SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. ES PROCEDENTE A FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CUANDO COMPAREZCAN AL JUICIO DE AMPARO COMO TERCEROS INTERESADOS RECURRENTES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ MANUEL TORRES PÉREZ, JESÚS RAFAEL ARAGÓN Y LINO CAMACHO FUENTES. PONENTE: LINO CAMACHO FUENTES. SECRETARIO: MARIO ALBERTO GÓMEZ RÉTIZ.
San Andrés Cholula, Puebla. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito correspondiente al doce de diciembre de dos mil catorce.
VISTO, para resolver el expediente relativo a la contradicción de tesis identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio T-76/2014, recibido el trece de marzo de dos mil catorce en el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito denunciaron la probable contradicción de tesis y criterio sustentados entre el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito.
El escrito de denuncia, en la parte conducente, a la letra dice:
"Con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225, 226, fracción III, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, formulamos denuncia de probable contradicción de tesis entre la sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, al resolver el recurso de queja **********, de su índice, en sesión de veintidós de agosto de dos mil trece, que dio lugar a la tesis número 20, cuyas modificaciones fueron aprobadas en sesión de trece de febrero del año en curso, de rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. EN ATENCIÓN AL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBE EXTENDERSE EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO AUN CUANDO NO TENGA EL CARÁCTER DE QUEJOSO O ADHERENTE EN EL JUICIO DE AMPARO, Y EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA NO LO PREVEA.’, y el criterio adoptado por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el amparo en revisión **********, respecto al tema de la suplencia de la queja en favor de la víctima u ofendido cuando éste tiene el carácter de recurrente. Lo anterior, en virtud de que el primer órgano colegiado sostiene que, no obstante lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del ofendido o víctima en los casos en que tengan el carácter de quejoso o adherente, tal suplencia debe entenderse en pro de la víctima y ofendido por el delito, no obstante que no tengan ese carácter; esto con la finalidad de provocar el equilibrio entre las partes, dado que en el plano constitucional se han colocado en el mismo plano los derechos de ambos; apreciación que no es compartida por la mayoría de este tribunal, el cual estima que dicha figura jurídica sólo opera en favor de la víctima u ofendido cuando tengan el carácter de quejoso o adherente, por así disponerlo el numeral y fracción de la legislación aplicable, sin que ello implique soslayar lo dispuesto en la jurisprudencia: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.’; en tanto que, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley vigente y, en la especie, el criterio citado se opone al artículo 79 mencionado. Por ello, formulamos esta denuncia con el fin de que si se estima procedente, se resuelva el criterio que debe prevalecer, en cuanto al aspecto acabado de destacar. Al efecto, acompañamos copias certificadas de la ejecutoria dictada por este órgano colegiado en el juicio de amparo en revisión, así como fotocopia de la tesis aislada dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito. San Andrés Cholula, Puebla, 11 de marzo de 2014. Los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito ..."
SEGUNDO. Por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil catorce, el Magistrado presidente del Pleno de Circuito ordenó formar y registrar el expediente con el número CT. 1/2014, con oficio de denuncia respecto de la posible contradicción de criterios formulada.
TERCERO. En ese proveído también se dispuso que previamente a la admisión del asunto, se requiriera a los tribunales contendientes copias certificadas de las ejecutorias respectivas, así como un informe sobre si el criterio sustentado en sus respectivos asuntos aún se encuentra vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.
CUARTO. Mediante oficio 4/2014, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, remitió copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja ********** de su índice, e informó al Pleno de Circuito que el criterio sustentado sigue vigente.
Por su parte, la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del oficio T-77/2014, comunicó al referido Pleno el auto de veinticinco de marzo de dos mil catorce dictado por el Magistrado presidente de ese órgano, por el que ordenó se remitiera copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión ********** y se informara que ese tribunal no se ha apartado del criterio sostenido.
QUINTO. Por auto de veintiocho de marzo de dos mil catorce, el presidente del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito admitió la denuncia de contradicción de tesis y ordenó la sustanciación del mismo, turnando el asunto al Magistrado Lino Camacho Fuentes para su estudio y elaboración del proyecto respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia.
Este Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios sostenidos entre dos Tribunales Colegiados especializados en materia penal de este Sexto Circuito.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que la realizan los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quienes sustentan uno de los criterios discrepantes.
TERCERO. Criterios materia de la contradicción.
Para verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario atender a las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados contendientes.
I. Recurso de queja **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, fallado el veintidós de agosto de dos mil trece.
Antecedentes:
I. **********, en su carácter de tercero interesado, interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiséis de abril de dos mil trece, dictado en el juicio de amparo **********, por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Puebla, mediante el cual tuvo por admitida la demanda de amparo promovida por ********** o **********.
II. Del citado recurso correspondió conocer, por razón de turno, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el cual, por mayoría de votos, fue declarado fundado y se desechó de plano la demanda de amparo.
