último ordenamiento referido; además, que esa interpretación es violatoria del principio pro persona, acorde con la tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.),(4) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para una mejor comprensión del asunto, resulta pertinente hacer referencia a los antecedentes siguientes:
I. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Delta Air Lines, Inc., por conducto de su representante, interpuso demanda de amparo en contra, entre otros actos, del acuerdo de quince de julio de dos mil dieciséis, por el cual el secretario técnico de la COFECE le impuso una multa por la cantidad de $2'702,480.00 (dos millones setecientos dos mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) y su notificación.
II. La demanda se turnó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, donde por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, su titular ordenó registrarla con el número 119/2016, y admitirla respecto de los actos precisados; asimismo, señaló que la audiencia constitucional se llevaría a cabo el veintidós de septiembre siguiente.
III. En auto de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, la Jueza de Distrito ordenó diferir la audiencia constitucional y fijó una nueva para el veinte de octubre siguiente.
IV. Por ocurso presentado el doce de octubre de dos mil dieciséis, Delta Air Lines, Inc., solicitó a la Dirección General de Concentraciones de la COFECE, la expedición de copias certificadas del dictamen formulado, así como del proyecto de resolución contenido en el expediente CNT-050-2015.
V. El trece de octubre de dos mil dieciséis, la quejosa solicitó al juzgado del conocimiento que requiriera a la COFECE, para que exhibiera las constancias solicitadas, en términos del artículo 121 de la Ley de Amparo.
VI. Por acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, la Jueza del conocimiento determinó no acordar de manera favorable la solicitud formulada por la peticionaria de amparo, al considerar que no colmó las exigencias legales respectivas.
Los argumentos de agravio son infundados, como se expone a continuación.
Los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente:
"Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa.
"La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.
"Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia.
"Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.
"Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.
"Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba.
"El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia."
"Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días
"Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación.
"Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes."
Del primero de los preceptos legales transcritos se advierte lo siguiente:
a. En el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones; los medios convictivos deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que la ley disponga otra cosa, hipótesis que debe relacionarse con el párrafo tercero del precepto legal aludido; esto es, a las pruebas que ameriten desahogo posterior, entre ellas, las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial.
b. Las pruebas aludidas requieren de preparación previa, por lo cual, el legislador precisó que deberán ofrecerse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que traten de probarse o desvirtuarse hechos que las partes no hayan podido conocer con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento.
En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.
En la porción normativa examinada se advierte que se encuentra inmerso el principio de expeditez procesal, pues de no colmarse la exigencia mencionada precluirá el derecho del oferente de ofrecer con posterioridad cualesquiera de las probanzas aludidas.
c. Para el ofrecimiento de las pruebas que ameriten preparación, deberán exhibirse el original y las copias para cada una de las partes de los interrogatorios, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y, en su caso, el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.
d. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrán por no ofrecidas las pruebas.
e. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia.
Por su parte, del artículo 121 de la Ley de Amparo se advierte que:
a. Con el objeto de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir, de manera oportuna, las copias o documentos que aquéllas les hubieren solicitado.
b. Cuando las autoridades no cumplan con lo anterior, la parte interesada, una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional requerirlas y diferirá la audiencia, lo que se acordará a condición de que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia.
c. El órgano jurisdiccional formulará el requerimiento respectivo, con el objeto de que se le envíen directamente los documentos o las copias dentro de un plazo que no exceda de diez días. Si no se envían oportunamente los documentos o copias solicitadas, a petición de parte, podrá diferirse la audiencia hasta en tanto se envíen, y se hará uso de los medios de apremio. Si persiste el incumplimiento se denunciarán los hechos al Ministerio Público de la Federación.
De los preceptos legales examinados se advierte, entre otras cuestiones, el manejo que debe observarse en tratándose del ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial, de inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, puesto que el interesado tendrá que efectuarlo a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; plazo que no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de dicha audiencia, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas inimputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento de amparo.
La regla precisada permite advertir que, cuando se pretenda ofrecer cualquier medio convictivo que amerite desahogo posterior, el oferente tendrá que realizarlo con la oportunidad señalada en el párrafo precedente.
De una interpretación sistemática y funcional de los preceptos legales examinados, resulta válido establecer que cuando se pretenda ofrecer cualquier prueba que requiera de una preparación específica para su desahogo, por ejemplo, tratándose de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial, deberá cumplirse con las exigencias previstas en el párrafo cuarto del artículo 119 de la Ley de Amparo, supuesto en el cual se encuentra la petición de requerir la expedición de copias o documentos, en razón de que debe tenerse en cuenta que la situación que se presenta cuando una parte en el juicio de amparo tiene interés en que se tome en cuenta una documental publica de la cual no dispone, pero que ha solicitado a la autoridad correspondiente, refleja un esquema de preparación para su desahogo, y éste consiste en que el Juez sea quien requiera a la autoridad la remisión del documento.
Se trata de una situación clara de preparación del medio de prueba, porque si bien las documentales se desahogan por su propia naturaleza, con su sola presentación, en ese supuesto el oferente no la tiene a su disposición para presentarla.
Por tanto, la regla prevista en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional respecto de las pruebas testimonial, pericial, de inspección judicial o cualquiera otra que amerite desahogo posterior, se conserva también a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de la autoridad a la que se le hubiere solicitado previamente contenida en el numeral 121 del ordenamiento legal aludido, en razón de que, en estos casos, su desahogo requiere preparación, pues el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas.
