DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS SOLICITADA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES. LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 102/2008 ES APLICABLE A LOS ASUNTOS EN LOS QUE SE NIEGUE SU ADMISIÓN, ORIGINADOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ACTUAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL CONCEPTO JURISPRUDENCIAL DE "VIOLACIONES PROCESALES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR" SE HAYA SUSTITUIDO POR EL LEGAL DE "AFECTACIÓN MATERIAL A DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE".
CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, SEXTO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO CUARTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE OCTUBRE DE 2016. MAYORÍA DE DIEZ VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, ELISEO PUGA CERVANTES, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO Y GONZALO ARREDONDO JIMÉNEZ. DISIDENTES: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ Y VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS, QUIENES FORMULARON VOTO DE MINORÍA. PONENTE: MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO. SECRETARIOS: JOSÉ ANTONIO FRANCO VERA Y RODRIGO PÉREZ MAISSÓN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegiados de este Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló el Pleno del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Posturas contendientes. Los Tribunales Colegiados contendientes sustentaron los criterios, materia de la contradicción de tesis, en las consideraciones de las ejecutorias que a continuación se precisan:
I. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión de seis de agosto de dos mil quince, por unanimidad de votos de sus integrantes, resolvió el recurso de queja registrado bajo el número QC. 132/2015 de su índice, cuya consideración toral es el sentido de que la negativa a la solicitud de la demandada de llamar a terceros al juicio, no constituye un acto de imposible reparación, por lo que en su contra resulta improcedente el juicio de amparo indirecto.
Conclusión a la cual arribó, partiendo de la premisa de que conforme a la Ley de Amparo vigente, no se está en presencia de un acto de imposible reparación respecto del cual proceda el juicio de amparo indirecto, sin que sea óbice lo previsto en el artículo 170, fracción I, cuarto párrafo, de la misma ley, puesto que el caso concreto no versa sobre constitucionalidad de normas generales; aunado a que el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, no es equiparable a lo previsto por el anterior dispositivo legal 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, pese a tener redacción similar.
Como antecedentes procesales de esa resolución, se destacan los siguientes:
a) **********, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto, en la cual señaló, como acto reclamado, la resolución de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, dictada por el Juez Cuarto de Proceso Oral del Distrito Federal en el expediente **********, donde estimó que no era procedente integrar un litisconsorcio pasivo necesario ni llamar a terceros a juicio.
b) De dicha demanda de amparo indirecto correspondió conocer a la Juez Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, donde se formó y registró expediente bajo el número ********** de su índice, en que se desechó de plano, bajo la consideración toral de que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; toda vez que el acto señalado como reclamado en la demanda de garantías, únicamente producía efectos intraprocesales, puesto que sus consecuencias no trascenderían de manera negativa a sus derechos sustantivos como son la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, sino solamente generarían consecuencias procesales.
c) Inconforme la quejosa con el acuerdo de desechamiento anterior, interpuso recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se formó y registró expediente bajo el número QC. 132/2015, el cual se resolvió en sesión del seis de agosto de dos mil quince, en el sentido de declarar infundado el recurso de queja.
Las consideraciones lógicas y jurídicas que expuso el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja QC. 132/2015, son del tenor siguiente:
"VI. El agravio hecho valer por la recurrente **********, es en parte inoperante y en otra infundado, de acuerdo a las consideraciones siguientes:
"En efecto, la inconforme asevera que la parte actora debía acreditar que le asistía derecho a reclamar de **********, las pretensiones reclamadas en su escrito inicial de demanda, y en caso de proceder la acción, se debía cobrar con los bienes de dicha empresa.
"Tal motivo de disenso es inoperante, porque al desechar el a quo federal la demanda de garantías presentada por **********, por su propio derecho, al considerar que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, existe un obstáculo jurídico que impide la decisión de fondo de la controversia constitucional; situación que no sólo liberó al juzgador de abordar las ilegalidades atribuidas a la autoridad responsable por la promovente del juicio de garantías, sino que, además, le impide realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en razón de que la principal consecuencia del desechamiento de la demanda es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.
"Tiene aplicación la tesis IV.2o.C.27 K, que se comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, página 2319, del tenor siguiente:
"‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, SI EL JUEZ DE DISTRITO DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Resultan inoperantes los agravios en que se argumenta la omisión de análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, al encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, habida cuenta que, lo anterior, no sólo libera al a quo de abordar el estudio del fondo del asunto, sino que le impide realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en razón de que la principal consecuencia del desechamiento de la demanda es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.’