La parte que interesa de la ejecutoria pronunciada textualmente dice:
"SEXTO. Son fundados los agravios hechos valer por el recurrente, aunque para ser considerados así, esta potestad federal procede a suplir la deficiencia de la queja, no obstante que el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, a la letra dice: ‘La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: ... III. En materia penal: ... b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente.’. En efecto, este órgano colegiado advierte que, independientemente de que **********, quien tiene el carácter de tercero interesado, es la persona que promovió el presente recurso de revisión, debe suplirse en su beneficio la queja deficiente, aplicando el control de convencionalidad, en observancia de lo preceptuado por los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en el numeral 20, apartados A y B, del cuerpo normativo en cita (texto anterior a las reformas del proceso penal acusatorio), se colocaron en el mismo plano de protección los derechos del acusado y de la víctima. Se afirma lo anterior, ya que los referidos artículos 1o. y 133 de la Constitución General de la República a la letra, respectivamente, dicen: ‘En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.’ y ‘Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. De los preceptos constitucionales antes transcritos se advierte que los juzgadores de cada estado tienen la obligación de preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior, por lo que en esas condiciones corresponde a las autoridades de amparo dejar de aplicar dicha norma inferior, en el caso concreto, el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, en el que se establece de manera limitativa que la suplencia de la queja en materia penal operará en favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; toda vez que dicho numeral se contrapone al derecho que tienen los ofendidos o víctimas de un delito, para intervenir directamente como partes en los procesos correspondientes en defensa de sus intereses violados, el cual fue elevado a la categoría de garantía individual; máxime que, como se dijo anteriormente, los referidos derechos de los agraviados ya fueron colocados en el mismo rango de protección de las prerrogativas de los inculpados. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada P. LXVII/2011(9a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 535, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, materia constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del tenor siguiente: ‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.’. En efecto, como se sostuvo precedentemente, este órgano colegiado debe aplicar el control de convencionalidad ex officio, previsto en los artículos 1o y 133 de la Constitución General de la República, independientemente de que el recurrente tenga el carácter de tercero interesado, dado que atendiendo a los criterios sustentados por el Máximo Tribunal del País, el significado de justicia, en su acepción elemental ‘dar a cada quien lo que le pertenece’, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde a los tiempos que se viven y, en esa línea, se ha ido evolucionando significativamente en el devenir del tiempo respecto a la visión protectora hacia la persona del ofendido, muestra de ello son los diversos y tan variados criterios relevantes que se han sostenido en su favor. De manera que, de un modelo de juicio de amparo estrictamente legalista y rígido respecto a la figura del ofendido, la Suprema Corte ha ido transformando la normativa vigente en la Ley de Amparo, y a través de la interpretación de sus distintas disposiciones ha podido avanzar satisfactoriamente, con repercusiones trascendentales dentro de la maquinaria que comprende los ámbitos de procuración e impartición de justicia en nuestro país, lo que hasta el momento contribuye para garantizar una mejora en el rubro de derecho pleno de acceso a la justicia en favor de la parte afectada por el delito; muestra de ello representa, por un lado, el reconocimiento como parte para el afectado dentro de la averiguación previa, lo que garantiza su inclusión real y efectiva en esa etapa trascendental del procedimiento penal, la posibilidad de impugnar en el amparo diversas actuaciones del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, el interponer recurso de apelación contra el desechamiento de pruebas; y, por otro lado, el avance significativo que se le ha dado dentro del juicio de garantías, ya sea como quejoso o tercero interesado. Especial mención debe hacerse respecto del criterio jurisprudencial de la Suprema Corte que originó la instauración de la causa de pedir, pues a través de ésta, el juicio de amparo se ha renovado en forma gratificante, toda vez que se aparta de la corriente rigorista que impone el estricto derecho, flexibilizando un poco la tendencia añeja de que el quejoso necesariamente estaba obligado a combatir los actos de autoridad con puntual escrutinio. Así, ahora los Jueces de control constitucional tienen el deber de integrar y desentrañar los escritos para desprender de su contenido íntegro la real dolencia del promovente. Criterio trascendental, partiendo de la base de que el objetivo final que se persigue es hacer del amparo un medio de defensa incluyente, garantizando el mayor y mejor ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Siguiendo en esa tónica, es que se considera que debe realizarse la suplencia de la queja deficiente a la parte afectada por el delito, lo cual es factible en virtud de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, da la pauta para tal implementación, lo que vino a robustecerse con la trascendental reforma a su diverso numeral 1o., máxime que actualmente se encuentran equiparados en un mismo plano, con rango constitucional, los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido (artículo 20, apartados A y B), pero, además, el segundo párrafo del aludido precepto 1o. exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae, que es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos. Por su parte, el derecho internacional viene a aportar reflexiones de gran valía respecto a los derechos humanos tutelados en favor de la víctima u ofendido, siendo oportu