No es válido considerar que por el hecho de que, expresamente, en el artículo 121 de la Ley de Amparo no se consigna como requisito para acordar favorablemente la petición de requerir la expedición de copias o documentos, que deba efectuarse sólo con la primera fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, y no con las posteriores, el legislador, de manera implícita, permitió a los oferentes de esos medios convictivos inobservar la regla consistente en que tratándose de las pruebas que ameriten un desahogo posterior no podrá ampliarse el plazo con motivo del diferimiento de la audiencia de derecho.
De adoptarse una interpretación literal del precepto legal aludido y no sistemática, en relación con la prescripción contenida en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, se violarían diversos principios que rigen en el juicio de amparo.
Entre otros principios fundamentales que rigen a dicho juicio se encuentran los de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que determinan su naturaleza sumaria, de acuerdo con los cuales, se busca lograr en el menor tiempo posible la sustanciación, lo que implica que en una sola audiencia se reciban pruebas y alegatos y se dicte sentencia. En concordancia con ello, se señalan plazos breves para la presentación de la demanda, para la rendición de los informes y para la preparación de los elementos de prueba, que por regla general deben desahogarse en la audiencia.
De manera puntual, se prevé un esquema en que opera la preclusión como sanción para las partes si no actúan o se manifiestan dentro de los plazos legales, con la pérdida del derecho procesal respectivo. No anunciar oportunamente una prueba da lugar a que no pueda prepararse ni recibirse, porque ello generaría una dilación injustificada.
Sin lugar a duda, rige el principio de defensa para las partes, lo que significa que éstas se encuentran facultadas para aportar las pruebas que estimen convenientes; empero, tienen la carga de desahogarlas y, de no estar a su alcance o de precisar de preparación, deben anunciarlas con oportunidad.
El legislador de manera puntual precisó que, en tratándose de las pruebas testimonial, pericial, de inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, plazo que no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional.
Por tanto, en razón de que la petición de requerir la expedición de copias o documentos que obran en poder de determinada autoridad amerita un desahogo posterior, es indudable que la mencionada solicitud tendrá que formularse oportunamente, sin que pueda ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, pues de lo contrario, además de que se inobservarían los principios mencionados, se dejaría a un lado la figura jurídica de la preclusión, que opera como una sanción para las partes en el juicio cuando no actúan o se manifiestan dentro de los plazos legales, con la pérdida del derecho procesal respectivo, en razón de que la consecuencia de no anunciar con oportunidad una prueba da lugar a que no pueda prepararse ni recibirse, porque ello generaría una dilación injustificada.
Lo expuesto permite concluir que el hecho de que en el artículo 121 de la ley de la materia no se hubiera precisado que el plazo en tratándose de la solicitud de copias o documentos, no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, no conduce a desprender una voluntad implícita del legislador en sentido opuesto, es decir, a considerar que válidamente podrá formularse la petición al juzgador de requerir la expedición de copias o documentos previamente solicitados por el interesado, aun cuando dicha petición no se hubiera formulado con motivo de la primera fecha fijada para la audiencia de derecho.
La regla consignada en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en donde se prevé que el plazo de ofrecimiento para las pruebas que ameriten desahogo posterior no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, es aplicable a la solicitud de copias o documentos prevista en el numeral 121 del mismo ordenamiento legal, puesto que el diferimiento no da pauta para considerar que se reabre la oportunidad de que la prueba se obtenga con la intermediación del Juez, de manera que si no se solicitó con la oportunidad indicada precluye ese derecho. Es decir, el diferimiento no da una nueva posibilidad para que el interesado solicite al Juez el requerimiento, con tal de que ello ocurra cinco días antes de la nueva fecha de audiencia.
En el amparo rige el principio de máxima apertura en materia de pruebas, lo que significa que deben admitirse todas aquellas que, de acuerdo con la ley y la moral, las partes aporten para la demostración de los enunciados en que sustentan su demanda; empero, ello no permite que se pasen por alto las reglas relativas a la temporalidad con que deben anunciarse, ofrecerse o desahogarse, y que forman parte del debido proceso, y garantizan la legalidad del procedimiento, así como el cumplimiento de diversas condiciones que determinan la observancia de los principios rectores, tales como la equidad procesal, la inmediación y la publicidad.
Así, debe tenerse en cuenta que la situación que se presenta cuando una parte en el juicio de amparo tiene interés en que se tome en cuenta una documental pública de la cual no dispone, pero que ha solicitado a la autoridad correspondiente, refleja una hipótesis en la cual debe estimarse actualizado el supuesto del artículo 119 de la Ley de Amparo, que alude a un esquema de preparación para su desahogo, y éste consiste en que el Juez sea quien requiera a la autoridad la remisión del documento.
Lo anterior no limita la posibilidad de defensa del interesado cuando se trata de un hecho que conoce con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, en cuyo caso, el evento que genere su conocimiento será el referente del inicio del periodo dentro del cual puede solicitar a la autoridad la expedición del documento o de la copia de éste, referirlo al juzgador y solicitar su intervención para que le sea remitido.
Ello concuerda con el contenido de la tesis P./J. 7/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA.-Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece ‘PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL A
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26997-6b41cb1b/pruebas-en-el-amparo-indirecto-a-la-documental · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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