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Modo: Corpus Pro

EMBARGO DE PARTIDAS O PARTICIPACIONES FEDERALES O ESTATALES EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAUDO. CONTRA LA DETERMINACIÓN POR LA QUE SE NIEGA ANTICIPADAMENTE AQUÉL, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. · Registro digital (IUS): 25928
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-10-30
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III , Pág. 2532.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 26 DE AGOSTO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS ARROYO ALCÁNTAR, JOSÉ MORALES CONTRERAS Y FERNANDO RODRÍGUEZ ESCÁRCEGA. DISIDENTES: BERNARDINO CARMONA LEÓN Y GERARDO DÁVILA GAONA. PONENTE: JOSÉ MORALES CONTRERAS. SECRETARIO: JULIO ALFONSO VERA MÁRQUEZ.

Acapulco, Guerrero. Acuerdo del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, correspondiente al día veintiséis de agosto de dos mil quince.

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante oficio 46/2014, el titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, licenciado **********,********** denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, al resolver, el primero de ellos, el amparo en revisión laboral ********** y el segundo, el amparo en revisión laboral **********.

SEGUNDO.-Por auto de trece de marzo de dos mil catorce, el Magistrado Martiniano Bautista Espinosa, presidente de Pleno del Vigésimo Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados del mismo circuito y de la misma especialización, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, y primero transitorio del entonces Acuerdo General 14/2013 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito abrogado por el diverso 11/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, que a su vez fue abrogado por el actualmente vigente 8/2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, por lo que asumió jurisdicción para conocer y resolver de la contradicción de tesis en cuestión; así como ordenó formar el expediente respectivo y su registro en el libro de gobierno como contradicción de tesis número 1/2014.

TERCERO.-Por proveído de veinticinco de abril de dos mil catorce, el secretario de Acuerdos, da cuenta al Magistrado presidente del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, con el oficio 551, de veinticuatro del mes y año citado, signado por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este circuito, a través del cual se informó que dicho órgano jurisdiccional no se ha apartado ni abandonó el criterio sustentado en la ejecutoria relativa al amparo en revisión **********, agregándose los autos del presente asunto para los efectos procedentes.

CUARTO.-Asimismo, por acuerdo de dos de mayo de dos mil catorce, se tuvo por recibido el oficio 46, signado por el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de este circuito, a través del cual informa que el criterio sustentado en la revisión laboral **********, de su índice, contendiente en la presente contradicción de tesis, se encuentra vigente, acordándose agregar el escrito de cuenta, para los efectos procedentes.

QUINTO.-En fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, el secretario de Acuerdos del Pleno del Vigésimo Primer Circuito, da cuenta con el estado procesal que guardan los autos de la contradicción de tesis 1/2014, con fundamento en los artículos 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 14, fracción VII, del Acuerdo General 14/2013 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, vigente en esa fecha, ordenó turnar para resolución el expediente de contradicción de tesis 1/2014, al Magistrado José Morales Contreras.

SEXTO.-Finalmente, en veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, el secretario de Acuerdos de este Pleno de Circuito, da cuenta al Magistrado presidente con el estado que guardan los autos del expediente relativo a la contradicción de tesis 1/2014, los que fueron turnados para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

SÉPTIMO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima. En efecto, debe tenerse presente que los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227 de la Ley de Amparo, fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias. En la especie, se denunciaron los criterios asumidos por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, al resolver, el primero de ellos, el amparo en revisión laboral ********** y el segundo, el amparo en revisión laboral **********.

Respecto de lo cual el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, invocó la contradicción de tesis; sujeto que se encuentra legitimado jurídicamente para denunciar la contraposición de criterios atento al enunciado legal previsto en el arábigo 227, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-El Pleno del Vigésimo Primer Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, 41, fracción III, 41 Bis y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en atención a que los asuntos de los que deriva el posible punto de contradicción son materia de la competencia del Pleno del Vigésimo Primer Circuito.

SEGUNDO.-En primer lugar, es conveniente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en esta contradicción expusieron en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que los denunciantes estiman divergentes.

Así, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, al fallar el amparo en revisión laboral **********, sostuvo, en lo conducente, lo que a continuación se transcribe:

Amparo en revisión laboral **********:

"TERCERO.-La transcripción y el estudio tanto del auto impugnado como de los conceptos de agravio resultan innecesarios, ya que se advierte que, en la especie, se actualiza una causa de improcedencia diversa a la analizada por la Juez de Distrito.