o referirse a lo establecido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que señala lo siguiente: ‘Protección judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.’. De lo anterior se desprende la obligación de los Estados parte de establecer en sus sistemas jurídicos recursos sencillos, efectivos y rápidos que procedan ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de amparar a la persona en contra de actos que vulneren sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por la ley o por la misma convención, y la inclusión en el sistema jurídico nacional de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, implicó el nacimiento de obligaciones para las autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de manera que deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que los lesionen, asegurando las garantías judiciales y el plazo razonable, y esto presupone la existencia de un recurso efectivo. Específicamente, en cuanto a la intervención de las víctimas en los procesos legales, considerado esto como un derecho humano, cabe apuntar que la tendencia a ampliar el ámbito de intervención de su parte en el juicio de amparo ha sido una constante en los últimos años, pues se advierte de la actividad legislativa y jurisdiccional un ánimo de que se establezcan recursos efectivos que protejan a las personas en contra de actos que violen sus derechos fundamentales, ello en congruencia con el deber de hacer efectiva la protección de los derechos constitucionales del gobernado que se ubica en aquella condición. Sentado lo anterior y con efectos exclusivamente orientadores, dadas las características particulares del asunto, no sobra destacar que, si bien las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, no tienen un carácter vinculante, sí proporcionan un parámetro para garantizar un efectivo derecho de las víctimas de acceso a la justicia, y según estas reglas se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de diversas circunstancias, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Por lo que hace a la victimización, se establece lo siguiente: ‘A efectos de las presentes reglas, se considera víctima toda persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa. Se considera en condición de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia, o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Destacan a estos efectos, entre otras víctimas, las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, los adultos mayores, así como los familiares de víctimas de muerte violenta. Se alentará la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito (victimización primaria). Asimismo procurarán que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria). Y procurarán garantizar, en todas las fases de un procedimiento penal, la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquellas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada o repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción penal durante un periodo de tiempo). También podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial. Se prestará una especial atención en los casos de violencia intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en libertad la persona a la que se le atribuye la comisión del delito.’. En el capítulo II, relativo al efectivo acceso a la ‘Justicia para la defensa de los derechos’, dichas reglas señalan que se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad. En la regla marcada con el número 75, determina lo que a continuación se transcribe. ‘Se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva de los bienes jurídicos de las personas en condición de vulnerabilidad que intervengan en el proceso judicial en calidad de víctimas o testigos; así como garantizar que la víctima sea oída en aquellos procesos penales en los que estén en juego sus intereses.’. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha previsto que el Estado Mexicano debe velar por el efectivo acceso a la justicia de víctimas u ofendidos, posibilitando su participación en las instancias del juicio para obtener una debida defensa de sus derechos fundamentales, y en el caso Rosendo Cantú, se pronunció respecto del derecho de acceso a la justicia, específicamente, en los párrafos que se señalan a continuación: ‘166. ... Al respecto, la Corte ha señalado que los Estados tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de los recursos efectivos y de las garantías del debido proceso legal ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. En este sentido, el tribunal ha establecido que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención, no basta con que los recursos existan formalmente, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos del mismo, es decir que den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la convención, en la Constitución o por ley. La Corte ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente. 167. Como lo señaló anteriormente (supra párrs. 160), la Corte destaca que la participación de la víctima en procesos penales no está limitada a la mera reparación del daño sino, preponderantemente, a hacer efectivos sus derechos a conocer la verdad y a la justicia ante autoridades competentes. Ello implica necesariamente que, a nivel interno, deben existir recursos adecuados y efectivos a través de los cuales la víctima esté en posibilidad de impugnar la competencia de las autoridades que eventualmente ejerzan jurisdicción sobre asuntos respecto de los cuales se considere que no tienen competencia. ... 176. La Corte también ha señalado que del artículo 8 de la convención se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación. Asimismo, el tribunal ha señalado que la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no sólo se desprende de las normas convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados parte, sino que además se deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas o peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. ... 213. La Corte reitera que durante la investigación y el juzgamiento, el Estado debe asegurar el pleno acceso y la capacidad de actuar de la víctima en todas las etapas ...’. Congruente con lo anterior, la legitimación para acudir al juicio de amparo quedó como facultad protegida a nivel constitucional, de quien resiente un agravio con motivo de un acto de autoridad, en algún derecho humano tutelado en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, incluidas las víctimas u ofendidos por la comisión de delitos, con la finalidad de solicitar la restitución en el goce del derecho violado. Bajo esa línea argumentativa, es dable señalar que el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que establece expresamente la posibilidad de suplir la queja deficiente en favor del ofendido o víctima sólo en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente, no corresponde a la realidad constitucional y social que atraviesa el país, ya que tal principio ha sido rebasado fundamentalmente por la transformación de los derechos humanos vigentes, por lo que dicha institución, para la materia penal, debe hacerse extensiva a la víctima u ofendido por el delito en todos los casos; motivo por el cual, esta potestad federal procede a suplir la deficiencia de la queja en beneficio del recurrente **********, aun cuando tiene el carácter de tercero interesado. En efecto, este órgano colegiado advierte que, como lo señala el recurrente, el auto impugnado por virtud del cual el Juez Federal admitió a trámite la demanda de garantías interpuesta por ********** o **********, en contra del acto reclamado del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, en su carácter de autoridad ordenadora, consistente en el auto de formal prisión decretado en su contra el veintiséis de marzo de dos mil trece, dentro del proceso natural por el delito de fraude genérico
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25550-b4502820/suplencia-de-la-queja-deficiente-es-procedente-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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