"En otro orden de ideas, aduce la recurrente que, la determinación de la Juez Federal, al no admitir la demanda de amparo es ilegal, pues no tomó en consideración que la parte actora, se desistió de la instancia de los codemandados ********** y **********, continuando el juicio únicamente respecto de la impetrante del amparo, pues únicamente se había obligado de manera solidaria con la persona moral mencionada, tal como se acreditaba con el contrato base de la acción.
"Que por escrito de diez de abril de dos mil quince, solicitó al Juez natural, el litisconsorcio pasivo necesario, para el efecto de que en su momento existiera una sentencia para todos los litisconsortes, lo cual no fue acordado favorablemente por el Juez de instancia, razón por la que acudió al juicio de amparo indirecto, para el efecto de que fueran respetados sus derechos de orden y excusión hechos valer al momento de dar contestación a la demanda incoada en su contra.
"Que el acto reclamado sí era de imposible reparación, pues se ponía en riesgo su patrimonio, pues sería la única demandada en el proceso a quien en su caso se le embargarían bienes, teniendo la calidad de deudora principal y ya no como obligada solidaria.
"Los precedentes motivos de inconformidad son infundados, de acuerdo a lo que a continuación se precisa:
"Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo señalan:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’
"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"‘...
"‘V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.’
"De la transcripción realizada con anterioridad, se advierte como apegado a derecho lo que señaló la a quo, pues el acto reclamado no atenta directamente contra los derechos fundamentales del quejoso ni le causa un gravamen irreparable; que el hecho de que la resolución dictada por el Juez responsable en la que, por un lado, no se acordó el llamamiento de terceros y, por otro, se tuvo a la apoderada de la actora desistiéndose de la instancia a su entero perjuicio respecto de los codemandados ********** y **********, y se ordenó continuar con el juicio únicamente respecto de **********, sólo implicaba o producía efectos intraprocesales, puesto que las consecuencias que en la parte quejosa el acto combatido producía, no trascendía de manera negativa a sus derechos sustantivos como era la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, que era donde estribaría el acto reclamado de imposible reparación, sino que solamente se generaban consecuencias procesales porque permitían que el juicio de origen continuara por el Juez natural hasta la sentencia definitiva y aquéllas eventualmente podían ser benéficas a los intereses de la impetrante y, en caso contrario, impugnar todas las posibles afectaciones procesales habidas durante el juicio de amparo directo que combatiera la sentencia que en definitiva hubiese juzgado el conflicto de intereses habido entre los litigantes.
"Ello es así, porque tal como se precisa de manera específica, el artículo transcrito en párrafos precedentes, acota esa procedencia, solamente contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, debiendo entenderse por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
"Luego, en el caso sujeto a estudio, el acto reclamado, en el juicio de amparo indirecto número **********, es el acuerdo de dieciséis de abril de dos mil quince, emitido por el Juez Cuarto de Proceso Oral del Distrito Federal, en el expediente **********, mediante el cual, determinó no llamar a juicio a ********** y **********, y por desistida de la instancia a la parte actora, a su entero perjuicio de las referidas personas moral y física.
"Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado por la quejosa, hoy recurrente, solamente produce efectos intraprocesales; porque no se advierte que con motivo de la negativa decretada por la responsable de no llamar a juicio a las personas mencionadas en el párrafo anterior y de tener a la parte enjuiciante, por desistida de la instancia de dichas personas, se actualice la afectación a algún derecho sustantivo de la promovente.
"Ello, en atención a que de conformidad con la Ley de Amparo vigente, no se está en presencia de un acto de imposible reparación respecto del cual proceda el juicio de amparo indirecto; sin que sea óbice a lo anterior, lo previsto en el artículo 170, fracción I, cuarto párrafo, del citado cuerpo de leyes, que indica:
"‘Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:
"‘I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.
"‘...
"‘Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.’
"Se estima que lo dispuesto en el artículo transcrito con anterioridad refiere que la reparación imposible tiene lugar cuando las violaciones procesales son relevantes; es decir, cuando afectan a las partes en un grado predominante o superior, pero únicamente cuando el asunto se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales; lo cual no acontece en el caso, por lo que se considera que no se debe realizar una amplia interpretación del precepto, por no encontrarse el asunto, en el supuesto de la norma.