"La afirmación acabada de anotar se sostiene, pues el artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo, autoriza al órgano jurisdiccional revisor a examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, además la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir el análisis de los agravios al decretar la improcedencia del juicio de amparo incluso por razones diversas a las estudiadas por el Juez de Distrito, porque realizar el examen respectivo implicaría en muchos casos una innecesaria dilación del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud de administración de justicia, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal la resolución impugnada, cuando será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que regirá el sentido de la decisión.

"El invocado artículo, establece:

"‘Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

"‘I. Si quien recurre es el quejoso, examinará, en primer término, los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida.

"‘Si los agravios son fundados, examinará las causales de sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia, o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada;

"‘II. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento; si son fundados se revocará la resolución recurrida;

"‘III. Para los efectos de las fracciones I y II, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia;

"‘IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento;

"‘V. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios; si estima que son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará la que corresponda;

"‘VI. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará los agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el amparo; y

"‘VII. Sólo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo, salvo aquellas que tiendan a desestimar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional.’

"La consideración precedente tiene respaldo también en la tesis que dice:

"‘IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión.’

"Así, este órgano de control constitucional procede, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de Amparo, al estudio de oficio, de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario.

"Las disposiciones legales mencionadas en último término estatuyen:

"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’

"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"‘...

"‘IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.’

"De la transcripción que precede se obtiene que en el caso de actos derivados del procedimiento de ejecución, el juicio constitucional únicamente procede contra la última resolución dictada en éste; momento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante el procedimiento; en caso contrario, el juicio de amparo es improcedente.

"Además, conforme a los diversos criterios de nuestro Máximo Tribunal de la Nación, se estableció como una excepción a la regla general contenida en el precepto legal que nos ocupa, los actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, cuyo análisis inmediato procede en el juicio de amparo indirecto, esto es, sin que sea necesario esperar al dictado de la última resolución.

"El criterio referido se aprecia en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:

"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.-La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.’

"En la especie, de las constancias que integran el juicio de amparo 638/2013, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202, en relación con el precepto 129, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en el artículo 2o. de ésta, se advierte que el ahora recurrente señaló como acto reclamado el auto de ejecución de uno de abril de dos mil trece, emitido en el expediente laboral 279/2008, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, que contiene la prohibición de embargar al Ayuntamiento demandado en el juicio natural, las partidas presupuestales estatales y federales; los bienes que sean destinados a un servicio público y los bienes de carácter propio del demandado.

"Por tanto, el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de laudo, ni impide la continuación de ese procedimiento, dado que no se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, sino por el contrario, ordena su ejecución, aunque con algunas limitantes derivadas de la propia ley; empero se insiste, contiene la orden de proceder a la ejecución del fallo definitivo.

"Por otra parte, tampoco se trata de un acto que sea de excepción a la regla contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque carece de autonomía dada su vinculación con el procedimiento de ejecución; además, como se indicó, con ello no se priva al inconforme de hacer efectiva la condena decretada en el juicio natural, pues de lo que refirió se obtiene que el tribunal del trabajo lo dejó en aptitud de trabar embargo sobre diversos bienes propiedad del demandado, siempre y cuando no sean inembargables, como el caso de las partidas presupuestales federales o estatales; en consecuencia, no se produce de manera inmediata una afectación a los derechos sustantivos del recurrente.

"No obsta a la anterior consideración, lo argumentado por el recurrente, al desahogar la vista a que se refiere el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo es procedente, según dice porque el acto reclamado tiende a entorpecer el procedimiento de ejecución del laudo, al limitar los bienes del demandado que pueden ser objeto de embargo.

"En efecto, como se dijo en líneas precedentes, el auto que se reclama no contiene alguna determinación que impida el cumplimiento del acto reclamado, sino por el contrario, ordena su ejecución como el propio recurrente lo reconoce, aun cuando sea con la limitante antes dicha, de no embargar las partidas presupuestales estatales y federales; los bienes que sean destinados a un servicio público y los bienes de carácter propio del demandado.

"En consecuencia, como el acto reclamado de que se trata, no es definitivo, se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el juicio constitucional que nos ocupa, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado.

"Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 184, 185 y 186 de la Ley de Amparo; y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:

"PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida dictada el treinta de agosto de dos mil trece, por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, residente en la ciudad de Acapulco, Guerrero, en auxilio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, en el juicio de amparo 638/2013.

"SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo aludido en el resolutivo que precede, promovido por **********, contra los actos que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, consistente en el auto de uno de abril de dos mil trece. ..."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, al resolver el amparo en revisión laboral **********; consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO.-Para una mejor comprensión del asunto, se considera pertinente destacar los antecedentes que dieron origen a la resolución recurrida, lo cuales son:

"I. Por escrito presentado el diez de junio de dos mil trece ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ********** por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, consistentes en el auto de ejecución de laudo de trece de mayo de dos mil trece, dictado dentro del juicio laboral **********, en el cual se estableció una prohibición anticipada de embargar las partidas presupuestales estatales y federales, así como los bienes que sean destinados a un servicio público y los bienes de carácter propio del demandado.

"II. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de garantías al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado y, por auto de once de junio de dos mil trece, se admitió la demanda a trámite radicándose bajo el número ********** de su índice.

"III. Seguido el juicio por sus fases legales, el veintiuno de agosto del año próximo pasado, tuvo verificativo la audiencia constitucional, siendo hasta el diez de octubre del año mencionado en la cual se dictó la resolución correspondiente, por la que se determinó sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente.

"Ésta es la resolución que constituye la materia del presente recurso de revisión.

"SEXTO.-Los motivos de agravio que formula la parte inconforme en una parte, son inoperantes, infundados y en otra, son substancialmente fundados, suplidos en su deficiencia en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo y suficientes para revocar el fallo recurrido.

"En primer orden, es inoperante el agravio que plantea la recurrente, en relación con la transgresión en su perjuicio, que cometió la Juez de Distrito al artículo (sic) 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo abrogada, ello por la falta de fundamentación y motivación en que incurrió la Juez de Distrito en la resolución que se impugna.

"Ahora bien, la función de los Jueces de Distrito consiste en analizar el acto de autoridad y determinar si hubo o no violaciones a las garantías individuales del gobernado y en su caso, la actuación de los juzgadores federales de amparo sólo podría entrañar infracciones a las normas aplicables en el juicio de garantías, ya que por disposición del propio ordenamiento fundamental a ellos les corresponde la salvaguarda de esas prerrogativas y de admitir lo contrario, significaría tanto como estimarlos con el carácter de autoridad responsable, lo que conduciría a una cadena interminable de juicios de amparo, contrario desde luego, al orden constitucional establecido.

"Como se anunció, este aserto es inoperante porque, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión no se deben analizar los agravios en que se asegura que el Juez de amparo violó garantías individuales, pues de hacerlo, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.

"La jurisprudencia en comentario es la siguiente:

"‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.’ (Novena Época. Registro digital: 199492. Pleno. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, materia común, tesis P./J. 2/97, página 5. Genealogía: Novena Época, Tomo V, febrero 1, 1997, página 30)

"Sin que pase inadvertido que dicha jurisprudencia fue objeto de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2012, la cual se resolvió el doce de noviembre de dos mil trece, en la que se desestimó dicha solicitud, de manera que sigue vigente al momento en que se dicta esta ejecutoria.

"En cambio, son fundados los agravios expresados por el recurrente, en los cuales aduce en esencia que le causa agravios el sobreseimiento decretado por la a quo, aunque para arribar a esa determinación se supla la queja deficiente en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor.

"Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 39/95 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del propio ordenamiento legal; tesis que se encuentra visible en la página trescientos treinta y tres, Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, materia laboral, Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:

"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.-La jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: «SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.», establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones.’

"Como punto de partida, resulta conveniente precisar que la Jueza a quo al emitir la resolución sujeta a revisión, estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo en vigor, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de trece de mayo de la anualidad pasada, en la que la autoridad responsable consideró improcedente decretar el embargo de bienes del Ayuntamiento demandado, y sobreseyó en el juicio de conformidad con el dispositivo legal 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente.

"Al respecto, se precisa que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en que la Jueza de Distrito basó toralmente la resolución sujeta a revisión, dispone lo siguiente:

"‘Artículo 107. El amparo indirecto procede:

"‘...

"‘IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.

"‘Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.

"‘En los procedimien

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25928-74789f23/embargo-de-partidas-o-participaciones-federales-o-estatales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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