"Sin que sea óbice a lo anterior, la similitud existente entre el anterior artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, y el artículo 107, fracción V, de la Ley vigente, porque aunque tienen una redacción muy similar en cuanto a que regulan la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, no quedaron redactados en las mismas condiciones.
"Sirve de sustento a las consideraciones asentadas en esta ejecutoria, por identidad, la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la contradicción de tesis número 377/2013, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y nueve del Libro Siete, correspondiente al mes de junio de dos mil catorce, Tomo Uno de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes:
"‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden «... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte»; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos «que afecten materialmente derechos», lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos «derechos» afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de «imposible reparación», no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto «... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo»; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a «derechos sustantivos», y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza «material» de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.’
"Por tanto, al actualizarse en el caso en estudio, de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, el acto reclamado no es de imposible reparación.
"Finalmente, este órgano jurisdiccional no soslaya que, en sesión de veintiuno de enero de dos mil quince, por unanimidad de votos, al resolver el recurso de revisión **********, se sostuvo la procedencia del amparo indirecto contra un acto de características similares al que aquí se resuelve; sin embargo, de una nueva reflexión sobre el tema de los terceros llamados a juicio y a la luz del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, actualmente en vigor, se determinó que el acto reclamado en la demanda de amparo objeto de este recurso de queja no es de ejecución irreparable. "Así, ante lo inoperante e infundado del agravio hecho valer, se declara infundado el recurso de queja interpuesto.
"En virtud de lo anterior, como la ejecutoria por unanimidad, se sustenta en un criterio opuesto al sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja **********, resuelto el treinta de abril de dos mil quince, órgano jurisdiccional que sostuvo que:
"‘La figura jurídica de la litisdenunciación es un acto procesal que se traduce en un derecho de las partes a solicitar al juzgador que haga del conocimiento de un tercero la existencia del juicio, con la finalidad de que quede vinculado a éste, para que la sentencia que llegue a dictar pueda adquirir, en su caso, la autoridad de la cosa juzgada frente a él. La denegación de dicha figura jurídica, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 102/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 212, Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «DENUNCIA DEL JUICIO A TERCERO SOLICITADA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES PROCESALES (ACTOR O DEMANDADO). EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.», sustentada durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, es considerada como un acto dentro del juicio cuya ejecución es de imposible reparación, al violar el derecho sustantivo a la jurisdicción previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que implica que el juicio debe continuar y resolverse sin la intervención de los terceros interesados, a la vez que impide definir, con la sola negativa de admitir a trámite la denuncia, si éstos tienen un interés legítimamente tutelado por la norma y pueden ser afectados por la resolución que en su oportunidad se pronuncie. Por otra parte, con motivo de la expedición de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en su artículo 107, fracción V, se restringió la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el juicio, y acorde con la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de título y subtítulo: «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).», que la interpreta, deben satisfacerse dos condiciones: a) la exigencia de que se trate de actos «que afecten materialmente derechos», lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y, b) que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de «sustantivos», que implican una afectación actual. En consecuencia, aun con esa interpretación procede el amparo biinstancial contra la negativa a denunciar el juicio a terceros, dado que se actualizan ambas condiciones, pues constituye una violación que no desaparece con la emisión de la sentencia definitiva, en virtud de que el tiempo transcurrido sin que el juzgador actúe no podrá ser objeto de restitución posterior, con lo cual, el derecho sustantivo a la jurisdicción se ve afectado irreversiblemente; de ahí que la jurisprudencia inicialmente referida aún es aplicable.’
"Precedente que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación, tesis aislada XVI.1o.A.23 K (10a.), materia común, publicada el catorce de agosto de dos mil quince, el cual constituye un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles; con fundamento en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, y en pos de la seguridad jurídica, el suscrito procede a denunciar la contradicción de criterios, por lo que solicito a la Secretaría de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, que una vez engrosada la ejecutoria, se remita copia certificada de tal actuación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en su caso, si así lo estima, decida cual criterio debe prevalecer.
"Asimismo, como la ejecutoria por unanimidad, también se sustenta en un criterio opuesto a los sostenidos por el Tercero, Décimo Segundo y Décimo Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los recursos de quejas identificados con los números **********, ********** y **********, resueltos el veintisiete de agosto y dieciséis de octubre de dos mil trece, y doce de marzo de dos mil quince, respectivamente, órganos jurisdiccionales que sostuvieron, básicamente, que contra la negativa al llamamiento a juicio a terceros o litis denunciación, constituye un acto de imposible reparación que afecta el derecho sustantivo a la jurisdicción, precedentes que se encuentran publicados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el cual constituye un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles; con fundamento en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, y en pos de la seguridad jurídica, el suscrito procede a denunciar la contradicción de criterios, por lo que solicito a la Secretaría de Acuerdos de este órgano jurisdiccional, que una vez engrosada la ejecutoria, se remita copia certificada de tal actuación al Pleno de Circuito en Materia Civil del Primer Circuito, para que en su caso, si así lo estima, decida cual criterio debe prevalecer.
"Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, primer párrafo, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se resuelve:
"ÚNICO.-Se declara infundado el recurso de queja ..."
II. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en sesión de veintisiete de agosto de dos mil trece, por unanimidad de sus integrantes, al resolver el recurso de queja QC. 81/2013, interpuesto por la **********, en contra el auto de dieciocho de julio de dos mil trece, dictado por el secretario del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, encargado del despacho, en el juicio de amparo indirecto ********** de su índice, consideró que la resolución que niega el llamamiento de terceros a juicio constituye una violación procesal susceptible de hacerse valer en la vía de amparo indirecto, dada su trascendencia y magnitud.
Lo que estimó así, bajo la consideración toral de que el llamamiento a juicio de terceros constituye no sólo una garantía de audiencia concedida en favor del tercero interesado, quien mediante su intervención en el procedimiento puede evitar los efectos directos o reflejos de la cosa juzgada, sino que también significa para el denunciante la posibilidad de que la sentencia que llegare a dictarse vincule al tercero en sus efectos constitutivos o ejecutivos, de modo que éste no pueda oponer defensas a la cosa juzgada, distintas de las analizadas en el juicio donde se formule la denuncia, en el posterior proceso que éste siga en su contra en o en el que incoe el propio tercero.
Como antecedentes procesales de esa determinación, se destaca lo siguiente:
a) **********, por conducto de su apoderado general, **********, promovió demanda de amparo indirecto, en la cual señaló, como acto reclamado, la resolución de veinticinco de junio de 2013, dictada por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, dentro de los autos del toca civil número **********.
b) De dicha demanda de amparo conoció el Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, donde por acuerdo de dieciocho de julio de dos mil trece, quedó registrado con el número **********, en que se desechó la demanda, al considerar actualizada de forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 62, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, lo anterior con base, esencialmente, en que al consistir el acto reclamado en una resolución interlocutoria en que se admitió a trámite la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, no se podía considerar como un acto de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo.
c) Inconforme la parte quejosa con la resolución anterior, interpuso recurso de queja, cuyo conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se radicó con el número QC. 81/2013 de su índice, en el que mediante sesión de veintisiete de agosto de dos mil trece se resolvió declarando fundado ese recurso y, por ende, al no advertir la actualización de una diversa causa de improcedencia que conlleve a confirmar el desechamiento de la misma, ordenó al tribunal federal proveer, en su caso, sobre la admisión de la demanda.
Las razones jurídicas que sustentaron esa determinación del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, son las siguientes:
"QUINTO.-Análisis de agravios. A continuación, se entrará al estudio de los agravios hechos valer, a fin de determinar, si el acto reclamado se encuentra o no apegado a derecho.
"Procedencia del juicio de amparo
"La parte recurrente aduce que la resolución impugnada es ilegal, con base en que el a quo al desechar la demanda pasó por alto que si bien, en el acto reclamado se resolvió dar trámite a la excepción de litisconsorcio pasivo necesario planteada en el juicio, por otra parte, negó la solicitud de denunciar el juicio terceros.
"Última consideración que fue contra la que se interpuso el juicio de amparo y contra la cual sí resultaba procedente el mismo.
"Este concepto de violación resulta fundado y suficiente para revocar la determinación impugnada, por las razones que a continuación se esgrimen:
"De las constancias que integran el cuaderno de queja en que se actúa, se obtienen los datos relevantes siguientes:
"I. **********, al promover el juicio de amparo del que deriva el presente recurso, señaló como actos y autoridades responsables, a los siguientes:
"Autoridad responsable:
"1. Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito (como ordenadora).
"2. Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal (como ejecutora).
"Acto reclamado:
"a) La sentencia interlocuto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26879-9e675b49/denuncia-del-juicio-a-terceros-solicitada-por-cualquiera · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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